Archivo del Autor: admin

ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EN EL RUT

Categoría: Uncategorized

Las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro único tributario –RUT– administrado por la Dian deben preocuparse por efectuar oportunamente las actualizaciones que sean necesarias en cualquiera de los datos que componen las 7 hojas de dicho documento (ya sean los datos de identificación y ubicación, o los datos del estado del contribuyente, o los datos de sus representantes legales, o revisores fiscales o contadores, etc.).

Al respecto, es necesario tener en cuenta lo indicado en los incisos del 2 al 4 del artículo 1.6.1.2.14 del DUT 1625 de 2016 (recientemente modificado con el artículo 11 del Decreto 678 de mayo 2 de 2022), pues en dichas normas se dispone lo siguiente:

Es responsabilidad de los obligados actualizar la información contenida en el registro único tributario –RUT–, a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, conforme con lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

La actualización de la información contenida en el registro único tributario –RUT– podrá realizarse de forma presencial o virtual, salvo la actualización de la información relativa a los datos de identificación que se realizará de forma presencial. Cuando la actualización sea ordenada mediante acto administrativo en firme, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian– incorporará la actualización de oficio en el registro. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian– podrá considerar que otra información a actualizar se realice de manera presencial para efectos de control.

La actualización virtual de la información relativa a los datos de dirección en el registro único tributario –RUT– no podrá exceder de dos (2) modificaciones dentro de un período de seis (6) meses, de lo contrario, se deberá efectuar el trámite de forma presencial.

A partir de lo dispuesto en dicha norma, es importante destacar lo siguiente:

a. El plazo para hacer la actualización oportuna de cualquiera de los datos que figuren en el RUT vence a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genere la actualización . De lo contrario, la Dian quedará facultada para imponer la sanción del numeral 3 del artículo 658-3 del ET, la cual contempla sanciones de entre 1 y 2 UVT por cada día de retraso. En todo caso, dicha sanción sí puede llegar a quedar liquidada por un monto inferior a la sanción mínima (10 UVT; ver inciso segundo del artículo 639 del ET).

b. Las actualizaciones de la mayoría de los datos que figuran en el RUT se pueden realizar tanto de forma virtual (con o sin firma electrónica) como de forma presencial (ver instrucciones especiales del portal de la Dian sobre dicho proceso, en las cuales se aclara cuáles son las actualizaciones que solo se pueden hacer de forma presencial). Sin embargo, cuando se trata de actualizar la dirección de ubicación física del contribuyente, la norma aclara que se podrá hacer de forma virtual solo hasta dos veces dentro de un mismo período de hasta 6 meses. Por tanto, si dentro de dicho período se llega a necesitar cambiar la dirección por una tercera o posterior vez, el trámite solo se podrá hacer de forma presencial.

c. En algunos casos, es la propia Dian la que podrá actualizar de oficio varios de los datos que figuren en el RUT, pues así lo dispone la norma del artículo 562-1 del ET, en la cual se lee:

Artículo 562-1. Actualización del registro de contribuyentes. <Artículo adicionado por el artículo 90 de la Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La administración tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de retención o declarantes, a partir de la información obtenida de terceros. La información que se obtenga de la actualización autorizada en este artículo, una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el libro V del Estatuto Tributario.

Dicha norma se encuentra reglamentada por lo dispuesto en el artículo 1.6.1.2.15 del DUT 1625 de octubre de 2016 (recientemente modificado con el artículo 12 del Decreto 678 de mayo 2 de 2022) y aplicó, por ejemplo, para las actualizaciones que la Dian hizo durante el 2021 al RUT de algunas personas naturales pensionadas, de forma que les empezara a figurar el nuevo código de actividad económica 0020 establecido con la Resolución Dian 000114 de diciembre 21 de 2020.


ERRORES EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Categoría: Uncategorized

Las personas naturales y jurídicas obligadas a presentar declaraciones tributarias por impuestos nacionales (tales como la declaración de renta, de IVA, del régimen simple, etc.) deben considerar las sanciones penales a las que se pueden exponer si en las declaraciones se configuran los delitos contemplados en los artículos 434-A y 434-B de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), modificados con el artículo 71 de la Ley 2010 de diciembre de 2019.

En dichas normas se lee lo siguiente:

Artículo 434A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión.

El valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor, será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o del pasivo inexistente es superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes pero inferior de 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte; en los eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

Parágrafo 1. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

La autoridad se abstendrá de presentar esta petición, cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.

Parágrafo 2. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y, en todo caso, realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes.

Artículo 434B. Defraudación o evasión tributaria. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que, estando obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omita ingresos, o incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, será sancionado con pena privativa de la libertad de 36 a 60 meses de prisión. En los eventos en que sea superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 8.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte y, en los casos que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

Parágrafo 1. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad se abstendrá de presentar esta petición, cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.

Parágrafo 2. La acción penal se extinguirá cuando

el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y, en todo caso, realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes.

Como puede verse, la norma del artículo 434-A del Código Penal indica que, cuando se detecten (solamente en la declaración de renta) valores por activos omitidos o mal declarados, o incluso pasivos inexistentes, que superen los 5.000 salarios mínimos (actualmente, $5.000.000.000), la Dian tendrá que avisarle a la Fiscalía para que inicie el proceso fiscal mencionado.

Al respecto, los contribuyentes evasores que hayan venido presentando declaraciones con este tipo de irregularidad tuvieron de nuevo la oportunidad de acogerse durante febrero de 2022 a la normalización voluntaria de activos y/o pasivos que se contempló en los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de septiembre de 2021 (reglamentados con los decretos 1340 de octubre 25 de 2021 y 1778 de diciembre 20 de 2021 y con la Resolución 000023 de febrero 1 de 2022).

Por su parte, el artículo 434-B del Código Penal también sanciona con cárcel a quienes se equivoquen en su declaración de renta, de IVA o del SIMPLE al momento de diligenciar las partidas de ingresos brutos (dejando de declarar todos los que en verdad les correspondían), o de costos y gastos (incluyendo datos falsos), descuentos tributarios, anticipos o de retenciones en la fuente. La sanción penal solo se configura si el monto de las cifras equivocadas combinadas supera el valor de 250 salarios mínimos ($250.000.000 por el año 2022).

Al respecto, debe tenerse presente que el tiempo que tendrá la Dian para auditar, por ejemplo, las declaraciones de renta más recientes (las del año gravable 2021) y detectar los defectos antes comentados será de solo 6 meses, 12 meses, 3 años o 5 años, dependiendo de si la declaración queda o no acogida al beneficio de auditoría del artículo 689-2 del ET, si le aplica el artículo 714 del ET (cuando no liquide pérdidas fiscales) o si le aplica el artículo 117 de la Ley 2010 de 2019 (cuando sí liquide pérdidas fiscales).


EVIDENCIA DE AUDITORÍA, CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA OBTENERLA

Categoría: Uncategorized

Obtener la evidencia documental es una actividad obligatoria en la labor del auditor y el revisor fiscal, pues les proporciona las bases necesarias para emitir su opinión y elaborar el informe final.

Al respecto, la NIA 500 aborda la recolección de las evidencias en el proceso de auditoría y la responsabilidad del auditor frente al establecimiento de los procedimientos que permitirán el acceso a ellas. En esta norma se establecen guías de los que constituye evidencia en un procedimiento de auditoría.

Definición de evidencia de auditoría

De acuerdo con las definiciones contenidas en la NIA 500, la evidencia de auditoría es:

Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información.

En otras palabras, la evidencia de auditoría es toda la información (documentos, confirmaciones, extractos, indagaciones, pruebas a controles, etc.) utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión.

Para obtener la evidencia el auditor puede usar tanto la información de los estados financieros como otra información, por ejemplo, los recursos tecnológicos y de comunicación disponibles para el ejercicio de sus labores; entre ellos, la toma de fotografías, videos y audios necesarios para la recolección y emisión de toda información que se constituya como soporte y sea útil para construir la opinión.

Requerimientos de la NIA 500

De acuerdo con el párrafo 4 de la NIA 540, el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. A continuación, presentamos los requerimientos de esta NIA para alcanzar dicho objetivo.

Evidencia de auditoría suficiente y adecuada

 La evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada:

  • Suficiente: la cantidad de la evidencia obtenida es la óptima para alcanzar una conclusión.
  • Adecuada: relacionada con la calidad de la evidencia obtenida.

Relevancia y fiabilidad de la información

Al diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría; para ello, debe observar si la información es suficientemente fiable y significativa.

Selección de las pruebas para obtener evidencia de auditoría

La NIA 500 requiere que el auditor, al diseñar las pruebas de controles y las de detalle, determine los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para la finalidad del procedimiento de auditoría.

De esta manera, para seleccionar los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, el auditor debe determinar la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia. Para esto podrá seleccionar todos los elementos de la población, seleccionar algunos elementos específicos o realizar un muestreo.

Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad

De conformidad con la NIA 500, debe considerarse si la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o si el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría.

El párrafo A57 de la NIA 500 explica que:

La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable, como, por ejemplo, en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la obtenida de otra.

Procedimientos para obtener la evidencia de auditoría Inspección

La inspección implica que el contador examine los registros o documentos, ya sean de origen interno o externo de la entidad, y realice, por ejemplo, un examen de los activos tangibles e intangibles (revisar contratos, bonos y pagarés) de la entidad.

Cabe anotar que la inspección de estos activos no proporciona seguridad razonable del control o la propiedad que la empresa tenga sobre estos, ni de su valor. Por tanto, se recomienda revisar los estados financieros con sus respectivas notas y el manual de políticas contables.

Observación

Es importante que el contador esté presente en las actividades de la empresa y en el desarrollo de su objeto social, con el fin de verificar cómo se llevan a cabo los procesos.

Confirmación externa

La evidencia de auditoría se puede obtener a través de terceros. Dicha evidencia puede corresponder a soportes físicos o electrónicos de los movimientos realizados con la empresa, ya sean informes, cartas de circularización, estados de cuenta u otros documentos en los que se relacionen términos de acuerdos, transacciones o saldos contables.

Recálculo

En este proceso el contador realiza nuevamente un cálculo matemático frente a los rubros y saldos de los estados financieros, documentos o registros; esto con el fin de verificar la fiabilidad de la información.

Reejecución

El contador ejecuta nuevamente un proceso o control realizado por parte del control interno de la entidad.

Procedimientos analíticos

El contador debe evidenciar, según su experticia y conocimiento técnico, la relación que existe entre los datos financieros y los no financieros de la empresa, realizando investigación de variación, indicadores o información relevante que permita evaluar si la información difiere o no de los valores esperados.

Indagación

La indagación es una buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Esta información se puede obtener tanto de empleados o personas externas a la entidad que tengan relación como de órganos de supervisión, usuarios o proveedores.

El contador puede solicitar, además, respecto a temas específicos, manifestaciones escritas de la dirección y responsables de gobierno de la entidad con el fin de confirmar las respuestas a las indagaciones verbales realizadas. Toda la información obtenida a través de estas fuentes sirve para corroborar la fiabilidad de la información.

 


EXÓGENA 2022 PARA EMPRESAS QUE SE LIQUIDEN DURANTE EL AÑO 2022

Categoría: Uncategorized

La Dian volvió a establecer, a través del artículo 1 de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, que las personas naturales o jurídicas que cesaron en sus operaciones y soliciten durante 2022 la cancelación de su RUT quedarán automáticamente exoneradas de entregar la información exógena tributaria por las operaciones realizadas durante la respectiva fracción de año gravable 2022.

Esta norma deja en claro que, cuando las personas naturales o jurídicas decidan cancelar su RUT durante el año gravable 2022 (pues fueron, por ejemplo, sociedades que decidieron finalizar operaciones y liquidarse por sus pérdidas acumuladas, o personas naturales que murieron por cualquier causa y se les llevó a cabo durante el año 2022 su respectiva liquidación de la sucesión ilíquida), la Dian no les solicitará ningún tipo de información exógena tributaria del año gravable 2022.

Lo anterior implica que la Dian se quedará nuevamente sin recibir de tales reportantes la valiosa información de sus operaciones realizadas durante al menos una parte o fracción del año gravable 2022.

Es importante destacar que en el pasado (al menos hasta los reportes de los años gravables 2018 y anteriores; ver por ejemplo el parágrafo 1 de la Resolución 00060 de 2017 y el parágrafo 2 del artículo 4 de la Resolución 000068 de octubre de 2016) la Dian pedía información de la fracción del respectivo año gravable a aquellos contribuyentes que pretendieran cancelar su RUT en algún momento dentro del respectivo año gravable.

Sin embargo, ese era un proceso difícil, pues la Dian nunca publica de forma temprana los prevalidadores tributarios que se requieren para elaborar los nuevos formatos que se mencionan en los textos de las nuevas resoluciones y tampoco prepara a tiempo su plataforma Muisca para recibirlos (esas tareas siempre las hace en la víspera de los vencimientos para entregar los reportes).

Por tanto, para no seguir sometiendo a procesos complicados a los contribuyentes que cancelan su RUT, desde el año gravable 2019 la Dian prefirió exonerar de entregar información por fracción de año a aquellos que cancelan su RUT a lo largo del año.


DISPONIBLE CONSULTA DE DATOS REPORTADOS POR TERCEROS EN LA DIAN

Categoría: Uncategorized

Desde el pasado 23 de julio de 2022 la Dian puso en funcionamiento su tradicional servicio de “Consulta de datos para la declaración de renta de personas naturales”, esta vez con los datos que facilitarían la elaboración de las declaraciones de renta del régimen ordinario del año gravable 2021 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad), sin importar si presentan dicha declaración en forma obligatoria o voluntaria.

A través de dicho servicio todas las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad) que ya estén inscritas en el RUT (sin importar si por el 2021 pertenecieron al régimen ordinario o al régimen simple), y que cuenten previamente con una “cuenta de usuario” en el portal Muisca de la Dian, podrán descargar un archivo simple de Excel en el cual quedan recopilados algunos datos por operaciones anuales (de compras, ventas, consignaciones, etc.) llevadas a cabo durante el año gravable 2021 y que fueron reportados bajo su cédula por las personas jurídicas y naturales que entregaron a la Dian entre abril y junio de 2022 la información exógena del año gravable 2021.

Dicho reporte podrá ser utilizado para que cada persona natural y/o sucesión ilíquida pueda elaborar de mejor manera su declaración de renta del régimen ordinario, la cual, si se trata de personas que no son grandes contribuyentes, vencerá entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2022, y se elaborará utilizando los formularios 110 o 210, y hasta los formatos 2516 y 2517, todo dependiendo de si por el año gravable 2021 fue residente o no residente.

En todo caso, pensando en la situación de las 22.708 personas naturales que al cierre de 2021 pertenecían al régimen simple de tributación, es claro que el servicio de “consulta de datos” esta vez les llegó tarde, pues su declaración anual de dicho régimen por el año gravable 2021 (formulario 260) se debió presentar durante abril de 2022 (recuérdese que en los primeros años gravables de dicho régimen, es decir los años gravables 2019 y 2020, el vencimiento de la declaración anual se producía durante octubre del año siguiente). De todas formas, los datos que les aparezcan en su respectiva “consulta de datos” podrán servir para verificar los datos de la declaración que ya presentaron en abril y considerar si se hace necesario hacerle alguna corrección, tal como lo permitirían los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario –ET–.

Forma de acceder al archivo de los datos reportados por terceros

Para acceder al mencionado reporte, primero se debe iniciar sesión en el portal de la Dian (por la zona de usuarios registrados) y luego ubicar el ícono de “Información reportada por terceros”, lo cual permitirá acceder a un menú especial en el cual se puede consultar actualmente la información de los años gravables 2017 hasta 2021.

Datos reportados por terceros sigue revelando información sobre saldos de cuentas por cobrar que los asalariados deben incluir en su patrimonio

Tal como sucedió por primera vez con el servicio de consulta de datos del año gravable 2020, la Dian ha permitido otra vez que en la consulta de datos del año gravable 2021 los asalariados puedan conocer los saldos de las cuentas por cobrar a su favor que se formaron a diciembre 31 de 2021 en las contabilidades de las empresas (las cuales a dicha fecha tenían pasivos o cuentas por pagar al empleado por conceptos de salarios y prestaciones sociales).

Al respecto, tal como lo ha confirmado la misma Dian en sus doctrinas (como la contenida en el Concepto 910054 de septiembre de 2021), el artículo 261 del ET exige que el asalariado incluya dichas cuentas por cobrar en el patrimonio fiscal de su declaración de renta sin importar que aún no haya recibido el pago de tales valores. El problema es que los empleadores no certifican dichos valores dentro del formulario 220 que expiden a sus empleados y la Dian tampoco revelaba en el pasado dicho valor dentro del archivo de “consulta de datos”, lo cual implicaba que cada asalariado que declarase renta debía hacer la consulta por su cuenta directamente en el departamento contable de sus empleadores.

Por otra parte, es posible que las personas naturales que descarguen desde el portal de la Dian el archivo con la “consulta de datos” para su declaración de renta del año gravable 2021 encuentren diferencias entre lo que dice dicho archivo y lo que dicen los certificados de retención en la fuente que sus diferentes agentes de retención les entregaron durante marzo de 2022. Dichas diferencias se pueden originar por el hecho de que mientras en la información exógena entregada a la Dian sí se incluyó la totalidad de los pagos a la persona natural (tanto los que sí arrojaban la cuantía mínima para quedar sujetos a retención en la fuente como los que no arrojaban dicha cuantía mínima), en los certificados entregados en marzo de 2022 solo se certificaron los valores que sí arrojaron la cuantía mínima, pero se dejaron de certificar los demás valores.

Al respecto, la Dian ya ha dicho, en doctrinas como el Concepto 053947 de agosto de 2012, que en realidad los certificados de retención en la fuente por conceptos diferentes a pagos laborales deben contener el detalle de la totalidad de los pagos o abonos en cuenta realizados a un tercero sin importar que solo algunos de tales pagos o abonos hayan sufrido efectivamente retenciones en la fuente, pues eso mismo es lo que sucede con el formulario 220 que se entrega cada año a los asalariados (en dicho formulario se les certifica la totalidad de los pagos laborales sin importar que cada mes solo una parte de los mismos era la que finalmente se buscaba en la tabla de retención en la fuente y era a la que finalmente se le practicaba la respectiva retención).


COTIZACIÓN A PENSIÓN DESDE EL EXTERIOR SÍ ES POSIBLE

Categoría: Uncategorized

Recuerde que, como cotizante a un fondo de pensiones, un afiliado puede cubrir eventualidades de invalidez o proteger a su familia en caso de fallecer por una enfermedad o accidente de origen común. Por lo anterior, es muy importante que mensualmente se realicen estos aportes.

Ahora, si usted como cotizante está pensando en radicarse en otro país o está viviendo en el exterior, puede continuar cotizando a pensión en cualquiera de los dos regímenes que existen en el país: régimen de prima media –RPM–, administrado por Colpensiones, o en el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–, administrado por los fondos de pensiones privados.

Cabe recordar que Colombia cuenta con convenios bilaterales con doce países que le permiten sumar las semanas cotizadas en el exterior a la historia laboral construida en nuestro país.

¿Sobre cuánto se debe cotizar si vive en el exterior?

No existe diferencia alguna sobre los topes mínimos y máximos de cotización al sistema general de pensiones para las personas que están fuera de Colombia, por lo que el ingreso base de cotización corresponde a los ingresos que declara el afiliado, sin que sea inferior a un (1) smlmv (salario mínimo legal mensual vigente) ni superior a veinticinco (25) smlmv.

¿Es obligatorio realizar aportes a salud?

Este pago es opcional. Sin embargo, siempre será importante tener cobertura en salud.

¿Con cuáles países tiene alianzas Colombia para que los cotizantes en el exterior accedan a pensión?

Colombia ha firmado convenios bilaterales de seguridad social con España, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Portugal, El Salvador y República Dominicana.

¿Cuáles beneficios tienen estos convenios para quienes cotizan en el exterior?

De la mano de estos convenios, los afiliados pueden sumar las semanas cotizadas tanto en Colombia como en alguno de los países anteriormente mencionados al momento de solicitar su beneficio pensional.

¿Qué debe saber un afiliado que quiera pensionarse en Colombia y haya cotizado en otro país?

La pensión por convenio internacional de seguridad social aplica siempre y cuando se requieran semanas para alcanzar la pensión en Colombia, ya sea para pensión de invalidez, vejez o muerte.

A continuación, un ejemplo para entender lo anterior: si un afiliado solicita el reconocimiento de su pensión de vejez en Porvenir y las semanas cotizadas en Colombia no le son suficientes para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez (que son 1.150 semanas que equivalen a 23 años), pero realizó aportes de pensión en alguno de los países miembros, puede solicitar la sumatoria de las semanas cotizadas en cada uno de los países para completar el mínimo requerido.

Los convenios internacionales de seguridad social no contemplan el traslado de recursos de dinero, solo tiempo cotizado que se convierte en semanas para sumar a la historia laboral.

¿Se pueden realizar aportes simultáneamente en Colombia y en el país donde se esté viviendo?

Sí, puede existir cotización simultánea. Por ejemplo, como trabajador dependiente en España y como trabajador independiente en Colombia. Sin embargo, al momento de pensionarse solamente se tendrán en cuenta los aportes realizados en el país en el que se solicita la prestación.


MANIFESTACIONES ESCRITAS COMO EVIDENCIA DE AUDITORÍA

Categoría: Uncategorized

La labor del auditor es la de transmitirles a terceros la confianza acerca de la razonabilidad de los estados financieros a través de la emisión de su opinión sobre el encargo evaluado.

Dicha opinión incluye la manifestación de que los estados financieros se prepararon bajo el marco normativo aplicable (Estándares Internacionales) y se encuentran libre de error material por fraude o error.

Ahora bien, todo el trabajo del auditor debe estar debidamente soportado y documentado; por ello, es necesario que reciba de la dirección la información que esta considere relevante para el desarrollo de la auditoría. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor.

En este sentido, el auditor requiere recibir por parte de la dirección manifestaciones escritas en las que se detalle, entre otros aspectos, la responsabilidad de la dirección frente a la información contenida en ellas y la veracidad de dicha información.

Justamente, la responsabilidad del auditor frente a estas manifestaciones es tratada en la NIA 580, contenida en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015. La siguiente infografía resume los aspectos generales de esta norma:

¿Qué son manifestaciones escritas?

El párrafo 7 de la NIA 580 define una manifestación escrita como:

Documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En este contexto, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos, o en los libros y registros en los que se basan.

Por lo anterior, puede determinarse que las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría, pues estas comunicaciones son requeridas por el auditor para formar su opinión sobre los estados financieros examinados de la entidad. De esta forma, se tiene que las manifestaciones escritas son necesarias para que el auditor cuente con la evidencia suficiente y adecuada.

La NIA 580 esclarece que el auditor deberá obtener manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad, además de fundamentar estas comunicaciones como evidencia de auditoría y responder de modo adecuado a las manifestaciones proporcionadas.

Por su parte, la dirección de la entidad deberá proporcionar manifestaciones escritas en relación con la preparación de los estados financieros y la integridad de las transacciones.

Cabe resaltar que la fecha de estas manifestaciones será tan próxima como sea posible, pero no posterior, a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros.

¿A quiénes se les solicitan las manifestaciones escritas?

En vista del alto nivel de responsabilidad asignado a la administración no solo al preparar información financiera, sino también en la gestión general del negocio, se espera que quienes ocupan dichos cargos tengan un conocimiento amplio y suficiente sobre el funcionamiento habitual de la organización, preparación y presentación de su información en los estados financieros. Por esto, son los más idóneos para justificar sus respuestas escritas a cualquier solicitud del auditor.

De todas maneras, el auditor puede solicitar manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad sobre los estados financieros:

  • Personal interno: esto incluye al presidente, gerente general, gerente financiero o el contador.
  • Personal externo: actuarios o personal especializado, como ingenieros, abogados o abogados externos.

¿Puede el auditor emitir su opinión sin estas manifestaciones?

Las manifestaciones escritas hacen parte integral de la evidencia de auditoría; por eso, en caso de que los responsables de la dirección de la entidad se nieguen a entregar estos documentos, no se completa una evidencia suficiente. En esta situación, el auditor no podrá emitir una opinión sin salvedades, pues estará limitado en su alcance.

¿Qué aspectos deben contener las manifestaciones escritas?

Estas comunicaciones deberán contener la información proporcionada en cuanto a:

  • La preparación de los estados financieros.
  • La información relacionada con el registro e integridad de las transacciones.
  • La descripción de las responsabilidades de la dirección en las manifestaciones escritas.

Las manifestaciones incluirán, por ejemplo, aspectos sobre la entrega de todas las actas de la junta directiva, confirmaciones sobre eventos posteriores a la emisión de los estados financieros, manifestación sobre correcciones de errores evidenciados en los estados financieros, entre otras comunicaciones.

¿Qué debe hacer el auditor frente a dudas sobre la fiabilidad de estas manifestaciones?

En caso de que el auditor tenga dudas frente a la dirección relacionadas con su competencia, integridad, valores éticos o la diligencia de la dirección, debe determinar los efectos que esto pueda causar sobre la fiabilidad de las manifestaciones recibidas y aplicar procedimientos de auditoría para intentar resolver esta situación.

Si consecuentemente el auditor concluye que dichas manifestaciones no pueden ser tomadas en cuenta en la formación de su opinión, deberá adoptar las medidas adecuadas y determinar el impacto en las conclusiones de acuerdo con la NIA 705.


INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Categoría: Uncategorized

La ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente se refiere a aquellas declaraciones presentadas sin pago total. Esto se encuentra descrito en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario –ET–, introducido por el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010. Allí se señala que las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno sin necesidad de acto que así lo declare.

No obstante, es importante no confundir el término de ineficacia con las declaraciones que se consideran no presentadas conforme al artículo 580 del ET:

  • Declaraciones ineficaces: son declaraciones presentadas sin pago total; en estas se considera que existe omisión en la presentación de la declaración. Por tanto, no producen efecto legal alguno de pleno derecho, es decir, sin necesidad de pronunciamiento oficial que así lo declare.
  • Declaraciones que se consideran no presentadas: no se entiende cumplido el deber de presentar la declaración tributaria cuando ocurre algunas de las situaciones consagradas en el artículo 580 del ET. No obstante, se requiere que la Dian profiera el respectivo acto administrativo que así lo determine.

Casos en los que no procede la ineficacia

El inciso segundo del artículo 580-1 del ET señala que la ineficacia en las declaraciones de retención en la fuente no se aplicará cuando dicha declaración se presente sin pago total por parte de un agente de retención que sea titular de un saldo a favor igual o superior a dos (2) veces el valor de la retención a cargo, susceptible de compensarse con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Para tal efecto, el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.

Así, el agente retenedor deberá solicitar a la Dian la compensación de saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención en la fuente, esto dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago será ineficaz.

Declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total antes del vencimiento

Recordemos que con la Ley 1943 de 2018 y posteriormente con la Ley 2010 de 2019 se modificó el inciso quinto del artículo 580-1 del ET para establecer que la declaración de retención en la fuente presentada sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Esto sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar.

En todo caso, mientras el contribuyente no presente nuevamente la declaración de retención en la fuente con el pago respectivo, la declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible que podrá ser utilizado por la Dian en los procesos de cobro coactivo, aun cuando en el sistema la declaración tenga una marca de ineficaz para el agente retenedor bajo los presupuestos establecidos en el artículo 580-1 del ET.

Pronunciamiento de la Dian respecto a la ineficacia de la declaración de retención en la fuente

Mediante el Oficio 840 de junio 16 de 2021, la Dian resolvió diversos interrogantes relacionados con la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente. Aclaró lo siguiente: dado que para efectos del artículo antes mencionado la eficacia de la declaración de retención se sujeta a su pago total, es claro que, una vez presentada la segunda declaración extemporánea y con pago total, en principio, es válida y produce efectos legales.

Adicionalmente, se señaló que, tal y como se desprende del inciso 5 del artículo 580-1 del ET, la administración tributaria no podrá iniciar un proceso de cobro coactivo sobre la obligación reconocida en la declaración de retención en la fuente inicialmente presentada y que es ineficaz, una vez sea nuevamente presentada extemporáneamente la declaración de retención en la fuente con pago total.

Es importante no perder de vista que el pago total de la segunda declaración deberá incluir la totalidad de la retención debida, así como la sanción por extemporaneidad del artículo 641 del ET y los intereses moratorios correspondientes.

¿Es posible corregir una declaración de retención en la fuente ineficaz?

Respecto a este interrogante, la Dian precisó que no es posible corregir una declaración de retención en la fuente ineficaz en los términos del artículo 580-1 del ET. Esto dado que la ineficacia supone que la declaración no ha producido efecto legal alguno.

En ese sentido, cualquier corrección que se pretenda realizar a los valores inicialmente consignados exige que se presente nuevamente la referida declaración, liquidando la respectiva sanción por extemporaneidad y pagando la retención y los intereses moratorios causados, so pena de que se incurra nuevamente en el fenómeno de la ineficacia.

Lo anterior, sin perjuicio de lo manifestado en el Oficio 910619 del 14 de diciembre de 2020. En este se estableció que la declaración de corrección de retención en la fuente presentada en fecha posterior a la declaración inicial, sin pago y sin que se configure lo dispuesto en los incisos segundo al cuarto del artículo 580-1 del ET se tornará ineficaz. Por esta razón, dicha declaración de corrección también es posible tomarla como documento que reconoce una obligación clara, expresa y exigible, que podrá ser utilizado por la Dian en los procesos de cobro coactivo.

 


CONTRATACIÓN DE MENORES DE EDAD

Categoría: Uncategorized

Si bien el artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– expresa que solo tienen capacidad para firmar un contrato laboral los mayores de edad, el artículo 30 del CST dispone que se permite la contratación de menores de edad siempre que medie autorización del Ministerio del Trabajo con la previa solicitud de los padres.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección constitucional, esto conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia; por ende, la familia, la sociedad y el Estado deben procurar su protección. Por esto no es tan sencillo que un menor de edad labore, pues debe protegerse ante la explotación infantil.

Debido a ello, es importante tener claros estos 10 puntos a la hora de contratar trabajadores menores de edad.

  1. Edad mínima para trabajar

Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1098 de 2006, una persona puede laborar a partir de los 15 años cumplidos.

Estos podrán laborar siempre que no se realicen actividades que puedan ser catalogadas como trabajo infantil, cualquiera que afecte o atente contra la vida, la seguridad o la integridad física, emocional o mental del adolescente.

  1. Menores de 14 podrían laborar en situaciones puntuales

Si bien la norma dispone que a partir de los 15 años es posible laborar, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 1098 de 2006 se permite que un niño entre los 5 y los 14 años obtenga un permiso para laborar, pero únicamente si las actividades son culturales, artísticas, recreativas o deportivas.

Debe tenerse en cuenta que solo podrán laborar 14 horas semanales, y el dinero de su salario y derechos laborales debe ser dirigido a la educación y el bienestar del menor.

  1. Se requiere un permiso del Ministerio del Trabajo

Es importante tener claro que no basta con que el adolescente tenga la edad mínima, sino que, además, antes de que el menor empiece a laborar se debe tramitar ante el Ministerio del Trabajo un permiso de trabajo. Este se solicita ante el inspector de trabajo, a petición de los padres y el empleador, quienes deben asistir en todo el proceso para el otorgamiento de dicho permiso.

  1. Deben cumplirse unos requisitos para el otorgamiento del permiso

Al momento de realizar la solicitud del permiso, de acuerdo con el Manual del Inspector del Trabajo el empleador y los padres del menor deben acreditar lo siguiente:

  • La identificación del menor y el empleador.
  • Manifestarse la actividad que realizará el trabajador adolescente.
  • Los términos del contrato de trabajo, incluidos el salario y la jornada laboral.
  • Presentar un certificado de escolaridad del adolescente; si este no ha terminado su primaria, deberá acreditar su inscripción en una institución de educación.
  • En la solicitud debe comprometerse el empleador a facilitar el tiempo para el proceso educativo y de formación.
  • Debe aportarse un certificado del estado de salud del adolescente.
  • Garantizarle al trabajador la salud, seguridad social y educación en la ejecución del contrato.

Cumplidas las anteriores garantías, el inspector autorizará el trabajo del menor, teniendo en cuenta que este realizará una visita para determinar las condiciones del trabajo y de la seguridad y salud del trabajador.

En caso de incumplirse alguna de las garantías el inspector podrá negar o revocar dicho permiso.

  1. Los menores de edad no pueden laborar para actividades de riesgo

Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1098 de 2006 y la Resolución 1796 de 2018, los niños, niñas y adolescentes no podrán laborar para actividades riesgosas nocivas para la salud e integridad física o psicológica.

Dentro de tales actividades se encuentran aquellas que expongan a los menores de 18 años a ruido continuo, las que impliquen el uso de herramientas, maquinaria o equipos que los expongan a vibraciones, las que se desarrollen en ambientes térmicos extremos (calor o frío) en ambientes cerrados o abiertos y las que expongan a los menores de 18 años a radiaciones ionizantes, entre otras.

  1. Jornada máxima que pueden laborar los menores de edad

La jornada laboral de los niños, niñas y adolescentes no es igual a la de los mayores de edad. En concordancia con lo establecido en el artículo 161 del CST, será así:

  • Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
  • Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.
  1. Los menores de edad no pueden laborar horas extra

Teniendo en cuenta la jornada máxima que puede laborar un menor de 18 años, es claro que no puede trabajar por fuera de esta jornada; por lo tanto, no deben causarse horas suplementarias.

En caso de que eso ocurra, el empleador estaría expuesto a visitas, investigaciones y hasta multas por parte del Ministerio del Trabajo por su incumplimiento, además de la posibilidad de revocatoria del permiso de trabajo del menor de 18 años.

  1. ¿Qué pasa si la adolescente se embaraza?

Cuando esto ocurre, el artículo 116 de la Ley 1098 de 2006 dispuso que las adolescentes entre los 15 y 18 años no podrán exceder de cuatro horas diarias laborales a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.

Además, contarán con todos los derechos laborales, tales como el reconocimiento de la licencia de maternidad.

  1. Los menores de edad tienen todos los derechos laborales

Debido a que se trata de un contrato o relación laboral en la que el niño, niña o adolescente

se encuentra subordinado, este tiene derecho a todas las garantías laborales:

  • Salario.
  • Auxilio de transporte.
  • Prestaciones sociales.
  • Dotación y elementos de protección personal.
  • Afiliación y cotización al sistema de seguridad social.
  1. Debe primarse la educación de los menores

Finalmente, conforme a lo mencionado recientemente por la Corte Constitucional en la Sentencia T-132 de 2021, el permiso de trabajo para menores de 18 años solo se podrá otorgar como último recurso después de que se tramiten ante las autoridades los auxilios estatales. Al respecto, la corte manifestó:

La situación económica del país no justifica el trabajo de un menor. La familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de tramitar ante las autoridades los auxilios a los que haya lugar para que el menor continue sus estudios formales antes de autorizar su desvinculación del sistema educativo.¡

Por todo lo anterior, para contratar menores de edad debemos tener en cuenta que desde los 15 años pueden laborar. Para esto debe tramitarse un permiso ante el Ministerio del Trabajo, y deben reconocerse todos los derechos laborales y respetarse las condiciones especiales de la jornada laboral.


REVISIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA ANTES DE INICIAR SU LABOR COMO REVISOR FISCAL

Categoría: Uncategorized

La asamblea general de socios o accionistas es la reunión del máximo órgano social para examinar la situación de la sociedad. Además, esta reunión tiene por objetivo designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, entre otros aspectos.

¿Para qué se realizan las actas de las asambleas?

Para dejar constancia de los asuntos tratados en la reunión se deben realizar actas de la asamblea general de accionistas, que son documentos obligatorios. Las actas de las sociedades comerciales deben numerarse cronológicamente en forma sucesiva y continua, de modo que el acta de la primera reunión del año lleve el número siguiente al del acta de la última reunión del año anterior. Al respecto, es importante tener en cuenta que el revisor fiscal no hace las actas ni las firma; quienes las elaboran y firman son las personas que fueron nombradas por parte de la asamblea para que en dicha reunión fueran el presidente y secretario.

¿Debe el revisor fiscal revisar las actas efectuadas antes de iniciar su compromiso?

Ahora bien, en este artículo trataremos la obligatoriedad del revisor fiscal de revisar las actas de asambleas celebradas antes de iniciar el compromiso. Es importante destacar la importancia de conocer la entidad y su entorno, lo cual incluye la comprensión del control interno. Por tanto, la labor del revisor fiscal será la de indagar acerca de la entidad, las cifras de sus estados financieros, las decisiones que se han tomado, etc. Por lo mencionado anteriormente, es claro que las actas de asambleas, juntas directivas u otros comités serán un aspecto clave para conocer las decisiones tomadas por la administración y comprender el funcionamiento de la entidad.

Por otro lado, el revisor fiscal necesitará verificar el cumplimiento legal de la compañía, actividad que requiere de la observación del dictamen del revisor fiscal anterior y la existencia de las actas obligatorias. En concordancia con la NIA 510: trabajos iniciales de auditoría – saldos iniciales, el objetivo del auditor, con respecto a los saldos de apertura, consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si:

  1. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar de forma material a los estados financieros del período actual; y
  2. Se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del período actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura, o si los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable.

En conclusión, la labor del revisor fiscal no está limitada solo por el conocimiento del presente, también debe tener en cuenta los registros históricos; aunque no existe una obligación para el revisor fiscal de verificar las actas de períodos anteriores, se recomienda realizar este procedimiento, pues acercan al profesional al conocimiento de la entidad y su entorno, y a la verificación de los cumplimientos legales y normativos de la entidad.