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COSTOS Y GASTOS, PORCENTAJE MÁXIMO QUE PODRÁ SOPORTARSE SIN FACTURA ELECTRÓNICA

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Con los artículos 18 de la Ley 2010 de 2019, se expone el porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica y algunas condiciones que deberán tenerse en cuenta para establecer este límite. Entre las consideraciones expuestas por el Gobierno nacional, vale la pena destacar los siguientes aspectos.

¿Cuál es la situación con los costos y gastos para efectos de deducción o descuento?

De acuerdo con el artículo 616-1 del ET, el porcentaje máximo de costos y gastos que podrá soportarse sin factura electrónica será del 30 % en 2020, 20 % en 2021 y 10 % en 2022.

¿A partir de qué momento se deben calcular dichos límites?

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 83 de la Resolución 42 de mayo 5 de 2020, para 2020 este porcentaje tuvo aplicación en el período comprendido entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué pasa con los costos y gastos que nunca se soportan con factura electrónica?

De acuerdo con los numerales 1 al 5 del artículo 1.6.1.4.27 del DUT 1625 de 2016, sigue operando una aceptación fiscal del 100 % de costos y gastos:

  • Soportados en documentos equivalentes. Se debe tener en cuenta que, conforme al parágrafo 4 del artículo 616-1 del ET y el artículo 1.6.1.4.26 del DUT 1625 de 2016, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS fueron válidos como soporte de costos, deducciones e impuestos descontables hasta el 1 de noviembre de 2020.
  • En los cuales no se exige factura de venta o documento equivalente, como los gastos de depreciación de propiedad, planta y equipo, los gastos de deterioro de cartera, entre otros.
  • En operaciones de importación con ocasión de la adquisición de bienes y servicios que se realicen fuera del territorio nacional y de zona franca.
  • Soportados con “documento soporte”, cuando se trata de las adquisiciones efectuadas en operaciones con sujetos no obligados a facturar.
  • Para 2021 y los años siguientes los costos y gastos de nómina (sustentando la operación con documento soporte de nómina electrónica y sus respectivos ajustes).
  • Soportados con facturas de venta de talonario o de papel, para quienes estén habilitados para utilizar este sistema.

¿Alguna recomendación?

Sí. De acuerdo con lo mencionado hasta el momento, se debe calcular el límite sobre los costos y gastos que estén soportados en tiquetes POS, factura de venta en talonario o en papel; por tanto, se debe revisar si aquel con quien se efectúan operaciones de adquisición de bienes o servicios es un obligado a facturar, y qué obligaciones o excepciones le aplican, en términos generales, en materia de facturación, ya que, por ejemplo, si se recibe una factura en papel de algún sujeto que ya está obligado a facturar electrónicamente y que no está habilitado para generar factura en papel (artículos 8, 9 y 31 de la Resolución 000042 de 2020), dicho gasto o costo derivado de esa operación tendrá que someterse al límite.


FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES PODRÁN DEVOLVER SALDOS SOLO SI NO ES POSIBLE OTORGARLA

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En el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–, administrado por los fondos privados de pensiones, para acceder a la pensión de vejez debe cumplirse con el requisito de la acumulación del capital suficiente que le permita a la persona adquirir mesadas pensionales de al menos el 110 % de un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, para lo cual deberá tenerse en cuenta el valor del bono pensional, si hay lugar a este.

También debe haber por parte del afiliado una acumulación de mínimo 1.150 semanas, y no existe el requisito de la edad; es decir, la persona puede pensionarse en cualquier momento.

Por otra parte, la devolución de saldos (artículo 66 de la Ley 100 de 1993) corresponde al monto ahorrado en la cuenta individual, que junto con los rendimientos financieros y el valor del bono pensional (si había lugar a este) se le hace entrega al afiliado que no cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Mediante la Sentencia SL1142 de 2021, la Corte Suprema de Justicia se refirió al tema precisando cuestiones referentes al acceso a la pensión de vejez en los regímenes privados con la redención del bono pensional, en caso de tener derecho a este, y la devolución de saldos.

Al respecto, la Corte dispuso que la devolución de saldos es una figura de carácter subsidiario, la cual debe darse en el momento en que se constate que el afiliado no tiene posibilidades de acceder a una pensión de vejez por no cumplir los requisitos legales para esto.

Indicó que en el evento en que exista la posibilidad de que el afiliado pueda acceder a una mesada pensional no es procedente que se le devuelva el capital ahorrado, ya que, como fue mencionado, la devolución de saldos es una prestación subsidiaria y, en todo caso, debe privilegiarse siempre la pensión que tiene carácter principal.

A su vez, la Corte señaló la diferencia entre la edad para acceder a la devolución de saldos entre hombres y mujeres, indicando que, para los hombres, la edad en la que procede la devolución de saldos coincide con la edad en la que, según la ley, se puede redimir de forma normal el bono pensional; es decir, a los 62 años.

En el caso de las mujeres se tiene un tratamiento distinto, debido a que su edad para acceder a la solicitud de devolución de saldos es a los 57 años, lo que no coincide con la de la redención normal del bono pensional, que es a los 60 años, según lo establece el artículo 117 de la Ley 100 de 1993.

Para lo dicho, la Corte señaló, además, que en lo que respecta a las mujeres podía estudiarse la posibilidad de redimir el bono pensional de manera anticipada para que este pudiera utilizarse para completar el capital que permitiera acceder a la pensión de vejez; puesto que la edad de pensión de las mujeres no coincide con la establecida la ley, se puede redimir el bono pensional.

Dado lo dicho, antes de realizar la devolución de saldos la administradora de pensiones debe haber agotado todos los recursos que le permitan determinar si el afiliado puede o no acceder a la pensión de vejez; para esto se debe hacer uso del valor del bono pensional y estudiar la posibilidad de redimirlo en el caso de las mujeres de manera anticipada para efectos de garantizar la pensión.

Garantía de pensión mínima

Además de las consideraciones de la Corte, podría tenerse en cuenta acudir a la figura de la garantía de pensión mínima para verificar si la persona podría o no acceder a una pensión de vejez, ya que este tipo de pensión se genera en el evento en que el afiliado no ha cumplido con el capital acumulado, situación en la que el Estado subsidia parte del pago las mesadas pensionales.


PAPELES DE TRABAJO DEL REVISOR FISCAL

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Estas son algunas pautas fundamentales de la elaboración de los papeles de trabajo en los encargos de revisoría fiscal.

¿Qué son los papeles de trabajo?

Los papeles de trabajo son los documentos en los que el revisor fiscal deja constancia de la labor que realizaron durante el encargo, de los resultados obtenidos en los procedimientos y pruebas aplicados y de las conclusiones alcanzadas, las cuales sirven de base para la elaboración del dictamen o informe.

Importancia de los papeles de trabajo

La importancia de los papeles de trabajo se puede definir en los siguientes puntos:

  • Prueba legal de que el revisor fiscal realizó su trabajo en debida forma, con el cumplimiento de la normativa aplicable.
  • Memoria del trabajo efectuado por el revisor fiscal, que sirve de guía para la realización de encargos de períodos posteriores.
  • Medio de supervisión del trabajo efectuado por los auxiliares del revisor fiscal.
  • Efectuar revisiones de control de calidad sobre los encargos, de conformidad con la NICC 1.

Obligación de elaborar papeles de trabajo

La obligación de elaborar papeles de trabajo se encuentra establecida en el artículo 9 de la Ley 43 de 1990, que requiere al contador público dejar constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. La NIA 230 – Documentación de auditoría también requiere que el revisor fiscal deje evidencia que permita constatar que el encargo se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los demás requerimientos legales aplicables.

Tiempo de conservación de los papeles de trabajo

El artículo 9 de la Ley 43 de 1990 señala que los papeles de trabajo deberán conservarse por un tiempo mínimo de cinco (5) años contados a partir de su fecha de elaboración.

Propiedad y reserva de los papeles de trabajo

El propietario de los papeles de trabajo es del revisor fiscal que los prepara, debido a que, como se mencionó anteriormente, dichos papeles son la prueba ante terceros de la labor que efectuó.

No obstante, se debe tener en cuenta que los papeles de trabajo están sujetos a reserva profesional; por tanto, el revisor fiscal únicamente podrá revelarlos cuando exista una disposición legal.

Tipos de papeles de trabajo

Los papeles de trabajo pueden estar constituidos por:

  • Documentos con información de la entidad, tales como escritura de constitución, manual de políticas contables o comunicaciones con la gerencia.
  • Planillas contables sobre la revisión de las cuentas, las cuales pueden elaborarse en softwares especializados de auditoría o en libros de Excel.

En ese sentido, se recomienda que para cada cliente se conserven los siguientes tipos de papeles de trabajo:

  • Papeles de trabajo permanentes: en estos se almacena la información del cliente que no cambia con el tiempo, tales como su historia, principales productos, normativa que le aplica y políticas y procedimientos contables.
  • Papeles de trabajo temporales: estos contienen la información utilizada durante el encargo, tales como estados financieros del período, correspondencia con el cliente, los procedimientos de auditoría y el informe.

¿Cómo se elaboran los papeles de trabajo?

Los papeles de trabajo deben abarcar el examen de cada una de las cuentas de los estados financieros. Para ello, deberán contener:

  • Hojas de trabajo: contienen los saldos del ejercicio actual y anterior, los ajustes y reclasificaciones que solicite el auditor o revisor fiscal y, finalmente, las cifras finales con los saldos ajustados.
  • Cédulas sumarias: desagregan los rubros que componen la hoja de trabajo, y establecen referencias a las cédulas analíticas.
  • Cédulas analíticas: detallan los rubros de las cédulas sumarias y los procedimientos aplicados por el revisor fiscal para cada cuenta.

Cada hoja o cédula de los papeles de trabajo deberá contener referencias cruzadas a otras hojas o documentos, de forma tal que el revisor fiscal pueda navegar fácilmente por ellos.


OBLIGACIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE VENCERÁN EN JULIO

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Durante julio de 2021 tendrán lugar algunas obligaciones tributarias; también será el mes en el cual se podrán solicitar saldos a favor y se accederá a la segunda convocatoria para empresas de economía naranja. Por tanto, resulta importante prepararse para cumplir con las responsabilidades y no perder la oportunidad de optar por los beneficios.

Presentación y pago del tercer anticipo bimestral del SIMPLE

Entre el 8 y el 22 de julio de 2021 los contribuyentes del régimen simple de tributación deberán presentar y pagar el tercer anticipo bimestral correspondiente al bimestre mayo-junio de 2021, de acuerdo con el último dígito de NIT registrado en el RUT.

Este anticipo deberá ser presentado en el formulario 2593, prescrito mediante la Resolución 000025 de marzo 19 de 2021. Sin embargo, el desembolso deberá realizarse mediante un recibo oficial de pago – formulario 490.

Declaración bimestral del IVA

Entre el 8 y el 22 de julio de 2021 deberán presentar la declaración bimestral del IVA, correspondiente al período mayo-junio de 2021, los responsables del IVA cuyos ingresos al 31 de diciembre de 2020 hayan sido superiores a 92.000 UVT, así como los responsables de bienes exentos previstos en los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario –ET–.

Segunda convocatoria para empresas de economía naranja

Entre el 1 y 30 de julio de 2021 se realizará la próxima convocatoria para acogerse al beneficio de renta exenta para empresas de la economía naranja, prevista en el numeral 1 del artículo 235-2 del ET, modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019.

Los interesados en aplicar a este beneficio deben ser personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del régimen ordinario (no podrán acceder los contribuyentes del régimen simple). Además, deberán tener su domicilio principal dentro del territorio nacional. Así mismo, quienes pretendan optar por este beneficio deberán cumplir ciertos requisitos enmarcados en el Decreto 286 de 2020.

Productores de bienes exentos podrán solicitar la devolución de saldos a favor a partir de julio

Considerando que, según las disposiciones del artículo 600 del ET, los responsables del IVA de los bienes señalados en el artículo 477 del ET deben declarar y pagar el IVA a cargo de forma bimestral, la norma también aclara que los productores de dichos bienes podrán solicitar su devolución dos veces al año.

La primera solicitud, correspondiente a los primeros tres (3) bimestres de cada año, podrá realizarse a partir del mes de julio, previa presentación de las declaraciones bimestrales del IVA y de la declaración del impuesto de renta y complementario correspondiente al año gravable inmediatamente anterior.

La segunda devolución podrá solicitarse una vez sea presentada la declaración de renta del año gravable, así como las declaraciones del IVA de los respectivos bimestres respecto de los cuales se va a solicitar la devolución.

Por tanto, por el año gravable 2021 los productores de bienes exentos que en sus declaraciones bimestrales de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio liquiden saldos a favor, podrán solicitarlos ante la Dian a partir de julio del año en curso.


MUESTREO DE AUDITORÍA

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El muestreo corresponde a la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100 % de los elementos de una población, a partir de la cual se selecciona una muestra, de forma que todas las unidades de muestreo puedan ser seleccionadas. En auditoría dichos datos son relevantes y permiten reunir la evidencia suficiente para obtener conclusiones sobre el conjunto de datos del cual se han seleccionado las muestras respectivas.

Riesgos de muestreo

Al seleccionar una muestra es importante tener en cuenta la existencia de los riesgos de muestreo, entre los cuales se encuentra el riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. Estos riesgos, de acuerdo con la interpretación del auditor, permiten encontrar inexactitudes, como la determinación de un error que tal vez no exista o, por el contrario, su omisión involuntaria.

Igualmente, existen riesgos ajenos al muestreo correspondientes a aquellos externos al proceso de auditoría como, por ejemplo, conclusiones, interpretaciones erradas por cualquier contexto fuera del hecho o, incluso, una falta al verdadero proceder.

Riesgo de detección: es el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten la existencia de una incorrección que podría ser material.

Si el riesgo de detección de un error material es alto, se deberá aumentar el tamaño de la muestra; si este es bajo, el tamaño de la muestra podrá disminuir.

Muestreo estadístico y no estadístico

El muestreo estadístico es el tipo de muestreo que selecciona aleatoriamente los elementos de una muestra y aplica la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus propiedades sean extrapolables. Este proceso permite ahorrar recursos y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio de toda la población.

Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta condición se alcance con una probabilidad. El muestreo que no cumple con lo explicado anteriormente, es decir, que no está basado en la teoría de la probabilidad para la selección de la muestra, se denomina muestreo no estadístico.

Selección de la muestra

Siempre que seleccione la muestra el auditor deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

  • Conocer el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población.
  • Determinar un tamaño de muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo.
  • Seleccionar los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan posibilidades de ser seleccionadas.

Como lo mencionamos anteriormente, la selección de la muestra puede realizarse utilizando el enfoque de muestreo estadístico o no estadístico, en ambos casos el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de que la población de la cual se extrae la muestra está completa. Adicionalmente, al considerar las características de la población, el auditor puede determinar si es adecuado o no realizar una estratificación.

El tamaño de la muestra estará directamente relacionado con el nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar; en este sentido, cuanto menor sea el riesgo dispuesto a aceptar, mayor deberá ser el tamaño de la muestra.

Pruebas de controles

Para determinar el tamaño de la muestra requerida en las pruebas de controles el auditor deberá considerar las siguientes variables:

  • Nivel de confianza: un nivel de confianza del 95 % supone aceptar que, si se realizara 100 veces una determinada prueba para validar, por ejemplo, la eficacia operativa de un control, cada vez, con una muestra distinta, 95 veces los resultados obtenidos serían los correctos y 5 veces no.
  • Porcentaje de desviación tolerable: es el porcentaje determinado por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que el porcentaje real de desviación existente en la población no supera dicho porcentaje tolerable de desviación.
  • Porcentaje de desviación esperado: es el porcentaje esperado en la tasa de error que el auditor espera encontrar en la población; esto se hace con base al juicio profesional soportado en la experiencia del auditor de la entidad.

Cuando se utilice el muestreo no estadístico para determinar el tamaño de la muestra, el auditor debe considerar las variables anteriores y valorar su impacto en la prueba concreta, pero no es necesario que las cuantifique de manera expresa.


PRESUNCIÓN DE COSTOS PARA INDEPENDIENTES

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El inciso segundo del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo –PND– 2018 – 2022) establece que los trabajadores independientes cuenta propia y aquellos con contratos diferentes al de prestación de servicios personales, con ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– (877.803 para 2020), deberán realizar la cotización de aportes a seguridad social sobre un ingreso base de cotización –IBC– del 40 %, siempre y cuando el valor resultante nunca sea inferior a 1 smmlv. A su vez, este artículo dispone que estos trabajadores antes de determinar el IBC podrán descontar de sus ingresos los costos y deducciones de conformidad con lo previsto a través del artículo 107 del Estatuto Tributario –ET–.

Costos presuntos se calcularán de otra forma a partir de ahora

A pesar de lo anterior, los trabajadores independientes cuenta propia y aquellos con contrato diferente al de prestación de servicios que impliquen subcontratación y/o compra de insumos o expensas no continuarán realizando el anterior procedimiento para efectos de descontar de sus ingresos los costos de su actividad, debido a que la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales –UGPP– creó, a través de la Resolución 209 de 2020, el esquema de presunción de costos para este tipo de trabajadores.

A través de dicho esquema se establecen los porcentajes que podrán descontar los independientes por concepto de gastos y deducciones según su actividad económica, además de determinar el IBC con el cual realizarán sus aportes a seguridad social.

Esquema de presunción de costos

El esquema de presunción de costos se encuentra previsto en el artículo 3 de la Resolución 209 de 2020. Está representado en la siguiente tabla:

Sección CIIU Rev. 4 A.C

Actividad

Porcentaje de costos respecto al ingreso

A

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

73,9%

B

Explotación de minas y canteras

74,0%

C

Industria manufacturera

70,0%

F

Construcción

67,9%

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

75,9%

H

Transporte y almacenamiento (sin transporte de carga por carretera)

66,5%

I

Alojamiento y servicios de comida

71,0%

J

Información y comunicaciones

63,2%

K

Actividades financieras y de seguros

57,2%

L

Actividades inmobiliarias

65,7%

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

61,9%

N

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

64,2%

P

Educación

68,3%

Q

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social

59,7%

R

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

65,5%

S

Otras actividades de servicios

63,8%

 

Demás actividades económicas

64,7%

 

Rentistas de capital (no incluye ingresos por dividendos y participaciones)

37,5%

 

Ejemplo

Suponga un chef que organiza banquetes para eventos, por lo que requiere subcontratación de personal (auxiliares de cocina, meseros, etc.). Este trabajador se tiene como independiente cuenta propia.

Para determinado evento, este trabajador recibió la suma de $100.000.000, monto del cual debe deducir el costo en que incurrió para la preparación de los alimentos y las obligaciones salariales que le asisten a su vez como contratista independiente.

Según el esquema de presunción de costos, este trabajador se encuentra en la sección I del código de actividades CIIU – Alojamiento y servicios de comida, por lo tanto, podrá deducir de sus ingresos el 71,0 % para efectos de realizar sus aportes a seguridad social, de la siguiente manera:

$100.000.000 x 71,0 % = $71.000.000

Ahora, el valor resultante debe descontarse de los ingresos:

$100.000.000 – $71.000.000 = $29.000.000

A continuación, sobre el valor resultante debe determinar su IBC, así:

$29.000.000 x 40 % = $11.600.000

Se tiene, entonces, que este trabajador debe realizar sus aportes a seguridad social sobre un IBC de $11.600.000.

Precisiones

  • Si los ingresos provienen de varias actividades económicas deberá aplicar el porcentaje correspondiente a cada actividad, sin que el IBC total supere los 25 smmlv ($21.945.075 para 2020).
  • Los rentistas de capital no podrán utilizar el porcentaje previsto en la tabla en el caso de que sus ingresos provengan de dividendos o participaciones.
  • El artículo 4 de la mencionada Resolución 209 de 2020 trae consigo una excepción respecto a la aplicación del esquema de presunción de costos. Lo anterior supone que el trabajador independiente, para efectos de determinar su IBC, puede descontar montos superiores a los establecidos en la tabla, siempre que cuente con los soportes que le permitan demostrar que los gastos revistieron del valor que manifiesta.

PRÓXIMA CONVOCATORIA PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA NARANJA

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De acuerdo con el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019, las empresas que desarrollen actividades de economía naranja podrán acceder al beneficio tributario de renta exenta por el término de 7 años.

Es importante tener en cuenta que la próxima convocatoria para acceder a esta renta exenta será realizada entre el 1 y 30 de julio de 2021.

Con esto el Gobierno nacional y el Ministerio de Cultura buscan incentivar el desarrollo de las cadenas creativas y de valor en sectores culturales que involucran actividades de creación, producción, circulación, comunicación, intercambio y acceso ciudadano a productos culturales y creativos con capacidad de generar valor económico y social.

Sin embargo, quienes pretendan optar por este beneficio deberán cumplir ciertos requisitos enmarcados en el Decreto 286 de 2020, entre los cuales resaltamos:

  1. Deben ser contribuyentes del régimen ordinario con domicilio principal en Colombia

Los interesados en aplicar a este beneficio deben ser personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del régimen ordinario (no podrán acceder los contribuyentes del régimen simple). Además, deberán tener su domicilio principal dentro del territorio nacional.

  1. Las empresas deben garantizar una inversión mínima

Las empresas interesadas en optar por esta renta exenta deben garantizar una inversión mínima de 4.400 UVT ($159.755.200 en 2021) en máximo 3 años, relacionada con la adquisición de propiedad, planta y equipo y/o activos intangibles.

  1. El objeto social debe ser exclusivo de la economía naranja

El objeto social desarrollado por las empresas debe ser exclusivo del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas, y todas las actividades económicas que registra el RUT y el registro único empresarial –Rues– deben estar enmarcadas dentro del listado previsto en el artículo 1.2.1.22.48 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 268 de 2020.

  1. Los ingresos brutos no pueden ser superiores a 80.000 UVT

Los ingresos brutos anuales de las empresas que pretendan acceder a este beneficio no pueden ser superiores a 80.000 UVT ($2.904.640.000 en 2021), salvo las sociedades cuya actividad económica principal esté enmarcada en el código 5911.

  1. Deberán generar nuevos empleos

Los beneficiarios deberán generar un mínimo de 3 empleos. Es importante resaltar que los administradores de la sociedad no califican como empleados para efectos de la exención de renta. Los empleos que se tendrán en cuenta son aquellos que estén directamente relacionados con la actividad cultural y creativa o con el desarrollo tecnológico.

Una vez verificado el correcto cumplimiento de los requisitos antes destacados, se podrá efectuar la postulación de manera virtual a través de la plataforma web Economía Naranja.


APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

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Un trabajador independiente es aquel que presta sus servicios a favor de un tercero con total independencia, es decir, no cumple un horario ni se encuentra sujeto a cumplir órdenes por parte de un empleador.

Este tipo de trabajador tiene la obligación de realizar aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) sobre un ingreso base de cotización –IBC–  del 40 % de sus ingresos mensuales o puede hacer uso del esquema de presunción de costos según sus circunstancias particulares.

Ingresos sobre los que deben cotizar

Los trabajadores independientes tienen la obligación de realizar aportes al sistema de seguridad social sobre:

  • El valor mensualizado del contrato, solo en el caso del contrato por prestación de servicios.
  • Los rentistas de capital y trabajadores por cuenta propia deben cotizar sobre el total de sus ingresos mensuales, luego de descontar los costos en los que hayan incurrido en el desarrollo de su actividad.

Ingresos sobre los cuales no deben cotizar

Estos trabajadores no tienen la obligación de efectuar aportes al sistema sobre:

  • Los intereses presuntos que podrían generarse producto de préstamos entre los socios y la sociedad comercial.
  • Los ingresos generados por la venta de activos, ya que se tratan como una ganancia ocasional.

Independiente omiso o inexacto

Un trabajador independiente es considerado omiso cuando tiene ingresos iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–  y no realiza aportes. Por su parte, es considerado inexacto cuando realiza aportes con un IBC inferior al real.

Cuando la UGPP detecte estas situaciones, notificará al trabajador para que solucione su situación o iniciará un proceso de fiscalización para obtener el pago correspondiente de los aportes.

Pensionados con ingresos como independientes

Los pensionados que tengan ingresos como trabajadores independientes iguales o superiores a un (1) smmlv tienen la obligación de realizar aportes a salud y riesgos laborales.

Porcentajes de cotización al sistema

Un trabajador independiente debe realizar los aportes al sistema de seguridad social sobre los siguientes porcentajes:

  • Salud: 12,5 %.
  • Pensión: 16 %.
  • Riesgos laborales: 0,522 % (nivel 1).
  • Caja de compensación familiar (opcional): 2 % o 6 %.

FIRMEZA EN LOS REPORTES DE INFORMACIÓN EXÓGENA

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El reporte de información exógena constituye una de las obligaciones formales de los sujetos administrados por la Dian (tal como lo es la inscripción en el RUT o la expedición de facturas de venta), razón por la cual el artículo 638 del ET faculta a esta entidad para sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales hasta tres (3) años después de su vencimiento.

El artículo 638 del ET expresa lo siguiente:

Artículo 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.”

En este contexto se interpretaría que, si un obligado a informar no ha presentado el reporte de exógena de un determinado año o esta fue presentada con errores, la Dian tiene hasta dos (2) años posteriores a la fecha en la que se deba presentar la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del período durante el cual surgió la irregularidad objeto de sanción para formu­lar el pliego de cargos.

Así pues, si un informante omite la presentación del reporte de información exógena del año gravable 2020 o, en su defecto, lo presenta con errores, y teniendo en cuenta que este debe ser suministrado a la Dian en 2021, el reportante podría ser requerido por la entidad hasta 2024. No obstante, el obligado podrá presentar dicha información de forma extemporánea, sin perjuicio de la sanción por el no envío oportuno.

Tiempo de conservación de los registros y soportes

Al cumplir el proceso de presentación del reporte de la información exógena ante la Dian, los informantes deberán conservar no solo el formulario 10006 como prueba de que la información fue entregada, sino tam­bién todos los registros y soportes que respalden la información incluida en dicho reporte, los cuales constituyen básicamente la contabilidad.

Así, para verificar la exactitud de la información registrada en los reportes de exógena, así como las demás obli­gaciones fiscales a cargo de los informantes y contri­buyentes, la Dian puede solicitar la inspección de sus libros y soportes de contabilidad.

Al respecto, el artículo 632 del ET señala que las perso­nas naturales o entidades obligadas a llevar contabilidad deberán conservar, por un período mínimo de cinco (5) años (contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo), la información y medios de pruebas que deberán ponerse a disposición de la Dian cuando esta lo requiera. No obstante, el artí­culo 46 de la Ley 962 de 2005 (modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016) establece que el tiempo de conservación de la información mencionada en el artícu­lo 632 del ET será el equivalente al término de firmeza de la declaración tributaria correspondiente.


SANCIONES TRIBUTARIAS PARA EMPRESAS QUE NO PRESENTARON DECLARACIONES DE RENTA

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Si una sociedad se constituyó en 2017 y nunca presentó sus declaraciones de renta, está debiendo a la Dian las declaraciones de los años 2017 y siguientes. Esto considerando que, según el artículo 717 del Estatuto Tributario –ET–, la administración tributaria tiene hasta 5 años (siguientes al vencimiento del plazo para presentar las declaraciones) para solicitar las declaraciones extemporáneas.

Por tanto, si una empresa se encuentra omisa en las declaraciones de 2017 a 2020, deberá presentarlas de forma extemporánea, calculando el impuesto sobre la renta presuntiva con base en el patrimonio con el cual se constituyó la empresa. Adicionalmente, sobre el impuesto liquidado deberá calcular la sanción por extemporaneidad señalada en el artículo 641 del ET.

Por otra parte, es válido resaltar que las declaraciones de 2017, 2018 y 2019 las pudieron someter al beneficio de auditoría siempre que la declaración del año gravable 2020 haya sido presentada dentro de los plazos previstos en el artículo  1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020.