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PLAZO MÁXIMO PARA REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG-SST

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¿Cuál es el plazo máximo para realizar el registro de autoevaluación y plan de mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo –SG-SST– tiene como finalidad alcanzar niveles óptimos de seguridad y salud en el trabajo, a través del desarrollo e implementación de políticas de control de riesgos laborales; usa elementos como la planificación, evaluación, auditoría, control, evaluación y anticipación de riesgos.

El SG-SST debe ser ejecutado anualmente, es decir, cada año los empleadores deben realizar un estudio y calificación de su sistema (autoevaluación) y, posteriormente, establecer las mejoras (plan de mejora) que podrán realizarse para el siguiente año de ejecución.

Registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento

El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0071 de 2020, por medio de la cual estableció que los empleadores y todo aquel obligado a implementar el SG-SST deben realizar el registro de las autoevaluaciones y planes de mejoramiento de este sistema de los años 2019 y 2020 en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Según lo previsto en la resolución en mención, este registro debe estarse llevando a cabo desde diciembre de 2020.

No existe un plazo máximo para realizar el registro

En lo que refiere al interrogante en cuestión, el Mintrabajo, mediante la Circular 0014 de 2021, determinó que no existe una fecha límite para el registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento del SG-SST, sino que esta acción se llevará a cabo paulatinamente. Esto supone, entonces, que dicho registro podrá realizarse en el transcurso del año 2021.


SE APROXIMA FECHA LÍMITE PARA ACTUALIZAR DATOS ANTE LA JCC

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución 973 de 2015 de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, más conocida como Junta Central de Contadores –JCC–, los contadores públicos y las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, es decir, sociedades o firmas de contadores, deberán actualizar los datos registrados cada año antes del 1 de marzo.

Así pues, se encuentra próxima la fecha límite para que los contadores públicos personas naturales y las sociedades o firmas de contadores personas jurídicas actualicen la información de este año 2021.

Según lo expuesto en el artículo 27 de la misma resolución, la información que se debe actualizar por parte de los contadores públicos personas naturales se encuentra relacionada con el reporte de cambios correspondientes a dirección de domicilio, estudios y experiencia profesional.

Por su parte, la información que deberá ser actualizada por las sociedades o firmas de contadores constituidas como personas jurídicas se relaciona con los cambios de identificación del representante, domicilio, relación de socios, accionistas o asociados.

A continuación, te compartiremos los pasos que la JCC estableció para la actualización de datos tanto para personas naturales como para personas jurídicas.

Pasos de actualización para personas naturales

Los contadores públicos que presten sus servicios como personas naturales deberán acceder al siguiente login de la página de la JCC y diligenciar los dos campos que aparecen, los cuales son el número de identificación (sin espacios o puntos) y el número de expediente tal como está en la tarjeta profesional; si a este último número le anteceden ceros, el usuario debe omitirlos.

Posteriormente, el usuario deberá validar su fecha de nacimiento y aceptar los términos para así poder ingresar a revisar los datos registrados y realizar los cambios que correspondan.

En caso de que el usuario no tenga cambios, se seleccionaría la casilla “De Acuerdo”, y en caso de que desee realizar cambios, deberá ingresar al enlace de “Ir a actualizar información”, en el que podrá seleccionar la casilla que desee modificar, sea registro de domicilio, registrar estudio o registrar actividad.

Pasos de actualización para personas jurídicas

Por su parte, las sociedades o firmas de contadores personas jurídicas deberán ingresar a este login y diligenciar los datos solicitados: NIT y número de expediente según aparezca en la tarjeta de registro. La validación en este caso será con la fecha de constitución de la sociedad, lo que llevará al usuario a aceptar los términos de la página.

Una vez realizado lo anterior, el usuario podrá visualizar al lado derecho cuatro casillas donde encontrará, respectivamente, estas opciones: actualizar información, registrar domicilio, registrar socios o cancelar.

No obstante, si se presenta algún error en la actualización de los datos de las personas naturales y jurídicas en la página de la JCC, la entidad estableció una línea telefónica de atención: 644 44 50 opción 4, donde los usuarios podrán resolver sus inquietudes.


SANCIONES POR INCLUIR INFORMACIÓN FALSA EN EL RUT

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El registro único tributario –RUT– constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan calidad de contribuyentes y no contribuyentes de impuestos nacionales administrados por la Dian, tales como contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, responsables y no responsables del IVA, agentes retenedores, facturadores electrónicos, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros.

Así pues, la información registrada al momento de la expedición del RUT, correspondiente a aquella relacionada con la identificación, ubicación y clasificación del contribuyente frente a las responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias, como demás elementos propios de las obligaciones administradas por la Dian, es de entera responsabilidad del suscriptor del registro, es decir, de la persona natural o jurídica que haya solicitado la inscripción. Por tanto, en ningún caso la administración tributaria es responsable de la información allí suministrada.

Ahora bien, considerando lo anterior, el artículo 658-3 del ET, en su numeral 4, señala que quienes informen datos falsos, incompletos o equivocados en el RUT se verán enfrentados a una sanción equivalente a 100 UVT ($3.631.000 por 2021).

Por su parte, es importante señalar que la sanción antes señalada no podrá ser reducida conforme a las indicaciones del artículo 640 de ET, dado que el parágrafo 3 del artículo en mención indica que a las sanciones previstas en el numeral 4 del artículo 658-3 del ET no le serán aplicables los principios de proporcionalidad, ni la gradualidad contempladas en tal norma.

“Artículo 640. aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.

(…)

Parágrafo 3. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del artículo 648, 652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6o del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo.”

En este orden de ideas, al momento de la inscripción en el RUT es importante prestar especial atención a la información registrada en el formulario al momento de la inscripción, así como también debe estarse atento a la actualización de la información allí reportada, dado que la norma contenida en el numeral 3 del artículo 658-3 del ET establece que la información deberá actualizarse dentro del mes siguiente a aquel en que el hecho que genera tal actualización, so pena de incurrir en una multa equivalente a 1 UVT por cada día de retraso en la actualización de la información. No obstante, en caso de que la desactualización del RUT se refiera a la dirección o actividad económica del obligado, la sanción será de 2 UVT por cada día de retraso.

Lo anterior, considerando que la dirección de la persona inscrita en el RUT constituye una de las formas de notificación sobre las actuaciones administrativas de la Dian (ver el artículo 565 del ET).

Recordemos que durante el 2020 la Dian realizó modificaciones al servicio de información empleado para la inscripción virtual en el RUT, facilitando el proceso de inscripción y permitiendo obtener este registro de una manera más ágil y fácil.

Por tanto, es transcendental tener aún más cuidado al momento de digitar la información, así como también asegurarse de realizar las modificaciones o actualizaciones necesarias antes de que la Dian imponga las sanciones aquí descritas.


PLAZOS PARA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS

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Mediante el Decreto 1680 de diciembre 17 de 2020, el Gobierno nacional estableció el calendario tributario, por el cual se ordenan los plazos para el vencimiento de las diferentes responsabilidades tributarias administradas por la Dian durante el año 2021.

Según las indicaciones del decreto en mención, los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementario dependen de la categoría del contribuyente, es decir, si es gran contribuyente, persona jurídica, sociedad y asimilada o contribuyente del régimen tributario especial.

De acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020), los plazos para la presentación y pago de la declaración de renta de los contribuyentes del RTE, así como de aquellas personas jurídicas, no calificadas como grandes contribuyentes, correspondiente al año gravable 2020, vence de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT que consta en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, en las siguientes fechas:

Declaración y pago de la primera cuota

Últimos dígitos del NIT

Hasta el día (año 2021)

Últimos dígitos del NIT

Hasta el día (año 2021)

01 al 05

12 de abril

51 al 55

26 de abril

06 al 10

13 de abril

56 al 60

27 de abril

11 al 15

14 de abril

61 al 65

28 de abril

16 al 20

15 de abril

66 al 70

29 de abril

21 al 25

16 de abril

71 al 75

30 de abril

26 al 30

19 de abril

76 al 80

3 de mayo

31 al 35

20 de abril

81 al 85

4 de mayo

36 al 40

21 de abril

86 al 90

5 de mayo

41 al 45

22 de abril

91 al 95

6 de mayo

46 al 50

23 de abril

96 al 00

7 de mayo

 

Para el pago de la segunda cuota se debe considerar solamente el último dígito del RUT, tal como se muestra a continuación:

Pago de la segunda cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de junio

6

17 de junio

2

10 de junio

7

18 de junio

3

11 de junio

8

21 de junio

4

15 de junio

9

22 de junio

5

16 de junio

0

23 de junio

 

Grandes contribuyentes

Las personas naturales o jurídicas que al 31 de diciembre de 2020 fueron calificadas como grandes contribuyentes de acuerdo con la Resolución 009061 de diciembre 10 de 2020 expedida por la Dian, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario por el año gravable 2020, a más tardar entre el 12 y el 23 de abril de 2021, según el último dígito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Al respecto, es importante tener en cuenta que este tipo de contribuyentes deberá cancelar el valor total de impuesto a pagar y su respectivo anticipo en tres (3) cuotas, de las cuales la segunda estará acompañada de la declaración del impuesto, a más tardar en las siguientes fechas establecidas en el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020):

Pago de la primera cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de febrero

6

16 de febrero

2

10 de febrero

7

17 de febrero

3

11 de febrero

8

18 de febrero

4

12 de febrero

9

19 de febrero

5

15 de febrero

0

22 de febrero

 

Es importante resaltar que, si al momento del pago de la primera cuota el contribuyente tiene elaborada la declaración del año gravable 2020 y obtiene un saldo a favor, le será permitido omitir su pago.

No obstante, si al efectuar la presentación de la declaración se genera saldo a pagar, deberá responder por los valores correspondientes a la respectiva cuota y sus intereses de mora.

Declaración y pago de la segunda cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

12 de abril

6

19 de abril

2

13 de abril

7

20 de abril

3

14 de abril

8

21 de abril

4

15 de abril

9

22 de abril

5

16 de abril

0

23 de abril

 

El valor de la primera cuota no puede ser inferior al 20 % del impuesto pagado en la declaración de renta del año gravable 2019.

Cuando se liquide el impuesto y el anticipo definitivo en la declaración del año gravable 2020, del valor a pagar se deberá restar lo pagado en la primera cuota y el saldo se deberá cancelar en dos cuotas iguales equivalente al 50%.

Pago de la tercera cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de junio

6

17 de junio

2

10 de junio

7

18 de junio

3

11 de junio

8

21 de junio

4

15 de junio

9

22 de junio

5

16 de junio

0

23 de junio

 

 


COMO DEBEN REALIZARSE LOS LLAMADOS DE ATENCIÓN AL TRABAJADOR

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¿Cómo debe realizarse un llamado de atención a un trabajador? ¿Con cuántos llamados de atención se puede proceder al despido con justa causa?

En Colombia, los empleadores se encuentran facultados para realizar llamados de atención a sus trabajadores cuando incurran en faltas previstas en el reglamento interno del trabajo o incumplan con las obligaciones determinadas en la ley laboral, por ejemplo, aquellas dispuestas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–.

Esta facultad se desprende del elemento de la subordinación (artículo 23 del CST), que permite al empleador iniciar procesos disciplinarios y sancionatorios a los trabajadores.

¿Cómo realizar un llamado de atención?

Lo primero que debe tenerse en cuenta frente a este interrogante es que el artículo 105 del CST establece la obligación de que las empresas tengan un reglamento interno de trabajo, en el cual, entre otras cosas, debe encontrarse determinado el procedimiento para seguir en caso de faltas disciplinarias, para lo cual, en nuestro caso en concreto, deben definirse las situaciones en las que debe comunicarse un llamado de atención y las formalidades con las que este debe llevarse a cabo.

Atendiendo a lo dicho, el llamado de atención puede ser verbal o escrito (según se establezca en el reglamento interno), y puede allegarse por un medio en el que pueda verificarse que el trabajador fue notificado.

En caso de que el llamado se realice por escrito, es necesario que contenga de manera detallada lo siguiente:

  • Los hechos por los cuales se realiza.
  • El artículo del reglamento, contrato de trabajo o de la ley que el trabajador infringió.
  • Las posibles consecuencias que conllevan la repetición de la conducta.
  • Indicar cómo el trabajador puede ejercer su derecho a la defensa.

¿Cuántos llamados de atención se requieren para despedir al trabajador con justa causa?

Respecto a este punto, depende de lo contenido en el reglamento interno del trabajo, por ejemplo, cuando se encuentren las faltas clasificadas por niveles de gravedad. En este caso, podría establecerse en el reglamento que un llamado de atención realizado hasta tres (3) veces por el mismo motivo constituye falta grave y puede procederse al despido con justa causa.

Dicho esto, se tiene que puede procederse al despido según lo previsto en el reglamento interno, no obstante, debe tenerse en cuenta lo establecido en la ley, como lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 62 del CST, que señala:

“Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:

(…)

  1. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del {empleador}”.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo en mención, se tiene que el empleador debe propiciar un tiempo razonable para que el trabajador corrija su conducta, para que el despido del trabajador bajo estas circunstancias proceda con justa causa.

Por lo tanto, se podría suponer que el empleador puede realizar hasta tres (3) llamados de atención, y finalmente proceder a despedir al trabajador si este no corrige su conducta.

Por último, conviene mencionar que la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU-449 de 2020, estableció que el trabajador debe ser escuchado antes de su despido indistintamente de la causal que sea invocada para el efecto, debido a que debe permitírsele ejercer su derecho a la defensa.


SANCIONES POR NO TENER CONTABILIDAD BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES

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De acuerdo con la Consulta 1097 del 23 de noviembre de 2020, resuelta por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, el no tener la contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–, contenidas en los anexos del Decreto 2420 de 2015, puede generar sanciones, puesto que la contabilidad no se está llevando a cabo conforme a los principios de contabilidad de general aceptación.

Así pues, para que la contabilidad sirva como prueba contable para efectos legales se deberá dar cumplimiento al marco normativo contenido en el Decreto 2420 de 2015. Para lo anterior, se debe tener en cuenta el grupo de convergencia al que pertenece la entidad.

En tal orden de ideas, algunos fundamentos legales que dan pie a la aplicación de sanciones para entidades que no tengan la contabilidad bajo el marco normativo internacional están señalados en el artículo 655 del Estatuto Tributario –ET–, el cual establece que:

“Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento (0,5 %) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT.

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

PARÁGRAFO. No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo año gravable.”

Así pues, las irregularidades en la contabilidad, según el artículo precedente, establece sanciones del 0,5 % del mayor valor entre el patrimonio líquido (activos – pasivos) y los ingresos netos (ingresos – devoluciones – cancelaciones – rebajas) del año anterior al suministro de información que puede ser requerida por las autoridades. Sin embargo, dicha sanción no excederá las 20.000 UVT (año gravable 2021 $36.308 x 20.000 = $726.160.000).

Por otro lado, el artículo 58 del Código de Comercio establece que:

 “(…) el no suministro de la información requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, o el incumplimiento de la prohibición de ejercer el comercio, profesión u oficio, proferida por autoridad judicial competente, será sancionada con multa entre diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, atendiendo criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. La multa será impuesta por la Superintendencia de Sociedades o del ente de inspección, vigilancia o control correspondiente, según el caso, de oficio o a petición de cualquier persona (…)”

Así pues, las violaciones sobre los libros de comercio, por el no suministro de la información requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, ocasionarían multas que con el monto del smmlv de 2021 oscilan entre $9.085.260 ($908.526 x 10) y $908.526.000 ($908.526 x 1.000).


INCREMENTO EN CANON DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, ESTO ES LO QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA 2021

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Este año, el valor de los arriendos de las viviendas urbanas se incrementará en 1,61 %, según la inflación causada para el año 2020.

Al respecto, como lo explica la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz –Fedelonjas–, los incrementos del arriendo no se realizan en enero, sino al cumplir 12 meses de haberse firmado o por el mismo período contado a partir de la fecha del último incremento.

Daniel Vásquez Franco, presidente de Fedelonja, ha explicado que el aumento aplicado es legal cuando el canon resultante del reajuste no supere el 1 % del valor comercial del inmueble o de la parte de este que se encuentre arrendada, tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley 820 de 2003.

El incremento no aplica para contratos de arrendamientos de inmuebles no destinados a vivienda. Para este caso, el valor inicial del canon y su incremento deben acordarse libremente entre las partes, al momento de celebrar el contrato o durante la vigencia del mismo.

Por su parte, la administración mensual se ajustará según lo que decida la asamblea de copropietarios, por lo que dicho incremento se realizará en un momento diferente del canon de arrendamiento.

Puntos a tener en cuenta por parte de arrendadores y arrendatarios

Fedelonjas realiza una serie de recomendaciones para las partes involucradas:

  • El incremento del canon de arrendamiento de vivienda urbana es aplicable solo al momento de la renovación del contrato, con previa comunicación por escrito por parte del arrendador.
  • El aumento del valor del canon de arrendamiento de vivienda urbana y la fecha en que se empezará a aplicar se debe notificar por escrito y mediante correo certificado. También se puede realizar a través del mecanismo establecido en el contrato firmado por las partes.
  • El arrendador puede aplicar el alza o no.
  • El arrendatario puede exigir la terminación del contrato sin estar sujeto al cobro de sanciones económicas, si el arrendador incrementa el canon por encima de lo establecido en la ley.
  • El incremento para los contratos de arrendamiento suscritos antes del 10 de julio de 2003 no podrá superar la meta de inflación fijada para el año 2021.

Haciendo cuentas

Si pagas $1.000.000 por el arriendo de tu vivienda + $200.000 de administración, el incremento máximo para este año sería:

  • Incremento en 2021 cuando se cumpla el año del contrato: $16.100.
  • Valor que se pagará cuando se cumpla el año del contrato: $1.000.000 + $16.100 = $1.016.100.

NOVEDADES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PROCEDIMIENTOS 1 Y 2

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Cuando una persona natural residente percibe rentas de trabajo (laborales y no laborales), se le debe practicar retención en la fuente; y para determinar qué porcentajes usar y qué procedimientos tener en cuenta, se debe revisar si el beneficiario del pago o abono en cuenta obtuvo pagos laborales, honorarios, comisiones, servicios, emolumentos o demás compensaciones por servicios personales.

Cuando la persona natural residente obtiene pagos laborales, es posible practicarle retención en la fuente a través de los procedimientos 1 o 2. No obstante, si el pago se realiza a personas naturales residentes que obtengan pagos laborales, o a personas naturales residentes que no tengan vínculo laboral y que reciban pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones, servicios, emolumentos y demás compensaciones por servicios personales (que manifiesten que durante el año no subcontratan a otras dos (2) o más personas), se aplica el procedimiento 1.

Ahora bien, cuando la persona que percibe rentas de trabajo sin vínculo laboral manifieste que sí vincula a otras dos (2) o más personas, su retención se practicará con las tarifas tradicionales del artículo 392 del ET: 3,5 %, 4 %, 6 %, 11 %, etc.

Teniendo en cuenta esto, para realizar un correcto cálculo es necesario atender lo dispuesto en los artículos 383 (retención en la fuente), 385 (procedimiento 1), 386 (procedimiento 2) y 388 (depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente) del ET, entre otras disposiciones consagradas en dicho estatuto, y el DUT 1625 de 2016, además de cualquier otra norma relacionada.

Depuración para determinar el valor de la retención

Al efectuar la depuración para determinar el valor de la retención, así como para establecer el porcentaje fijo de retención en el caso del procedimiento 2, a los ingresos brutos se deben restar los ingresos no gravados, las deducciones del artículo 387 del ET y las rentas exentas contempladas en los artículos 126-1, 126-4, 206 y 206-1 del ET.

Los valores de todas las deducciones y rentas exentas (excluyendo las rentas exentas de los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del ET, al igual que las rentas exentas del artículo 206-1 del ET) se seguirán sometiendo al límite del 40 % de los ingresos netos (ingresos brutos menos ingresos no gravados), y en valores absolutos dicho límite no puede exceder las 5.040 UVT anuales (ver el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016).

Al valor neto obtenido se le aplicará la tabla del artículo 383 del ET, la cual posee siete rangos con una tarifa marginal máxima del 39 %.

¿Siguen vigentes los cambios de la Ley 2010 de 2019?

A pesar de las intenciones de generar una reforma tributaria en el 2020 con ocasión a la emergencia generada por el COVID-19, a fin de cuentas, el Gobierno nacional aplazó su preparación y emisión para presentarla durante 2021.

Adicionalmente, durante el 2020, no se produjeron normas o sentencias de la Corte Constitucional que afectaran el texto de las normas que regulan la retención en la fuente sobre rentas de trabajo (excepto por lo contemplado en el artículo 392 del ET, modificado por el artículo 16 de la Ley 2070 de diciembre 31 de 2020, en el que se dispuso una tarifa fija del 4 % para practicar retenciones en la fuente a personas naturales o jurídicas que presten los servicios del sector cultural que quedaron expuestos en la norma).

Siendo así, durante el 2021 la determinación de la retención en la fuente se regirá bajo las mismas premisas que se tuvieron en cuenta durante el 2020, atendiendo las disposiciones de la Ley 2010 de 2019 que aún se encuentran vigentes, tanto al momento de realizar el cálculo bajo el procedimiento 1 como bajo el 2.


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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES CON ALTA EXPOSICIÓN AL COVID-19

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Dentro de las obligaciones que le asisten al empleador conforme al numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, se encuentra la de entregar a los trabajadores los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales. Esto en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.4.6.24 parágrafo 1 del Decreto 1072 del 2015, en la cual dispone:

“Parágrafo 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores”.

Elementos de protección en época de COVID-19

Con el acontecimiento de la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19 aparecieron nuevos factores de riesgo que afectan la salud y seguridad de los trabajadores.

Por ello, surgió la necesidad de implementar unos protocolos que otorguen protección y seguridad en el trabajo adicional para preservar y prevenir el contagio de esta enfermedad.

Dicha protección y medidas de seguridad se encuentran alojadas en los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, entre ellos, el previsto en la Resolución 666 de 2020, el cual tiene como objetivo evitar el contagio de nuevo coronavirus, señalando la necesidad de proveer a todos los trabajadores de los diferentes sectores de la economía nuevos elementos de protección, como tapabocas, caretas, guantes, entre otros.

Apoyo de las ARL a trabajadores altamente expuestos al COVID-19

Aunque dichos elementos de protección personal deben ser utilizados por todos los trabajadores colombianos, el Gobierno nacional, mediante los decretos 488, 500 y 676 de 2020, dispuso de forma temporal, excepcional y transitoria la obligación para las administradoras de riesgos laborales –ARL– de apoyar en acciones de promoción, prevención y suministro de elementos de protección de la salud a los  trabajadores que se encuentran en riesgo de exposición directa a la enfermedad del COVID-19, dado  la magnitud y el alto riesgo al que están expuestos.

Conforme a dicho mandamiento del Gobierno, las ARL deben invertir el 7 % del total de las cotizaciones al sistema de riesgos laborales en la compra y suministro de elementos de protección personal y otras actividades de promoción y prevención frente al COVID-19, para así apoyar a las empresas que, se reitera, posean un alto riesgo de contagio de dicha enfermedad.

Dicho apoyo no significa que el empleador no tenga obligación de otorgar elementos de protección personal

Pese a que se estableció esta medida temporal de apoyo por parte de las ARL, es importante señalar, tal y como lo hace el Ministerio de Trabajo en la Circular 29 del 2020, que dicho respaldo no elimina de ninguna forma la obligación de los empleadores  de entregar y suministrar los elementos de protección personal a sus trabajadores sometidos a un alto riesgo de exposición a COVID-19, conservando la obligación de dar todos los elementos de protección personal que desde antes de esta pandemia debían entregar a sus trabajadores.

En este sentido, el empleador tiene una función activa respecto a estos trabajadores de alto riesgo, (además de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo que normalmente le asisten desde antes de la pandemia), frente al apoyo que deben brindar las ARL en el acatamiento de las normas antes mencionadas emitidas por el Gobierno, de concertar, acordar, convenir y establecer con la ARL el número de los trabajadores que se encuentran expuestos a contraer la enfermedad y disponer, organizar y convenir con dicha  entidad  la entrega de los elementos de protección personal de bioseguridad.

Trabajadores catalogados como de alta exposición al COVID-19

Como se mencionó líneas atrás, la obligación de la ARL de administrar los elementos de protección personal para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 está dirigida única y exclusivamente para trabajadores que realizan actividades u oficios considerados como de alta exposición directa a la enfermedad, actividades que, conforme a lo dicho en la citada Circular 29 de 2020, son:

  1. Trabajadores del sector de la salud, tanto asistenciales (médicos, enfermeras, auxiliares y personal en general) como administrativos, especificando que dicha labor implique el contacto directo con individuos clasificados como casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
  2. Personal de apoyo del sector salud, como personal de vigilancia, aseo, alimentación, entre otros, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud.
  3. Trabajadores que laboren en terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre.
  4. Trabajadores que realicen funciones de control fronterizo.
  5. Cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Es oportuno dar claridad de que se calificarán de alto riesgo considerando la relación directa de la actividad con exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

Consecuencias de no entregar elementos de protección personal

Finalmente, es importante acotar que tanto los empleadores como las ARL deben cumplir con tales obligaciones, pues su no acatamiento puede derivar en multas graduales emitidas por el Ministerio del Trabajo conforme a lo señalado en el Decreto 472 de 2015 y demás normas concordantes.

Además de la culpa patronal, la cual surge si el trabajador, por negligencia del empleador al no entregar los elementos de protección personal, llegara a contraer la enfermedad o sufrir un accidente laboral, el empleador podría ser condenado al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador y su familia.


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CONFIRMACIONES EXTERNAS POR PARTE DEL REVISOR FISCAL

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La NIA 505, que hace referencia a las confirmaciones externas, busca dar al auditor –y al revisor fiscal en el caso de Colombia– guías y confirmación externa, a fin de que la evidencia tenga el más alto grado de confiabilidad posible.

Cuando el revisor fiscal decide aplicar procedimientos de confirmación externa, lo hace para conseguir mayor certeza y grado de confiabilidad en la evidencia válida y suficiente de su trabajo.

Requerimientos

Es necesario que el revisor fiscal mantenga bajo su control el manejo de las confirmaciones externas y las respuestas que reciba. Para ello debe encargarse de:

  • Determinar personalmente qué información debe confirmarse mediante procedimientos de confirmación externa.
  • Decidir a qué porción de la información debe aplicarse el procedimiento de confirmación externa.
  • Diseñar el formato y contenido de las solicitudes de confirmación externa.
  • Verificar que estas solicitudes se envíen a las personas adecuadas y que se den los medios para que las respuestas le lleguen directamente a él.

Negativa de la dirección para que el revisor fiscal envíe solicitud de confirmación

Es posible que, en algunos casos, los altos mandos de la empresa no le permitan al revisor fiscal enviar a sus clientes, proveedores y a otros terceros solicitudes de confirmación.

Frente a una situación de este tipo, el revisor fiscal deberá averiguar por qué los directores del ente económico no aceptan que se pida confirmación a terceros, y determinará si ellos tienen o no motivos fundamentados para no permitir la mencionada confirmación.

Adicionalmente, analizará si la no confirmación con terceros afecta de manera importante los riesgos de errores o falsedades en los estados financieros, si puede ser indicio de posibles fraudes y si es necesario aplicar procedimientos alternativos para obtener suficiente evidencia. Si es así, aplicará tales procedimientos en el momento y con la extensión que sean adecuados.

Si el revisor fiscal estima que la negativa de los altos mandos de la empresa para permitir que se haga confirmación con terceros no tiene justificación, o no puede obtener evidencia relevante y fiable mediante procedimientos alternativos, se pondrá en contacto con los responsables del gobierno de la entidad, de conformidad con la NIA 260. El revisor fiscal también determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre su trabajo y sobre el dictamen que ha de emitir sobre los estados financieros, de conformidad con la NIA 705.

Resultados de los procedimientos de confirmación externa

Fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación: si las respuestas a las solicitudes de confirmación no son satisfactorias, el revisor fiscal deberá aplicar procedimientos complementarios para mayor credibilidad en el grado de evidencia a obtener.

Sin contestación: si una o varias solicitudes de confirmación no reciben respuesta, y el revisor fiscal considera que esto incide de manera importante en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros o de posible fraude, deberá aplicar procedimientos alternativos para lograr evidencia válida y suficiente.

Casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia suficiente y adecuada

Puede presentarse el caso de que el revisor fiscal considere que es indispensable obtener una respuesta a su solicitud de confirmación positiva para conseguir evidencia válida y suficiente, puesto que no encuentra procedimientos alternativos para lograr esta evidencia. Si no puede obtener esta confirmación, deberá valorar de qué manera y en qué grado de importancia este hecho afecta su trabajo y el dictamen que ha de emitir sobre los estados financieros. También deberá tener en cuenta si esta situación debe ser incluida en su informe a la asamblea general de accionistas (en sociedades de capital) o a la junta anual ordinaria de socios (en sociedades de personas) o al órgano equivalente (en otro tipo de entidades, tales como cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, corporaciones, etc.).

Contestación en disconformidad

Normalmente, algunas de las respuestas manifiestan desacuerdo con las cifras que aparecen en los libros del ente económico. En estos casos, el revisor fiscal deberá averiguar el porqué, y si eso significa que hay errores o registros incompletos que afectan los estados financieros o si son indicios o pruebas de la existencia de fraudes.

Confirmaciones negativas

No se recomienda solicitar confirmaciones de tipo negativo, debido a que tienen menor grado de confiabilidad que las positivas. Si el revisor fiscal solicita estas confirmaciones, es conveniente que, adicionalmente, aplique otros procedimientos que le permitan tener certeza sobre los riesgos de incorrecciones o de fraudes valorados.

Evaluación de la evidencia obtenida

El revisor fiscal, en consonancia con lo indicado en la NIA 505, deberá determinar si los resultados de las solicitudes de confirmaciones externas son satisfactorios y le dan evidencia válida y suficiente, o si es necesario que aplique procedimientos adicionales para obtener dicha evidencia.

Consideraciones especiales de la utilización de confirmaciones externas por parte del revisor fiscal

Para tener evidencia válida y suficiente que le permita emitir su dictamen sobre los estados financieros y presentar los diferentes informes a los que está obligado, el revisor fiscal puede hacer solicitudes de confirmación de saldos, de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de terceros y de otro tipo de información; con la conveniencia de que las haga no solamente al cierre del ejercicio contable, sino también sobre saldos cortados al final de diferentes meses del año y con extensión superior a la que suele utilizar un auditor financiero.

Al hacer solicitudes de confirmación en varios meses, puede ir detectando con anticipación al cierre del período si hay o no riesgos importantes (materiales) de errores o falsedades en los estados financieros y, de una vez, puede hallar irregularidades en algunas operaciones de la empresa, para –como lo establece el numeral 2 del artículo 207 del Decreto Especial 410 de 1971 (Código de Comercio)–  informar de ellas oportunamente y por escrito a la gerencia, a la junta directiva o a la asamblea de accionistas o a la junta de socios, según lo considere necesario.