BENEFICIO DE AUDITORÍA PARA EL CIERRE DEL AÑO GRAVABLE 2021

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Tal como sucedió con la declaración de renta del año gravable 2020, la norma del artículo 689-2 del ET (creada con el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 y reincorporada con el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019) permitirá que varios contribuyentes del impuesto de renta (ya sean personas naturales, o sucesiones ilíquidas, residentes o no residentes, o personas jurídicas, del régimen ordinario o del especial) puedan obtener un beneficio de auditoría, el cual consiste en que la declaración de renta del año gravable 2021 quede en firme en solo 6 o 12 meses siguientes a su presentación oportuna.

Para lograr el mencionado beneficio, se hará necesario que la persona jurídica, persona natural o sucesión ilíquida cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

  1. Al cierre del año gravable 2021 no puede figurar entre quienes disfrutan de otros beneficios tributarios en el impuesto de renta por causa de su ubicación geográfica (esto aplicaría a quienes se acogen por ejemplo a los beneficios de las zonas francas, las Zomac o las Zese).
  2. Debe haber cumplido con presentar (oportuna o extemporáneamente) una declaración del año inmediatamente anterior (en este caso la del año gravable 2020, sin importar si se declaró en el formulario 110 o 210) en la cual se haya liquidado un impuesto neto de renta (ver renglón 94 del formulario 110 de dicho año o el renglón 127 del formulario 210 de dicho año) igual o superior mínimo de 71 UVT (71 x $35.607 = $2.528.000). Por tanto, si un contribuyente presentó dicha declaración del año gravable 2020, pero liquidando un impuesto neto de renta inferior a dicho monto, tendría que optar por corregirla para elevar el monto de dicha partida (ver artículo 588 del ET). Si no estuvo obligado a declarar el año gravable 2020, pero es una persona natural residente que podía hacerlo voluntariamente, entonces podría optar por presentarla extemporáneamente para cumplir con este requisito. La exigencia de una declaración previa del año anterior (en este caso la del año 2020) implica que las personas jurídicas que se constituyeron durante el 2021 no pueden optar por el beneficio de auditoría del año gravable 2021. La misma situación aplica para aquellas personas jurídicas o naturales que durante el año 2020 pertenecieron al régimen SIMPLE pero durante el 2021 regresaron (de forma obligatoria o voluntaria) al régimen ordinario el impuesto de renta.
  3. El impuesto neto de renta del año gravable 2021 (que solo se obtendrá sobre la renta ordinaria, pues la renta presuntiva será de 0 %; ver artículo 188 del ET) debe superar al impuesto neto de renta del año gravable 2020 en por lo menos un 20 %. Si el incremento está entre un 20 % y un 29 %, la declaración del año gravable 2021 quedará en firme dentro de los 12 meses siguientes a su presentación. Pero si el incremento es del 30 % o más, quedará en firme dentro de los 6 meses siguientes a su presentación. Una vez que se cumplan los 6 o 12 meses, el contribuyente ya no podrá corregir la declaración, pues el beneficio de auditoría opera de forma automática y el contribuyente no podrá alegar que “renuncia al beneficio de auditoría” para pensar en hacerle correcciones voluntarias después de dicho plazo.
  4. La declaración de renta del año gravable 2021 deberá presentarse en debida forma (ya sea presencial o virtualmente; ver artículo 579-2 del ET; recuérdese que la Resolución 12761 de diciembre 9 de 2011 sigue siendo la norma que señala quiénes son los obligados a declarar virtualmente, lo cual implica asegurarse de obtener oportunamente el instrumento de firma electrónica o haberlo renovado oportunamente cuando esté cerca de cumplir 3 años de haber sido emitido).
  5. La declaración del año gravable 2021 no deberá incluir retenciones falsas.
  6. En caso de que la declaración del año gravable 2021 arroje saldo a pagar, el mismo se deberá pagar oportunamente.

La norma indica además que solo se otorgará firmeza a la declaración de renta pero no a las de IVA y retención del mismo año gravable 2021. Además, si la declaración con beneficio de auditoría incluye una pérdida líquida, la Dian sí podrá auditar solamente el monto de dicha pérdida aunque la declaración ya esté en firme (pues las pérdidas son compensables en ejercicios siguientes). Además, si la declaración con beneficio de auditoría arroja saldo a favor y se desea solicitarlo en devolución o compensación, entonces la solicitud respectiva también se debe presentar dentro de esos mismos 6 o 12 meses antes mencionados.

Por último, debe tenerse presente que el artículo 51 de la reciente Ley de reforma tributaria 2155 de septiembre 14 de 2021 agregó al Estatuto tributario el nuevo artículo 689-3 para otorgar el beneficio de auditoría también para las declaraciones de renta de los años gravables 2022 y 2023, pero haciendo algunos cambios en las reglas de juego: la firmeza en solo 12 meses después de su presentación se logrará si el incremento en el impuesto neto de renta entre un año y otro es de entre un 25 % y un 34 %; y la firmeza en solo 6 meses se logrará si el incremento es del 35 % en adelante.


NOVEDADES EN IVA E INC

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El 14 de septiembre de 2021 fue expedida la Ley 2155, mejor conocida como Ley de Inversión Social, convirtiéndose en la octava reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque.

Con dicha norma se espera recaudar un aproximado de 15,2 billones de pesos que permitan atender a la población más vulnerable y proteger el tejido empresarial, así como afianzar las finanzas públicas tras los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.

Entre las muchas novedades en materia tributaria implementadas por esta reforma se encuentran las modificaciones a las normas que regulan el IVA y el impuesto nacional al consumo –INC–, cuyos cambios entrarán a regir desde este mismo año.

A continuación, abordamos los detalles que debes conocer al respecto.

Exención transitoria de IVA para bares y restaurantes del SIMPLE

Por el año 2022, no serán responsables del IVA los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y debidas previstas en el numeral 4 del artículo 908 del ET.

Recordemos que los restaurantes y bares a los que se refiere la nueva exención de la Ley 2155 de 2021 están obligados por regla general a recaudar INC; sin embargo, cuando se trata de operadores bajo franquicia estos tienen la obligación de cobrar el IVA en lugar de INC.

A este tipo de responsables del régimen simple, mediante el artículo 2 del Decreto Ley 789 de junio 4 de 2020 se les había catalogado hasta diciembre 31 de 2020 como excluidos de IVA. Posteriormente, el artículo 48 de la Ley 2068 de diciembre 31 de 2020 extendió dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. La novedad en este tema es entonces la prolongación, por un año más, de una condición que viene beneficiando desde el año 2020 a los contribuyentes que desarrollan actividades de expendio de comidas y bebidas bajo franquicia.

Contribuyentes del SIMPLE no responsables del INC

En el mismo sentido que el texto anterior, el artículo 57 de la Ley 2155 de 2021 adicionó un parágrafo 5 al artículo 512-13 del ET para establecer que también por el año 2022 no serán responsables del INC los contribuyentes del régimen simple, cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comida y bebidas señaladas en el numeral 4 del artículo 908 del ET.

Así pues, si por el año 2022 los contribuyentes del SIMPLE que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas cumplen los requisitos para ser responsables del INC previstos en el artículo 512-13 del ET, podrán continuar operando como no responsables de este impuesto. Sin embargo, a partir del 2023 continuarán siendo responsables del INC, por lo cual deberán cumplir con todas las obligaciones correspondientes a este impuesto.

No obstante, recordemos que, de acuerdo con lo indicado en el numeral 3 del artículo 1.5.8.3.7 del DUT 1625 de 2016 (modificado con el Decreto 1091 de agosto de 2020), si algún contribuyente del régimen simple tiene actividades de bares o restaurantes y no cumplen con las condiciones del artículo 512-13 del ET, podrá operar como no responsable del INC.

Cabe señalar que las dos anteriores medidas buscan volver más atractivo el régimen simple de tributación con el objetivo de que más contribuyentes opten por acogerse al mismo.

Importaciones, envíos urgentes o de entrega rápida inferiores a USD 200 no causan IVA si cumplen algunas condiciones

El artículo 53 de la Ley 2155 de 2021 modificó el literal j del artículo 428 del ET para señalar que las importaciones de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o de entrega rápida, cuyo valor no exceda de USD 200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio, no causaran el IVA siempre y cuando en dicho convenio se obligue al no cobro de este impuesto; cabe precisar, además, que dicho beneficio solo aplicará a las mercancías que no tengan fines económicos.

Ahora bien, a pesar de que, según información del Ministerio de Comercio, actualmente solo están activos 16 tratados de libre comercio entre Colombia y otros países o regiones, como lo confirma el Concepto 027385 de septiembre 23 de 2021 de la dirección de comercio exterior del Ministerio de Industria y Comercio, el único TLC vigente que contiene la indicada cláusula de no cobro del IVA es el pactado con Estados Unidos.

Así pues, es preciso señalar que antes de los cambios introducidos por la Ley 2155 de 2021 las importaciones de cualquier bien cuyo valor fuera inferior a USD 200, proveniente de cualquier país, podían ingresar al territorio colombiano como excluidas del IVA.

Sin embargo, luego de los cambios introducidos con la Ley 2155 de 2020, en las importaciones inferiores a USD 200 provenientes de países con los cuales Colombia no tenga convenio de libre comercio o sean mercancía con destinación económica, la Dian podrá ejercer el cobro del IVA.

Nuevos días sin IVA

El artículo 37 de la Ley 2155 de 2021 vuelve a implementar la medida de “días sin IVA”, en los cuales la venta de determinados bienes estará exenta de este impuesto.

Así pues, los bienes cubiertos por la exención del IVA continúan siendo los establecidos en el Decreto Legislativo 682 de 2020, con la novedad de que en el punto 3 se adicionan computadores y equipos de comunicaciones cuyo precio no exceda 80 UVT, aun cuando estos equipos ya están actualmente excluidos de IVA durante todo el año, pero hasta un precio que no exceda 50 y 22 UVT respectivamente:

  • Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 UVT, sin incluir el IVA.
  • Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 20 UVT, sin incluir el IVA.
  • Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el IVA.
  • Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el IVA.
  • Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 UVT, sin incluir el IVA.
  • Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 5 UVT, sin incluir el IVA.
  • Bienes e insumos para el sector agropecuario, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT, sin incluir el IVA.

Recientemente se anunció, mediante un proyecto de decreto, que los días en los cuales será llevada a cabo la jornada de los 3 días sin IVA serían los días 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre de 2021.


OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE VENCERÁN EN OCTUBRE DE 2021

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Durante el mes de octubre de 2021 los contribuyentes del régimen ordinario y del SIMPLE deberán cumplir con ciertas obligaciones tributarias. Además, durante este mes se abrirá la tercera convocatoria del año para la inscripción de proyectos que permitan acceder a la renta exenta de economía naranja.

A continuación, abordaremos las principales obligaciones que deberán tenerse en cuenta durante estos próximos días para evitar caer en sanciones tributarias por su extemporaneidad. Veamos:

Últimos plazos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales por el AG 2020

Entre el 1 y 20 de octubre de 2021 las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas cuyos dos últimos dígitos del NIT sean del 75 al 99 o 00 deberán presentar y pagar el impuesto de renta a cargo correspondiente al año gravable 2020.

Últimos plazos para la presentación de la declaración de activos en el exterior

Entre el 1 y 20 de octubre de 2021 transcurrirán los vencimientos para que presenten la declaración informativa de activos en el exterior poseídos a enero 1 de 2021 (formulario 160) las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas cuyos dos últimos dígitos del NIT sean del 74 al 99 o 00, siempre que al 1 de enero de 2021 el monto de sus activos haya superado el equivalente a 2.000 UVT ($72.616.000).

Presentación de la declaración anual para contribuyentes del SIMPLE AG 2020

Entre el 25 y el 29 de octubre de 2021 los contribuyentes del régimen simple de tributación (personas naturales y jurídicas) deberán presentar la declaración anual del impuesto unificado correspondiente al año gravable 2020, de acuerdo con el último dígito del NIT registrado en el RUT del contribuyente. Para efectos de esta declaración, se deberá emplear el formulario 260, prescrito por la Dian mediante la Resolución 000071 de 2021.

Última convocatoria de 2021 para postular proyectos de economía naranja

El 1 de octubre de 2021 se da apertura a la tercera y última convocatoria de 2021 para postular los proyectos de economía naranja y acceder al beneficio de renta exenta contemplado en el artículo 235-2 del ET. Recordemos que el artículo 1.2.1.22.51 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 286 de 2020, estableció tres períodos anuales en los cuales los interesados podrán enviar sus proyectos para acceder al beneficio de renta exenta para empresas de economía naranja: del 1 al 31 de marzo, del 1 al 30 de julio y del 1 al 31 de octubre.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que para el año gravable 2021 la tercera convocatoria se extenderá hasta el 31 de diciembre del año en curso (ver inciso segundo del artículo 1.2.1.22.52 del DUT 1625 de 2016, modificado por el Decreto 286 de 2020).


PERÍODOS DE INACTIVIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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Los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– tienen la obligación de realizar aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales); los trabajadores por cuenta propia y rentistas de capital, sobre sus ingresos mensuales, y los vinculados mediante contrato de prestación de servicios, sobre el valor mensualizado del contrato.

Los primeros obtienen sus ingresos, entre otros, de rendimientos financieros, intereses, arrendamientos de bienes muebles o inmuebles. Por su parte, los prestadores de servicios obtienen sus ingresos de los honorarios que se desprenden del contrato celebrado con un contratante.

Respecto a estos últimos trabajadores, al ser independientes, no pueden ser contratados de manera permanente en una empresa, sino que son contratados para funciones determinadas, por lo cual los contratos pueden tener una duración de días, semanas o meses, y sobre los ingresos obtenidos y siempre que sean superiores a un (1) smmlv deben realizar los correspondientes aportes a seguridad social.

Atendiendo a lo dicho, ¿qué sucede con los aportes a seguridad social cuando se termina el contrato de prestación de servicios o se desocupa un inmueble arrendado por un rentista de capital?

Tratamiento de la seguridad social en períodos de inactividad

Cuando un trabajador independiente no reúna los requisitos para continuar cotizando, por ejemplo, en nuestro caso en concreto debido a que no cuenta con ingresos mensuales por terminación del contrato o el inmueble arrendado fue desocupado, deberá registrar en la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– la novedad de retiro a más tardar dentro de los cinco (5) días del mes siguiente a la terminación del contrato, la cual se hará efectiva vencido el mes por el cual se pague la última cotización.

Veamos este ejemplo. Un trabajador realizó el pago de la cotización en mayo de este año y presentó el reporte de novedad de retiro el día 20 del mismo mes. Según establece la ley, no se entendería retirado del sistema hasta que terminase mayo. Por otra parte, en caso de que el trabajador registrara dicha novedad el 3 de junio, el retiro se haría efectivo de forma inmediata.

En caso de que el trabajador no realice la novedad de retiro dentro de dicho término, el artículo en mención establece que deberá realizarse el pago completo de la cotización del mes siguiente.

Frente a esto, debe tenerse en cuenta que aplica en caso de que el trabajador no cuente con los ingresos para continuar cotizando; si, por el contrario, cuenta con dichos recursos, podrá cotizar sobre la base de un (1) smmlv o en el piso de protección social si puede realizarlo con un valor inferior.


AUDITORÍA INTERNA Y CONSULTORÍA EXTERNA

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Hovana Capera Valbuena, directora de Auditoría Financiera en KPMG Colombia, explica que para una adecuada gestión administrativa las compañías contratan servicios de consultoría en diferentes áreas de especialización. Esto afirma en el Boletín de Tendencias de agosto de KPMG:

Por ejemplo, a nivel de estrategia y tecnologías de la información, así como a nivel contable, de operación, entre otros. Estas áreas se tornan relevantes y son consideradas para mitigar los riesgos de la organización.

Con el objetivo de detectar estos riesgos o alertas tempranas, o identificar controles apropiados, algunas compañías han promovido que las áreas de auditoría interna incorporen servicios de asesoría como parte de su plan de trabajo que permitan agregar valor a los procesos y a la estrategia, más que solo procesos recurrentes de revisión. Al respecto, Valbuena advierte:

No obstante, se cuestiona el grado en el que debe ser considerada tal participación para no incurrir en riesgos relacionados con independencia y objetividad.

¿Incorporar o no servicios de asesoría para realizar auditorías?

De acuerdo con las directrices para la auditoría, abordada desde el sistema de gestión ISO 19011, la cual orienta y brinda guías para planificar la auditoría, los objetivos de los programas en esta materia deben contemplar, entre otros, los siguientes puntos:

  • Prioridades de la dirección.
  • Intenciones comerciales.
  • Riesgos potenciales para la organización.

Así mismo, se aborda la auditoría como un proceso sistemático que considera principios como el de la imparcialidad y objetividad en las conclusiones. Hovana Capera afirma lo siguiente:

Los auditores deben ser independientes de la actividad auditada y actuar de forma libre contra el conflicto de intereses, manteniendo la objetividad para asegurar que todos los hallazgos y las conclusiones de auditoría se basen solo en la evidencia de auditoría.

Considerando los objetivos de los programas de auditoría, para ella es necesario o relevante mantener estas consultorías orientadas a las prioridades de la dirección respecto de nuevos procesos, productos, estrategias o servicios asociados a las intenciones comerciales y que generalmente representan nuevos riesgos para las compañías.

La responsabilidad de la compañía en esta tarea

De otra parte, las organizaciones deben trabajar en mantener un equipo auditor que reúna el conocimiento y las habilidades necesarias, incluyendo la participación de expertos externos cuando sea necesario bajo la dirección del auditor:

Con lo anterior se quiere decir que la responsabilidad de la compañía incluye el suministro de recursos suficientes y apropiados, tanto para el proceso recurrente de revisión como para la consultoría respecto de los asuntos priorizados según el nivel de importancia y riesgos asumidos.

Frente a la independencia, es necesario que la participación de la auditoría interna en procesos de consultoría no involucre la toma de decisiones finales, las cuales deben ser del funcionario con suficiente autoridad o del área delegada responsable; del mismo modo, los auditores no pueden ejecutar transacciones, diseños o procedimientos en general.

Evitar conflictos de interés

Una vez concluida esta participación, Capera Valbuena indica que en razón del mismo principio que resguarda la objetividad y la prevención de conflictos de interés, el auditor no ejecutará trabajos de auditoría sobre los procesos en los cuales participó a nivel de consultoría:

Sin embargo, esta limitación no es permanente ni extensa más allá de su propia participación. Por lo tanto, durante el proceso se deben precisar aspectos evaluados por el auditor, su nivel de injerencia, el diseño de controles en la primera línea de defensa que prevengan riesgos durante el período no sujeto a auditoría y el plazo en el cual se restringe la participación.

Dicho plazo, como práctica, se ha considerado aproximadamente de un año, aunque puede ser menor o mayor; en conclusión, un período suficiente y apropiado para asegurar la objetividad en los procesos de auditoría.


VENTAS INFERIORES A 5 UVT PODRAN SOPORTARSE CON TIQUETES POS

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La nueva Ley de reforma tributaria 2155 de septiembre 14 de 2021, a través de su artículo 13, volvió a modificar completamente el  texto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET– (que se titulaba “Factura o documento equivalente”, y ahora se titulará “Sistema de facturación”), introduciendo una muy importante novedad en cuanto a la expedición del tiquete POS.

Anteriormente, los obligados a facturar electrónicamente podían seguir utilizando los tiquetes POS sin importar el monto de la operación, y al mismo tiempo debían estar preparados para cambiarlos por factura electrónica si el comprador así se los pedía, pues los tiquetes POS son 100 % no deducibles desde noviembre 2 de 2020.

Eso es algo particularmente desgastante en sitios como las estaciones de gasolina, donde el vendedor no sabe si su cliente solicitará o no la factura electrónica y, por tanto, al cliente que sí necesita dicha factura le corresponderá enfrentar el desgaste de enviarle correos electrónicos al vendedor pidiéndole que le genere y envíe la factura electrónica. Para esto deberá adjuntarle al correo la foto del tiquete POS.

Este cliente tendría que revisar constantemente el correo para confirmar si ya le enviaron la factura electrónica. Si aún no la recibe, tendrá que enviarle nuevos correos al vendedor para recordarle la solicitud.

Por tanto, en el texto del nuevo parágrafo 2 y del parágrafo transitorio del artículo 616-1 del ET se dispuso lo siguiente:

“Parágrafo 2. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado a expedir factura de venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones.

El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del servicio que se registre en el mismo no supere cinco (5) UVT por cada documento equivalente P.O.S. que se expida, sin incluir el importe de ningún impuesto. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquiriente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura de venta, caso en el cual se deberá expedir la misma. Lo anterior será aplicable de conformidad con el calendario que para tal efecto expida la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.

Parágrafo transitorio. Mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley.”

Por ende, luego de que el Gobierno expida la reglamentación a la nueva versión del artículo 616-1 del ET, lo que sucederá es que el tiquete POS solo podrá expedirse cuando la operación no supere $181.000 (5 UVT actualmente).

Sin embargo, esta disposición no solucionaría los problemas para casos como el que planteamos, pues las compras de gasolina muchas veces están por debajo de esa cifra y, por tanto, el comprador seguiría recibiendo primero los tiquetes POS y luego tendría que pedir por correo la factura electrónica.

En vista de lo anterior, lo mejor hubiera sido que de una vez se eliminara para siempre el tiquete POS y que sin importar el monto de la operación el vendedor siempre expida en el momento de la venta la respectiva factura electrónica, pues ningún establecimiento de comercio puede adivinar si el comprador usará o no la compra como un gasto deducible; por esto, lo mejor sería “pecar por exceso”.

Además, si el cliente no quiere dar sus datos para diligenciar la factura electrónica, en tal caso debe recordarse que los artículos 11 y 19 de la Resolución 000042 de mayo de 2020 establecen que en las facturas electrónicas sí se puede usar el seudo-NIT 22222222222, excepto en los días de las ventas sin IVA.


NOVEDADES QUE TRAE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL

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Con la aprobación de la Ley de Inversión Social 2155 de septiembre 14 de 2021, la población colombiana se verá enfrentada a múltiples cambios en materia tributaria. Con esta reforma el Gobierno espera recaudar alrededor de 15,2 billones de pesos, apelando en mayor medida a los cambios en impuestos a cargo del sector empresarial.

A continuación, abordamos las principales novedades que trae esta nueva ley y que deberán tener en cuenta las personas jurídicas. Veamos:

Tarifa general del impuesto de renta

La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia fiscal en Colombia será del 35 % a partir del año gravable 2022. Recordemos que con la Ley 2010 de 2019 (reforma tributaria de 2019) se había establecido que, a partir del año gravable 2022, las personas jurídicas tendrían una tarifa del 30 %. No obstante, la nueva reforma vuelve a subir este impuesto para las personas jurídicas.

Ahora bien, las instituciones financieras deberán liquidar 3 puntos porcentuales adicionales al impuesto de renta durante los períodos fiscales 2022 a 2025, con lo cual tributarán con una tarifa total del 38 %.

Cabe señalar que lo anterior solo sería aplicado a las instituciones financieras que, en el año gravable objeto de declaración, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.

Dicha sobretasa, para los cuatro (4) períodos gravables, estará sujeta a un anticipo del 100 %, calculado sobre la base gravable del impuesto de renta sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. Dicho anticipo deberá pagarse en dos (2) cuotas iguales anuales.

Ampliación de la vigencia temporal del Paef

Se amplió hasta diciembre de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–; esta vez el programa solo cubrirá a 50 trabajadores de cada una de las entidades o personas naturales contratantes que sean potenciales beneficiarios con base en el período de cotización de marzo de 2021.

No obstante, el Gobierno estará facultado para que, en diciembre de 2021, analizando los indicadores económicos, el porcentaje de desempleo y la disponibilidad presupuestal existente, disponga mediante decreto la ampliación del Paef máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Así mismo, en caso de que sea procedente la extensión del programa, el Gobierno determinará el número de meses adicionales por los que se otorgará el aporte estatal.

Incentivo a la creación de nuevos empleos

Con el propósito de mitigar los efectos de la crisis económica generada por el COVID-19 y en pro de reactivar el empleo formal, se creó el incentivo a la generación de nuevos empleos que permitirá financiar tanto costos laborales como los pagos a seguridad social y parafiscal.

Esta iniciativa está dirigida a los empleadores que generen nuevos empleos mediante contratación de trabajadores adicionales, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

  • Tratándose de trabajadores jóvenes entre 18 y 28 años, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25 % de un 1 salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– por cada uno de estos trabajadores adicionales.
  • Tratándose de los demás trabajadores, mayores de 28 años, que devenguen hasta 3 smmlv, el empleador recibirá como incentivo un aporte del 10 % de 1 smmlv por cado si se trata de un hombre, o de un 15 % si se trata de una mujer.

Es preciso señalar que dicho incentivo estará vigente hasta agosto de 2023. Así mismo, el empleador solo podrá recibir dentro de la vigencia de este incentivo un máximo de 12 pagos. En todo caso, solo se efectuará un pago mensual. El empleador no recibirá el incentivo por aquellos trabajadores a los que se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada para el mes por el que se recibiría el incentivo.

Ahora bien, este incentivo no podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios de nivel nacional no tributarios creados para estimular la contratación formal. Sin embargo, sí será compatible con el Paef.

Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional

Con el propósito de apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, se otorgará a los empleadores, ya sean personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte estatal se acordará según el número de empleados multiplicados por hasta el 20 % del valor del smmlv. Para acceder a este apoyo, los empleadores deberán demostrar la necesidad de obtenerlo certificando una disminución del 20 % o más de sus ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021.

Ampliación de la base de ingresos para acceder al régimen simple

Podrán acceder al régimen simple de tributación aquellos contribuyentes que hayan obtenido en el año gravable anterior ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT. En el caso de las personas jurídicas nuevas, la inscripción en este régimen estará condicionada a que los ingresos del año no superen este límite.

No responsables del IVA ni del INC

Solo por el año gravable 2022, no serán responsables del IVA ni del INC de restaurantes y bares los contribuyentes del SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del ET.


EN QUÉ CASOS SE PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN LUGAR DE UNA PENSIÓN

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Cuando una persona cotiza al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia, sus aportes le permiten acceder a una serie de prestaciones económicas ajustadas a situaciones concretas, tales como la vejez, la invalidez o la muerte.

Respecto a la vejez, los afiliados acceden a una pensión una vez cumplan los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993: la edad (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), un mínimo de semanas cotizadas en Colpensiones (1.300) (para el caso del régimen de prima media con prestación definida –RPM–) y el capital necesario que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– en el caso de las administradoras de fondos de pensiones privadas (régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–).

Cuando un afiliado llega a la edad definida para pensionarse por vejez y no cumple con los requisitos de semanas o de capital suficiente, cuenta con el derecho de recibir, en el caso de Colpensiones, una indemnización sustitutiva por las semanas cotizadas, y en los fondos privados, la devolución de saldos que tenga en su cuenta individual.

En el caso de los fondos privados, es importante resaltar que estos cuentan con una garantía de pensión mínima que permite al afiliado que llegó a la edad sin contar con el capital suficiente y con el mínimo de 1.150 semanas acumuladas acceder a una pensión de un (1) smmlv, subsidiada por el Gobierno nacional (artículo 65 de la Ley 100 de 1993), caso en el cual procede el reconocimiento de la pensión y no la devolución de los saldos.

En muchas ocasiones, los afiliados al llegar a la edad de pensión, una vez consultan el monto de la mesada pensional, encuentran que esta es muy inferior a los ingresos percibidos en la etapa laboral o que corresponde a un (1) smmlv por surgir de la garantía de pensión mínima, razón por la cual desean recibir el dinero que tienen acumulado en lugar de que se les reconozca la pensión, pues prefieren invertir ese dinero, producir con él o comprar inmuebles. Esta situación, aunque se trate de los recursos del afiliado, no será admisible por el sistema.

¿Qué es la devolución de saldos?

La devolución de saldos es una prestación económica dada por los fondos privados de pensiones, regulada en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

Consiste en reintegrar al afiliado todos los saldos acumulados en su cuenta, con el fin de brindarle una protección para que no quede totalmente desamparado en su vejez, dado que no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión. Los saldos devueltos estarán conformados por el capital acumulado que el afiliado tenga en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional si a este hubiere lugar.

¿Puede un afiliado escoger entre recibir la devolución de saldos y la pensión?

Pese a que la devolución de saldos es un derecho de los afiliados al RAIS, es importante resaltar que dicha devolución solo es procedente cuando el afiliado cumple con la edad prevista para acceder a la pensión y no con los demás requisitos para que le sea reconocida.

Es decir que, si el afiliado cuenta con un capital que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) smmlv, o cumple con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión de vejez, no tiene la facultad de elegir la devolución de saldos por encima del reconocimiento de la pensión, dado que el derecho a percibir una pensión es irrenunciable.

No olvidemos que, en palabras bastante reiteradas de la Corte Suprema de Justicia, el otorgamiento de una pensión es la máxima expresión de la protección de la seguridad social de los afiliados, pues otorga una prestación periódica y vitalicia que asegura una calidad de vida digna para el afiliado y sus beneficiarios, desarrollando el objetivo primordial del sistema: la garantía de la dignidad humana.

Requisitos para acceder a la devolución de saldos

Por lo anterior, la devolución de saldos solo se otorgará cuando el afiliado:

  • Haya cumplido la edad prevista en la ley para acceder a la pensión.
  • No haya reunido el capital suficiente para financiar una pensión de vejez.
  • No cumpla con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión.

De tal manera, los afiliados al sistema de pensiones en el régimen privado, aun cuando crean que es más conveniente para ellos recibir la devolución de saldos, si sus aportes consolidan el acceso a la pensión de vejez, el sistema les reconocerá dicha prestación periódica y vitalicia.


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CONTROLES MÍNIMOS EN LA AUDITORÍA TRIBUTARIA SEGÚN LAS NIA

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En consideración del alto nivel impositivo establecido en Colombia y la gran variedad de impuestos y contribuciones a las que se encuentran sometidas tanto personas naturales como jurídicas, algunos contribuyentes buscan estrategias para disminuir las cargas tributarias que se deben asumir; en algunas ocasiones, se adoptan prácticas de elusión de impuestos, y en los casos más críticos y de mayor riesgo se elige la evasión.

En dicha búsqueda las empresas se exponen a un alto riesgo de ser objeto de fiscalización y, muy seguramente, a sanciones por parte de la administración de impuestos.

Siguiendo este razonamiento, la auditoría tributaria es una herramienta para prevenir riesgos sancionatorios y asegurar la adecuada gestión de la empresa respecto a las obligaciones tributarias, siempre que se realice bajo la normativa tributaria vigente y en los criterios y tiempos determinados.

A continuación, se da respuesta a la siguiente pregunta: de acuerdo con las NIA, ¿cuáles son los controles mínimos que deben implementarse en las compañías para la mitigación de riesgos en el proceso de gestión de impuestos?

En primer lugar, las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– no señalan controles específicos para la mitigación de riesgos en la gestión fiscal.  No obstante, estas normas de auditoría permiten también su aplicabilidad a otros contextos que permitan al auditor formar una opinión de los estados financieros.

Realizadas estas aclaraciones, en el diseño de los controles para una auditoría dirigida a la gestión de impuestos se deberá, como mínimo:

  1. Conocer correctamente el perfil tributario: esto implica conocer las obligaciones sustanciales y formales e identificar los impuestos de mayor complejidad.
  2. Identificar y evaluar los riesgos: se debe considerar la probabilidad del impacto en la identificación y evaluación de riesgos, teniendo en cuenta que los impactos en materia de impuestos suelen ser altos para la entidad.
  3. Considerar el volumen de datos: el auditor deberá diseñar controles dirigidos a mitigar los riesgos considerando el volumen de datos de naturaleza fiscal.
  4. Considerar las múltiples obligaciones fiscales: el auditor también deberá tener en cuenta en la auditoría las múltiples obligaciones de carácter fiscal con las que debe cumplir la compañía.
  5. Atender a la disponibilidad de herramientas tecnológicas: es importante evaluar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas en la gestión fiscal, por lo que el auditor considerará establecer controles considerando, por ejemplo, si las liquidaciones son manuales o automáticas.

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MOTIVOS DE RECHAZO DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

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Cuando los contribuyentes posean saldos a favor ante la Dian, podrán solicitar su devolución o compensación. Existen casos especiales en los cuales la administración tributaria podrá rechazar tales solicitudes de forma definitiva. Conoce los motivos que dan origen a este rechazo.

El artículo 857 del Estatuto Tributario –ET– contempla ciertas causales que dan origen al rechazo de la solicitud de devolución o compensación de saldos a favor, entre estas encontramos:

  • Cuando la solicitud sea presentada de forma extemporánea.
  • Cuando el saldo en materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior.
  • En el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en el RUT (ver el inciso segundo del artículo 555-2 del ET).
  • Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o compensación se genera un saldo a pagar como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o responsable.
  • Cuando se compruebe que el proveedor de las sociedades de comercialización internacional solicitante de devolución y/o compensación, a la fecha de presentación de la solicitud, no ha cumplido con la obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de retención en la fuente con pago de los períodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la solicitud.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 857 del ET señala que las solicitudes de devolución o compensación deberán ser inadmitidas cuando en el proceso para resolverlas se configuren algunas de las siguientes causales:

  • Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada por las causales previstas en el artículo 580 del ET.
  • Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales.
  • Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error aritmético.
  • Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación un saldo a favor del período anterior diferente al declarado.