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AUDITORÍA FINANCIERA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

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La auditoría se define como un proceso sistemático en el cual se verifica el cumplimiento de determinados aspectos mediante el uso de técnicas como indagación, inspección, confirmación, prueba y análisis de transacciones.

Dichos procesos deben realizarse a la luz de los Estándares Internacionales, específicamente de las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, pues estas son las que permiten al revisor fiscal o auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial.

Cuando se lleva a cabo una auditoría a los estados financieros, deben realizarse procedimientos sobre cada uno de los rubros que componen dichos informes. Uno de esos corresponde a la partida de efectivo y equivalentes al efectivo, una cuenta muy importante para las organizaciones; por este motivo, es necesario realizar un análisis detallado acerca de los movimientos ocurridos durante el respectivo período contable.

Requerimientos del auditor en una auditoría financiera

La auditoría financiera busca examinar los estados financieros de una entidad con el fin de establecer su razonabilidad y el resultado de sus operaciones.

De acuerdo con el párrafo 3 de la NIA 200:

“El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable”

Ahora bien, para alcanzar el objetivo mencionado, el auditor financiero debe cumplir con los requerimientos de la NIA 200:

  • Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error.
  • Poseer evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales.
  • Mantener el escepticismo y juicio profesional.
  • Cumplir los requerimientos de ética: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y conducta profesional.

Características del efectivo y equivalentes al efectivo

Es importante que el auditor pueda identificar cuáles partidas representan el efectivo y equivalentes al efectivo en los estados financieros, pues comprenden la base para su clasificación. De acuerdo con las definiciones de la NIC 7, el efectivo comprende el dinero (billetes, monedas y divisas). Por su parte, el equivalente al efectivo está compuesto por los depósitos en cuentas bancarias y las inversiones a corto plazo de bajo riesgo y alta liquidez sin cambio significativo en su valor.

De acuerdo con el párrafo 7.2 de los Estándares para Pymes, el efectivo y los equivalentes tienen las siguientes características:

  • Son partidas con alta liquidez a corto plazo.
  • Están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor.
  • Se mantienen para atender obligaciones a corto plazo y no para propósitos de inversión.

¿Cuál es el objetivo de la auditoría financiera al rubro de efectivo y equivalente al efectivo?

Una vez identificadas las partidas que se auditarán, el auditor debe establecer los objetivos que alcanzará al llevar a cabo la auditoría de los estados financieros sobre los que dará su opinión.

Aspectos iniciales que deben verificarse

Antes de iniciar el proceso de auditoría debe realizarse un trabajo previo planteado en la planeación de la auditoría, el cual incluye el conocimiento general de la compañía y la información requerida para llevar a cabo la auditoría.

El auditor deberá verificar, antes de iniciar la auditoría, el papel de trabajo de conocimiento al cliente diligenciado en la fase de planeación, el organigrama de la empresa, los manuales de procedimientos y funciones relacionados con el efectivo y equivalentes al efectivo, listados de las cajas existentes y de las cuentas bancarias, la información contable y todos los soportes necesarios para llevar a cabo la auditoría financiera.

El auditor deberá definir un porcentaje o cifra a partir de la cual considera que las incorrecciones y desviaciones detectadas en las partidas de efectivo y equivalentes al efectivo afectan a los usuarios de la información, esto es, la determinación de la materialidad o importancia relativa.

Por otra parte, para cumplir con los objetivos de la auditoría será importante contar como mínimo con:

  • Estados financieros aprobados por la gerencia del período por auditar.
  • Balances de prueba en Excel con y sin terceros.
  • Políticas contables vigentes.
  • Libros auxiliares por terceros y tipos de documentos de todas las cuentas contables.
  • Extractos y conciliaciones bancarias del período por auditar.
  • Conciliación de saldos de caja general.
  • Certificados de títulos valores y/o inversiones poseídas.
  • Respuestas a circularizaciones de entidades financieras.
  • Otra información adicional que sea necesaria para la auditoría.

 


CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA

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Empecemos por recordar las principales características del impuesto al valor agregado –IVA–. Es un impuesto:

  • Indirecto: recae sobre el valor del bien o servicio y no afecta de forma directa los ingresos del contribuyente. Además, el sujeto jurídico responsable de la obligación tributaria es diferente al sujeto pasivo que soporta la carga del tributo.
  • Real: la descripción del hecho imponible no hace referencia al elemento subjetivo o personal del impuesto; es decir, grava un hecho económico sin considerar la capacidad económica del sujeto pasivo.
  • Instantáneo: su hecho generador se presenta en cada transacción denominada venta, y se materializa la obligación tributaria en cabeza del responsable.
  • Proporcional: las operaciones gravadas con este impuesto están sometidas a imposición con una tarifa fija, independientemente de la cuantía de la base gravable.
  • Objetivo: no se tienen en cuenta las calidades personales del sujeto pasivo para determinar el valor del impuesto, solo se considera el hecho generador.
  • General: recae sobre todas las transferencias de dominio o de prestación de un servicio señaladas por la ley como hechos generadores del impuesto, salvo las exclusiones señaladas expresamente en la norma.

Hecho generador del IVA

De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario –ET–, los hechos generadores del IVA son los siguientes:

  • La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos.
  • La venta o cesión de derechos sobre activos intangibles únicamente asociados con la propiedad industrial.
  • La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, no excluidos expresamente.
  • La importación de bienes corporales no excluidos expresamente.
  • La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. Es importante tener en cuenta que en los juegos de suerte y azar el IVA se causa en el momento de realizar la apuesta: la expedición del documento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Por tanto, es responsable del impuesto el operador del juego.

Este impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas para los bienes inmuebles de uso residencial, automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros, y para los aerodinos.

Responsables del IVA

Conforme al artículo 437 del ET, son responsables del IVA:

  • En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución en la que actúen, y quienes sin poseer tal carácter ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos.
  • En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales.
  • Quienes presten servicios.
  • Los importadores.
  • Los contribuyentes responsables del IVA cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con personas no responsables del IVA, por el valor del impuesto retenido sobre dichas transacciones.
  • Los contribuyentes responsables del IVA, por el impuesto causado en la compra o adquisición de los bienes y servicios gravados relacionados en el artículo 468-1 del ET cuando estos sean enajenados o prestados por personas naturales no comerciantes y no responsables del IVA.
  • Los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades gravadas.

Base gravable del IVA

En la venta y prestación de servicios, la base gravable del IVA será el valor total de la operación, sea que se realice de contado o a crédito, incluidos, entre otros, los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria; accesorios; acarreos; instalaciones; seguros; comisiones; garantías; y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a imposición.

Tarifas del IVA

Para la venta de bienes y prestación de servicios, la tarifa general del IVA contemplada en el artículo 468 del ET es del 19 %. No obstante, los artículos 468-1 (modificado por los artículos 9 y 160 de la Ley 2010 de 2019) y 468-3 del ET señalan determinados bienes y servicios gravados a la tarifa del 5 %.

Por su parte, los artículos 477 (modificado con los artículos 12 de la Ley 2010 de 2019 y 14 de la Ley 2069 de 2020) al 481 del ET precisan los bienes gravados a la tarifa del 0 %, clasificados como bienes exentos del IVA.

Periodicidad del IVA

En relación con los artículos 600 y 915 del ET, la periodicidad del IVA podrá ser:

  • Bimestral: para aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior fueron iguales o superiores a 92.000 UVT, y para los responsables comercializadores de bienes exentos previstos en los artículos 477 y 481 del ET.
  • Cuatrimestral: para aquellos responsables del IVA, sean personas jurídicas o naturales, cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del período fiscal anterior fueron inferiores a 92.000 UVT.
  • Anual: para los contribuyentes que optaron por tributar bajo el régimen simple y cumplan con los requisitos para ser responsables del IVA.

REDUCCIÓN TRANSITORIA DE SANCIONES E INTERESES

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A través del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 el Gobierno nacional estableció una reducción transitoria de sanciones e intereses para las obligaciones administradas por la Dian, así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial que se paguen hasta el 31 de diciembre de 2021, y también para las facilidades de pago que se suscriban con la Dian y entes territoriales hasta diciembre 31 de 2021 respecto a las obligaciones que presenten mora al 30 de junio de 2021 y cuyo incumplimiento se haya ocasionado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19.

Así pues, para establecer los requisitos y demás aspectos para su procedencia, la Dian expidió el 29 de octubre de 2021 la Resolución 000126 a través de la cual aclaró los siguientes detalles:

Reducción transitoria de sanciones e intereses aplica a obligaciones que presentan mora en el pago al 30 de junio de 2021

Se entiende por obligaciones que presenten mora en el pago todas las administradas por la Dian que no hayan sido canceladas oportunamente. En esta medida se incluyen, entre otras, las obligaciones que son objeto de corrección o presentación extemporánea, los anticipos del régimen simple de tributación, las obligaciones incluidas en actos administrativos, así como en sentencias judiciales cuyo vencimiento fue hasta el 30 de junio de 2021.

Asimismo, se incluyen sanciones autoliquidadas y las determinadas por la Dian actualizadas en los términos del artículo 867-1 del Estatuto Tributario –ET– que correspondan a hechos ocurridos con anterioridad al 30 de junio de 2021.

Adicionalmente, se podrán incluir los saldos a favor de obligaciones comprendidas en facilidades de pago vigente, así como los saldos de facilidades de pago declaradas incumplidas y las obligaciones de declaraciones ineficaces presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019.

Sanción reducida no puede ser inferior a la sanción mínima

El inciso quinto del artículo 2 de la Resolución 000126 de 2021 precisó que la sanción reducida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021, en ningún caso podrá ser inferior a la sanción mínima, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 639 del ET.

Retraso en las obligaciones debe ser ocasionado por la crisis económica del COVID-19

Para la procedencia de la reducción de las sanciones e intereses de mora del artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 se requiere que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.

Procedimiento para aplicar la reducción transitoria de sanciones e intereses

Quienes opten por acceder a la reducción en mención deberán cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 45 de la Ley 2155 de 2021 sin que se requiera presentar una solicitud ante la Dian.

No obstante, conforme a los procedimientos establecidos para la investigación, determinación, control, discusión y cobro, las dependencias con facultades de fiscalización de la Dian podrán solicitar a quienes hayan accedido al beneficio la información necesaria que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos legales. En esta medida, podrán solicitar los documentos o pruebas que permitan verificar que el incumplimiento se ocasionó o agravó como consecuencia de la pandemia del COVID-19.


APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON INGRESOS VARIABLES

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Un trabajador independiente gana en un mes más de 3 salarios mínimos y en el mes siguiente gana menos de 1 salario mínimo. ¿Se encuentra obligado a pagar seguridad social si cuenta con EPS subsidiada? ¿Debe cotizar en el piso de protección social los meses en que su salario es inferior al mínimo?

En Colombia, como regla general, la ley establece que las personas con capacidad de pago, esto es, con ingresos iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, tienen la obligación de realizar aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales).

Respecto a esto, se tiene que los trabajadores independientes tienen la obligación de realizar dichos aportes sobre un (1) smmlv, o el 40 % de sus ingresos cuando sean superiores a este monto.

Aportes a seguridad social cuando existe variación de ingresos

Atendiendo a lo dicho, se tendría como primera medida que cuando un independiente en el mes tenga ingresos inferiores a un (1) smmlv no debe realizar aportes a seguridad, y debe reportar la novedad de retiro en la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila–, la cual, debe tenerse en cuenta, solo debe reportarse cuando se trate de un período de inactividad.

Por otra parte, a través del Decreto 1174 de 2020 se reglamentó el piso de protección social, al cual deben vincularse los trabajadores independientes con ingresos inferiores a un (1) smmlv.

Entonces, según lo estudiado, tenemos que en los períodos en los que un trabajador tiene capacidad de pago debe cotizar al sistema de seguridad social; en los meses en que sus ingresos sean inferiores a un (1) smmlv puede realizar las cotizaciones al piso de protección social, o podría continuar cotizando al régimen contributivo ajustando su base de cotización a un (1) smmlv así su ingreso sea inferior.


NUEVO ROL DE LA AUDITORÍA, USAR TECNOLOGÍA E IR MÁS ALLÁ DE DETECTAR FRAUDES

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Carlos Andrés Molano y José Manuel Trujillo, auditores de la firma Mazars, presentaron los resultados y conclusiones de una encuesta realizada a 501 líderes empresariales, quienes opinaron sobre la importancia de la auditoría en los procesos organizacionales.

Molano explica que la auditoría se considera una profesión crítica y muy valiosa que ayuda a las empresas a mejorar sus capacidades:

La gran mayoría de los empresarios recurriría a la ayuda de los auditores sin que la ley lo exigiera. Por otra parte, el 61 % de los encuestados considera que la auditoría es una oportunidad para que las empresas mejoren.

Para la mayoría de los encuestados, la auditoría es una oportunidad para que la empresa haga mejoras. Sin embargo, también hay otros puntos de vista, por ejemplo, que se trata de un obstáculo en el día a día de la empresa y una formalidad sin mucho valor agregado.

Molano enumera y explica seis conclusiones que entregó la encuesta acerca del rol de la auditoría:

  1. Objetividad, confianza y mejora del rendimiento: principales objetivos de una auditoría

La auditoría proporciona seguridad y confianza en beneficio de los inversores, las partes interesadas y los reguladores. De igual manera, es un apoyo para mejorar el rendimiento de una empresa.

  1. La tecnología es importante: da poder a los auditores, no sustituye

La gran mayoría de los empresarios está a favor de utilizar las nuevas tecnologías de auditoría. Dentro de sus beneficios están el ahorro de tiempo, permitir que el auditor se centre en tareas de mayor valor añadido y dar a los auditores más tiempo para analizar y cuestionar los datos.

  1. Empresas valoran las habilidades de los auditores detrás de la pantalla

En este punto, Molano afirma que las competencias necesarias que más veces figuran en el top 5 de los encuestados son:

Pensamiento riguroso y fuerte sentido de la organización.

Pensamiento crítico.

Escuchar.

Discreción.

Proactividad y creatividad.

Y resalta: Escuchar es la habilidad que más veces aparece como el número uno de los encuestados (33 %) de una lista de 20 opciones.

  1. El mercado está abierto a la rotación

Un 26 % de los encuestados afirma haber rotado a sus auditores o haber considerado la posibilidad de hacerlo, a pesar de que no era, o no es ahora, un requisito reglamentario para hacerlo.

  1. Se anima a los auditores a ampliar sus servicios más allá de los informes financieros

Un 96 % de los encuestados quiere que los auditores amplíen la gama de sus servicios. Los servicios que pueden proponer los auditores incluyen la formación, la garantía que cubre la privacidad o seguridad de los datos, la sostenibilidad, los controles internos, la diversidad y la inclusión. El 87 % está a favor de que la auditoría se extienda a nuevos ámbitos, como la información no financiera; por ejemplo, el riesgo climático, la diversidad de género o los derechos humanos, áreas que el 75 % considera muy importantes para auditar.

  1. Existe un apoyo abrumador a la reforma de la auditoría y a la coauditoría

El 93 % de los encuestados cree que debería reformarse el mercado de la auditoría, el 89 % está a favor de una profesión de auditoría con actividades de auditoría claramente separadas de las actividades de asesoramiento. De igual forma, un 89 % dice saber bien lo que son las auditorías conjuntas, el 62 % lo sabe muy bien y el 27 % conoce bien las auditorías conjuntas. El 87 % son favorables a la coauditoría. Finalmente, el 88 % de los que ya han experimentado la coauditoría son favorables a ella.


RIESGOS DE INSOLVENCIA E INDICADORES DE DETERIORO PATRIMONIAL FUERON MODIFICADOS

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El pasado 28 de octubre de 2021, Mincomercio expidió el Decreto 1378 de 2021, por el cual se modifica el Decreto 1074 de 2015 sobre las alertas y criterios en lo referente a deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. 

La norma en mención establece que los administradores sociales deberán hacer monitoreos de los estados financieros, la información financiera y las proyecciones de la sociedad comercial para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

Causal de disolución por insolvencia o deterioro patrimonial

El artículo 4 de la Ley 2069 de 2021 dispone que constituirá causal de disolución de una sociedad comercial el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio. Al respecto, el párrafo 25 de la Norma Internacional de Contabilidad 1 –NIC 1– contenida en el DUR 2420 de 2015 dispone que:

Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.

La hipótesis de negocio en marcha no puede ser solo una presunción, pues la norma establece que la entidad debe “evaluar la capacidad de continuar como un negocio en marcha al final de cada período”. Esto significa que deben documentarse las condiciones que permitan concluir (o probar) que la entidad tiene capacidad de seguir operando.

Es de esta forma que la Ley 2069 de 2020 indica que los administradores de la sociedad tienen la responsabilidad de hacer monitoreo de los estados financieros, la información financiera y las proyecciones de la sociedad comercial con el fin de establecer la existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

Veremos a continuación en qué consisten los indicadores establecidos para determinar estos factores en una empresa.

Indicadores de deterioro patrimonial y riesgos de insolvencia

Para cumplir con las disposiciones de la Ley 2069 en materia de establecer la existencia de deterioro patrimonial o riesgo de insolvencia para una entidad, la norma indica que el Gobierno nacional podrá establecer razones financieras o criterios que permitan identificar estas situaciones.

Por lo anterior, mediante el Decreto 1378 del 28 de octubre de 2021, haciendo uso de su facultad reglamentaria, el Gobierno establece los indicadores para determinar las alertas y criterios sobre deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia, modificando los indicadores que se habían establecido en el Decreto 854 del 3 de agosto de 2021.

El decreto señala que los administradores deben implementar los siguientes indicadores, siempre que les sean aplicables a su sociedad comercial:

Indicador

Dimensión

Fórmula

Posición patrimonial negativa.

Deterioro patrimonial.

Patrimonio total < $0

 

Dos períodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio.

Deterioro patrimonial.

(Resultado del ejercicio anterior < $0) y (Resultado del último ejercicio < $0)

Dos períodos consecutivos de cierre con razón corriente financiera inferior a 1,0.

Riesgo de insolvencia.

(Activo corriente / Pasivo corriente < $1,0 del ejercicio anterior) y (Activo corriente / Pasivo corriente < $1,0 del último ejercicio)

 


LEY BORRÓN Y CUENTA NUEVA, AJUSTES CON LOS QUE FUE SANCIONADA

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El proyecto de ley estatutaria 062 de 2019 fue formalizado recientemente mediante la sanción presidencial de la Ley 2157 de octubre 29 de 2021 mediante el cual se determinan, entre otras, medidas de tratamiento de datos en relación con información financiera y crediticia.

En sentido amplio, esta ley tiene como principal finalidad modificar la Ley 1266 de 2008 en lo que refiere al reporte y permanencia de la información en las centrales de riesgo cuando se trate de reportes negativos.

Atendiendo a lo dicho, se dispone en la Ley de borrón y cuenta nueva que el reporte de información referente al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, a datos referentes a una situación de incumplimiento de una o varias obligaciones, deberá regirse por un término máximo de permanencia; una vez vencido este término, la información deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder a ella o consultarla.

Ahora bien, dado que la Ley de borrón y cuenta nueva 2157 de 2021 fue revisada por parte de la Corte Constitucional antes de su sanción por parte del presidente de la república, y que de dicha evaluación surgió la obligación de modificar algunos apartes que fueron considerados inconstitucionales, tenemos entonces que se dará paso a un período de transición en el que los ciudadanos que extingan sus obligaciones dentro de los próximos doce (12) meses permanecerán con el reporte negativo por un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de extinción de la obligación. Cumplido este término el reporte deberá ser retirado automáticamente.

A su vez, aquellas personas que a la entrada en vigor de la ley hayan extinguido sus obligaciones y el reporte negativo haya permanecido por lo menos seis (6) meses contados desde la extinción de la obligación deberán ser retiradas del sistema de manera inmediata.

Proyecto de ley borrón y cuenta nueva: estudio de constitucionalidad

Como ya lo anticipamos, antes de la sanción presidencial de la actual Ley 2157 de octubre 29 2021, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-282 de 2021, realizó el estudio de constitucionalidad del proyecto de ley, indicando la constitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, lo cual supone que no deben ser modificados.

Por su parte declaró inconstitucionales algunas expresiones contenidas en los artículos 4, 5 y 7 señalando lo siguiente:

  • El artículo 4 indicaba que las fuentes de información deberían cumplir con el reporte de la información negativa de los titulares, máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación.

La Corte decide declarar inconstitucional la expresión “hacerse exigible la obligación”, toda vez que desconoce particularmente los principios de veracidad, integridad e incorporación, ya que, al desligar el plazo para reportar información negativa de hechos que generarían la información negativa, se afectaría el derecho a la información del sistema financiero al no contar con información completa, cierta y actualizada, lo cual, a su vez, afectaría la estabilidad del sistema financiero. Dado esto, la Corte propone que se cambie dicha expresión por “la constitución en mora del titular”.

  • El parágrafo 2 del artículo 5 establecía, entre otras cuestiones, que no se podría consultar la información para fines de toma de decisiones laborales, salvo cuando se trate de contrataciones en el sector financiero.

Respecto a lo contenido en este parágrafo la Corte decide declarar inconstitucional la expresión “salvo cuando se trate de contrataciones en el sector financiero”, toda vez que desconoce el derecho a la igualdad en comparación a las exigencias de contratación de los trabajadores de los demás sectores.

  • El numeral 8 del artículo 7 disponía que si las peticiones o reclamos no se resuelven en un término de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, se entenderá para todos los efectos legales que la solicitud ha sido aceptada.

Para esto, la Corte declaró inexequible la expresión “administrativo positivo” debido a que no existe asimilación de la figura del derecho administrativo consagrada como “silencio administrativo positivo” a entidades de naturaleza crediticia.

En este sentido, indicó la Corte que las actuaciones relativas al habeas data deben regirse conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y a las reglamentaciones contenidas en las leyes estatutarias que regulen el tema, como la Ley 1266 de 2008, y en ningún caso a las reglas del derecho fundamental de petición.


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CONSEJOS PARA PERSONAS QUE ESTÁN CERCA DE PENSIONARSE

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Los tiempos establecidos por la ley para definir y pagar una pensión aplican para cualquier entidad pagadora de pensiones. Por ejemplo, para reconocer las pensiones de invalidez y vejez se tiene un plazo de 120 días para su reconocimiento y de 180 días para pagarlas. En lo que corresponde a las pensiones de sobrevivencia, el término para el reconocimiento es de 60 días y de 180 para el pago.

Para reconocer un beneficio pensional, el fondo de pensiones en el que se encuentra afiliado el trabajador debe realizar un proceso previo denominado conformación de historia laboral, el cual consiste en verificar:

  • El historial de vinculaciones laborales del afiliado.
  • Sus ingresos salariales.
  • El número de semanas cotizadas al sistema general de pensiones.
  • Los rendimientos generados si está en un fondo privado.
  • El bono pensional cuando se tiene derecho a este.

Con este conjunto de datos se establece el beneficio pensional que corresponde.

El fondo privado de pensiones Porvenir explica que los afiliados que estén a menos de dos años de tramitar su beneficio pensional deben iniciar el proceso de preparación de requisitos para que se pueda definir a tiempo el reconocimiento del beneficio pensional.

Tenga en cuenta estos consejos para que sea más ágil el proceso de conformación de la historia laboral y el reconocimiento del beneficio pensional:

Historia laboral al día

La historia laboral de todo cotizante a pensiones es un documento que reúne toda la información de las vinculaciones laborales y la relación de los ingresos salariales con los que el trabajador ha realizado sus aportes al sistema de pensiones. Con la historia laboral se determina el tipo y monto del beneficio pensional. Entre más semanas cotizadas, mejor será su beneficio pensional.

Reportar cualquier tipo de inconsistencia

Si el afiliado encuentra inconsistencias o períodos de aportes pensionales faltantes en su historia laboral, debe reportarlos a su fondo de pensiones con el fin de adelantar el proceso de reconstrucción de historia laboral.

Reconocimiento y pago del bono pensional listo

Una vez completado el proceso y con la aprobación de la historia laboral por parte del afiliado, se obtendrá el reconocimiento y pago del bono pensional, el cual hará parte del capital para financiar la prestación correspondiente. Como se explica desde Porvenir:

Si su beneficio pensional es una garantía de pensión mínima o una devolución de saldos, la radicación del trámite debe hacerse cumplida la edad de pensión. Si se trata de una pensión por capital, el afiliado puede hacer la solicitud en cualquier momento.

Consistencia de los datos personales

Es común encontrar diferencias entre el registro civil de nacimiento y el documento de identidad, por eso es importante que los afiliados revisen que los datos básicos estén correctos. «Diferencias entre ellos pueden adicionar tiempo y trámites al afiliado».

Reúna con tiempo la documentación

Lo más aconsejable para una persona próxima a pensionarse es que reúna con tiempo los documentos que le solicita su administradora de pensiones, para ir adelantando las gestiones operativas necesarias y que, cuando llegué el momento de hacer la solicitud de pensión, se radiquen los documentos completos y se defina y pague la pensión en el menor tiempo posible.


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TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUÉ DEBE TENER EN CUENTA

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La Ley 820 de 2003, que regula el régimen de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, establece una serie de condiciones bajo las cuales puede darse por terminado el contrato que se suscribe con este fin.

El artículo 21 de la ley en mención indica que el contrato de arrendamiento puede darse por terminado en cualquier momento siempre que exista común acuerdo entre las partes, lo cual supone que no hay lugar al pago de indemnización o penalización para ninguna de estas.

En este sentido, en caso de que no exista común acuerdo para terminar este tipo de contrato, las partes deberán ajustarse a lo previsto en la ley. También la terminación puede darse según lo establecido por las partes en el contrato (por cuestiones de libertad contractual), no obstante, lo acordado no puede exceder de los topes y límites de tiempo previstos en la mencionada ley. 

Causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador

El artículo 22 de la Ley 820 de 2003 establece las causales y condiciones por las que un arrendador puede terminar un contrato de arrendamiento. En lo que refiere a las causales de terminación, entre otras encontramos las siguientes:

  • La falta de pago de los cánones de arrendamiento.
  • La falta de pago de los servicios públicos por parte del arrendatario.
  • El subarriendo, la cesión del contrato o el cambio de destinación del inmueble sin autorización del arrendatario.
  • Problemas de convivencia que afecten a la comunidad por parte del arrendatario.
  • La realización de mejoras, cambios o ampliaciones del inmueble sin autorización del arrendador.

Cuando se presente alguna de estas situaciones, este artículo señala que el arrendador podrá terminar de manera unilateral el contrato, para lo cual debe entregar el preaviso al arrendatario con una antelación no menor de tres (3) meses. En este caso, procederá como sanción el pago de tres (3) meses de cánones de arrendamiento.

Causales especiales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendador   

El artículo en mención indica que el arrendador puede terminar el contrato cuando se presente alguna de las siguientes causales especiales de restitución:

  • Cuando necesite ocupar el inmueble para su propia habitación por un término no menor de un (1) año.
  • Cuando el inmueble deba demolerse para realizar una nueva construcción, o cuando se requiera que se encuentre desocupado para su reparación.
  • Cuando el inmueble haya sido vendido.
  • Por la plena voluntad de terminar el contrato, siempre y cuando este haya sido ejecutado como mínimo durante cuatro (4) años. En este caso, deberá indemnizar al arrendatario con una suma equivalente a 1,5 meses de cánones de arrendamiento.

De igual manera, en estos casos el arrendador deberá entregar al arrendatario un preaviso con no menos de tres (3) meses de anticipación.

Causales de terminación del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario

Por su parte, el artículo 24 de la Ley 820 de 2003 indica las causales de terminación del contrato por parte del arrendatario, entre las que se encuentran:

  • La suspensión de los servicios públicos por negligencia del arrendador cuando el pago de encuentre a su cargo.
  • Por acciones realizadas por el arrendador que afecten gravemente el disfrute del inmueble.
  • El desconocimiento por parte del arrendador de derechos del arrendatario previstos en la ley o en el contrato.

Cuando se presente alguna de estas situaciones, el arrendatario podrá terminar el contrato, para lo cual deberá enviar un preaviso al arrendador con no menos de tres (3) meses de anticipación. Este último deberá pagar al primero una indemnización equivalente a tres (3) meses de cánones de arrendamiento.

En estos casos, el arrendador se encuentra obligado a recibir el inmueble; si se niega a recibirlo, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de una autoridad competente.

Terminación del contrato de arrendamiento por voluntad del arrendatario

El numeral 5 del mencionado artículo 24 indica que el arrendatario podrá terminar el contrato sin que tenga que manifestar una causal distinta a la de su voluntad. Para esto, en igual sentido deberá enviar al arrendador un preaviso con no menos de tres (3) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato.


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SALDO A FAVOR EN DECLARACIÓN DEL RÉGIMEN SIMPLE AÑO GRAVABLE 2020

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Entre el 25 y 29 de octubre de 2021 se cumplieron los muy tardíos plazos para la presentación virtual oportuna de la declaración anual año gravable 2020 del régimen simple (formulario 260), pues así lo había dispuesto el Decreto 1680 de 2020 (además, la Dian se tomó hasta agosto de 2021 para prescribir el mencionado formulario 260 y solo lo habilitó en el Muisca a comienzos de octubre de 2021, lo cual pone en evidencia el descuido administrativo con que se ha seguido manejando este tema).

Al respecto, es importante destacar que si la declaración anual del año gravable 2020 arrojó un “saldo a favor por impuesto simple componente nacional” (ver renglón 59), el manejo de dicha partida genera bastantes complicaciones, las cuales dependen de si el contribuyente había decidido continuar voluntariamente durante el año gravable 2021 en el régimen simple o si había decidido (o se había visto obligado) regresar al régimen ordinario.

En efecto, si durante el año gravable 2021 decidió continuar en el régimen simple, dicho saldo a favor no lo puede pedir en devolución, pues solo le servirá para imputarlo en los formularios bimestrales de anticipos obligatorios (formulario 2593) del año gravable 2021, de los cuales, a octubre de 2021, cuando se presentó el formulario 260, era claro que ya se habían presentado 4 anticipos.

Lo anterior pone en evidencia lo tremendamente injusto que resulta haber obligado a los contribuyentes a hacer anticipos bimestrales del año 2021, entregando dineros a la Dian, cuando en realidad no debían pagar ninguno de tales valores si el contribuyente tenía represado un gran saldo a favor del año gravable 2020 que la Dian no había permitido declarar (pues expide muy tarde el formulario 260).

Al respecto en el renglón 51 del formulario 2593 del actual año 2021 (en el cual se puede arrastrar el saldo a favor que arrojase el formulario 260 del año gravable 2020) se lee:

“Saldo a favor por impuesto SIMPLE declaración año anterior: en atención con el artículo 910 del ET, el servicio de diligenciamiento registrará el saldo a favor de la declaración anual consolidada correspondiente al año gravable anterior, una vez esta haya sido presentada.”

Como se puede ver, el saldo a favor que finalmente se haya formado en el renglón 59 del formulario 260 del año gravable 2020 (formulario que solo se pudo presentar en octubre de 2021) no se podía imputar manualmente en ninguno de los renglones 51 de los formularios bimestrales 2593 ya presentados entre marzo y septiembre de 2021, pues la Dian no lo permitía. El instructivo de dicho renglón 51 dice que será, por tanto, el propio Muisca el que tomará el saldo a favor del formulario 260 del año gravable 2020 y lo terminará imputando en el siguiente formulario 2593 del año 2021 que se deba presentar (el cual vendría siendo el del período septiembre-octubre de 2021), pero obviamente lo que se producirá, dependiendo de la cifra, es un nuevo gran saldo a favor del año gravable 2021. 

 Ahora bien, si durante el año gravable 2021 el contribuyente había decidido regresar al régimen ordinario (decisión que se debió tomar durante enero de 2021),  entonces el saldo a favor que se formó en su formulario 260 del año gravable 2020 solo lo puede pedir en devolución o compensación (no podrá arrastrarlo a su declaración de renta del régimen ordinario del año gravable 2021; ver artículo 1.6.1.21.28 del DUT 1625 de 2016, sustituido con el Decreto 1091 de agosto de 2020).

Por tanto, en plena época de crisis económica, es muy triste que la Dian, por su inexplicable retraso con la expedición oportuna del formulario 260, les haya tenido represados durante 10 meses su respectivo saldo a favor. ¿Cambiará esta situación en relación con la declaración anual del año gravable 2021?