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INSCRIPCIÓN DE OFICIO EN EL RUT DE PERSONAS NATURALES

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El pasado 2 de mayo de 2022 el Ministerio de Hacienda expidió su Decreto 678 para modificar 20 artículos del DUT 1625 de 2016 relacionados con los procesos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del RUT.

Inscripción de oficio en el RUT para personas naturales

Algunas de las modificaciones se hicieron con el propósito de reglamentar el cambio introducido con el artículo 12 de la Ley 2155 de septiembre 14 de 2021, el cual le agregó un inciso cuarto al parágrafo 2 del artículo 555-2 del Estatuto Tributario –ET– (norma relacionada con el RUT), en el cual se lee:

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN podrá inscribir de oficio en el Registro Único Tributario -RUT a cualquier persona natural, que de acuerdo con la información que disponga, sea sujeto de obligaciones administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Para lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, compartirán de forma estándar la información básica necesaria para la inscripción.

El Gobierno nacional reglamentará los parámetros de la entrega de esta información, así como los términos de la inscripción de oficio de la que trata el presente artículo.

Se entiende que la Dian necesita inscribir de oficio a ese tipo de personas naturales para luego poder aplicarles lo que se dispone en el artículo 616-5 del ET (creado con el artículo 16 de la Ley 2155 de 2021). En este se indica que la Dian, utilizando la información de la plataforma de facturación electrónica, podrá generar una “determinación oficial del impuesto de renta” a los contribuyentes que estando obligados a declarar no lo hagan oportunamente.

Consideraciones de la inscripción de oficio en el RUT para el régimen simple

El parágrafo 1 del artículo 903, y los dos últimos incisos del artículo 913 del ET (creados con la Ley 1943 de diciembre de 2018 y ratificados con la Ley 2010 de diciembre de 2019), establecieron que desde diciembre de 2018 la Dian puede inscribir de oficio en el régimen simple, y elaborarles una declaración oficial del régimen simple, a los contribuyentes que no hayan declarado cualquiera de los impuestos sobre la renta y complementario, sobre las ventas, al consumo y/o el impuesto de industria y comercio consolidado.

Por lo anterior, para este tipo de procedimientos es necesario que el contribuyente primero figure inscrito en el RUT, aunque sea de forma oficiosa.

Luego de los cambios introducidos por el mencionado decreto, la inscripción de oficio en el RUT también se podrá realizar con la simple información que disponga la Dian (como la obtenida con la información exógena) y con la cual se pueda deducir que la persona natural sí debe presentar obligaciones tributarias.

Además, para completar los datos de la inscripción en el RUT, se usará la información obtenida de fuentes confiables tales como el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

En todo caso, la norma no aclara si al realizarse la inscripción de oficio en el RUT la persona natural quedaría perteneciendo al régimen ordinario (responsabilidad 05) o al régimen simple (responsabilidad 47). Al respecto, lo único que se indica en la nueva versión del parágrafo 2 del artículo 1.6.1.2.13 del DUT 1625 de 2016 es que la Dian se basará en los reportes que realicen los municipios acerca del incumplimiento de las personas naturales sobre sus obligaciones tributarias municipales, y con eso la Dian les podrá hacer la inscripción de oficio en el RUT bajo el régimen simple.

De todas formas, la Dian tendrá que hacer todas las evaluaciones del caso, pues, si la persona natural no cumple todos los requisitos de los artículos 905 y 906 del ET, no podría quedar inscrita de oficio en el régimen simple y se haría necesario inscribirla de oficio en el régimen ordinario.


ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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El pasado 28 de abril de 2022 se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, motivo por el cual el Ministerio del Trabajo invitó a los empleadores para que reporten los estándares mínimos de seguridad y salud, para así prevenir y evitar accidentes y enfermedades laborales.

Al respecto, Jorge Fernández, coordinador del Grupo de Promoción y Prevención de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, afirma que el reporte de los estándares mínimos garantiza:

  • El mejoramiento del comportamiento de los empleados.
  • Las condiciones del entorno laboral.
  • El medio ambiente laboral.
  • El control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

¿Quiénes están obligados a presentar los estándares de seguridad y salud en el trabajo?

La Resolución 0312 de 2019 indica que el reporte de estándares mínimos es obligatorio para todos los empleadores; estos se armonizan a cada tipo de empresa o entidad, según el número de trabajadores, actividad económica, clase de riesgo, oficios o labor que desarrollen.

Implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo ofrece ventajas como:

  • Mejorar el ambiente laboral y el bienestar.
  • Disminuir las tasas de ausentismo por enfermedad.
  • Reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo.
  • Aumentar la productividad.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la aplicación de los estándares mínimos dependen del número de trabajadores y la clase de riesgos que tenga la empresa. Para esto, los principios deben estar enfocados al ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar).

Cabe recordar que los estándares mínimos se deben reportar en la página web del fondo de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo.

Autoevaluación del SG-SST

Las empresas que en su autoevaluación del SG-SST obtengan 85 % o menos deben realizar un plan de mejoramiento. En diciembre de cada año, empleadores y contratantes deben realizar la autoevaluación del SG-SST, reportarla al Ministerio del Trabajo y a la ARL, y enviar el plan de mejora a esta última, si aplica.

La persona encargada del SG-SST debe realizar una autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo utilizando la tabla de valores de los estándares mínimos del artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019.

Cuando se realiza la evaluación, hay que imprimirla; el empleador y el responsable de su ejecución la deben firmar.

La autoevaluación dependerá de condiciones como:

  • Estándares mínimos para unidades de producción agropecuaria con 10 o menos trabajadores de forma permanente, clasificadas con riesgo I, II o III.
  • Estándares mínimos para empresas, empleadores o contratantes con 10 o menos trabajadores.
  • Estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores con niveles de riesgo I, II o III.
  • Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores clasificadas con niveles de riesgo I, II, III, IV o V, y las de cincuenta 50 o menos trabajadores con niveles de riesgo IV o V.

FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES DE RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS

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La firmeza es la condición jurídica que adquiere una declaración tributaria después de haber transcurrido el plazo para que la Dian expida la notificación de requerimiento especial.

Al respecto, las versiones vigentes del artículo 714 del Estatuto Tributario –ET– y del artículo 117 de la Ley 2010 de 2019 establecen que la declaración del impuesto de renta tendrá un período de firmeza especial que será de 3 a 5 años.

Así, por ejemplo, si se trata de una declaración de renta del régimen ordinario en la cual no se liquidan pérdidas fiscales (independientemente de si la declaración arroja saldo a pagar o a favor), la Dian dispone de tres (3) años para auditarla, contados desde el vencimiento del plazo para declarar en el caso de las declaraciones presentadas oportunamente, o desde el día de la presentación si son extemporáneas.

En todo caso, si el saldo a favor de la declaración es solicitado en devolución o compensación, los tres años para auditarla empezarán a contar desde el momento en que se haya presentado la respectiva solicitud.

De acuerdo con el artículo 147 del ET, la Dian dispone de doce (12) años para auditar una declaración de renta del régimen ordinario si sobre ella se liquida alguna pérdida fiscal compensable en ejercicios siguientes. Sin embargo, la Ley 2010 de 2019 indica lo siguiente:

Artículo 117. Término de firmeza. El término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, o que estén sujetos al régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) años.

Por lo tanto, para las declaraciones presentadas a partir de la vigencia 2020 y siguientes, la firmeza operará así: en el caso de la declaración del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia, el período de firmeza corresponderá a cinco (5) años, de la misma forma que ocurre con las declaraciones en las que se determinen o compensen pérdidas. Sin embargo, aún no es claro si este plazo empieza con posterioridad al año gravable en el que se liquidó la pérdida o luego de presentar la declaración.

Beneficio de auditoría

En concordancia con el nuevo artículo 689-2 del ET (beneficio de auditoría), modificado por el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019, en el caso de las declaraciones de renta del régimen ordinario de los años gravables 2019, 2020 o 2021 que se presenten cumpliendo los requisitos allí establecidos, la Dian dispondrá de 6 o 12 meses para auditarlas (contados desde la fecha de su presentación).

Para lograr el mencionado beneficio es necesario que la persona jurídica, persona natural o sucesión ilíquida cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:

Oportunidad para corregir las declaraciones de renta

Teniendo en cuenta que el plazo para corregir una declaración tributaria es de tres (3) años, contados a partir del plazo para declarar, si un contribuyente, por ejemplo, presentó su declaración de renta del año gravable 2021 el 7 de abril de 2022 (día en el que se vence el plazo para declarar), tendrá oportunidad de corregir dicha declaración hasta el 7 de abril de 2025.

Por otra parte, es importante resaltar que, si se trata de correcciones mediante las cuales se pretenda disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, atendiendo las indicaciones del artículo 589 el ET (no modificado por la Ley 2010 de 2019), el contribuyente dispone de un (1) año a partir del vencimiento del plazo para declarar.

Además, cuando las declaraciones de renta del régimen ordinario de los años gravables 2020 o 2021 queden amparadas con el beneficio de auditoría del artículo 689-2 del ET al que nos referiremos a continuación, el contribuyente tampoco podrá modificarlas después de que hayan transcurrido seis (6) o doce (12) meses desde su presentación, pues, si la declaración queda en firme para la Dian, también para el contribuyente, de manera tal que no se admitirán correcciones.


ENTREGA DE DOTACIÓN AL EMPLEADO, TENGA EN CUENTA

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El artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– contempla la obligación de hacer entrega de la dotación, consistente en el suministro de calzado y vestido para ejercer la labor contratada, según las necesidades que se requieran.

De esta manera, para el derecho laboral resulta de vital importancia que el trabajador ejerza sus funciones con el cumplimiento de los deberes de protección y seguridad que el empleador debe garantizar.

Naturaleza de la entrega de dotación

La dotación como prestación social consiste en la entrega material y gratuita, 3 veces por año laborado, de un vestido y un par de zapatos al trabajador, para usarlos en las labores propias de su empleo. Es necesario mencionar que esta es una prestación social que no constituye salario, por lo cual no se computará como factor salarial para ningún efecto.

El empleador será quien decida el tipo de calzado y vestido de labor que más le convenga al trabajador, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de funciones que se desempeñen y el clima o medioambiente, los instrumentos o materiales que manipulará, entre otras circunstancias y factores vinculados directamente con la labor desarrollada.

Fechas de entrega

El artículo 232 del CST indica que las fechas de entrega de la dotación son las siguientes:

  • 30 de abril.
  • 31 de agosto.
  • 20 de diciembre.

Incumplimiento de la prestación y perjuicios

El objetivo de esta dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas, y es imperativo que lo haga, so pena de perder el derecho a recibirla para el período siguiente. Por lo tanto, a la finalización del contrato no tiene sentido entregar la dotación, pues esta se justifica en beneficio del trabajador activo.

Por otra parte, no está previsto el mecanismo de la compensación en dinero, incluso el Legislador lo prohibió en forma expresa y terminante en el artículo 234 del CST. Sin embargo, si el empleador a la terminación del contrato de trabajo no hizo entrega de la dotación debida en las fechas oportunas, está obligado a pagar la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y en favor de la afectada, por los daños padecidos por el trabajador con el incumplimiento.

En suma, el suministro de calzado y de vestido de labor como obligación laboral en especie no se debe pagar a la terminación del contrato de trabajo, de forma que su incumplimiento no puede generar la indemnización por falta de pago prevista por el artículo 65 del CST, pero sí indemnización por perjuicios.

Beneficiarios de la dotación

Así las cosas, son beneficiarios de la dotación los trabajadores con las siguientes tres características:

  • Vinculados con contrato de trabajo.
  • Han laborado por lo menos 3 meses de forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro.
  • Devengan una asignación básica mensual inferior a 2 veces el salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– ($2.000.000 para 2022)

Si el beneficiario no usa la dotación, el empleador se libera de la obligación correspondiente en los períodos siguientes, conforme lo señala el artículo 233 del CST. En este caso, el empleador debe dar aviso por escrito al inspector de trabajo.

 


NEGOCIO EN MARCHA, QUÉ HACER ANTE EL RIESGO DE INSOLVENCIA

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Una entidad es un negocio en marcha cuando tiene la capacidad de continuar operando, por lo menos, durante un período adicional después de la fecha sobre la que informa. Al respecto, el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 estableció como causal de disolución de una sociedad el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

Resultado de los indicadores de deterioro patrimonial y riesgos de insolvencia

Es importante mencionar que el Decreto 1378 de octubre de 2021 establece que los administradores sociales deberán monitorear los estados financieros, la información financiera y las proyecciones de la sociedad comercial para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

De esta manera, el decreto expone una serie de indicadores que deberán usarse para determinar estos criterios sobre deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia, los cuales deben aplicarse a los resultados de cada ejercicio para determinar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

Indicador

Dimensión

Fórmula

Posición patrimonial negativa

Deterioro patrimonial

Patrimonio total < $0

Dos períodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio

Deterioro patrimonial

  • Resultado del ejercicio anterior < $0
  • Resultado del último ejercicio < $0

Dos períodos consecutivos de cierre con razón corriente financiera inferior a 1,0

Riesgo de insolvencia

  • Activo corriente/Pasivo corriente < $1,0 del ejercicio anterior
  • Activo corriente/Pasivo corriente < $1,0 del último ejercicio

Si los indicadores anteriores (posición patrimonial negativa, dos períodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio o dos períodos consecutivos de cierre con razón corriente inferior a 1,0) cumplen los criterios establecidos en el decreto, se puede identificar que la entidad se encuentra en riesgo de insolvencia o deterioro patrimonial.

De ser este el caso, se puede determinar, además, un incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, lo cual constituye causal de disolución para la compañía en los términos de la Ley 2069 de 2020.

Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que para entrar en la causal de disolución no es necesario que se cumpla la totalidad de los indicadores mencionados; con uno solo que se cumpla será suficiente.

¿Qué hacer ante indicadores que denotan un deterioro patrimonial o riesgo de insolvencia?

Al final de cada período, una entidad debe evaluar la capacidad de continuar como negocio en marcha. Si la entidad se encuentra en deterioro patrimonial o riesgo de insolvencia por la evaluación de los indicadores anteriores, deberá evitar tanto sanciones como la responsabilidad solidaria de los administradores y accionistas frente a terceros. Para ello deberá:

  • No iniciar operaciones nuevas distintas a las del giro ordinario de los negocios.
  • Convocar al máximo órgano social.
  • Incluir estos y otros indicadores clave en el informe de gestión de los administradores.
  • Proyectar los presupuestos y flujos de caja descontados.

Un aspecto importante para considerar es que el revisor fiscal de una entidad obligada a tenerlo deberá verificar que la administración evaluó el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha según el Decreto 1378 de 2021 y la NIA 570, que dispone de otros indicadores.

¿Está vigente la suspensión de esta causal de disolución?

Recordemos que mediante el Decreto Ley 772 de 2020 se realiza una suspensión temporal de la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, esto para apoyar a las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en el país.

Esta causal de disolución estuvo suspendida hasta el 16 de abril de 2022; así lo explicó la Superintendencia de Sociedades por medio del Concepto 220-000001 del 2 de enero de 2022.

Por lo anterior, se entiende que actualmente se encuentra en vigor la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

¿Cuál es el marco normativo para las empresas que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha?

Si una entidad deja de cumplir la hipótesis de negocio en marcha, no puede seguir preparando sus estados financieros bajo los marcos normativos del Estándar Pleno (grupo 1), Estándar para Pymes (grupo 2) y el de las microempresas (grupo 3).

Así las cosas, el anexo 5 del DUR 2420 de 2015 establece el marco técnico de elaboración de los estados financieros para las empresas que no cumplen con el principio de negocio en marcha.

Dicho anexo, en su párrafo 7, establece que, cuando la administración de la entidad al realizar la evaluación del cumplimiento de la hipótesis sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, deberá revelarlas en los estados financieros.


CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO EN OPERACIONES A CRÉDITO MEDIANTE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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Luego de las modificaciones introducidas por la Ley 2155 de 2021 al artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET–, respecto a los sistemas de facturación, se estableció en un inciso 10 que para efectos de control, cuando la venta de un bien y/o prestación de servicios se realice a través de una factura electrónica y dicha operación sea a crédito o se otorgue un plazo para el pago, el adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica y de los bienes o servicios adquiridos, esto mediante mensaje electrónico remitido al emisor, atendiendo los plazos condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos por la Dian.

Cuando el adquiriente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibido de la factura electrónica y de los bienes y/o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura se constituya como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.

En atención a lo anterior, el 8 de abril de 2022 la Dian expidió la Resolución 000085 para reglamentar el registro de la factura electrónica como título valor y, además, regular el mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura y de los bienes y/o servicios.

Esto, bajo el entendido de que dicho mensaje es requerido para que la factura electrónica sea título valor y por ende pueda circular en el Radian. Además, es necesario que todos los adquirientes, independientemente de que sean facturadores electrónicos o no, remitan dichos mensajes a través del sistema de facturación electrónica, con el fin de mantener la trazabilidad de la factura electrónica dentro del respectivo sistema.

Factura electrónica servirá como soporte de costos y deducciones cuando se emita el mensaje electrónico de recibido

En este orden de ideas, mediante el artículo 34 de la Resolución 000085 de 2022, la Dian señaló que, de conformidad con lo establecido en el inciso 10 del artículo 616-1 del ET, la factura electrónica expedida en una operación a crédito o en la que se otorgue un plazo para su pago constituirá soporte de costos, deducciones e impuestos descontables cuando el adquiriente confirme el recibido de la factura y de los bienes o servicios adquiridos, mediante mensaje electrónico remitido al emisor, atendiendo las condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos en el anexo técnico que acompaña la resolución antes mencionada.

Así, la implementación del envió del mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura electrónica y de los bienes y/o servicios adquiridos deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Resolución 000085 del 8 de abril de 2022.

Es decir, a partir del 8 de julio del año en curso, todos los adquirientes de bienes o servicios, sean o no facturadores electrónicos, deberán emitir los mensajes electrónicos de confirmación de recibido de facturas y de bienes o servicios adquiridos, para que la factura electrónica constituya el soporte de costos y deducciones o impuestos descontables.

Cabe señalar que el envío del mensaje electrónico de confirmación de recibido deberá realizarse a través del sistema de facturación, ya sea a través del software propio, del proporcionado por un proveedor tecnológico o la solución gratuita de la Dian.

Sujetos no obligados a expedir factura electrónica deberán habilitarse en el sistema de facturación

Según el parágrafo del artículo 34 de la Resolución 000085 de 2022, quienes no se encuentren obligados a expedir factura electrónica o documento equivalente y realicen operaciones a crédito o en las que se otorgue un plazo para el pago de estas y requieran soportar costos, deducciones en renta e impuestos descontables en IVA deberán surtir el proceso de habilitación en el sistema de facturación electrónica, descrito en el artículo 22 de la Resolución 000042 de 2020, para efectos de la generación y remisión del mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura y de los bienes y/o servicios adquiridos.

Una vez habilitado en el sistema de facturación electrónica, el adquiriente deberá solicitar el retiro de la responsabilidad en el RUT como facturador electrónico (código de responsabilidad 52) a la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dian o a la dependencia que la administración tributaria delegue, informando que la habilitación se realizó únicamente en calidad de adquiriente.

Siempre que el adquiriente habilitado cumpla los requisitos para ser considerado sujeto no obligado a facturar electrónicamente o expedir documento equivalente, se entenderá que no ha ostentado la obligación de facturar, así haya realizado el proceso de habilitación en el sistema de facturación electrónica.


IMPUESTO DE RENTA MEDIANTE FACTURACIÓN

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Como mecanismo de lucha contra la evasión fiscal, la Ley 2155 de 2021, mediante su artículo 14, adicionó el artículo 616-5 al Estatuto Tributario –ET– para crear la determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación.

Dicha medida faculta a la Dian para determinar, mediante el mecanismo de factura, el impuesto sobre la renta y complementario a partir de la base gravable y los demás elementos para la determinación y liquidación del tributo, conforme lo establecido en el ET. Por tanto, a los contribuyentes les será notificado el impuesto de renta a su cargo liquidado oficialmente por la administración tributaria.

Ahora bien, el 24 de marzo de 2022 la Dian publicó un proyecto de resolución mediante la cual reglamentaría el artículo 616-5 del ET, estableciendo lineamientos para su aplicación, definiendo los sujetos a los cuales les sería facturado el impuesto, las condiciones y la fecha de entrada en vigor del nuevo mecanismo.

A continuación, abordamos los aspectos más importantes de lo que sería la reglamentación de la determinación oficial del impuesto sobre la renta mediante facturación:

Factura del impuesto de renta

De acuerdo con el proyecto de resolución, la factura del impuesto sobre la renta correspondería a un acto administrativo de determinación oficial del impuesto, proferido por la Dian, el cual, una vez quede en firme, al contener una obligación clara, expresa y exigible a cargo del contribuyente, constituye un título que presta mérito ejecutivo en el proceso de cobro coactivo del impuesto de renta.

Las facturas emitidas por la Dian se entenderían válidas y eficaces con su expedición, sin requerirse formalidades adicionales.

El proyecto de resolución aclarará que el contribuyente que declare voluntariamente dentro del término establecido por la ley para la presentación de la declaración del impuesto de renta no se sujetará a la determinación oficial de este impuesto mediante facturación, aunque hubiere sido notificado de la factura dentro de este término.

En ese sentido, si no presenta su declaración voluntaria oportunamente, deberá acogerse a la determinación oficial del impuesto, atendiendo la factura que le fue notificada y las reglas relativas a la declaración voluntaria dentro de los 2 meses siguientes a la notificación.

Por ende, se entendería que la determinación oficial del impuesto sobre la renta solo procedería para los contribuyentes que no cumplan oportunamente con la obligación de presentar la declaración de renta dentro de los plazos señalados por el Gobierno nacional.

¿A quiénes se les facturaría el impuesto de renta?

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta objeto de la facturación del artículo 616-5 del ET se determinarían progresivamente, para lo cual la Subdirección de Recaudo de la Dian seleccionará la población de destinatarios de la facturación, teniendo en cuenta principalmente la disponibilidad y análisis de las fuentes de información, la capacidad técnica, administrativa y operativa de la administración tributaria, así como las estrategias que se definan para el control de la evasión y elusión fiscal.

¿Cómo se notificaría la factura de renta?

De acuerdo con el proyecto de resolución, la Dian notificará la factura del impuesto sobre la renta a través de su inserción en la cuenta de usuario del contribuyente en la plataforma Muisca, con lo cual se entendería realizada la notificación tal como lo indica el artículo 616-5 del ET.

Para el caso de los contribuyentes inscritos en el RUT y que tengan correo electrónico registrado, la notificación de la factura se realizará en el momento en que dicho documento sea enviado al correo electrónico, en virtud del artículo 566-1 del ET.

Es importante no perder de vista que, si el contribuyente no posee una cuenta de usuarios habilitada en la plataforma Muisca, la Dian le crearía una con el fin de garantizarle el acceso a la página donde se encuentre la factura del impuesto de renta. Por otra parte, la Dian publicaría un aviso en dos periódicos de amplia circulación nacional para informar la inserción de la factura del impuesto de renta.

¿Cuándo estaría disponible la factura de renta en el servicio de diligenciamiento de la Dian?

La implementación del mecanismo de facturación del impuesto sobre la renta se llevaría a cabo a partir de la entrada en vigor de la resolución oficial. Es decir que las facturas que se envíen podrían comprender el año gravable 2021.

Así, la Dian expediría las facturas del impuesto de renta y las pondría a disposición del contribuyente en el servicio de diligenciamiento del formulario de este impuesto, el cual se encuentra en la plataforma Muisca del portal web de la entidad.

Aceptación de la factura del impuesto de renta

En los casos en que el contribuyente esté de acuerdo con los valores determinados en la factura del impuesto sobre la renta y esta no se encuentre en firme, deberá acceder a los sistemas informáticos de la Dian y presentar la declaración del impuesto en los mismos términos de la factura de renta, siguiendo los procedimientos establecidos para la presentación virtual de declaraciones tributarias. Así mismo, de ser procedente, el contribuyente pagaría los respectivos valores a cargo.

Para efectos de lo anterior, la administración tributaria no tendría la facultad de expedir una liquidación provisional, para el período gravable en que se expide la factura, bajo el procedimiento de los artículos 764-1 y siguientes del ET.


TENGA EN CUENTA AL MOMENTO DE CONTRATAR APRENDICES

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El contrato de aprendizaje regulado en la Ley 789 del 2002 se trata de una relación muy especial, mediante la cual se vincula a los estudiantes del Sena y/o instituciones educativas para que realicen prácticas relacionadas con el programa educativo que están culminando.

Esta modalidad especial de contratación del derecho laboral no genera un contrato de trabajo, pese a que podría creerse que cumple con los elementos esenciales de la relación laboral (artículo 30 de la Ley 789 de 2002); por ello, debido a dicha disparidad, es importante que los empleadores que contratan aprendices tengan en cuenta lo siguiente:

  1. No se reconoce el pago de salarios, solo auxilio de sostenimiento

En principio se debe establecer que los contratos de aprendizaje, tal y como se mencionó, no son contratos de trabajo, pese a que puede darse subordinación con el aprendiz. Esta subordinación, en palabras de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4965 de 2019, se ciñe única y exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje, por esta razón, en esta forma de contratación no procede el pago de salarios propios del contrato de trabajo.

Sin embargo, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 789 del 2002, los aprendices, en lugar de recibir un salario, recibirán un apoyo económico.

  1. El tiempo máximo de duración es de 2 años

El tiempo de duración del contrato de aprendizaje depende del término en el que se demore la práctica del programa en formación; es decir, si se establece que las practicas necesarias para culminar los estudios son nueve (9) meses, ese será el tiempo de duración del contrato de aprendizaje.

Lo anterior se dispone sin que en ningún caso dicho tiempo de prácticas supere los dos (2) años. Este tiempo de duración es acordado y fijado tanto con el aprendiz como con la institución educativa de acuerdo con las disposiciones académicas del programa.

  1. No tiene derecho al pago de prestaciones sociales y vacaciones

Dado que las prestaciones sociales, prima de servicios, auxilio de cesantías e intereses de cesantías, y las vacaciones son obligaciones propias del contrato de trabajo, estas no son exigibles en un contrato de aprendizaje. Sin embargo, si el patrocinador o entidad lo desea, puede reconocer estos pagos como auxilio o ayudas de mera liberalidad, aclarando por escrito el carácter y la naturaleza de dichos pagos para evitar posibles problemas.

  1. Deben realizarse aportes a salud y riesgos

La seguridad social compuesta por salud, pensión y riesgos laborales, no es un sistema exclusivo de los contratos de trabajo.

  1. No es lo mismo que prácticas universitarias

Como se ha mencionado, el contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación con una subordinación exclusiva a la práctica; estas no son lo mismo que las prácticas universitarias.

Las prácticas son actividades que desarrollan estudiantes en el cumplimiento de programas curriculares debidamente aprobados por el Estado, las cuales se realizan en la forma y las condiciones que el mismo pénsum académico y los convenios celebrados entre los centros docentes y las empresas lo establezcan.

  1. Los aprendices tienen protección de estabilidad ocupacional reforzada

Finalmente, es importante señalar que los aprendices, pese a no ser trabajadores, cuando se encuentren ante la situación especial de la estabilidad ocupacional reforzada (fuero de salud y de maternidad) tiene la protección de su vínculo de aprendizaje, conforme a lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencias como la T-881 de 2012 (estabilidad reforzada por salud) y la SU-075 del 2018 (estabilidad reforzada por maternidad).

Por lo anterior, en caso de que el aprendiz se encuentre ante una situación de salud que le impida desarrollar sus funciones normalmente o se encuentre en período de embarazo o licencia de maternidad, la empresa patrocinadora debe conservar el vínculo de aprendizaje, aclarando la Corte Constitucional que será hasta el tiempo máximo de la práctica (2 años).

En caso de que la organización finalice la práctica cuando el estudiante se encontraba en una situación de estabilidad laboral reforzada, este podrá acudir a una acción de tutela con el fin de que sea reintegrado. 

Conforme a todo lo expuesto, al momento de contratar aprendices se debe tener en cuenta que los mismos no son trabajadores, no tienen derecho a salario ni a derechos laborales como las prestaciones sociales; se les debe reconocer un auxilio de sostenimiento y cuentan con la garantía de estabilidad ocupacional reforzada, pero máximo por los dos años del contrato de aprendizaje.


ASPECTOS A INCLUIR EN EL MANUAL DEL CONTROL DE CALIDAD

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En el manual de control de calidad de una firma de auditoría se encuentran las políticas y procedimientos que deben observar los socios y empleados para cumplir con los elementos del sistema de calidad incluidos en la NICC 1. Por tanto, este manual sirve como una ruta para la prestación de servicios de calidad.

  1. Declaración de la política general

En este punto se incluye el objetivo de la firma o el profesional independiente respecto al manual de calidad. De igual manera, podrá incluirse la misión, visión, objetivo y otra información de la firma. Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que en este punto debe dejarse claramente expresado que se busca cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional de Control de Calidad –NICC 1–.

  1. Funciones y responsabilidades

En esta sección del manual deberá incluirse información respecto a las funciones y responsabilidades generales de todos los socios y empleados que son responsables de la calidad en la firma de auditoría.

  1. Responsabilidades del liderazgo en la calidad

El manual deberá especificar el compromiso de la alta dirección de decidir sobre los asuntos clave de la firma de auditoría, de entregar y mantener actualizados los manuales y ayudas prácticas a los empleados que permitan apoyar la calidad de los encargos. También deberá señalarse los puestos de liderazgo en la calidad y las responsabilidades que asume cada uno.

  1. Requerimientos de ética aplicables

Esta sección señalará el compromiso de los socios o el profesional independiente y los empleados de la firma en relación con el cumplimiento de los requerimientos del código de ética y la Ley 43 de 1990.

  1. Aceptación y continuidad con el cliente

Este apartado indicará las políticas que determina la firma de auditoría para realizar la revisión de sus nuevos clientes potenciales antes de aceptar un encargo, así como los procedimientos necesarios para decidir si continuará con sus clientes actuales.

  1. Responsabilidades de recursos humanos

En este punto deben tenerse en cuenta las responsabilidades del área de recursos humanos en cuanto a la selección y retención del personal, desarrollo profesional, procedimientos disciplinarios y recompensas al cumplimiento de los empleados.

  1. Documentación para la ejecución del encargo

En esta sección se debe detallar la documentación necesaria que los empleados y socios deben elaborar en la ejecución de los encargos. También se incluirán procedimientos para las consultas, diferencias de opinión, y para la revisión de control de calidad del encargo.

  1. Seguimiento al sistema de control de calidad

Debe explicarse en esta sección la necesidad de realizar un seguimiento al sistema de control de calidad de la firma para asegurar su eficacia y efectividad.

  1. Documentación

En esta sección se definirá el período de conservación de la documentación, el responsable de su conservación y el procedimiento de acceso a los documentos.


AMPLIACIÓN PARA EL ENVIÓ DEL DOCUMENTO SOPORTE EN COMPRAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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El pasado 29 de abril de 2022 la Dian expidió su Resolución 000488, por medio de la cual se modificó solamente el artículo 6 del a Resolución 000167 de diciembre 30 de 2021 ampliando por quinta ocasión, esta vez hasta agosto 1 de 2022, el plazo para que los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente empiecen a transmitir de forma electrónica el documento equivalente en compras a los no obligados a facturar.

Consideraciones de la Resolución 000488 de 2022

Esta vez, entre los considerandos de la Resolución 000488 de abril 29 de 2022, se lee que entre los motivos para ampliar por quinta vez el plazo del inicio de la obligación (esta vez hasta agosto 1 de 2022) figuran:

  • Que algunos sujetos deben implementar adicionalmente las modificaciones introducidas por la Resolución 000085 de abril 8 de abril 2022, la cual derogó a la Resolución 000015 de febrero de 11 de 2021 y volvió a reexpedir la reglamentación sobre el Radian, exigiendo que todos los compradores (sin importar si son o no facturadores electrónicos) tendrán que enviarle, a partir de julio de 2022, mensajes especiales a los vendedores que hicieron facturas de ventas por operaciones a crédito y las pretenden convertir en títulos valores negociables
  • Que la Dian recibió peticiones formales de los proveedores tecnológicos para contar con más plazo, en el cual pudieran ajustar sus respectivos softwaresy hacer pruebas más idóneas para la generación, transmisión y validación del documento soporte en compras a los no obligados a facturar.

La reglamentación introducida con la Resolución 000167 de 2021

A través de las veintitrés páginas de la Resolución 000167 de diciembre 30 de 2021 la Dian estableció lo siguiente:

  1. Entre los artículos 1 a 18 se dispuso que quienes estén obligados a facturar electrónicamente tendrán que generar y transmitir de forma electrónica el documento soporte en compras a los no obligados a facturar, el cual deberá elaborarse con la estructura definida en el nuevo anexo técnico versión 1.2 que acompaña a la resolución. Además, la Dian incluirá en su softwaregratuito de facturación electrónica la opción para elaborar el mencionado documento soporte (ver parágrafo 2 del artículo 7 de la Resolución 000167 de diciembre 30 de 2021).
  2. El mencionado documento deberá expedirse con una numeración previamente autorizada por la Dian y terminará contenido su respectivo código único de documento soporte –CUDS– (ver artículo 4 de la Resolución 000167 de diciembre de 2021). Además, podrá ser posteriormente anulado o ajustado mediante las notas de ajuste mencionadas en el artículo 5 de la misma resolución, las cuales también deberán contar con su propia numeración consecutiva, pero sin que deba ser una numeración autorizada por la Dian.
  3. Se permite que la entidad o persona obligada a elaborar el documento soporte pueda escoger si la transmisión se realiza por cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes o servicios (sin importar su monto), o si lo hace de forma acumulada semanal informando las operaciones que se haya hecho con un mismo tercero (sin importar su monto).
  4. En el artículo 19 de la Resolución 000167 de diciembre de 2021 se dispuso que, cuando las compras de bienes o servicios realizadas a los no obligados a facturar sean efectuadas por personas o entidades que no están obligados a expedir factura electrónica (ver artículo 1.6.1.4.3 de DUT 1625 de 2016), el “documento soporte” se debe seguir elaborando de forma física (en papel), e igualmente las “notas de ajuste”, pero ambos documentos deberán contener como mínimo los datos que se mencionan en dicho artículo.
  5. En el artículo 21 de la Resolución 000167 de diciembre de 2021 se dispuso que tanto si el documento soporte y sus notas de ajuste se elaboran electrónicamente, como si se elaboran en papel, dichos documentos deberán conservarse solo durante el tiempo en que quede en firme la declaración tributaria en la que se haya incluido como deducible el valor de la compra.