Con ocasión de la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional de la época expidió los decretos legislativos 560 y 772 de 2020, con el fin de establecer un régimen abreviado y expedito de insolvencia empresarial, buscando facilitar y agilizar los procesos de reorganización y liquidación empresarial.
Estas medidas han sido positivas para el salvamento empresarial, la protección de los empleos y la reactivación económica, ya que han proporcionado un marco legal de insolvencia flexible, simplificado y expedito frente a entornos económicos desafiantes.
Posteriormente, la Ley 2277 de 2022 prorrogó los decretos citados hasta el 31 de diciembre de 2023. Debido a que a partir de esa fecha ya no estarían vigentes, el Congreso de la República aprobó recientemente los proyectos de ley por medio de los cuales se adoptaron de manera permanente las medidas establecidas en los citados decretos.
¿Qué es la insolvencia empresarial?
Cuando una empresa no puede pagar sus deudas a tiempo, se debe a que tiene más pasivos que activos. Este desequilibrio financiero la deja sin suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones, llevándola a un estado de cesación de pagos.
La insolvencia empresarial es el proceso reglado y legal mediante el cual una empresa puede suscribir acuerdos de pago con sus acreedores frente a las obligaciones atrasadas, mediante su propia reestructuración o mediante la liquidación de la sociedad en un proceso judicial.