El Decreto 0572 de 2025, para adelantar el cobro del impuesto de renta, tiene en vilo uno de los mecanismos tributarios de articulación entre el sector privado y las comunidades más vulnerables: obras por impuestos.
La norma ha generado preocupación entre gremios y expertos, quienes advierten que la medida podría afectar la viabilidad de nuevos proyectos el próximo año.
Cabe recordar que el decreto modificó las tarifas de autorretención del impuesto de renta, con el objetivo de reforzar las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda presentó la medida como una estrategia para asegurar flujo de recursos, mejorar el recaudo y controlar la evasión tributaria.
Sin embargo, el anuncio de la norma desató inquietud en diversos sectores productivos. Agremiaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) alertaron sobre el riesgo de comprometer la liquidez de las compañías y generar complicaciones futuras para el fisco.
El mecanismo de obras por impuestos requiere que las compañías presenten proyectos viables y los ejecuten bajo lineamientos específicos, como localización en municipios Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) o territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
La ejecución de estas iniciativas permite a las empresas acreditar el valor invertido como parte del pago de su impuesto de renta, pero si la obligación ya ha sido cubierta por anticipado, la viabilidad de nuevos proyectos se vuelve incierta.