Archivo del Autor: admin

INFORMES OBLIGATORIOS QUE DEBE ENTREGAR EL REVISOR FISCAL

Categoría: Uncategorized

El revisor fiscal debe emitir un dictamen sobre los estados financieros y un informe sobre el cumplimiento legal y la efectividad del control interno de la entidad.

Asimismo, debe emitir memorandos en los que dé cuenta de las deficiencias encontradas en el desarrollo del encargo y sus sugerencias.

1)  Informes del revisor fiscal al finalizar el encargo

Según los artículos 208 y 209 del Código de Comercio –CCo–, el revisor fiscal debe presentar al finalizar el encargo, en un solo informe o en dos informes separados, los siguientes reportes:

a)   Dictamen sobre los estados financieros

En el dictamen se incluye la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros.

b)  Informe dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios

En este informe el revisor fiscal debe referirse a temas relacionados con el cumplimiento de los aspectos legales y lo adecuado de las medidas de control interno de la entidad.

2)  Memorandos de recomendaciones

Los memorandos de recomendaciones se emiten a lo largo de todo el encargo para llamar la atención de la gerencia respecto a temas relacionados con:

  • El cumplimiento legal.
  • Las deficiencias del control interno (NIA 265).
  • Las cifras a corte preliminar
  • Las cifras a corte final.
  • Adicionalmente, si el revisor fiscal se ha comprometido con la gerencia a entregar informes adicionales a los ya mencionados, también deberá presentarlos considerando que estos deben estar relacionados con sus funciones y, por lo mismo, no pueden abarcar funciones de la administración.

CONSECUENCIAS DE NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IVA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE

Categoría: Uncategorized

De acuerdo con el artículo 600 del Estatuto Tributario –ET–, la declaración del IVA debe ser presentada de forma bimestral por aquellos calificados como grandes contribuyentes, así como también por las personas naturales o jurídicas, contribuyentes del régimen ordinario, cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del correspondiente año gravable sean iguales o superiores a 92.000 UVT.

Por su parte, quienes perciban ingresos inferiores a dicho monto, deberán presentar la declaración del IVA cuatrimestralmente de acuerdo con los plazos señalados por el Gobierno nacional.

No obstante, es de aclarar que los contribuyentes que hayan optado por tributar bajo el régimen simple deberán presentar la declaración del IVA de forma anual.

Ahora bien, en caso de que un responsable del IVA presente la respectiva declaración (formulario 300) en un período diferente al que corresponda, es decir, si la declaración del IVA debe ser presentada bimestralmente y esta se presenta de forma cuatrimestral o viceversa, el parágrafo 2 del artículo 24 del Decreto 1794 de 2013, recopilado en el artículo 1.6.1.6.3 del Decreto 1625 de 2016, establece que deberá presentarse nuevamente la declaración de acuerdo con el período al que corresponda, dado que las declaraciones presentadas en períodos diferentes a los establecidos por la ley no tienen efectos legales, por tanto, los valores efectivamente pagados con dichas declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del IVA del período al cual pertenece.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Dian podrá exigir que la declaración del IVA sea nuevamente presentada, siempre que actúe dentro del período de firmeza de dicha declaración. Por tanto, si la declaración del IVA presentada en períodos equivocados ya ha adquirido firmeza y la Dian no profirió el respectivo acto declarativo en el cual ordene nuevamente su presentación y el pago de la respectiva sanción, no se deberá realizar ninguna modificación a dicha declaración dado que se encuentra en firme.

Así pues, para que se dé por no presentada una declaración tributaria es necesario que la administración tributaria expida el respectivo acto declarativo que así lo ordene, el cual deberá estar debidamente motivado y sujeto a los principios de contradicción y defensa. Por tanto, mientras no se profiera el mencionado auto, las declaraciones se considerarán válidamente presentadas (ver el artículo 1 de la Circular 00066 de julio 24 de 2008).

Nota: las únicas declaraciones que son entendidas como ineficaces sin necesidad de acto declaratorio son las declaraciones de retención en la fuente cuando el pago total no se realice dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar.

Sanción por no presentar la declaración del IVA en el período correspondiente

Las declaraciones del IVA que son presentadas en períodos equivocados deben ser nuevamente presentadas liquidando la respectiva sanción por extemporaneidad contemplada en el artículo 641 del ET. No obstante, esta sanción puede ser reducida conforme a las indicaciones del artículo 640 del ET.


GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO QUE SE ACEPTARÁN FISCALMENTE EN 2021

Categoría: Uncategorized

El artículo 771-5 del Estatuto Tributario –ET–[1] contiene la norma conocida con el nombre popular de “Bancarización”, la cual, sin haber sido nunca reglamentada, empezó a aplicar desde el año gravable 2018, estableciendo un límite de aceptación fiscal a los costos, gastos,  pasivos e impuestos descontables que no se hayan cubierto por canales financieros, es decir, los que se hayan cubierto con efectivo (monedas y billetes).

Dichos límites han estado disminuyendo en su aplicación para los años gravables siguientes a 2018, lo cual implica que, para el año gravable 2021, se deberán tener en cuenta unos nuevos límites más reducidos fijados en los parágrafos 1 al 5 del mismo artículo 771-5 del ET, los cuales, incluso, variarán dependiendo del tipo de contribuyente que haya incurrido en los respectivos pagos en efectivo.

Por tanto, para el año gravable 2021, tomando en cuenta las interpretaciones doctrinales de la Dian (entre ellas, la contenida en el Concepto 19439 de julio 27 de 2018), es necesario considerar lo siguiente:

  • Para contribuyentes en general, diferentes a los expresamente mencionados en los parágrafos 3 al 5 del artículo 771-5 del ET, el monto de los costos, gastos, impuestos descontables y pasivos que se cancelen en efectivo no podrán exceder del menor entre los siguientes dos valores:
  1. El 40 % de todos los pagos por costos, gastos y pasivos realizados durante el año fiscal por parte del contribuyente, y sin importar el medio de pago.
  2. El 35 % de los costos y deducciones totales que serán tomados fiscalmente en la declaración de renta, y sin detraer aquellos que luego sean rechazados por no cumplir la norma del artículo 771-5 del ET.
  • Para contribuyentes mencionados en el parágrafo 3 del artículo 771-5 del ET (los operadores de juegos de suerte y azar), el monto de los costos, gastos, impuestos descontables y pasivos que se cancelen en efectivo no podrá exceder del 52 % de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales del año (sin importar su medio de pago).

 

  • Para contribuyentes mencionados en el parágrafo 5 del artículo 771-5 del ET (los pertenecientes al sector agropecuario y pesquero, los comercializadores del régimen simple y las cooperativas y asociaciones de productores del sector agrícola que comercialicen productos adquiridos directamente al productor), el monto de los costos, gastos, impuestos descontables y pasivos que cancelen en efectivo no podrá exceder del 75 % de los costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables totales del año (sin importar su medio de pago).

DEMANDAS LABORALES EN CONTRA DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL, QUIEN DEBE RESPONDER

Categoría: Uncategorized

Una propiedad horizontal, al ser una persona jurídica, tiene la facultad para contratar trabajadores bajo la modalidad de contrato de trabajo, es decir, empleados que cumplan un horario de trabajo, devenguen un salario mensual, realicen la prestación personal del servicio, entre otras características que conlleva la contratación de un trabajador bajo dicha modalidad de contrato.

Una vez se contrata a un trabajador bajo un contrato de trabajo nacen para las partes una serie de obligaciones. En lo que refiere al empleador (en nuestro caso en concreto la propiedad horizontal), se tiene que debe pagar mensualmente un salario al trabajador; semestral y anualmente las prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías), aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar); otorgar descansos remunerados (vacaciones), entre otras obligaciones que se desprenden de la celebración de dicho contrato.

Atendiendo a lo dicho, en el evento en el que el empleador no cumpla con las obligaciones en mención, el trabajador puede acudir al Ministerio del Trabajo, para que este, como ente conciliador, convide al empleador a pagar al trabajador los conceptos debidos a este último. En caso, de que esta audiencia de conciliación no prospere, el trabajador puede acudir ante un juez laboral para que este ordene al empleador el pago de dichos conceptos.

¿Contra quién procede una demanda laboral en una propiedad horizontal?

Según lo dispuesto mediante la Ley 675 de 2001, los copropietarios de los bienes de dominio particular conforman la persona jurídica de la propiedad horizontal.

Estos propietarios son, en términos generales, quienes se benefician de las labores realizadas por los trabajadores, debido a que estos son contratados principalmente para el mantenimiento de zonas comunes, entre otras funciones.

No obstante, en caso de que un trabajador tenga una inconformidad con la copropiedad respecto a sus derechos laborales, le corresponde interponer una demanda formal en contra de propiedad horizontal, y no contra los copropietarios.

Ahora, teniendo en cuenta lo dicho, y en lo que concierne a nuestro caso en concreto, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL2345 de 2020, precisó que, en caso de una demanda laboral interpuesta por un trabajador contratado directamente por la propiedad horizontal, debía ser esta última la llamada a responder y, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 50 de la Ley 675 de 2001, debe el administrador de la misma actuar como su representante. Lo anterior supone entonces que los copropietarios no pueden ser demandados de manera individual, sino que el trabajador deberá demandar a la copropiedad para obtener el pago de sus acreencias laborales.

Por otro lado, conviene mencionar que un trabajador contratado de manera particular por un copropietario para realizar arreglos o cualquier otra labor en su bien privado deberá interponer una demanda en contra de este último de manera individual y no contra la copropiedad.


  • -

¡FELIZ AÑO 2.021!

Categoría: Uncategorized

En este año tan atípico que culmina, toda la familia Herrera Asociados les desea enviar un mensaje de resiliencia y esperanza para este nuevo año que comienza, que este 2.021 llegue cargado de nuevos proyectos y anhelos que nos ayuden a superar esta difícil situación, sin olvidar las experiencias y aprendizajes que esta coyuntura nos ha dejado; la unión, la solidaridad, y el cuidado por nosotros mismos y por los demás.

Finalmente, queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por confiar en nosotros, acompañarnos durante este intrincado año y asumir la responsabilidad al momento de afrontar de la mejor manera todos estos cambios y seguir con el mejor de los ánimos, constantes y decididos sobre el camino.

FELIZ AÑO 2.021


  • -

INCREMENTO EN EL INC DE BOLSAS PLÁSTICAS EN 2021

Categoría: Uncategorized

El artículo 512-15 del Estatuto Tributario –ET– establece que el INC para bolsas plásticas tendrá que incrementarse para el año 2021 en el mismo porcentaje en que haya variado el IPC durante el período enero-noviembre de 2020. La norma en cuestión establece lo siguiente:

“Artículo 512-15. Impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas. <Artículo adicionado por el artículo 207 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> A partir del 1o de julio de 2017, estará sujeto al impuesto nacional al consumo la entrega a cualquier título de bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados por los establecimientos comerciales que las entreguen. La tarifa del impuesto será la de la siguiente tabla:

Año

Tarifa en pesos por bolsa

2017

$ 20

2018

$ 30

2019

$ 40

2020

$ 50

 

Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente, en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. La DIAN, certificará y publicará antes del 1o de enero de cada año las tarifas actualizadas.

El sujeto pasivo del impuesto es la persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar los productos adquiridos en establecimientos (incluyendo domicilios).

Son responsables de este impuesto las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen común de IVA. 

Este impuesto no podrá tratarse como costo, deducción o impuesto descontable.

El impuesto se causará al momento de la entrega de la bolsa. En todos los casos, en la factura de compra o documento equivalente deberá constar expresamente el número de bolsas y el valor del impuesto causado.

Parágrafo 1. La tarifa de las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales será del 0%, 25%, 50% o 75% del valor pleno de la tarifa, según el nivel (de 1 a 4) de impacto al medio ambiente y la salud pública, definido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con base en la reglamentación que establezca el Gobierno nacional. Para este fin el Ministerio de Ambiente deberá adelantar un estudio de los estándares de industria sobre el nivel de degradabilidad de los materiales plásticos en rellenos sanitarios. También adelantará estudios sobre la caracterización de los plásticos como residuos y de las soluciones ambientales factibles para estas.

Parágrafo 2. El Gobierno nacional reglamentará y tomará medidas orientadas a mitigar el impacto ambiental de las bolsas plásticas importadas; así como evitar una competencia desleal de bolsas importadas o de contrabando.”

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el Dane certificó en 1,23 % el incremento en el IPC para el período enero-noviembre de 2020 (ver página 4 del comunicado publicado en su página de internet el sábado 5 de diciembre de 2020), se puede establecer que durante el año 2021 el INC para bolsas plásticas pasaría de $50 a $51, cifra que en todo caso tendrá que ser certificada por la Dian mediante resolución antes de enero 1 de 2021.

El problema de las devueltas para clientes que paguen en efectivo

En relación con lo anterior, es fácil prever que, si la Dian fija en $51 el valor del INC por cada bolsa plástica, se empezarán a generar problemas para entregar los cambios o devueltas exactas a los clientes que hagan sus compras pagando con efectivo (a diferencia de los que paguen con tarjetas), pues, actualmente en Colombia, la moneda con menor denominación que se puede conseguir en circulación es la de $50 (aunque se supone que aún existe la de $5 y la de $10, pero difícilmente circulan entre los empresarios).

En efecto, si un cliente realiza, por ejemplo, una compra de $1.000, y decide llevar 1 sola bolsa, el total de lo que le deberá cobrarse será de $1.051; pero si el cliente paga con un efectivo que suma $1.100, ¿podrá el vendedor devolverle en forma exacta los $49? ¿O les tocará a los vendedores asumir el valor de $1 y entregar como devuelta el valor de $50? Esta sería una decisión que podría ser complicada, pues el valor que asuma cada vendedor, multiplicado por la cantidad de bolsas que se entreguen a los clientes, se podría convertir al final del año en un valor significativo.


  • -

ENTIDADES DE NATURALEZA NO SOCIETARIA NO PUEDEN OPTAR POR EL RÉGIMEN SIMPLE

Categoría: Uncategorized

En las normas de los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario –ET– se menciona expresamente que las personas jurídicas pueden optar por pertenecer al régimen simple de tributación cuando cumplan con ciertos requisitos.

Sin embargo, siempre se trasmite el mensaje de que tales personas jurídicas solo podrían ser las que tengan naturaleza societaria, pues debe tratarse de personas jurídicas que tengan “socios, partícipes o accionistas”.

De acuerdo con lo anterior, se debe entender que las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria (tales como fundaciones, corporaciones, asociaciones, cooperativas, etc.) no pueden optar por el régimen simple de tributación.

Lo anterior fue expresamente confirmado a través de los decretos reglamentarios 1468 de agosto de 2019 y 1091 de agosto de 2020. El primero de ellos agregó al DUT 1625 de 2016 el artículo 1.5.8.1.2.2, en el cual se dispuso:

“Artículo 1.5.8.1.2.2. Personas jurídicas que no pueden optar por el SIMPLE. De acuerdo con lo establecido en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario, no podrán optar por el SIMPLE las personas jurídicas que no tengan naturaleza societaria.

Las empresas unipersonales podrán optar por el SIMPLE siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario.”

Entidades de naturaleza no societaria e impuesto de renta

Por tanto, si las personas jurídicas que no tienen naturaleza societaria no pueden optar por el régimen simple, las mismas, en relación con su obligación frente al impuesto de renta, solo pueden figurar en alguno de los siguientes grupos:

  • Entidades no contribuyentes no declarantes (ver artículo 22 del ET).
  • Entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio (ver artículo 23 del ET).
  • Entidades contribuyentes del régimen especial (ver artículos 19 y 19-4 del ET).

Entidades del régimen tributario especial

Además, cuando las entidades del régimen especial no puedan seguir figurado en dicho régimen (porque no efectuaron oportunamente la actualización de su registro web, decidieron renunciar a dicho régimen o fueron removidas del mismo por el incumplimiento de ciertos requisitos especiales) pasarán automáticamente a pertenecer al régimen ordinario del impuesto de renta, pero no podrán optar por el régimen simple, justamente por no tener naturaleza societaria.


  • -

PAGO CONSTITUTIVO DE SALARIO COMO SE DETERMINA

Categoría: Uncategorized

Un empleador tiene la obligación de realizar una serie de pagos al trabajador, de los cuales algunos deben integrarse como base salarial para la determinación y pago de diferentes conceptos. Conoce, a continuación, cómo identificar un pago constitutivo de salario. 

El salario es una contraprestación económica que percibe el trabajador a cambio de la prestación de servicios a favor de un empleador. Su monto debe ser definido en el contrato de trabajo. El salario, como regla general, es percibido por el trabajador en dinero, aunque también puede ser pactado hasta determinados porcentajes en especie, es decir, con el pago de objetos diferentes al dinero.

El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– establece que constituye salario no solo la remuneración fija o variable, sino todo lo que perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Entre dicha remuneración se encuentran las horas extra o el trabajo suplementario, bonificaciones, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, comisiones, entre otras.

Aspectos que determinan que un pago constituya salario

Un pago constituye salario siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

  • Que sea habitual, es decir, realizado en iguales períodos de tiempo y de manera constante por parte del empleador, por ejemplo, una comisión.
  • Que sea realizado como contraprestación directa del servicio, esto es, que el pago se realice por el cumplimiento de las funciones previstas en el contrato de trabajo.

La importancia de identificar los pagos que constituyen salario radica en que estos son base para determinar el pago de diferentes conceptos por parte del empleador, como aportes a seguridad social, prestaciones sociales, descansos remunerados, entre otros.

Salario en especie

Como fue mencionado, la legislación colombiana permite que se determine una parte del salario en especie. El valor acordado en especie debe ser tenido en cuenta para la liquidación de todos los conceptos que dependan del salario.


  • -

QUE ACCIONES YA DEBIERON REALIZAR LOS AUDITORES INTERNOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Categoría: Uncategorized

Un auditor interno proporciona objetividad y perspectiva dentro de una organización. En una epidemia como la del COVID-19, es necesario gestionar los riesgos, y hacerlo con la máxima objetividad y perspectiva de la que se pueda disponer. Esos riesgos se han visto bastante incrementados con el hecho de enviar a los empleados a teletrabajar, entre otras causas. Así lo explica Rafael Tejedor, director de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG España, en el texto La auditoría interna, más importante que nunca ante el COVID-19.

Riesgos potenciales a los que el auditor debe prestar atención

  • El uso de redes no seguras.
  • No trabajar en el entorno habitual del sistema de planificación de recursos empresariales.
  • El uso de documentos con información crítica y privada que no están protegidos debidamente, y por eso se facilita su manipulación.
  • La presión que tiene el equipo de ventas de una organización para mantener la actividad a toda costa, aunque se esté realizando de forma remota.

Los anteriores son algunos eventos de riesgo que potencialmente podrían materializarse y a los que el auditor interno debería prestar más atención que nunca.

Importancia de contar con una cultura organizacional fuerte

Tejedor explica que un factor dilatador de todos los riesgos anteriormente nombrados es el hecho de que una compañía no posea una cultura corporativa fuerte.

«Numerosos estudios sostienen que las organizaciones que gestionan activamente sus culturas de riesgo superan la competencia en el medio plazo en cuanto a valor de mercado», aclara.

Si los empleados con responsabilidades dentro de un modelo de control y cumplimiento no perciben como relevante gestionar activamente los controles y riesgos de los que son dueños, y pasan esas actividades al último punto de sus listas, la vulnerabilidad de la organización se dispara exponencialmente.

No monitorear estos “nuevos riesgos” derivados de la coyuntura y entorno actual laboral desembocará en consecuencias lógicas de brechas en los modelos de aseguramiento y control.

Acciones que ya han debido realizar los auditores internos

Una de ellas es comprender y evaluar la gama completa de riesgos inmediatos. El auditor interno debería colaborar desde ya en poner en marcha acciones para identificar todos los riesgos posibles, evaluar su impacto potencial y pensar detenidamente respuestas a esos riesgos.

Controlar la incertidumbre y la vulnerabilidad con cooperación

El COVID-19 ha causado que los peligros sean menos predecibles que nunca. La exposición, en general, y en nuestros días, está creciendo. Particularmente, la tendencia hacia la existencia de grandes centros urbanos provoca un aumento en este nivel de exposición.

La concentración de población está ligada a un mayor potencial impacto. Adicionalmente, está demostrado que el impacto económico es cada vez mayor, dado que el nivel de capital impactado también es muy alto.

«La vulnerabilidad se está agravando. Y se está confirmando ‘el efecto cascada’ de los eventos de riesgo, desencadenando una inestabilidad grave o el colapso de toda una industria o economía», describe Tejedor.

Para combatir este nuevo escenario es necesario que el auditor interno también contribuya dentro de su organización a cambiar el enfoque y moverse desde el riesgo hacia la resiliencia.

«Es importante que el auditor coopere con sus colegas en otras empresas dentro de su país, industria o región, recopile y facilite el intercambio de datos e información sobre todos los riesgos a los que están expuestos, e incluso gestione la interacción y cooperación con asociaciones o lobbys sectoriales, organismos públicos o privados y/o redes regionales e internacionales que faciliten la colaboración para una gestión eficaz de los riesgos», indica.


  • -

NUEVOS REQUISITOS PARA SELECCIONAR A GRANDES CONTRIBUYENTES

Categoría: Uncategorized

La Dian finalmente expidió su Resolución 000105 de noviembre 23 de 2020, a través de la cual derogó su anterior Resolución 000048 de octubre 10 de 2018, volviendo a redefinir los requisitos que dicha entidad tomará en cuenta cada dos años para incluir y/o excluir a una persona natural o jurídica en el listado de grandes contribuyentes.

Por tal motivo, las personas naturales o jurídicas que adquirirán o conservarán la condición de grandes contribuyentes durante los años 2021 y 2022 serán aquellas que cumplieron con alguno de los siguientes 4 requisitos:

  • Es persona natural o jurídica que entre septiembre 30 de 2020 (año en que se hará la calificación) y los 5 años anteriores contados a partir de dicha fecha aportaron el 60 % del recaudo bruto total de la entidad, a precios corrientes por conceptos tributarios, aduaneros y cambiarios. Este es un nuevo tipo de requisito que no figuraba en la anterior Resolución 000048 de octubre de 2018.
  • Es persona jurídica o asimilada que durante 2019 (es decir, el año gravable anterior a aquel en el que se hará la calificación) obtuvo ingresos netos diferentes a los obtenidos por ganancia ocasional, por un valor mayor o igual a 5.000.000 UVT ($171.350.000.000). En la anterior Resolución 000048 de octubre de 2018 se establecía que se examinaría si los ingresos netos, tanto de personas naturales como jurídicas, fueron superiores a 2.000.000 UVT en el año anterior a aquel en el que se haría la calificación.
  • Es persona natural que durante 2019 (es decir, el año gravable anterior a aquel en el que se hará la calificación) haya declarado un patrimonio bruto igual o superior a 3.000.000 UVT ($102.810.000.000). En la anterior Resolución 000048 de octubre de 2018 se disponía que se examinaría si el patrimonio líquido, tanto de personas naturales como jurídicas, fue superior a 3.000.000 UVT en el año anterior a aquel en el que se haría la calificación.
  • Es persona natural o jurídica que hace parte de algún grupo empresarial registrado en el RUT para el momento en el que se realiza el estudio de calificación (en este caso, un grupo empresarial que figure registrado en el RUT a noviembre de 2020), cuando en dicho grupo empresarial también figura algún contribuyente al que le aplica el criterio número uno (1) anteriormente mencionado. Este es un nuevo tipo de requisito que no figuraba en la anterior Resolución 000048 de octubre de 2018.

Entre los que cumplan el requisito el anterior numeral 1) no se tendrán en cuenta las personas naturales que tengan reportada como actividad económica principal en el RUT alguna de las que se identifican con los códigos 0010 (asalariado), 0090 (rentistas de capital), 0081 (dependientes de terceros) o 0082 (sin actividad económica) y que solamente cumplan por el criterio establecido en el numeral 3 del artículo primero de la resolución 000105.

La Resolución en la que se defina el listado de los grandes contribuyentes para los años gravables 2021 y 2022 debía ser expedida antes del 30 de noviembre de 2020.

Por último, es importante destacar que el artículo 5 de la Resolución 000105 de noviembre 23 de 2020 redujo de 8 a solo 5 las causales por las cuales la Dian les podrá retirar la condición de gran contribuyente a los contribuyentes. Entre ellas figuran:

  1. El gran contribuyente se encuentra en proceso de liquidación.
  2. Que el gran contribuyente haya sido declarado como proveedor ficticio y/o que contra él se haya iniciado proceso penal de conformidad con los artículos 434A y/o 434B del Código Penal. Este es un nuevo tipo de causal que no figuraba en la anterior Resolución 000048 de octubre de 2018.
  3. El inicio de proceso de extinción de dominio sobre los bienes del gran contribuyente o cualquiera de las empresas que conformen el mismo grupo empresarial, bien sea en calidad de subordinada o controlante.
  4. Fallecimiento del gran contribuyente persona natural.
  5. Que el contribuyente, declarante, responsable o agente de retención calificado como gran contribuyente sea absorbido o disuelto dentro de un proceso de fusión o escisión, respectivamente.