TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD

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Cuando una empresa constituida como sociedad comercial se encuentra en graves problemas por cualquiera de las situaciones establecidas en el artículo 49 de la Ley 1116 del 2006 (régimen de insolvencia empresarial), puede ser liquidada por orden de una autoridad, iniciando con ello el proceso de liquidación judicial.

La liquidación judicial de una sociedad consiste en la disolución y liquidación de todo el patrimonio por la autoridad con el objeto de terminar la existencia de esta, teniendo como efecto  la disolución de la persona jurídica, la obligación de separar de su cargo a todos los administradores, terminar los contratos de trabajo, finalizar todos los contratos comerciales, administrativos y civiles que sostiene la sociedad, y disponer de los bienes de la sociedad para que se paguen las acreencias que esta tenga, teniendo en cuenta la prelación legal de los deudores para darle fin a la misma.

Contrato de trabajo en sociedad en liquidación judicial

Como se mencionó, cuando una sociedad entra en un proceso de liquidación judicial o forzosa está en la obligación de finalizar los contratos de trabajo con sus colaboradores, dado que dicho proceso de liquidación le impone la obligación de cesar en el ejercicio de su actividad comercial.

Dicha finalización del contrato, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 del 2006, corresponde a una terminación por mandato de la ley, pero al no tratarse de una situación enmarcada en una justa causa contemplada en nuestra ley laboral, genera a favor del trabajador el pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–.

Es decir, cuando una sociedad entra en un proceso de liquidación judicial inmediata, los contratos de trabajo finalizados deben ser debidamente indemnizados sin que la sociedad empleadora pueda eludir la responsabilidad, argumentando que la finalización del contrato obedeció a una causa externa a él.

Pago de liquidación de prestaciones y la indemnización en un proceso de liquidación judicial de la empresa

Por otra parte, es importante mencionar que una vez se finalice el contrato laboral, el trabajador tiene el derecho al pago de las prestaciones sociales (primas, cesantía y sus intereses), las vacaciones y los salarios debidos al momento de dicha finalización contractual. Dichos rubros laborales, en caso de darse la terminación con ocasión a la liquidación judicial de la sociedad empleadora, deben ser pagados junto con la indemnización antes mencionada dentro del proceso de liquidación.

Recordemos que, conforme a lo establecido en el artículo 157 del CST, los derechos laborales se encuentran en primer orden, por ello, cuando estos deben ser pagados por un empleador en un proceso de liquidación, deben a su vez ser reconocidos con prelación a deudas de otro tipo.

No se necesita permiso del Ministerio de Trabajo para terminar el contrato por liquidación judicial

Es importante aclarar que en la liquidación judicial no es exigible la autorización establecida en el numeral 2 del artículo 61 del CST, la cual dispone que si el contrato de trabajo se termina por liquidación definitiva de la empresa, el empleador debe solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo, no obstante, queda eximido de este requisito dado que dicha liquidación se da por ministerio de la ley y no por voluntad del empleador. 

Otras formas de finalización del contrato de trabajo

Finalmente, recordemos que el contrato laboral, como acuerdo de voluntades, tiene dentro de su regulación, además de la liquidación judicial de la sociedad, unas formas de terminación del contrato, algunas derivadas de la conducta de las partes y otras de situaciones ajenas externas, como la muerte del trabajador y la finalización del tiempo pactado.

Dichas formas de terminación del contrato se encuentran establecidas en los artículos 61 y 62 del CST, algunas de ellas generan el derecho al trabajador de reclamar una indemnización por despido injustificado conforme a lo establecido en el artículo 64 del CST. Recordemos cuáles formas de terminación generan este derecho y cuáles no:

Formas de terminación que genera el pago de la indemnización:

  • Despido indirecto o renuncia motivada.
  • Despido injustificado.
  • Liquidación o clausura de la empresa o establecimiento.
  • Suspensión de actividades durante más de 120 días.

Formas de terminación que no genera el pago de la indemnización:

  • Por muerte del trabajador.
  • Por acuerdo entre el trabajador y el empleador (mutuo acuerdo).
  • Por expiración del plazo pactado en contrato a término fijo.
  • Finalización de la obra o labor contratada en los contratos por duración de la obra o labor.
  • Renuncia voluntaria del trabajador.
  • Por justa causa cometida por el trabajador.
  • Por sentencia ejecutoriada.

Por lo anterior, si la empresa en el proceso de liquidación judicial logra, antes de este, finalizar el contrato de trabajo mediante alguna de las formas consideradas como justas, no será el trabajador acreedor del pago de dicha indemnización laboral.

Teniendo en cuenta que, por otra parte, independientemente de la forma de finalización del contrato de trabajo, en todos los casos el trabajador tendrá derecho al reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales, vacaciones y salarios debidos.


DECLARACIÓN SUGERIDA DE IVA, NUEVO SERVICIO VIRTUAL DE LA DIAN

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A comienzos de julio de 2021 la Dian liberó, en la sección «Apréndelo en un DIAN X 3» de su portal web, la nueva cartilla Abecé: declaración sugerida, impuesto sobre las ventas – IVA, que será un nuevo servicio virtual que se aplicará a partir de las declaraciones bimestrales del período mayo-junio de 2021.

En esta cartilla (acompañada de otra llamada Paso a paso para acceder a la declaración de IVA sugerida) se indica que la declaración sugerida del IVA (al igual que lo que ha sido desde hace unos años la declaración de renta sugerida para personas naturales) es un mecanismo de facilitación y aprovechamiento de la información suministrada por los contribuyentes por medio del servicio de factura electrónica, mediante el cual la Dian pone a consideración de las personas naturales y jurídicas responsables del impuesto sobre las ventas algunas casillas diligenciadas con dicha información.

Por tanto, para conocer si la Dian ha prediligenciado una declaración de IVA sugerida, cada contribuyente deberá hacer la consulta en una sección especial del portal de la Dian.

Cuando el contribuyente ingrese a estudiar dicha declaración, se encontrará con que la administración tributaria le habrá prediligenciado los renglones de ingresos brutos 37 al 42 del formulario 300 y algunos renglones de la sección de compras, del IVA generado y del IVA descontable.

En todo caso, la información de tales renglones seguirá siendo totalmente editable. Además, como la información de las declaraciones sugeridas corresponde a la reportada en el servicio de facturación electrónica por las operaciones realizadas con los clientes del contribuyente, se advierte que la Dian no podrá hacer correcciones sobre dicha información.

Por ende, en caso de que el contribuyente encuentre información que no corresponda a su realidad jurídica, económica y financiera, deberá ingresar en este enlace para verificar que la información de los documentos (factura electrónica) reportados corresponda a su realidad jurídica, económica y financiera del bimestre sugerido. Una vez verificada la información, deberá realizar los ajustes en los casos que aplique e informar a la Dian sobre estos.

Si la información contenida en la declaración sugerida no refleja la realidad del contribuyente, o este prefiere realizar su declaración desde cero, podrá diligenciarla directamente en el Servicio de Diligenciamiento del Impuesto sobre las Ventas.


TRATAMIENTO EN LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LAS INDEMNIZACIONES POR SEGUROS DE VIDA

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Anteriormente las indemnizaciones por seguros de vida debían ser declaradas rentas ordinarias en las cédulas de rentas no laborales, tomándose como renta exenta el equivalente a 1.000 UVT. Para el año gravable 2020 se deberá tener en cuenta el nuevo tratamiento tributario de estas indemnizaciones.

Como será el tratamiento tributario que debe darse a las indemnizaciones por seguros de vida en la declaración de renta de una persona natural por el año gravable 2020. Veamos:

Las indemnizaciones por concepto de seguros de vida se encuentran gravadas a la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales, en el monto que supere las 12.500 UVT ($445.088.000 por 2020). El valor que no supere dicho monto será considerado como una ganancia ocasional exenta (ver el artículo 303-1 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el artículo 36 de la Ley 2010 de 2019).

Así pues, las personas naturales que por el año gravable 2020 recibieron indemnizaciones por seguros de vida deberán declararlas en la sección de ganancias ocasionales. No obstante, del valor recibido podrá restarse como ganancia ocasional exenta hasta el monto equivalente a 12.500 UVT. El valor que exceda de dicho monto estará gravado a la tarifa del 10 % de ganancia ocasional (ver el artículo 314 del ET).

Lo anterior es aplicable tanto a personas naturales contribuyentes del régimen ordinario como del régimen simple debido a que el parágrafo 6 del artículo 908 del ET establece que en el régimen simple las ganancias ocasionales se tratarán de la misma forma como si el contribuyente perteneciera al régimen ordinario.


CONSULTA DE DATOS PARA DECLARACIÓN DE RENTA 2020 DE PERSONAS NATURALES ESTÁ DISPONIBLE

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Desde el pasado 9 de julio de 2021 la Dian puso en funcionamiento los dos tradicionales servicios con los que se pretende facilitar cada año la elaboración de las declaraciones de renta del régimen ordinario de las personas naturales y sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad), sin importar si presentan la declaración en forma obligatoria o voluntaria.

En primer lugar, desde el 9 de julio se puso en funcionamiento el micrositio con recopilación de instrucciones básicas para elaborar y presentar la declaración de renta del año gravable 2020. En dicha declaración (que vencerá entre agosto y octubre de 2021) se tendrán que aplicar por primera vez cerca de 28 novedades normativas importantes (introducidas por la Ley 2010 de 2019, algunos decretos ordinarios o con fuerza de ley expedidos entre 2019 y 2021, sentencias de la Corte expedidas durante el año 2020 y resoluciones de la Dian expedidas desde 2019 hasta 2021).

En segundo lugar, desde el pasado 16 de julio se puso en funcionamiento el servicio de consulta de datos con el cual todas las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad) inscritas en el RUT (sin importar si por el 2020 pertenecieron al régimen ordinario o al régimen simple), y que hayan creado una cuenta de usuario en la plataforma Muisca de la Dian, podrán descargar un archivo de Excel con la recopilación de algunos datos por operaciones anuales (de compras, ventas, consignaciones, etc.) llevadas a cabo durante el año gravable 2020, los cuales fueron reportados bajo su cédula por las personas jurídicas y naturales que entregaron a la Dian, entre abril y junio de 2021, la información exógena del año gravable 2020.

Dicho reporte podrá ser utilizado para que cada persona natural y/o sucesión ilíquida elabore su declaración de renta del régimen ordinario, la cual, si se trata de personas que no son grandes contribuyentes, se vencerá entre agosto 10 y octubre 20 de 2021 y se elaborará utilizando los nuevos formularios 110 o 210, y los formatos 2516 y 2517, todo dependiendo de si por el año gravable 2020 fueron residentes o no residentes.

Para acceder al mencionado reporte, primero se debe iniciar sesión en el portal de la Dian (por la zona de usuarios registrados) y ubicar la opción “Información reportada por terceros”, que permitirá acceder a un menú especial en el cual se puede consultar actualmente la información de los años gravables 2016 a 2020.

El archivo contiene más información, incluso diferente a la incluida en los certificados de retención

Esta vez, como gran novedad, la Dian incluye en el archivo de consulta de datos una nueva información que anteriormente no se revelaba a pesar de que siempre la ha recibido cada año de parte de las empresas y municipios. En efecto, los asalariados podrán conocer los saldos de las cuentas por cobrar a su favor formados a diciembre 31 de 2020 en las contabilidades de las empresas (las cuales a dicha fecha tenían pasivos o cuentas por pagar al empleado por conceptos de salarios y prestaciones sociales).

De igual forma, dentro del mismo archivo de consulta de datos la Dian permite conocer los datos de los avalúos catastrales del año 2020 para los bienes raíces que al comienzo de dicho año le pertenecían a la persona natural que efectúa la consulta, los cuales son datos que cada año son entregados a la Dian por parte de todos los municipios de Colombia.

En todo caso, el dato del avalúo solo debe ser tomado en cuenta si la persona natural seguía siendo la dueña del inmueble a diciembre 31 de 2020 (pues los municipios solo hacen el reporte tomando los datos que figuraban en las cuentas de cobro del impuesto predial que se cancelaba a comienzos del año 2020, sin importar si el bien raíz sigue siendo o no propiedad de dicha persona natural a diciembre 31).


NOTIFICACIÓN DE AVISO SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE S.A.S

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Cualquier comentario por favor remitirlo a la casilla de correo electrónico arboleda.martha@hotmail.com

Sociedad: Construcciones Y Recubrimientos Industriales De Occidente S.A.S

Documentos:


RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS LABORALES COMO EXPERIENCIA PROFESIONAL

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El Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 616 del 4 de junio de 2021, por medio del cual reglamentó las disposiciones referentes al reconocimiento de las prácticas laborales como experiencia profesional. Esta experiencia podrá ser acreditada y válida para inserción laboral solo en el sector privado.

Estudiantes para los que aplica este decreto

El decreto en mención establece que sus disposiciones aplicarán para la experiencia adquirida mediante prácticas laborales, judicaturas, monitorías, contratos de aprendizaje, contratos de trabajo o de prestación de servicios y grupos de investigación. El desarrollo de estas actividades deberá estar relacionado directamente con el programa académico o formativo cursado por el estudiante.

Requisitos para solicitar el reconocimiento de la experiencia profesional

Esta nueva disposición normativa establece como requisitos para solicitar la experiencia profesional los siguientes:

  • Las prácticas deben ser realizadas por estudiantes de pregrado y posgrado en niveles técnico, tecnológico, profesional y universitario; estudiantes de educación para el trabajo o desarrollo humano; aprendices del Sena; estudiantes de escuela normal superior o estudiantes en formación por competencias según lo establece el inciso cuarto del artículo 194 de la Ley 1955 de 2019 (programas de formación para el trabajo por competencias).
  • Acreditar la realización de las prácticas bajo cualquiera de las modalidades mencionadas (contrato de aprendizaje, judicatura, etc.).
  • La experiencia profesional podrá ser válida, y presentada como tal, una vez el estudiante haya culminado el programa académico, aunque no le haya sido otorgado el título. Es decir, basta con que haya terminado de cursar todas las asignaturas dispuestas en el pénsum.

Procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional

El decreto en mención establece un procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional, el cual deberá ser aplicado solo por los estudiantes que realicen prácticas laborales o judicatura, o se encuentren vinculados mediante contrato de aprendizaje, de trabajo o de prestación de servicios. No aplicará para estudiantes que realicen monitorías o se encuentren en grupos de investigación.

Atendiendo a esto, se tiene que deberán cumplirse las siguientes pautas:

  • La entidad donde se realice la práctica o la judicatura, la empresa patrocinadora, el empleador o el contratante, según el caso en concreto, deberá emitir una certificación de las actividades realizadas por el estudiante.
  • Expedida dicha certificación, deberá ser enviada a la institución educativa donde se encuentra inscrito el estudiante para verificar la siguiente información: si la persona que solicita el reconocimiento de experiencia profesional era estudiante para la fecha en que realizó la actividad, si las actividades descritas en la certificación corresponden a temas relacionados directamente con el programa académico y si el estudiante terminó académicamente o es graduado.

En lo que respecta a las monitorías, le corresponde a la institución educativa expedir directamente el documento donde se certifique la experiencia, es decir, estos estudiantes no deben cumplir con la entrega del certificado de actividades.

Por su parte, la certificación de las actividades realizadas por los estudiantes de grupos de investigación deberá ser expedida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como por las entidades públicas y privadas que sean parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTeI–.

Una vez la institución educativa encuentre acreditados los requisitos, deberá expedir, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, la certificación en la cual se reconozcan al estudiante las prácticas como experiencia profesional. Esta certificación deberá titularse “Certificación de equivalencia de experiencia profesional previa” y deberá contener la siguiente información:

  • Nombre e identificación de las partes (estudiante, institución educativa y lugar de la práctica).
  • Fecha de inicio y terminación de las prácticas.
  • Actividades realizadas.
  • Horario en el que se realizaron las actividades.
  • Modalidad de vinculación o contratación.

Porcentaje de reconocimiento de experiencia profesional

Se establece que el valor asignado a la experiencia previa será menor a la experiencia adquirida posteriormente a la obtención del título. Esto supone que en los certificados donde se acredite la experiencia previa se reconocerá el 80% de la intensidad horaria dedicada a la actividad reconocida como experiencia profesional válida.

Por último, este nuevo decreto dispone que los empleadores del sector privado deberán reconocer con plena validez la experiencia profesional acreditada mediante el certificado emitido por la institución educativa.


DECLARACIÓN DE RENTA POR PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A DECLARAR

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El artículo 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 1680 de 2020, señala que no estarán obligados a presentar la declaración de renta por el año gravable 2020 las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2020 no exceda de 4.500 UVT ($160.232.000).
  • Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UVT ($49.850.000).
  • Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 UVT.
  • Que el valor total de compras y consumos no supere las 1.400 UVT.
  • Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT.
  • Que no sean responsables de IVA en el régimen común al cierre del año.

Ahora bien, las personas naturales que cumplan con los requisitos anteriormente señalados tienen la posibilidad de presentar la declaración de renta de manera voluntaria. No obstante, es preciso considerar ciertos aspectos relacionados con esta declaración. Veamos:

Declaración voluntaria cuando al contribuyente se le practiquen retenciones en la fuente

De acuerdo con el parágrafo del artículo 6 del Estatuto Tributario –ET–, las personas naturales residentes en Colombia, a quienes se les haya practicado retenciones en la fuente y no cumplan los requisitos para estar obligados a declarar, podrán presentar dicha declaración de forma voluntaria, la cual surtirá todos los efectos legales.

Así, los contribuyentes, que sin estar obligados a declarar presenten la declaración de renta voluntariamente, podrán solicitar la devolución del saldo a favor que liquiden en el formulario 210 o también solicitarlo en compensación.

Declaración voluntaria cuando al contribuyente no se le practica retención en la fuente

En caso de que la declaración de renta sea presentada voluntariamente por parte de una persona natural, no obligada a declarar, a la cual no se le practicaron retenciones en la fuente durante el año gravable, el artículo 594-2 del ET precisa que estas no producirán efecto legal alguno.

Por tanto, si una persona natural, la cual no estuvo sometida a retención en la fuente, presenta voluntariamente su declaración de renta del año gravable 2020, esta no se dará como presentada y no tendrá ningún efecto jurídico.

Así, es preciso recordar que, conforme al artículo 594 del ET, a las personas naturales no obligadas a presentar la declaración de renta no se les puede exigir dicho documento, pues este será reemplazado por el certificado de ingreso y retenciones –formulario 220–, el cual, según lo dispuesto en el artículo 632 del ET, deberá ser conservado por un período mínimo de 5 años.

En este orden de ideas, solo las personas naturales no obligadas a declarar, a las cuales se les haya practicado retenciones en la fuente, podrán presentar voluntariamente su declaración de renta, la cual será aceptada fiscalmente. No obstante, es preciso tener en cuenta que estos contribuyentes deberán conservar los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores.


DOCUMENTO SOPORTE EN COMPRAS CON NO OBLIGADOS A FACTURAR

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El artículo 1 del Decreto 358 de 2020 sustituyó al artículo 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 para fijar pautas respecto al documento soporte para las adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta y formalizar la cuenta de cobro.

En este orden de ideas, la Dian, a través del artículo 55 de la Resolución 000042 y la Resolución 000012 de 2021, estableció una serie de instrucciones con el propósito de unificar el tratamiento del documento soporte e incluirlo dentro del sistema de facturación electrónica.

A continuación, presentamos los aspectos básicos que se deben conocer respecto a este nuevo documento soporte. Veamos:

Características del documento soporte

Cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción –para la aceptación fiscal de costos, deducciones o impuestos descontables– deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.
  • Tener la fecha de la operación, que debe corresponder a la fecha de generación del documento.
  • Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de contratos suscritos con personas no residentes fiscales en el territorio colombiano, no inscritos en el RUT, el requisito del NIT será cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente.
  • Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.
  • Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la Dian.
  • Tener descripción específica del bien o servicio prestado.
  • Detallar el valor total de la operación.

Además de los requisitos mencionados, se deberán cumplir las siguientes exigencias:

  • Incluir firma del emisor del documento soporte al momento de la generación.
  • Utilizar el formato electrónico de generación fijado por la Dian.

Obligados a adoptar el anexo técnico de documento soporte

Deberán adoptar el Anexo técnico de documento soporte – versión 1.0 todos los sujetos al adquirir bienes y/o servicios por parte de un proveedor no obligado a expedir factura de venta. Esto con el propósito de que puedan documentar la transacción y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, según sea el caso.

Inconvenientes tecnológicos

De acuerdo con el anexo técnico, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos por parte del facturador o de la Dian, no se contemplará la emisión del documento soporte electrónico. Sin embargo, una vez se restablezcan los servicios, deberá efectuarse la respectiva transmisión a la Dian.

Documento soporte en la importación de bienes

Para el caso de importación de bienes, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción será la declaración de importación presentada, la cual dará lugar a la aceptación de costos, deducciones o impuestos descontables. Esto siempre y cuando no corresponda a operaciones celebradas con o entre usuarios de zonas francas.

Documento soporte en operaciones con no residentes en Colombia

El documento soporte será válido en los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en Colombia, y se deberán cumplir los requisitos antes señalados. Para efectos de la procedencia del IVA descontable, será necesario acreditar que se practicó la respectiva retención en la fuente a título del IVA, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 437-2 del ET o la retención a título de renta.


TRABAJADORES EN EL EXTERIOR PODRÁN SUMAR COTIZACIONES PARA PENSIONARSE

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Los colombianos que cotizan a pensión en el exterior y han realizado sus aportes al sistema de seguridad en un país iberoamericano podrán acceder ahora a pensiones de vejez, invalidez y/o sobrevivencia de origen común.

Lo anterior, según lo estipula el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que adopta el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social –CMISS–, texto admitido en noviembre de 2007. Entre los países firmantes del acuerdo están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, entre otros.

Al respecto, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha dicho que con este convenio se amplían los mecanismos de protección social para los colombianos que han laborado, se encuentran laborando o se trasladan a alguno de los 15 países que firmaron este pacto, así como a los extranjeros provenientes de esos países empleados en Colombia.

También se fortalece la formalización laboral «al generar escenarios más justos y equitativos donde se tenga acceso a oportunidades dignas, decentes y de calidad que retribuyan en bienestar y desarrollo», explica Cabrera.

¿Qué permitirá el convenio una vez se implemente?

  • Garantizará la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo.
  • Admitirá la totalización de los períodos de cotización a pensión acreditados en los distintos países que hacen parte del convenio, garantizándose así la conservación de los derechos en curso de adquisición.
  • Asegurará la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país.
  • Permitirá la aplicación de las disposiciones más favorables al trabajador en el caso de que existan un convenio bilateral.
  • Establecerá la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios.
  • No modificará las legislaciones de los países. Las coordinará para evitar la pérdida de derechos contributivos.

¿Cuáles prestaciones quedan coordinadas?

Se refiere a las pensiones de vejez, invalidez, supervivencia y otras prestaciones económicas que pudieran derivarse de situaciones similares.

¿Cuáles principios se respetan?

Contiene los principios básicos propios de estos instrumentos internacionales, como son: el respeto a las legislaciones nacionales; la igualdad de trato; el sometimiento a la legislación nacional del país en el cual se realiza la actividad laboral; la garantía de los derechos en curso de adquisición; pero también de los derechos adquiridos y la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones.

Además, se conserva el derecho y pago de pensiones en el extranjero, garantizando la revalorización de pensiones.

Solo resta la sanción presidencial para que entre en vigor

Cabe destacar que, aunque el país se acogió el 10 de noviembre de 2007 a este convenio, solo hasta ahora, y después de varios intentos por lograr su trámite ante el legislativo, se alcanza que el Congreso de la República lo apruebe. Solo resta la sanción presidencial para su entrada en vigor.

Las personas que están o estuvieron cotizando en alguno de los países firmantes del convenio y creen que tienen derecho a pensión por haber cumplido los requisitos podrán solicitar la sumatoria de los períodos cotizados una vez el CMISS sea ley.

Hoy por hoy en 12 países se está aplicando el convenio: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Colombia se convertiría en el país número 13.


HISTORIA LABORAL DE PENSIONES, IMPORTANCIA DE SU REVISIÓN PERIÓDICA

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Si cotizas a pensiones debes saber que la historia laboral es uno de los documentos más importantes en materia pensional, ya que refleja ordenada y sucesivamente la relación de los aportes a pensiones obligatorios realizados al sistema general de pensiones, con base en los salarios devengados en cada período, así como el número de semanas acumuladas.

Es recomendable que quienes cotizan a pensión realicen un seguimiento constante a este documento y no dejen la revisión para cuando se esté cerca de solicitar el beneficio pensional. Tener al día la historia laboral le permitirá al afiliado gestionar su beneficio pensional en el menor tiempo posible y disfrutar de su mesada sin contratiempos.

¿Qué información se encuentra en la historia laboral?

La información más relevante de este documento son las semanas cotizadas tanto en el régimen público como en los fondos privados, también se encuentra el detalle de los tiempos de bono pensional si la persona tiene derecho a este.

En un fondo privado está segmentada en tres puntos:

  • La historia laboral consolidada (semanas y capital).
  • La historia laboral por consolidar (semanas reportadas, pero sin capital que los respalde aún) es un indicio que en algunos casos no es recuperable porque depende de las validaciones de las entidades externas, quienes finalmente confirman si procede el pago de esos periodos o no.
  • Un tercer elemento asociado al detalle de cada período.

¿Qué es el bono pensional?

Es un título representativo de las semanas de cotización al régimen de prima media antes de trasladarse a un fondo privado de pensiones. El valor del bono hará parte del capital necesario para financiar su pensión.

¿Cada cuánto se debe revisar la historia laboral?

El primer mecanismo para esta revisión es el extracto trimestral de pensiones obligatorias que refleja la cotización que hicieron los empleadores o trabajadores independientes en ese período. Este es el medio por el cual el afiliado verificará el cumplimiento del pago de la cotización a pensión obligatoria y que el fondo de pensiones registre tanto las semanas como el saldo en su cuenta individual.

El segundo mecanismo de revisión es la historia laboral consolidada que muestra todas las cotizaciones que se han hecho en toda la vida laboral al sistema general de pensiones.

Para las personas que están, por ejemplo, a 5 o 2 años de la edad de pensión, este procedimiento de verificar la historia laboral es clave para que anticipadamente se realice con el fondo la revisión y actualización de la información que pueda faltar y lograr con tiempo la consecución de los certificados con las entidades correspondientes.

¿Qué puede hacer una persona para recuperar las semanas que le faltan en su historia laboral?

Lo primero es reportar ante la administradora de pensiones los períodos no registrados en la historia laboral, informando situaciones como:

  • Dónde laboró.
  • Tiempos pendientes.
  • Datos del empleador con el cual trabajó.

Con esta información el fondo de pensiones iniciará las gestiones correspondientes ante las entidades externas para verificar y normalizar las incidencias identificadas a fin de hacer más fácil la solicitud del beneficio pensional. El afiliado puede hacer este proceso de reporte de inconsistencias por los canales de atención dispuestos por cada fondo de pensiones o acercándose a la red de oficinas. 

¿Cada cuánto envía el fondo de pensiones este documento a sus afiliados?

El certificado de historia laboral no se envía periódicamente, sin embargo, el afiliado la puede consultar las veces que así lo considere. Lo que sí hacen los fondos es enviar los extractos de pensiones obligatorias cada trimestre, documento que refleja:

  • Saldo total (aportes y rendimientos).
  • Semanas cotizadas.
  • Multifondo(s) en el que tiene el ahorro y la rentabilidad.
  • Segmento a partir de su edad y género.
  • Recomendaciones sobre lo que debe tener en cuenta el afiliado para la construcción de su ahorro pensional.

Para los afiliados que están a 2 años de la edad de pensión se les envía la historia laboral para su revisión. Es importante que los afiliados tengan actualizados sus datos de contacto y respondan a esa solicitud de verificación de historia laboral, indicando si están de acuerdo o tienen ajustes para solicitar. De esta manera, al momento de solicitar su beneficio pensional el procedimiento será muy ágil y fácil.