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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL, PÁRRAFOS DE ÉNFASIS

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En primer lugar, resulta importante mencionar que existen tres tipos de párrafos para la comunicación de cuestiones clave en el dictamen de auditoría:

  • Párrafo de cuestiones clave (NIA 701): en este párrafo se presentan cuestiones que se le han comunicado al gobierno corporativo relacionadas con las áreas en las cuales el revisor fiscal considere que existe riesgo de incorrección material y se haya requerido respuesta por parte del representante legal o administrador.
  • Párrafo de énfasis (NIA 706): hace referencia a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros que a juicio del auditor o revisor fiscal es fundamental presentar para que los usuarios comprendan la información financiera.
  • Párrafo de otras cuestiones (NIA 706): se utiliza con el fin de exponer una situación relevante para el informe de auditoría que no tiene relación con la información expuesta en los estados financieros; puede referirse a una situación que tenga que ver con las responsabilidades del auditor del informe o una que permita a los usuarios comprender mejor la información presentada.

Párrafos para hacer énfasis en información relacionada con la pandemia del COVID-19

En ese orden de ideas, se considera que los párrafos adecuados para hacer énfasis en cuestiones relacionadas con la pandemia son el párrafo de énfasis y el párrafo de otras cuestiones. Explicaremos cuándo usar cada uno:

Párrafo de énfasis

Se usa en los siguientes casos:

  • Cuando existan asuntos que revelar relacionados con la empresa en funcionamiento.
  • Cuando se presenten variaciones relevantes respecto a un período anterior en los estados financieros con motivo de la pandemia.
  • Cuando se hayan presentado cambios en los giros del negocio con motivo de la pandemia.
  • Cuando se presenten refinanciamientos de deudas con motivo de la pandemia.
  • Cuando se hayan presentado cambios en el estado de flujos de efectivo relacionados con la pandemia.
  • Cuando se den eventos en un período posterior como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, alivios por parte del estado.

Respecto a esto, es importante tener en cuenta que los párrafos de énfasis en ningún momento suplen una opinión modificada sobre los estados financieros; si existiere un error en ellos, este debe presentarse en la opinión del auditor o revisor fiscal.

Párrafo de otras cuestiones

Se emplea para las siguientes situaciones:

  • Cuando se presente una situación de emergencia económica como consecuencia de la pandemia.
  • Si en la fecha de emisión de los estados financieros llegase a emitirse una reforma tributaria.
  • Cuando existan aspectos económicos globales que el auditor considere que es importante que los usuarios conozcan a la hora de leer los estados financieros.

En conclusión, es deber de los revisores fiscales dar cuenta de las situaciones que deben ser incluidas en los párrafos de énfasis o en los de otras cuestiones, en relación con la pandemia y la emergencia económica en la que nos encontramos actualmente.


OBLIGACIONES QUE VENCERÁN EN MAYO DE 2021

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Al iniciar mayo de 2021 será importante prepararnos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que tendrán lugar durante este mes, entre ellas destacamos:

Presentación y pago del segundo anticipo bimestral del SIMPLE

Entre el 10 y el 24 de mayo de 2021, los contribuyentes del régimen simple de tributación deberán presentar y pagar el segundo anticipo bimestral correspondiente al bimestre marzo-abril de 2021, de acuerdo con el último dígito de NIT registrado en el RUT.

Este anticipo deberá ser presentado mediante el formulario 2593. Sin embargo, el desembolso deberá realizarse mediante un recibo oficial de pago –formulario 490–. Recordemos que, mediante la Resolución 000025 de marzo 19 de 2021, la Dian prescribió el nuevo formulario 2593 para la presentación de los anticipos del año gravable 2021.

Presentación y pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio

De acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.53 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 1680 de 2020, los contribuyentes sujetos al impuesto al patrimonio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292-2 del Estatuto Tributario –ET– deberán presentar y pagar la primera cuota del impuesto en mención a más tardar entre el 10 y el 24 de mayo de 2021, atendiendo el último dígito del NIT registro en el RUT.

Así pues, el valor de la primera cuota corresponderá al 50 % del impuesto al patrimonio a cargo, determinado de conformidad con las indicaciones previstas en los artículos 292-2, 295-2 y 296-2 del ET.

Reporte de información exógena a cargo de personas naturales y jurídicas

Según el artículo 45 de la Resolución 000070 de 2019, el reporte de información exógena a cargo de las demás personas naturales y jurídicas deberá ser presentado a más tardar entre el 11 de mayo el 9 de junio de 2021, de acuerdo con los últimos dos dígitos del NIT.

Cabe destacar que el 12 de marzo de 2021 la Dian expidió la Resolución 000023 mediante la cual incorporó en la Resolución 000070 de octubre de 2019 solo algunos de los múltiples ajustes anunciados con el proyecto de resolución publicado el 26 de enero de 2021, descartando en especial la modificación al listado de conceptos de los formatos 1001 y 1011.

Declaración cuatrimestral y bimestral del IVA

Entre el 10 y el 24 de mayo de 2021 los responsables del IVA, cuyos ingresos sean inferiores a 92.000 UVT, deberán presentar sus declaraciones cuatrimestrales correspondientes al período enero-abril de 2021.

En estas mismas fechas los responsables del IVA, cuyos ingresos sean superiores a 92.000 UVT, deberán presentar la respectiva declaración bimestral del período marzo-abril de 2021.


MINTRABAJO DETERMINÓ LAS PAUTAS PARA EL PAGO DE LOS APORTES A PENSIÓN EXONERADOS EN 2020

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Con ocasión de la contingencia por el COVID-19, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto Legislativo 558 de 2020 por medio del cual determinó que el porcentaje de cotización de aportes a pensión para los meses de abril y mayo de 2020, que debían ser pagados respectivamente en mayo y junio del mismo año, sería del 3 %, para empleadores y trabajadores dependientes e independientes. Esto como un alivio, debido a las pérdidas económicas que podrían presentarse a causa de la situación.

Lo anterior supone que se dio una exoneración del 13 % de estos aportes, debido a que la ley establece que este aporte debe ser pagado sobre un porcentaje del 16 % del ingreso base de cotización –IBC–  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

Sentencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional declaró inexequible (es decir, dejó sin efectos) el mencionado Decreto Legislativo 558 de 2020 y dispuso que empleadores y trabajadores debían realizar el pago del porcentaje faltante del aporte debido a que esto representa una afectación tanto para el sistema de pensiones como para los cotizantes. Dado esto, determinó que el Gobierno nacional debía establecer los mecanismos para que dicho porcentaje sea pagado.

En atención a lo ordenado por la Corte, el Mintrabajo expidió el Decreto 376 de 2021, por medio del cual determinó las medidas para que empleadores y trabajadores realicen el pago de dicho aporte.

Término para el pago del aporte

El nuevo decreto en mención indica que empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes, contarán con un plazo de 36 meses a partir del 1 de junio de este año (hasta el 1 de junio de 2024) para realizar el pago del aporte del 13 % faltante sin que haya lugar al pago de intereses moratorios por este período. Si el pago se efectúa después de dicho plazo, empezarán a generarse intereses por mora.

El pago podrá realizarse en diferentes meses, por ejemplo, podrá pagarse el porcentaje de cotización del mes de abril de 2020 en agosto de 2021 y el de mayo de 2020 en noviembre de 2021 o 2022 o 2023. Para esto debe tenerse en cuenta que no podrán realizarse pagos parciales, tendrá que pagarse el porcentaje completo por cada mes de cotización.

¿Cómo realizar el pago del aporte?

La nueva disposición normativa establece que el aporte deberá ser pagado de la siguiente manera:

  • 75 % empleador.
  • 25 % trabajador.

Los empleadores o trabajadores dependientes podrán realizar el pago en su totalidad y posteriormente realizar el recobro al empleador o trabajador según corresponda. Los trabajadores independientes deberán realizar el pago del 100 % del aporte.

Descuentos que pueden realizarse para el pago del aporte

El decreto en mención establece que los empleadores podrán realizar el descuento del porcentaje que le corresponde a los trabajadores (25 %) del salario o de la liquidación de las prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías). Para realizar este descuento los empleadores no requerirán autorización de los trabajadores; no obstante, sí deberán informar al trabajador del descuento y en qué concepto fue efectuado, si en el salario o en las prestaciones sociales.

IBC del aporte

El ingreso base de cotización –IBC–, que deberá utilizarse para determinar el pago del aporte, corresponde al reportado para el pago de dichos periodos, es decir, por ejemplo, si el trabajador devenga el salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– deberá realizarse el aporte con el smmlv del 2020, esto es, sobre $877.803. En otras palabras, deberá pagarse este aporte con el valor del salario que el trabajador devengaba en dichos meses (abril y mayo de 2020).

Actualización de la historia laboral

La historia laboral de los trabajadores deberá ser actualizada una vez se realice el pago de la totalidad del aporte faltante, completando de esta forma el número de semanas cotizadas que corresponde a dichos periodos. En todo caso, la cotización realizada con el 3 % en el año 2020 debe encontrarse reflejada.

Modificación a la planilla de liquidación de aportes

Para efectos de realizar estos pagos, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá efectuar ajustes temporales a la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– antes del 1 de junio de este año, los cuales, deberán garantizar el pago de estos aportes de la manera indicada por el Mintrabajo, es decir, con el porcentaje dispuesto, sin que se generen intereses, que pueda realizarse en distintos periodos, etc.


TIEMPO NO COMPENSADO POR LICENCIA REMUNERADA PODRÍA DESCONTARSE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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El Ministerio del Trabajo, mediante la Circular 033 de 2020 determinó que los empleadores pueden otorgar a sus trabajadores una licencia remunerada compensable como una medida de protección al empleo debido a la contingencia presentada por el COVID-19.

Esta licencia consiste en el otorgamiento de un período de descanso al trabajador durante el tiempo que sea dispuesto y el previo acuerdo entre este y el empleador de un sistema de compensación donde se establezca que posteriormente al disfrute de la licencia el trabajador labore en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas (es decir, la jornada laboral acordada inicialmente en el contrato de trabajo) con la finalidad de compensar el tiempo concedido mediante la licencia.

Lo dicho supone que trabajador y empleador deberán, con observación de la ley laboral, acordar cómo se llevará a cabo la compensación del tiempo, que puede ser dos (2) horas diarias adicionales, es decir, jornadas laborales de diez (10) horas (para esto puede tomarse como referencia lo dispuesto en el literal d) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–) o acordar jornadas laborales los sábados (en caso de que no se labore este día), ya que debe tenerse en cuenta que este día es considerado laboral.

Liquidación del contrato de trabajo

La liquidación del contrato de trabajo es el pago final que el empleador debe realizar al trabajador por la terminación de este. Comprende el pago de los valores causados por concepto de salario, prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías) y descansos remunerados (vacaciones).

Esta liquidación debe ser pagada al trabajador indistintamente de si el contrato terminó con o sin justa causa; el empleador no se encuentra autorizado para realizar la retención o descuentos de este monto, a excepción de las cesantías en determinados casos, a menos que se den situaciones específicas, como acuerdos, autorizaciones, etc.

Concepto del Ministerio del Trabajo

Respecto al tema en cuestión, el Ministerio del Trabajo, mediante el Concepto 42161 de 2021, determinó que en el evento cuando el empleador otorgue este tipo de licencia y el contrato de trabajo termine, con o sin justa causa, antes de que el trabajador pueda realizar la compensación del tiempo puede descontar de la liquidación del contrato el valor del tiempo que no fue compensado. Al respecto, el Mintrabajo indicó:

(…) se entendería que dado que el contrato laboral se ejecuta basado en la buena fe tanto del trabajador como del empleador, (…) y que la finalidad del ordenamiento normativo en materia laboral es lograr la justicia de las relaciones laborales, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social según lo estipula el artículo 1º del CST, se entendería que en un acto de buena fe se podría realizar el descuento del descanso remunerado que fue pagado por el empleador y que no fue compensado por el trabajador a consecuencia de su renuncia.

Lo anterior, entre otras cosas, puede obedecer a que el tiempo que no fue compensado fue remunerado y no laborado. Dado esto, el Mintrabajo considera que es viable el descuento de este valor. A su vez, esta entidad manifestó que la decisión de realizar o no es decisión del empleador y debe tomarla con observancia de las normas laborales para evitar vulnerar las garantías del trabajador.

¿Se requiere autorización del trabajador para realizar descuentos en la liquidación del contrato de trabajo?

La Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia bajo radicado 39980 de 2013, determinó que el trabajador debe autorizar los descuentos o compensaciones que se realicen a su salario mientras se encuentre vigente la relación laboral, ya que en el momento en que esta termina cesa la subordinación y, aunque nace la obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales adeudados, jurídicamente la relación laboral no existe.

Al respecto, la Corte indicó:

(…) en estos casos de deducciones, luego de finalizada la relación laboral, no se requiere en rigor de autorización escrita de descuento, pues como lo ha adoctrinado esta Sala en ocasiones anteriores: “La restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización, tiene carácter protector plenamente justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador. Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los salarios y prestaciones sociales ofrecían para los créditos dados por el empleador.

Dado esto, se tiene que el empleador no requiere de autorización por parte del trabajador para realizar descuentos en la liquidación del contrato.

En igual sentido, la Corte señaló que a pesar de no requerirse autorización para que el empleador pueda descontar o compensar de la liquidación acreencias para sí mismo o terceros, la deuda debe ser real y exigible legalmente al trabajador. Es decir, que el descuento que el empleador realice debe ser justificado, para lo cual, en nuestro caso en concreto podría demostrarse que se llegó a un acuerdo con el trabajador de compensación de tiempo, pero este tiempo no fue compensado a pesar de que fue remunerado.


COMITÉ DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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El 29 de marzo de 2021, Deloitte publicó un boletín de gobierno corporativo titulado Prácticas nacionales vs. prácticas internacionales de Gobierno Corporativo en el que se analizan diversas prácticas a nivel internacional en esta área.

La importancia de este boletín, desde el punto de vista de la firma de auditoría, radica en que más allá de los marcos regulatorios en torno al gobierno corporativo de cada país, las empresas deben estar en la capacidad de identificar las prácticas que les aplican y que pueden fortalecer su estructura.

Hoy las empresas tienen cada vez más capital internacional, obligándolas a reforzar sus prácticas de gobierno corporativo y buscar aquellas que mejor se identifiquen con la cultura de la empresa y complementen las prácticas que su país de origen les impone.

Estas son algunas prácticas enfocadas en el gobierno corporativo que utilizan las empresas alrededor del mundo:

Comité de auditoría

Es importante resaltar la importancia del comité de auditoría como órgano de apoyo al consejo de administración, el cual tiene como objetivo vigilar la gestión, conducción y ejecución de los procesos estratégicos y operativos, así como los mecanismos adecuados de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento.

En Sudáfrica, México, España, Estados Unidos, Argentina y Reino Unido es requisito integrar este comité, el cual deberá estar conformado en su mayoría por miembros independientes.

Evaluación del auditor externo

En México y Argentina el consejo de administración es el encargado de evaluar el desempeño de la función de auditoría externa, mientras que en España no se requiere realizar dicha evaluación.

La evaluación de desempeño de tal posición se vuelve crucial para las empresas al momento de asegurar la veracidad y tiempo en que se publica la información financiera.

Riesgos y control interno

Deloitte explica:

En el Reino Unido el consejo de administración debe realizar una evaluación robusta de los riesgos emergentes y principales de la empresa, así como supervisar la gestión de riesgos y sistemas de control interno y, al menos anualmente, realizar una revisión de su efectividad.

En México el consejo de administración deberá dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad y personas morales que esta controle, así como informar al Consejo de Administración sobre la situación que guarda el sistema de control interno.

En los Estados Unidos no existen disposiciones de este carácter.

Conflictos de interés

En Estados Unidos la determinación de cómo revisar y supervisar las transacciones entre las partes que intervengan es a criterio de la compañía, siendo el comité de auditoría o la entidad equivalente el canal recomendado para dicha revisión y supervisión.

En el Reino Unido el consejo debe tomar medidas para identificar y gestionar los conflictos de intereses, incluidos los resultantes de participaciones significativas, y garantizar que la influencia de terceros no comprometa ni anule el juicio independiente. Por su parte, Mexico no contempla disposiciones en relación con este tema.

Únicamente este país involucra al consejo respecto a las operaciones con partes relacionadas mientras que Estados Unidos lo deja a criterio de cada empresa, siendo más vulnerable a realizar operaciones con entidades que generen menos valor a la compañía.

En Argentina se deben informar las operaciones con compañías afiliadas y vinculadas y, en general, aquellas que puedan ser relevantes para determinar el grado de efectividad y observancia de los deberes de lealtad, diligencia e independencia.

Prácticas tienen el mismo enfoque y finalidad

Independientemente de las diferencias en los marcos regulatorios y de la obligatoriedad de las prácticas de gobierno corporativo en cada país, las empresas deben ser capaces de identificar cuáles prácticas les aplican por regulación y cuáles podrían adaptar para fortalecer su estructura de gobierno y robustecer así este mecanismo.

Para lograrlo, es importante comprender que las empresas compiten en mercados internacionales en los que las costumbres y formas de operar son más globales cada día.

Si bien los distintos países pueden tener su propio marco regulatorio con prácticas de gobierno corporativo distintas, las prácticas tienen el mismo enfoque y la finalidad es la misma: implementar sólidos sistemas de gobierno corporativo que generen mayor valor a sus accionistas y terceros interesados, promoviendo la competitividad y los mejores resultados.


CÓMO ACCEDER AL AUXILIO POR CONTRATO SUSPENDIDO O LICENCIA NO REMUNERADA

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Los trabajadores que tuvieron su contrato suspendido o tenían licencia no remunerada en abril, mayo y junio de 2020 y su empleador cumplió con los requisitos para aplicar al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– y, además, fueron identificados como beneficiarios del auxilio para trabajadores en suspensión contractual pueden recibir $160.000 pesos mensuales hasta por tres meses; valor aprobado por el Gobierno nacional.

Cabe recordar que el programa se creó a través del Decreto Ley 770 de 2020 y ofrece un ingreso directo a los trabajadores para así aliviar la difícil situación por la cual atraviesan muchas familias colombianas a raíz del COVID-19.

El Gobierno nacional ha informado que en la entrega de subsidios se ha avanzado en un 87 %, pero se requiere que los beneficiarios que todavía no han recibido el auxilio se vinculen a Movii para recibirlo.

Hasta el 30 de marzo de 2021, el Gobierno nacional había entregado 48.888 millones de pesos a 202.000 personas que fueron identificadas como beneficiarias del programa de suspensión contractual o licencia no remunerada.

Para tener en cuenta

Movii es la plataforma habilitada para hacer los giros a los trabajadores suspendidos que todavía no han recibido el auxilio. Quien desee consultar si tiene un giro pendiente lo puede hacer aquí.

¿Qué se debe hacer para recibir el subsidio?

  • Confirma si eres beneficiario del programa en la página web del Ministerio del Trabajo.
  • Si lo eres y no has recibido el auxilio, descarga la aplicación Movii en tu celular.
  • Si eres beneficiario y no has recibido el subsidio, puedes dejar aquí la información para que seas contactado.
  • Regístrate con el documento mediante el cual fuiste identificado como beneficiario.
  • Si deseas consultar más información sobre este proceso, aquí puedes hacerlo.

Requisitos para acceder a este subsidio

  • Ser trabajador dependiente de un postulante que cumpla los requisitos del Paef.
  • Devengar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–.
  • Encontrarse en suspensión contractual o licencia no remunerada por al menos 15 días por los meses de abril, mayo y junio.
  • No estar cubierto por los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, compensación del IVA o Ingreso Solidario.

¿Por qué un trabajador puede ser excluido de este subsidio?

La UGPP ha establecido estas causales de exclusión del subsidio:

  • El trabajador no se encuentra como afiliado del solicitante, es decir que dicho trabajador por el que se pretende solicitar el apoyo no aparece como afiliado del empleador solicitante.
  • No se cotizó por ese trabajador por el mes completo o se cotizó ese mes por debajo del smmlv.
  • El trabajador tiene la novedad SNL en la Pila, es decir, se reportó al trabajador en licencia no remunerada.
  • El trabajador por quien se solicita el beneficio falleció, y al revisar en la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil aparece como persona fallecida antes del primer día hábil del mes inmediatamente anterior al que se solicitó el aporte estatal.

 


INSPECCIÓN TRIBUTARIA, TENGA EN CUENTA

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De acuerdo con el artículo 779 del Estatuto Tributario –ET–, la inspección tributaria constituye un medio de prueba en virtud de la cual se lleva a cabo la constatación directa de los hechos que interesan en un proceso adelantado por la Dian con el fin de verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el cual puedan decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales.

Así pues, la inspección tributaria es decretada mediante un auto, el cual será notificado por correo o personalmente, indicándose los hechos, materia de la prueba y los funcionarios comisionados para llevar a cabo dicho proceso. Esta iniciará una vez sea notificado el auto. De la misma se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustente, así como la fecha de cierre de investigación, la cual deberá ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Ahora bien, considerando que los libros de contabilidad constituyen pruebas a favor del contribuyente, siempre que estos sean llevados en debida forma de acuerdo con las indicaciones del artículo 774 del ET. También es importante precisar que, si en caso de una inspección contable o fiscal el contribuyente no presenta los libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad exigidos por la Dian, no podrá invocarlos posteriormente como medios de prueba a su favor y tal omisión se tendrá como un indicio en su contra, en cuyo caso se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el responsable los acredite plenamente.

No obstante, la norma es clara en señalar que únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación de los libros de contabilidad la plena comprobación de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.

¿Qué sucede cuando se presentan diferencias entre la declaración de renta y los libros de contabilidad?

En caso de que se presenten diferencias entre la declaración de renta y los registros en los libros de contabilidad de un mismo contribuyente, la norma del artículo 775 del ET señala que prevalecerán los libros contables.

Por su parte, si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden el valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta la concurrencia del valor de dichos comprobantes.

Circunstancias especiales que deben ser probadas por el contribuyente

Para efectos de la declaración de renta es importante tener en cuenta las circunstancias especiales que deberán ser probadas por el contribuyente cuando existan dudas frente a su procedencia:

  • Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de renta y complementario del contribuyente sobre la existencia de un ingreso y el contribuyente alegue haberlo recibido en circunstancias que no lo hacen constitutivo de renta, está obligado a demostrar tales situaciones (ver el artículo 786 del ET).
  • Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaración de renta la aceptación de costos, deducciones, exenciones o pasivos, cumpliendo todos los requisitos legales, si el tercero beneficiado con los pagos niega el hecho, el contribuyente está obligado a informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes al mismo, con el fin de que las oficinas de impuestos prosigan la investigación (ver el artículo 787 del ET).
  • Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria, cuando para gozar de esta no resulte suficiente conocer solamente la naturaleza del ingreso o del activo (ver el artículo 788 del ET).
  • Los hechos que justifiquen los aumentos patrimoniales deben ser probados por el contribuyente, salvo cuando se consideren ciertos de conformidad con el artículo 746 del ET.
  • La Dian desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión (ver el artículo 791 del ET).

COVID-19 COMO ENFERMEDAD LABORAL DIRECTA

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Una enfermedad laboral es aquella que se contrae por exposición y/o interacción con factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en que esta actividad se desarrolla.

Atendiendo a esto, debido a la contingencia presentada por el COVID-19 y a que en el ámbito laboral existen trabajadores expuestos directamente a este virus con ocasión de sus labores, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 676 de 2020 para introducir modificaciones al anexo técnico del Decreto 1447 de 2014, incluyendo el COVID-19 como enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud.

Pautas para tener en cuenta

Respecto al tratamiento del COVID-19 como enfermedad laboral debe tenerse en cuenta lo siguiente:

  • Aplica solo para trabajadores del sector salud, incluyendo al personal administrativo.
  • Las administradoras de riesgos laborales –ARL– deben reconocer a los trabajadores todas las prestaciones económicas, incluyendo las pruebas diagnosticas del COVID-19.
  • Las ARL deberán entregar elementos de protección personal que eviten el contagio del COVID-19 a los trabajadores de la salud.
  • Para determinar el COVID-19 como enfermedad laboral no se requerirá dictamen de una junta de calificación de invalidez.

Por último, conviene mencionar que al ser una enfermedad de origen laboral las ARL deberán reconocer las incapacidades sobre el 100 % del salario del trabajador.


RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR Y EL REVISOR FISCAL ANTE EL FRAUDE

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El auditor externo que lleve a cabo una auditoría financiera tiene como principal fin emitir una opinión sobre los estados financieros, mientras que el revisor fiscal, además de emitir un dictamen acerca de la razonabilidad de los mismos, que podría asimilarse a la labor del auditor externo, tiene bajo su responsabilidad otros tipos de auditorías.

Las auditorias que lleva a cabo un revisor fiscal pueden comprenderse en las siguientes: auditoría de cumplimiento, de gestión, de control interno y por supuesto financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido señalar que la revisoría fiscal tiene un alcance más amplio que la auditoría externa, no obstante, al hablar de fraude en las organizaciones, la labor del revisor fiscal y del auditor externo frente a ello tienen similitudes, puesto que ambos profesionales tienen limitaciones en su actuar en el caso de los fraudes.

Responsabilidad del auditor

El auditor externo de una entidad deberá valorar los riesgos de incorrección material que puedan surgir debido a fraudes o errores, es decir, que el profesional debe relacionarse con los riesgos de fraude en una entidad a través del conocimiento del cliente y su entorno que constituye parte de la primera etapa de su trabajo. No obstante, la gestión, prevención y control del riesgo de fraude y errores se encuentra a cargo de la dirección y el máximo órgano de la entidad.

Es así como se puede afirmar que la responsabilidad del auditor frente al fraude es limitada pues, si bien en su labor realiza valoraciones de riesgos de incorrecciones, el objetivo de su trabajo es brindar una seguridad razonable acerca de las cifras de los estados financieros para reducir el riesgo de representaciones erróneas.

El objetivo de una auditoría financiera no es detectar fraude y se debe considerar que el riesgo de no detectar incorreciones materiales originadas en un fraude es mayor al de no detectar las que se deben a errores. Estos riesgos de no detección son aún mayores cuando se encuentran involucrados socios o empleados con altos cargos de dirección.

En los casos en que el profesional en la ejecución de su trabajo logre detectar un riesgo originado en fraude, deberá informar a la dirección de la entidad para que se lleve a cabo el debido proceso y se pruebe la existencia del fraude.

Sin embargo, si el auditor considera que puede existir algún tipo de responsabilidad de la misma dirección, deberá recurrir a asesorías jurídicas que le permitan realizar un adecuado procedimiento.

Del mismo modo, el auditor deberá considerar si los indicios de fraude que identificó representan errores materiales en las cifras de los estados financieros y, en consecuencia, emitir una opinión acorde con la situación. O podrá también considerar la finalización de su labor si considera inapropiado el manejo que la dirección puede dar a los indicios.

Responsabilidad del revisor fiscal

Por su parte, el revisor fiscal, en el desarrollo de su trabajo, también deberá realizar valoraciones del riesgo de fraude que existan en la entidad a través del conocimiento del cliente y su entorno dispuesto en la NIA 315, puesto que ello determinará la extensión de su trabajo, el cual incluye el desarrollo de procedimientos que den respuesta a los riesgos identificados.

Además de la responsabilidad del auditor externo frente al fraude, el revisor fiscal tiene la responsabilidad de evaluar el funcionamiento y la implementación del sistema de control interno, así como de comunicar las deficiencias que identifique en este.

Una vez identificadas las deficiencias, estas son un material importante para que la entidad pueda diseñar controles efectivos que las reduzcan a través de una adecuada implementación. No obstante, el diseño de controles y su implementación no son responsabilidad del revisor fiscal.

Es importante destacar que las deficiencias de control interno en las organizaciones suelen ocasionar fraudes, por ello el revisor fiscal, en su permanente evaluación del control interno de una entidad, también deberá enfocar su atención en estas.

Ahora bien, si un revisor fiscal tiene indicios de la existencia de fraude en una entidad, su alcance, al igual que el del auditor, llegará hasta el reporte; aunque, teniendo en cuenta la responsabilidad civil y social del revisor fiscal, en caso de que la dirección no tome las medidas pertinentes el revisor fiscal deberá proceder a informar los indicios ante los organismos de vigilancia correspondientes para evitar daños mayores a la sociedad.

Hay casos donde el revisor fiscal puede verse involucrado en el fraude, por ello es importante que una vez el profesional identifique indicios de fraude y los informe a la dirección, pueda conservar documentos como evidencia en caso de que la dirección niegue en algún momento su recibido ante otros organismos.

El revisor fiscal también deberá tener en cuenta las implicaciones que los indicios de fraude podrían tener en los estados financieros, puesto que, de llegar a dictaminarlos, podrá ser uno de los responsables del fraude si llega a probarse su negligencia profesional. Por lo anterior deberá estudiar el tipo de dictamen a emitir.

Auditoría forense

Una vez el revisor fiscal o el auditor externo de una entidad informen a la dirección acerca de indicios de fraude, la dirección tiene la opción de recurrir a la consulta de profesionales expertos en auditoría forense.

La auditoría forense es una herramienta de control e investigación que tiene como fin detectar y prevenir delitos económicos y financieros, es decir, las entidades también podrán recurrir a esta aun cuando no haya ningún indicio de fraude en la entidad.

El revisor fiscal y el auditor externo desempeñan un papel de auxiliares de la justicia en los aspectos de investigación y recopilación de pruebas que posteriormente la dirección presentaría a las autoridades judiciales.


FORMULARIO 490 PARA SANCIONES EN EL REPORTE DE EXÓGENA

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Aquellas personas o entidades obligadas a presentar el reporte de información exógena (ver el artículo 1 de la Resolución 000070 de 2019, modificada por la Resolución 000023 de 2021) que no cumplan con dicha obligación, la suministren por fuera de los plazos establecidos, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, le serán aplicables las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario –ET–, tales como:

  • 5 % de las sumas sobre las que no se suministró la información exigida.
  • 4 % de las sumas sobre las que se suministró información errónea.
  • 3 % de las sumas sobre las que se suministró información extemporánea.
  • 0,5 % de los ingresos netos si no es posible establecer la tasa o la información no tuviese cuantía. Si no existen ingresos, la sanción será el 0,5 % del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
  • Desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones.

Así pues, una vez el responsable se autoliquide la respectiva sanción, esta deberá cancelarse mediante un recibo oficial de pago –formulario 490–, el cual deberá ser diligenciado en la plataforma de la Dian, en la zona de usuarios no registrados.

Recordemos que diligenciar el formulario 490 por la zona de usuarios registrados del Muisca solo podrá efectuarse cuando se tengan declaraciones de impuesto nacionales pendientes de pago.

En este orden de ideas, para diligenciar el formulario 490 para el pago de una sanción relacionada con el reporte de información exógena, el responsable deberá:

  • Ingresar a la opción “Transaccional” del portal web de la Dian. Una vez allí, deberá seleccionar la opción “Usuarios no registrados a diligenciar formularios”.
  • Al ingresar a dicha opción, deberás seleccionar el formulario 490.

Para efectos del diligenciamiento del formulario 490 es importante precisar que:

  • Año: deberá seleccionar el año que corresponde al reporte de exógena objeto de sanción; es decir, si la sanción por corrección o por extemporaneidad es liquidada sobre el reporte de exógena del año gravable 2019, deberá seleccionarse el año 2019.
  • Concepto: este corresponderá al código atribuible al tipo de sanción que vaya a cancelarse, para este caso en concreto deberá seleccionarse el código 71 – “Sanción parágrafo artículo 651 del ET”.

La información siguiente será la relacionada con la identificación de la persona o entidad a nombre de la cual se efectúa el pago. Así como la fecha en la cual se realizará el pago y valor de la sanción.

Una vez se haya finalizado el diligenciamiento del formulario, se deberá dar clic en el icono alusivo a Pdf, con lo cual el sistema automáticamente descargará un archivo Pdf del formulario 490 con la marca “Litográfico”. Este deberá ser presentado en la entidad financiera autorizada a recaudar.

Ten en cuenta que…

El 27 de abril de 2021 comienzan los plazos para que las personas jurídicas y naturales calificadas como grandes contribuyentes cumplan con la obligación de presentar el reporte de exógena del año gravable 2020.

Así mismo, entre el 11 de mayo y el 9 de junio de 2021, las demás personas jurídicas y naturales deberán cumplir con esta obligación.