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DECLARACIÓN DE RENTA POR PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A DECLARAR

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El artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 1680 de 2020, señala que no estarán obligados a presentar la declaración de renta por el año gravable 2020 las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2020 no exceda de 4.500 UVT ($160.232.000).
  • Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UVT ($49.850.000).
  • Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 UVT.
  • Que el valor total de compras y consumos no supere las 1.400 UVT.
  • Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT.
  • Que no sean responsables de IVA en el régimen común al cierre del año.

Ahora bien, las personas naturales que cumplan con los requisitos anteriormente señalados tienen la posibilidad de presentar la declaración de renta de manera voluntaria. No obstante, es preciso considerar ciertos aspectos relacionados con esta declaración. Veamos:

Declaración voluntaria cuando al contribuyente se le practiquen retenciones en la fuente

De acuerdo con el parágrafo del artículo 6 del Estatuto Tributario –ET–, las personas naturales residentes en Colombia, a quienes se les haya practicado retenciones en la fuente y no cumplan los requisitos para estar obligados a declarar, podrán presentar dicha declaración de forma voluntaria, la cual surtirá todos los efectos legales.

Así, los contribuyentes, que sin estar obligados a declarar presenten la declaración de renta voluntariamente, podrán solicitar la devolución del saldo a favor que liquiden en el formulario 210 o también solicitarlo en compensación.

Declaración voluntaria cuando al contribuyente no se le practica retención en la fuente

En caso de que la declaración de renta sea presentada voluntariamente por parte de una persona natural, no obligada a declarar, a la cual no se le practicaron retenciones en la fuente durante el año gravable, el artículo 594-2 del ET precisa que estas no producirán efecto legal alguno.

Por tanto, si una persona natural, la cual no estuvo sometida a retención en la fuente, presenta voluntariamente su declaración de renta del año gravable 2020, esta no se dará como presentada y no tendrá ningún efecto jurídico.

Así, es preciso recordar que, conforme al artículo 594 del ET, a las personas naturales no obligadas a presentar la declaración de renta no se les puede exigir dicho documento, pues este será reemplazado por el certificado de ingreso y retenciones –formulario 220–, el cual, según lo dispuesto en el artículo 632 del ET, deberá ser conservado por un período mínimo de 5 años.

En este orden de ideas, solo las personas naturales no obligadas a declarar, a las cuales se les haya practicado retenciones en la fuente, podrán presentar voluntariamente su declaración de renta, la cual será aceptada fiscalmente. No obstante, es preciso tener en cuenta que estos contribuyentes deberán conservar los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores.


DOCUMENTO SOPORTE EN COMPRAS CON NO OBLIGADOS A FACTURAR

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El artículo 1 del Decreto 358 de 2020 sustituyó al artículo 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 para fijar pautas respecto al documento soporte para las adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta y formalizar la cuenta de cobro.

En este orden de ideas, la Dian, a través del artículo 55 de la Resolución 000042 y la Resolución 000012 de 2021, estableció una serie de instrucciones con el propósito de unificar el tratamiento del documento soporte e incluirlo dentro del sistema de facturación electrónica.

A continuación, presentamos los aspectos básicos que se deben conocer respecto a este nuevo documento soporte. Veamos:

Características del documento soporte

Cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción –para la aceptación fiscal de costos, deducciones o impuestos descontables– deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.
  • Tener la fecha de la operación, que debe corresponder a la fecha de generación del documento.
  • Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de contratos suscritos con personas no residentes fiscales en el territorio colombiano, no inscritos en el RUT, el requisito del NIT será cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente.
  • Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.
  • Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la Dian.
  • Tener descripción específica del bien o servicio prestado.
  • Detallar el valor total de la operación.

Además de los requisitos mencionados, se deberán cumplir las siguientes exigencias:

  • Incluir firma del emisor del documento soporte al momento de la generación.
  • Utilizar el formato electrónico de generación fijado por la Dian.

Obligados a adoptar el anexo técnico de documento soporte

Deberán adoptar el Anexo técnico de documento soporte – versión 1.0 todos los sujetos al adquirir bienes y/o servicios por parte de un proveedor no obligado a expedir factura de venta. Esto con el propósito de que puedan documentar la transacción y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, según sea el caso.

Inconvenientes tecnológicos

De acuerdo con el anexo técnico, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos por parte del facturador o de la Dian, no se contemplará la emisión del documento soporte electrónico. Sin embargo, una vez se restablezcan los servicios, deberá efectuarse la respectiva transmisión a la Dian.

Documento soporte en la importación de bienes

Para el caso de importación de bienes, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción será la declaración de importación presentada, la cual dará lugar a la aceptación de costos, deducciones o impuestos descontables. Esto siempre y cuando no corresponda a operaciones celebradas con o entre usuarios de zonas francas.

Documento soporte en operaciones con no residentes en Colombia

El documento soporte será válido en los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en Colombia, y se deberán cumplir los requisitos antes señalados. Para efectos de la procedencia del IVA descontable, será necesario acreditar que se practicó la respectiva retención en la fuente a título del IVA, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 437-2 del ET o la retención a título de renta.


TRABAJADORES EN EL EXTERIOR PODRÁN SUMAR COTIZACIONES PARA PENSIONARSE

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Los colombianos que cotizan a pensión en el exterior y han realizado sus aportes al sistema de seguridad en un país iberoamericano podrán acceder ahora a pensiones de vejez, invalidez y/o sobrevivencia de origen común.

Lo anterior, según lo estipula el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que adopta el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social –CMISS–, texto admitido en noviembre de 2007. Entre los países firmantes del acuerdo están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, entre otros.

Al respecto, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha dicho que con este convenio se amplían los mecanismos de protección social para los colombianos que han laborado, se encuentran laborando o se trasladan a alguno de los 15 países que firmaron este pacto, así como a los extranjeros provenientes de esos países empleados en Colombia.

También se fortalece la formalización laboral «al generar escenarios más justos y equitativos donde se tenga acceso a oportunidades dignas, decentes y de calidad que retribuyan en bienestar y desarrollo», explica Cabrera.

¿Qué permitirá el convenio una vez se implemente?

  • Garantizará la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo.
  • Admitirá la totalización de los períodos de cotización a pensión acreditados en los distintos países que hacen parte del convenio, garantizándose así la conservación de los derechos en curso de adquisición.
  • Asegurará la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país.
  • Permitirá la aplicación de las disposiciones más favorables al trabajador en el caso de que existan un convenio bilateral.
  • Establecerá la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios.
  • No modificará las legislaciones de los países. Las coordinará para evitar la pérdida de derechos contributivos.

¿Cuáles prestaciones quedan coordinadas?

Se refiere a las pensiones de vejez, invalidez, supervivencia y otras prestaciones económicas que pudieran derivarse de situaciones similares.

¿Cuáles principios se respetan?

Contiene los principios básicos propios de estos instrumentos internacionales, como son: el respeto a las legislaciones nacionales; la igualdad de trato; el sometimiento a la legislación nacional del país en el cual se realiza la actividad laboral; la garantía de los derechos en curso de adquisición; pero también de los derechos adquiridos y la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones.

Además, se conserva el derecho y pago de pensiones en el extranjero, garantizando la revalorización de pensiones.

Solo resta la sanción presidencial para que entre en vigor

Cabe destacar que, aunque el país se acogió el 10 de noviembre de 2007 a este convenio, solo hasta ahora, y después de varios intentos por lograr su trámite ante el legislativo, se alcanza que el Congreso de la República lo apruebe. Solo resta la sanción presidencial para su entrada en vigor.

Las personas que están o estuvieron cotizando en alguno de los países firmantes del convenio y creen que tienen derecho a pensión por haber cumplido los requisitos podrán solicitar la sumatoria de los períodos cotizados una vez el CMISS sea ley.

Hoy por hoy en 12 países se está aplicando el convenio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Colombia se convertiría en el país número 13.


HISTORIA LABORAL DE PENSIONES, IMPORTANCIA DE SU REVISIÓN PERIÓDICA

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Si cotizas a pensiones debes saber que la historia laboral es uno de los documentos más importantes en materia pensional, ya que refleja ordenada y sucesivamente la relación de los aportes a pensiones obligatorios realizados al sistema general de pensiones, con base en los salarios devengados en cada período, así como el número de semanas acumuladas.

Es recomendable que quienes cotizan a pensión realicen un seguimiento constante a este documento y no dejen la revisión para cuando se esté cerca de solicitar el beneficio pensional. Tener al día la historia laboral le permitirá al afiliado gestionar su beneficio pensional en el menor tiempo posible y disfrutar de su mesada sin contratiempos.

¿Qué información se encuentra en la historia laboral?

La información más relevante de este documento son las semanas cotizadas tanto en el régimen público como en los fondos privados, también se encuentra el detalle de los tiempos de bono pensional si la persona tiene derecho a este.

En un fondo privado está segmentada en tres puntos:

  • La historia laboral consolidada (semanas y capital).
  • La historia laboral por consolidar (semanas reportadas, pero sin capital que los respalde aún) es un indicio que en algunos casos no es recuperable porque depende de las validaciones de las entidades externas, quienes finalmente confirman si procede el pago de esos periodos o no.
  • Un tercer elemento asociado al detalle de cada período.

¿Qué es el bono pensional?

Es un título representativo de las semanas de cotización al régimen de prima media antes de trasladarse a un fondo privado de pensiones. El valor del bono hará parte del capital necesario para financiar su pensión.

¿Cada cuánto se debe revisar la historia laboral?

El primer mecanismo para esta revisión es el extracto trimestral de pensiones obligatorias que refleja la cotización que hicieron los empleadores o trabajadores independientes en ese período. Este es el medio por el cual el afiliado verificará el cumplimiento del pago de la cotización a pensión obligatoria y que el fondo de pensiones registre tanto las semanas como el saldo en su cuenta individual.

El segundo mecanismo de revisión es la historia laboral consolidada que muestra todas las cotizaciones que se han hecho en toda la vida laboral al sistema general de pensiones.

Para las personas que están, por ejemplo, a 5 o 2 años de la edad de pensión, este procedimiento de verificar la historia laboral es clave para que anticipadamente se realice con el fondo la revisión y actualización de la información que pueda faltar y lograr con tiempo la consecución de los certificados con las entidades correspondientes.

¿Qué puede hacer una persona para recuperar las semanas que le faltan en su historia laboral?

Lo primero es reportar ante la administradora de pensiones los períodos no registrados en la historia laboral, informando situaciones como:

  • Dónde laboró.
  • Tiempos pendientes.
  • Datos del empleador con el cual trabajó.

Con esta información el fondo de pensiones iniciará las gestiones correspondientes ante las entidades externas para verificar y normalizar las incidencias identificadas a fin de hacer más fácil la solicitud del beneficio pensional. El afiliado puede hacer este proceso de reporte de inconsistencias por los canales de atención dispuestos por cada fondo de pensiones o acercándose a la red de oficinas. 

¿Cada cuánto envía el fondo de pensiones este documento a sus afiliados?

El certificado de historia laboral no se envía periódicamente, sin embargo, el afiliado la puede consultar las veces que así lo considere. Lo que sí hacen los fondos es enviar los extractos de pensiones obligatorias cada trimestre, documento que refleja:

  • Saldo total (aportes y rendimientos).
  • Semanas cotizadas.
  • Multifondo(s) en el que tiene el ahorro y la rentabilidad.
  • Segmento a partir de su edad y género.
  • Recomendaciones sobre lo que debe tener en cuenta el afiliado para la construcción de su ahorro pensional.

Para los afiliados que están a 2 años de la edad de pensión se les envía la historia laboral para su revisión. Es importante que los afiliados tengan actualizados sus datos de contacto y respondan a esa solicitud de verificación de historia laboral, indicando si están de acuerdo o tienen ajustes para solicitar. De esta manera, al momento de solicitar su beneficio pensional el procedimiento será muy ágil y fácil.


NOTIFICACIÓN DE AVISO SEÑOR CESAR AUGUSTO CASAS DELGADO

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Cualquier comentario por favor remitirlo a la casilla de correo electrónico mariaeldanunez@hotmail.com 

Señor: Cesar Augusto Casas Delgado  

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NOTIFICACIÓN DE AVISO SOCIEDAD JE CASAS & ASOCIADOS S.A.S

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Cualquier comentario por favor remitirlo a la casilla de correo electrónico mariaeldanunez@hotmail.com 

Empresa: JE Casas & Asociados S.A.S. 

Documentos:


AUDITORÍA FORENSE, CUÁNDO PROCEDE SU PRÁCTICA

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La Asociación Interamericana de Contabilidad –AIC– en su informe La importancia del principio de legalidad y de seguridad jurídica en la auditoría forense analiza la importancia del principio de legalidad y de seguridad en la auditoría forense para lograr sentencias justas que respeten los derechos de las personas involucradas en los delitos por los cuales son acusadas.

La auditoría forense es una herramienta técnica que le permite al juzgador emitir un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio, pues constituyen las pruebas fehacientes para determinar efectivamente si el procesado o procesados son culpables o no de los delitos imputados. El informe afirma que:

El juez al solicitar la práctica de un peritaje, que es el equivalente a una auditoría forense, debe hacerlo con base a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que el auditor realice el encargo de acuerdo con la normativa legal o técnica aplicable al caso investigado.

Por esta razón, el auditor tendrá que realizar el peritaje según los requisitos estipulados por las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–.

¿Cuándo se comienza a hacer una auditoría forense?

Las auditorías forenses comenzaron a realizarse cuando las empresas fueron expandiéndose y diversificándose, haciendo necesario que las pequeñas y grandes empresas, que en un principio eran administradas por sus propietarios, al contratar gerentes que les ayudaran a administrarlas recurrieran a auditores para que examinaran las cuentas y dictaminaran la no existencia de fraude en las operaciones realizadas por los gerentes contratados.

Al principio el principal objetivo de estas era la detección de fraude o errores y el examen incluía en muchas ocasiones el 100 % de las transacciones de la empresa auditada. Esta auditoría se especializa en el descubrimiento, divulgación y atestación de fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas.

De ahí la importancia del respeto y aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Respecto a esto, el auditor nombrado debe emitir su dictamen según las normas legales y técnicas aplicables al proceso específico que se esté investigando, ya sea un detrimento patrimonial o un lavado de dinero.

¿Cuándo procede la práctica de una auditoría forense?

La auditoría forense procede cuando se pretende investigar un caso de fraude en el cual se ve perjudicado el patrimonio de las entidades públicas o de las personas naturales o jurídicas, o se está en presencia de actos relativos al lavado de dinero.

Es por ello que la auditoría forense se convierte en un importante instrumento para determinar la existencia de un delito relativo al detrimento patrimonial o al de lavado de dinero, ya que por ser una especialidad cuyo propósito básico es la investigación de fraudes, característica que la hace diferente a los otros tipos de auditoría, debe realizarse con apego al principio de legalidad y el de seguridad jurídica de los involucrados en la investigación. La AIC explica en su documento:

En muchos casos, las pruebas que se presenten sobre fraude en la administración de un patrimonio o de lavado de dinero pueden ser fabricadas o inexistentes, y le corresponde al auditor verificar su existencia.

La idea es analizar las pruebas con objetividad, imparcialidad y de acuerdo con las normas legales y técnicas aplicables para que, con base a ello, se emita el dictamen que le permitirá al juzgador emitir una sentencia con pruebas suficientes y pertinentes donde se respeten los derechos de los involucrados, así como el patrimonio de las instituciones o personas.


DECLARAN INEXEQUIBLES MEDIDAS TOMADAS POR COVID-19 EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

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Con ocasión de la contingencia generada por el COVID-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 797 del 4 de junio de 2020 para establecer medidas temporales que permitieran la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales.

Las medidas adoptadas mediante el decreto consistieron en permitir de manera extraordinaria y temporal, hasta el 31 de agosto de 2020, la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales por parte de los arrendatarios que desde el 1 de junio del año en mención, debido a las restricciones de orden público decretadas para evitar la propagación del virus, se encontraran en la imposibilidad de ejercer alguna de las siguientes actividades económicas:

  • Bares, discotecas, billares, casinos, bingos y juegos mediante terminales de video.
  • Gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.
  • Cines y teatros.
  • Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.
  • Alojamiento y servicios de comida.
  • Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones.

El arrendatario que optara por aplicar lo dispuesto en el decreto tenía la obligación de pagar un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que hubiera lugar a cualquier otra multa o sanción a título de indemnización prevista en la ley o en acuerdos entre las partes. En caso de que no existiera dicha cláusula, al arrendatario le correspondía realizar el pago de un canon de arrendamiento.

Fallo de la Corte Constitucional

Mediante la Sentencia C-409 de 2020, la Corte Constitucional realizó el estudio de constitucionalidad del Decreto Legislativo 797 de 2020, declarándolo inexequible, debido a que, entre otras cuestiones, desconoció la legislación mercantil que establece cómo debe procederse frente a las situaciones imprevistas que se presenten en la ejecución del contrato de arrendamiento, y desconoció la autonomía y voluntad contractual de las partes.

Respecto a lo dicho, la Corte mencionó que el artículo 868 del Código de Comercio establece que, cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de índole comercial de ejecución sucesiva alteren el cumplimiento a cargo de una de las partes (en tal grado que le resulte excesivamente onerosa), podrá dicha parte solicitar la revisión del contrato. Sobre esta figura, la Corte puntualizó:

(…) el precitado artículo 868 consagra una figura de especial relevancia en materia contractual: la revisión del contrato por imprevisión (…) “procura corregir el excesivo desequilibrio ulterior, manifiesto u ostensible, y evitar o conjurar los estragos a la parte obligada con los beneficios correlativos inequitativos de la otra”.

Señaló en igual sentido que la revisión judicial de un contrato debe estar antecedida, al menos, de un intento de negociación o acuerdo entre las partes con la finalidad de restablecer el equilibrio del contrato.

Dado esto, luego del estudio de otras normas mediante las cuales se establecen cuestiones similares, dispuso finalmente que la ley establece que los contratos deben ser cumplidos hasta que su terminación se dé en los términos pactados, lo cual puede suponer un acuerdo posterior con ocasión de una situación imprevista.

Lo que quiere indicar la Corte con esto es que la ley establece un procedimiento para cuando se presente una situación imprevisible que suponga la alteración de las condiciones de ejecución del contrato, que debía aplicarse en la contingencia de la pandemia; este procedimiento se prevé con el fin de evitar cargas desproporcionadas para las partes.

A su vez, la Corte comparó este decreto con el Decreto Legislativo 579 de 2020 (declarado exequible), mediante el cual se adoptaron medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento con ocasión de la contingencia por el COVID-19.

En este último se estipuló que las partes podían llegar a un acuerdo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones que por la contingencia los arrendatarios dejaron de pagar, y en caso de que no se llegara a un acuerdo en buenos términos, el decreto reguló la forma en que debía realizarse el pago de dichos cánones.

Ahora, en lo que refiere al Decreto Legislativo 797 de 2020, la Corte encontró que el hecho de que estableciera que el arrendatario pudiera terminar el contrato de manera unilateral vulneraba la autonomía de la voluntad privada, debido a que, además de modificar las normas existentes sobre la materia, no promovió la negociación entre las partes, sino que dio a una sola (al arrendatario) la posibilidad de terminar el contrato.

Así tenemos que, entre otros aspectos, el decreto en mención:

  • Desconoció la existencia de un procedimiento previo para estos casos.
  • No brindó la posibilidad de que las partes pudieran negociar.
  • Favoreció a una sola de las partes.
  • Vulneró la autonomía y voluntad contractual privada.
  • Permitió que pudieran presentarse abusos del derecho por establecer límites al pago de la cláusula penal e imponer un monto en caso de que esta no existiera.
  • Vulneró las bases legales de conservación del equilibrio contractual.

Por lo anterior, la Corte lo declaró inexequible, lo cual supone que sus disposiciones no se ajustaron a la Constitución y desconocieron leyes preexistentes, por lo tanto, sus efectos no fueron válidos, así como los acuerdos que se establecieron.

No obstante, la Corte señaló que esta decisión tendría efectos a futuro, debido a que considera que no es necesario alterar las decisiones tomadas, toda vez que podría agravar las consecuencias generadas e ignorar los contratos de arrendamiento de local comercial que fueron finalizados con ocasión de este decreto. Esto supone que las decisiones tomadas en vigencia del mencionado Decreto Legislativo 797 de 2020 se mantienen.


DIFERENCIAS ENTRE PRIMA DE SERVICIOS Y PRIMA EXTRALEGAL

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En una relación laboral, el empleador tiene el deber de realizar determinados pagos a los trabajadores que se desprenden del mandato de la ley, es decir, son obligatorios. También existen los pagos que nacen del acuerdo entre las partes, ya sea mediante convenciones colectivas, pactos, contrato de trabajo, etc., lo que supone que son potestativos.

En estos tipos de pagos, ¿cómo se clasifican la prima de servicios y la prima extralegal?

Diferencias entre la prima de servicios y la prima extralegal

Atendiendo a lo anterior, tenemos que la prima de servicios y la prima extralegal comprenden las siguientes diferencias:

Prima de servicios

La prima de servicios se encuentra prevista en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, y posee las siguientes características:

  • Debe ser pagada de manera obligatoria a todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, a excepción de aquellos que devengan salario integral.
  • Equivale al valor de un (1) salario por año.
  • Su pago debe realizarse por mandato de la ley, es decir, la ley lo ordena y el empleador no puede negarse o modificar las condiciones (como fechas de pago o fórmula de liquidación) de su otorgamiento.

Prima extralegal

Por su parte, la prima extralegal se encuentra prevista en el artículo 308 del CST, y se caracteriza por lo siguiente:

  • Su obligación nace de acuerdos establecidos mediante el contrato de trabajo, pactos, convenciones colectivas, etc.
  • No tiene un valor determinado, las partes pueden acordar el monto a pagar que puede ser inferior, igual o superior al salario del trabajador.
  • Su pago se realiza de manera potestativa, es decir, el empleador por liberalidad puede hacerlo o, como fue mencionado, se acuerda en una convención colectiva.
  • Las partes pueden acordar las formas y condiciones para otorgarla.

Además, el hecho de que esta prima se encuentre prevista en la ley no supone que sea obligatoria, sino que es una facultad que se le da a las partes para que realicen acuerdos al respecto.

Por último, se precisa que la prima extralegal se paga de manera adicional a la prima de servicios, es decir, el pago de la primera no supone la pérdida o disminución de la segunda.


PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

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El artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 incluyó dentro de nuestra legislación el denominado piso de protección social, reglamentado hace unos días mediante el Decreto 1174 de 2020, sistema que tiene como iniciativa brindar el acceso a un sistema de protección social a los trabajadores dependientes e independientes con  ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–.

Antes de hablar de las ventajas y desventajas, veamos algunos aspectos generales de este nuevo sistema de protección social:

¿En qué consiste el piso de protección laboral?

Es un sistema de protección ideado para que las personas con ingresos inferiores a un smmlv, debido a que laboran en jornadas parciales, accedan a unos servicios sociales, a causa del aporte realizado por su contratante o empleador que corresponde al 15 % del ingreso suministrado.

Dichos servicios complementarios son:

  • Beneficios económicos periódicos –BEPS–: es un programa de ahorro que permite que el trabajador o contratista acceda a un ingreso en su edad de retiro. Dicho ingreso dependerá del valor de lo ahorrado, será entregado de forma bimensual y es inferior al salario mínimo.
  • Régimen subsidiado en salud: régimen de salud que ampara a la población potencialmente pobre, siempre que cumpla con los requisitos de acceso o permanencia (clasificación Sisbén), otorgando el acceso únicamente a la prestación del servicio, pues no concede el pago de incapacidades o licencias de maternidad y paternidad. Es de anotar que el decreto también permite que la persona pueda acceder al sistema de protección social siendo beneficiaria de un cotizante en el régimen contributivo en salud.
  • El seguro inclusivo: amparará al trabajador frente a los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por los BEPS.

Dado lo anterior, trabajadores y contratistas con ingresos inferiores al smmlv tendrán acceso a la prestación del servicio de salud subsidiado, al ahorro para acceder a un beneficio económico periódico y un seguro.

Este piso de protección laboral busca que las personas que debido a sus pocos ingresos no logran acceder al sistema de seguridad social integral cuenten con un servicio complementario básico, estableciendo, entonces, la opción al empleador de remplazar el pago de seguridad social integral por el aporte al piso de protección laboral antes referido, que corresponde al 15 % del ingreso devengado por el trabajador.

¿Quiénes serán vinculados a dicho sistema de protección social?

Según el decreto, es obligatorio el acceso a este beneficio para las personas que, siendo trabajadores o contratistas, cuentan con ingresos inferiores a un salario mínimo.

¿Quiénes no podrán ser vinculados al piso de protección social?

Es importante aclarar que no podrán acceder a este sistema de protección social:

  1. Las personas que al sumar sus ingresos mensuales recibidos por diferentes empleadores arrojen una suma superior al salario mínimo, caso en el cual el Decreto 1174 de 2020, en el parágrafo 2 del artículo 2.2.13.14.1.3, dispone que el trabajador está en la obligación de informar tal situación a sus empleadores, para que estos coticen al sistema de seguridad social integral en proporción a lo devengado por el trabajador y así obtener los aportes de este trabajador al sistema. Esta situación será objeto de fiscalización por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP–.
  2. Los trabajadores cuyos empleadores modificaron los contratos de trabajo existentes con el objetivo de reducir la jornada o el salario a fin de acogerse a dicho sistema de protección social. Estas situaciones serán objeto de investigación, fiscalización y sanción por parte de la UGPP, según lo dispuesto en el artículo 2.13.14.5.2 del decreto en cuestión.