Álvaro Fonseca Vivas, contador público y revisor fiscal con experiencia en auditoría financiera, forense y de gestión dice que, como se ha mencionado desde la Ley 58 de 1931 y la Ley 73 de 1935, la función del revisor fiscal es dar fe pública y atestar sobre los actos que realiza la administración de las organizaciones.
“Dentro de su papel está mencionar aquellos aspectos que no cumplan o estén tipificados como prohibidos por la ley; lo mismo que el contador público cuyas funciones y su Código de Ética le exigen comunicar aquellos aspectos que están fuera de la ley”, dice Fonseca Vivas.
Sin embargo, para él, nos hemos acostumbrado a dejar que las cosas pasen, “hacernos los de la vista gorda”; o lo que es peor, ser parte de ello y no decir nada por miedo a represalias, con lo que ayudamos a fortalecer los fraudes y delitos. Por lo tanto, esto fomenta la corrupción al interior de las empresas donde se trabaja, aunque esto conlleve inconvenientes en el aspecto laboral.
Jeisson Ramírez Morales, contador público, especialista en derecho tributario, certificado por ACCA en NIA y con amplia experiencia en revisoría fiscal dice que los contadores públicos deben tener un conjunto de herramientas para combatir la corrupción al interior de las empresas.
“Experiencia, sólidos conocimientos técnicos normativos y mucho sentido común para identificar indicios de conductas que se salen de los lineamientos éticos o que puedan significar un abuso de las normas contables, tributarias, etc. Para estos temas es de gran ayuda tener conocimientos en auditoría forense y minería de datos”, explica Ramírez Morales.
Además de lo anterior, para él se debe conservar la evidencia objetiva de las presuntas actuaciones indebidas, para luego informarlo ante la alta dirección de la compañía.
“Si los indicios de la conducta atípica también involucran a esta, de igual forma se deberá conservar la evidencia objetiva y, en este caso, acudir ante las autoridades pertinentes para denunciar los hechos”, afirma.
Para Fonseca Vivas, la primera herramienta que debe tener en cuenta el profesional contable es la ética, seguido del soporte de las evidencias y las pruebas. Lo anterior, porque por las manos del contador público pasan todos los documentos de las operaciones de la organización empresarial, los cuales son preparados como los estados financieros, que al momento de ser revelados y analizados para posteriormente asegurar la calidad de la información financiera es donde se detectan todos los aspectos que no cumplen con lo exigido por las normas, políticas y procedimientos establecidos.
“Por ello, los informes de los reportes son de gran importancia para los comités de auditoría y las reuniones donde se participe con la alta dirección, dejando evidencia de esto”, indica Fonseca Vivas.
Al igual que Fonseca Vivas, Ramírez Morales advierte que “hacerse el de la vista gorda” es tener una participación pasiva en los actos delictivos y, dependiendo de cada situación, estos profesionales podrían incluso verse involucrados en procesos de tipo penal.
En términos de los motivos para que no se denuncien actos corruptos, Ramírez Morales afirma que existe temor al considerar la posibilidad de que los presuntos implicados en dichas actuaciones puedan enviar amenazas o tomar represalias. En segundo lugar, existe miedo a no recibir el suficiente apoyo por parte del gremio de contadores. Finalmente, está el costo de oportunidad económica que enfrentará quien hace la denuncia, puesto que seguramente deberá renunciar a la empresa.