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AUDITORÍA INTERNA Y CONSULTORÍA EXTERNA

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Hovana Capera Valbuena, directora de Auditoría Financiera en KPMG Colombia, explica que para una adecuada gestión administrativa las compañías contratan servicios de consultoría en diferentes áreas de especialización. Esto afirma en el Boletín de Tendencias de agosto de KPMG:

Por ejemplo, a nivel de estrategia y tecnologías de la información, así como a nivel contable, de operación, entre otros. Estas áreas se tornan relevantes y son consideradas para mitigar los riesgos de la organización.

Con el objetivo de detectar estos riesgos o alertas tempranas, o identificar controles apropiados, algunas compañías han promovido que las áreas de auditoría interna incorporen servicios de asesoría como parte de su plan de trabajo que permitan agregar valor a los procesos y a la estrategia, más que solo procesos recurrentes de revisión. Al respecto, Valbuena advierte:

No obstante, se cuestiona el grado en el que debe ser considerada tal participación para no incurrir en riesgos relacionados con independencia y objetividad.

¿Incorporar o no servicios de asesoría para realizar auditorías?

De acuerdo con las directrices para la auditoría, abordada desde el sistema de gestión ISO 19011, la cual orienta y brinda guías para planificar la auditoría, los objetivos de los programas en esta materia deben contemplar, entre otros, los siguientes puntos:

  • Prioridades de la dirección.
  • Intenciones comerciales.
  • Riesgos potenciales para la organización.

Así mismo, se aborda la auditoría como un proceso sistemático que considera principios como el de la imparcialidad y objetividad en las conclusiones. Hovana Capera afirma lo siguiente:

Los auditores deben ser independientes de la actividad auditada y actuar de forma libre contra el conflicto de intereses, manteniendo la objetividad para asegurar que todos los hallazgos y las conclusiones de auditoría se basen solo en la evidencia de auditoría.

Considerando los objetivos de los programas de auditoría, para ella es necesario o relevante mantener estas consultorías orientadas a las prioridades de la dirección respecto de nuevos procesos, productos, estrategias o servicios asociados a las intenciones comerciales y que generalmente representan nuevos riesgos para las compañías.

La responsabilidad de la compañía en esta tarea

De otra parte, las organizaciones deben trabajar en mantener un equipo auditor que reúna el conocimiento y las habilidades necesarias, incluyendo la participación de expertos externos cuando sea necesario bajo la dirección del auditor:

Con lo anterior se quiere decir que la responsabilidad de la compañía incluye el suministro de recursos suficientes y apropiados, tanto para el proceso recurrente de revisión como para la consultoría respecto de los asuntos priorizados según el nivel de importancia y riesgos asumidos.

Frente a la independencia, es necesario que la participación de la auditoría interna en procesos de consultoría no involucre la toma de decisiones finales, las cuales deben ser del funcionario con suficiente autoridad o del área delegada responsable; del mismo modo, los auditores no pueden ejecutar transacciones, diseños o procedimientos en general.

Evitar conflictos de interés

Una vez concluida esta participación, Capera Valbuena indica que en razón del mismo principio que resguarda la objetividad y la prevención de conflictos de interés, el auditor no ejecutará trabajos de auditoría sobre los procesos en los cuales participó a nivel de consultoría:

Sin embargo, esta limitación no es permanente ni extensa más allá de su propia participación. Por lo tanto, durante el proceso se deben precisar aspectos evaluados por el auditor, su nivel de injerencia, el diseño de controles en la primera línea de defensa que prevengan riesgos durante el período no sujeto a auditoría y el plazo en el cual se restringe la participación.

Dicho plazo, como práctica, se ha considerado aproximadamente de un año, aunque puede ser menor o mayor; en conclusión, un período suficiente y apropiado para asegurar la objetividad en los procesos de auditoría.


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VENTAS INFERIORES A 5 UVT PODRAN SOPORTARSE CON TIQUETES POS

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La nueva Ley de reforma tributaria 2155 de septiembre 14 de 2021, a través de su artículo 13, volvió a modificar completamente el  texto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET– (que se titulaba “Factura o documento equivalente”, y ahora se titulará “Sistema de facturación”), introduciendo una muy importante novedad en cuanto a la expedición del tiquete POS.

Anteriormente, los obligados a facturar electrónicamente podían seguir utilizando los tiquetes POS sin importar el monto de la operación, y al mismo tiempo debían estar preparados para cambiarlos por factura electrónica si el comprador así se los pedía, pues los tiquetes POS son 100 % no deducibles desde noviembre 2 de 2020.

Eso es algo particularmente desgastante en sitios como las estaciones de gasolina, donde el vendedor no sabe si su cliente solicitará o no la factura electrónica y, por tanto, al cliente que sí necesita dicha factura le corresponderá enfrentar el desgaste de enviarle correos electrónicos al vendedor pidiéndole que le genere y envíe la factura electrónica. Para esto deberá adjuntarle al correo la foto del tiquete POS.

Este cliente tendría que revisar constantemente el correo para confirmar si ya le enviaron la factura electrónica. Si aún no la recibe, tendrá que enviarle nuevos correos al vendedor para recordarle la solicitud.

Por tanto, en el texto del nuevo parágrafo 2 y del parágrafo transitorio del artículo 616-1 del ET se dispuso lo siguiente:

“Parágrafo 2. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado a expedir factura de venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones.

El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del servicio que se registre en el mismo no supere cinco (5) UVT por cada documento equivalente P.O.S. que se expida, sin incluir el importe de ningún impuesto. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquiriente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura de venta, caso en el cual se deberá expedir la misma. Lo anterior será aplicable de conformidad con el calendario que para tal efecto expida la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.

Parágrafo transitorio. Mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley.”

Por ende, luego de que el Gobierno expida la reglamentación a la nueva versión del artículo 616-1 del ET, lo que sucederá es que el tiquete POS solo podrá expedirse cuando la operación no supere $181.000 (5 UVT actualmente).

Sin embargo, esta disposición no solucionaría los problemas para casos como el que planteamos, pues las compras de gasolina muchas veces están por debajo de esa cifra y, por tanto, el comprador seguiría recibiendo primero los tiquetes POS y luego tendría que pedir por correo la factura electrónica.

En vista de lo anterior, lo mejor hubiera sido que de una vez se eliminara para siempre el tiquete POS y que sin importar el monto de la operación el vendedor siempre expida en el momento de la venta la respectiva factura electrónica, pues ningún establecimiento de comercio puede adivinar si el comprador usará o no la compra como un gasto deducible; por esto, lo mejor sería “pecar por exceso”.

Además, si el cliente no quiere dar sus datos para diligenciar la factura electrónica, en tal caso debe recordarse que los artículos 11 y 19 de la Resolución 000042 de mayo de 2020 establecen que en las facturas electrónicas sí se puede usar el seudo-NIT 22222222222, excepto en los días de las ventas sin IVA.


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NOVEDADES QUE TRAE LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL

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Con la aprobación de la Ley de Inversión Social 2155 de septiembre 14 de 2021, la población colombiana se verá enfrentada a múltiples cambios en materia tributaria. Con esta reforma el Gobierno espera recaudar alrededor de 15,2 billones de pesos, apelando en mayor medida a los cambios en impuestos a cargo del sector empresarial.

A continuación, abordamos las principales novedades que trae esta nueva ley y que deberán tener en cuenta las personas jurídicas. Veamos:

Tarifa general del impuesto de renta

La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia fiscal en Colombia será del 35 % a partir del año gravable 2022. Recordemos que con la Ley 2010 de 2019 (reforma tributaria de 2019) se había establecido que, a partir del año gravable 2022, las personas jurídicas tendrían una tarifa del 30 %. No obstante, la nueva reforma vuelve a subir este impuesto para las personas jurídicas.

Ahora bien, las instituciones financieras deberán liquidar 3 puntos porcentuales adicionales al impuesto de renta durante los períodos fiscales 2022 a 2025, con lo cual tributarán con una tarifa total del 38 %.

Cabe señalar que lo anterior solo sería aplicado a las instituciones financieras que, en el año gravable objeto de declaración, tengan una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT.

Dicha sobretasa, para los cuatro (4) períodos gravables, estará sujeta a un anticipo del 100 %, calculado sobre la base gravable del impuesto de renta sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. Dicho anticipo deberá pagarse en dos (2) cuotas iguales anuales.

Ampliación de la vigencia temporal del Paef

Se amplió hasta diciembre de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–; esta vez el programa solo cubrirá a 50 trabajadores de cada una de las entidades o personas naturales contratantes que sean potenciales beneficiarios con base en el período de cotización de marzo de 2021.

No obstante, el Gobierno estará facultado para que, en diciembre de 2021, analizando los indicadores económicos, el porcentaje de desempleo y la disponibilidad presupuestal existente, disponga mediante decreto la ampliación del Paef máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. Así mismo, en caso de que sea procedente la extensión del programa, el Gobierno determinará el número de meses adicionales por los que se otorgará el aporte estatal.

Incentivo a la creación de nuevos empleos

Con el propósito de mitigar los efectos de la crisis económica generada por el COVID-19 y en pro de reactivar el empleo formal, se creó el incentivo a la generación de nuevos empleos que permitirá financiar tanto costos laborales como los pagos a seguridad social y parafiscal.

Esta iniciativa está dirigida a los empleadores que generen nuevos empleos mediante contratación de trabajadores adicionales, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

  • Tratándose de trabajadores jóvenes entre 18 y 28 años, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25 % de un 1 salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– por cada uno de estos trabajadores adicionales.
  • Tratándose de los demás trabajadores, mayores de 28 años, que devenguen hasta 3 smmlv, el empleador recibirá como incentivo un aporte del 10 % de 1 smmlv por cado si se trata de un hombre, o de un 15 % si se trata de una mujer.

Es preciso señalar que dicho incentivo estará vigente hasta agosto de 2023. Así mismo, el empleador solo podrá recibir dentro de la vigencia de este incentivo un máximo de 12 pagos. En todo caso, solo se efectuará un pago mensual. El empleador no recibirá el incentivo por aquellos trabajadores a los que se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada para el mes por el que se recibiría el incentivo.

Ahora bien, este incentivo no podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios de nivel nacional no tributarios creados para estimular la contratación formal. Sin embargo, sí será compatible con el Paef.

Apoyo a empresas afectadas por el paro nacional

Con el propósito de apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, se otorgará a los empleadores, ya sean personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte estatal se acordará según el número de empleados multiplicados por hasta el 20 % del valor del smmlv. Para acceder a este apoyo, los empleadores deberán demostrar la necesidad de obtenerlo certificando una disminución del 20 % o más de sus ingresos frente a los ingresos obtenidos en marzo de 2021.

Ampliación de la base de ingresos para acceder al régimen simple

Podrán acceder al régimen simple de tributación aquellos contribuyentes que hayan obtenido en el año gravable anterior ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT. En el caso de las personas jurídicas nuevas, la inscripción en este régimen estará condicionada a que los ingresos del año no superen este límite.

No responsables del IVA ni del INC

Solo por el año gravable 2022, no serán responsables del IVA ni del INC de restaurantes y bares los contribuyentes del SIMPLE cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del ET.


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EN QUÉ CASOS SE PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS EN LUGAR DE UNA PENSIÓN

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Cuando una persona cotiza al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia, sus aportes le permiten acceder a una serie de prestaciones económicas ajustadas a situaciones concretas, tales como la vejez, la invalidez o la muerte.

Respecto a la vejez, los afiliados acceden a una pensión una vez cumplan los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993: la edad (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres), un mínimo de semanas cotizadas en Colpensiones (1.300) (para el caso del régimen de prima media con prestación definida –RPM–) y el capital necesario que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– en el caso de las administradoras de fondos de pensiones privadas (régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–).

Cuando un afiliado llega a la edad definida para pensionarse por vejez y no cumple con los requisitos de semanas o de capital suficiente, cuenta con el derecho de recibir, en el caso de Colpensiones, una indemnización sustitutiva por las semanas cotizadas, y en los fondos privados, la devolución de saldos que tenga en su cuenta individual.

En el caso de los fondos privados, es importante resaltar que estos cuentan con una garantía de pensión mínima que permite al afiliado que llegó a la edad sin contar con el capital suficiente y con el mínimo de 1.150 semanas acumuladas acceder a una pensión de un (1) smmlv, subsidiada por el Gobierno nacional (artículo 65 de la Ley 100 de 1993), caso en el cual procede el reconocimiento de la pensión y no la devolución de los saldos.

En muchas ocasiones, los afiliados al llegar a la edad de pensión, una vez consultan el monto de la mesada pensional, encuentran que esta es muy inferior a los ingresos percibidos en la etapa laboral o que corresponde a un (1) smmlv por surgir de la garantía de pensión mínima, razón por la cual desean recibir el dinero que tienen acumulado en lugar de que se les reconozca la pensión, pues prefieren invertir ese dinero, producir con él o comprar inmuebles. Esta situación, aunque se trate de los recursos del afiliado, no será admisible por el sistema.

¿Qué es la devolución de saldos?

La devolución de saldos es una prestación económica dada por los fondos privados de pensiones, regulada en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993.

Consiste en reintegrar al afiliado todos los saldos acumulados en su cuenta, con el fin de brindarle una protección para que no quede totalmente desamparado en su vejez, dado que no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión. Los saldos devueltos estarán conformados por el capital acumulado que el afiliado tenga en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el valor del bono pensional si a este hubiere lugar.

¿Puede un afiliado escoger entre recibir la devolución de saldos y la pensión?

Pese a que la devolución de saldos es un derecho de los afiliados al RAIS, es importante resaltar que dicha devolución solo es procedente cuando el afiliado cumple con la edad prevista para acceder a la pensión y no con los demás requisitos para que le sea reconocida.

Es decir que, si el afiliado cuenta con un capital que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) smmlv, o cumple con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión de vejez, no tiene la facultad de elegir la devolución de saldos por encima del reconocimiento de la pensión, dado que el derecho a percibir una pensión es irrenunciable.

No olvidemos que, en palabras bastante reiteradas de la Corte Suprema de Justicia, el otorgamiento de una pensión es la máxima expresión de la protección de la seguridad social de los afiliados, pues otorga una prestación periódica y vitalicia que asegura una calidad de vida digna para el afiliado y sus beneficiarios, desarrollando el objetivo primordial del sistema: la garantía de la dignidad humana.

Requisitos para acceder a la devolución de saldos

Por lo anterior, la devolución de saldos solo se otorgará cuando el afiliado:

  • Haya cumplido la edad prevista en la ley para acceder a la pensión.
  • No haya reunido el capital suficiente para financiar una pensión de vejez.
  • No cumpla con los requisitos para acceder a la garantía mínima de pensión.

De tal manera, los afiliados al sistema de pensiones en el régimen privado, aun cuando crean que es más conveniente para ellos recibir la devolución de saldos, si sus aportes consolidan el acceso a la pensión de vejez, el sistema les reconocerá dicha prestación periódica y vitalicia.


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CONTROLES MÍNIMOS EN LA AUDITORÍA TRIBUTARIA SEGÚN LAS NIA

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En consideración del alto nivel impositivo establecido en Colombia y la gran variedad de impuestos y contribuciones a las que se encuentran sometidas tanto personas naturales como jurídicas, algunos contribuyentes buscan estrategias para disminuir las cargas tributarias que se deben asumir; en algunas ocasiones, se adoptan prácticas de elusión de impuestos, y en los casos más críticos y de mayor riesgo se elige la evasión.

En dicha búsqueda las empresas se exponen a un alto riesgo de ser objeto de fiscalización y, muy seguramente, a sanciones por parte de la administración de impuestos.

Siguiendo este razonamiento, la auditoría tributaria es una herramienta para prevenir riesgos sancionatorios y asegurar la adecuada gestión de la empresa respecto a las obligaciones tributarias, siempre que se realice bajo la normativa tributaria vigente y en los criterios y tiempos determinados.

A continuación, se da respuesta a la siguiente pregunta: de acuerdo con las NIA, ¿cuáles son los controles mínimos que deben implementarse en las compañías para la mitigación de riesgos en el proceso de gestión de impuestos?

En primer lugar, las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– no señalan controles específicos para la mitigación de riesgos en la gestión fiscal.  No obstante, estas normas de auditoría permiten también su aplicabilidad a otros contextos que permitan al auditor formar una opinión de los estados financieros.

Realizadas estas aclaraciones, en el diseño de los controles para una auditoría dirigida a la gestión de impuestos se deberá, como mínimo:

  1. Conocer correctamente el perfil tributario: esto implica conocer las obligaciones sustanciales y formales e identificar los impuestos de mayor complejidad.
  2. Identificar y evaluar los riesgos: se debe considerar la probabilidad del impacto en la identificación y evaluación de riesgos, teniendo en cuenta que los impactos en materia de impuestos suelen ser altos para la entidad.
  3. Considerar el volumen de datos: el auditor deberá diseñar controles dirigidos a mitigar los riesgos considerando el volumen de datos de naturaleza fiscal.
  4. Considerar las múltiples obligaciones fiscales: el auditor también deberá tener en cuenta en la auditoría las múltiples obligaciones de carácter fiscal con las que debe cumplir la compañía.
  5. Atender a la disponibilidad de herramientas tecnológicas: es importante evaluar la disponibilidad de las herramientas tecnológicas en la gestión fiscal, por lo que el auditor considerará establecer controles considerando, por ejemplo, si las liquidaciones son manuales o automáticas.

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MOTIVOS DE RECHAZO DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

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Cuando los contribuyentes posean saldos a favor ante la Dian, podrán solicitar su devolución o compensación. Existen casos especiales en los cuales la administración tributaria podrá rechazar tales solicitudes de forma definitiva. Conoce los motivos que dan origen a este rechazo.

El artículo 857 del Estatuto Tributario –ET– contempla ciertas causales que dan origen al rechazo de la solicitud de devolución o compensación de saldos a favor, entre estas encontramos:

  • Cuando la solicitud sea presentada de forma extemporánea.
  • Cuando el saldo en materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior.
  • En el caso de los exportadores, cuando el saldo a favor objeto de solicitud corresponda a operaciones realizadas antes de cumplirse con el requisito de la inscripción en el RUT (ver el inciso segundo del artículo 555-2 del ET).
  • Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o compensación se genera un saldo a pagar como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o responsable.
  • Cuando se compruebe que el proveedor de las sociedades de comercialización internacional solicitante de devolución y/o compensación, a la fecha de presentación de la solicitud, no ha cumplido con la obligación de efectuar la retención, consignar lo retenido y presentar las declaraciones de retención en la fuente con pago de los períodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la fecha de presentación de la solicitud.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 857 del ET señala que las solicitudes de devolución o compensación deberán ser inadmitidas cuando en el proceso para resolverlas se configuren algunas de las siguientes causales:

  • Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada por las causales previstas en el artículo 580 del ET.
  • Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales.
  • Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error aritmético.
  • Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación un saldo a favor del período anterior diferente al declarado.

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FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE PERSONAS NATURALES AG 2020

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La firmeza es la condición jurídica que adquiere una declaración tributaria, de manera tal que no puede ser cuestionada o modificada por la Dian. Los artículos 714 del ET y 117 de la Ley 2010 de 2019 establecen que esta declaración puede tener un período de firmeza de tres (3) o cinco (5) años.

De esta manera, por ejemplo, si se trata de una declaración de renta del régimen ordinario en la cual no se liquidan pérdidas fiscales (independientemente de si la declaración arroja saldo a pagar o a favor), la Dian dispone de tres (3) años para auditarla, contados desde el vencimiento del plazo para declarar en el caso de las declaraciones presentadas oportunamente, o desde el día de la presentación si son extemporáneas.

En todo caso, si el saldo a favor de la declaración es solicitado en devolución o compensación, los tres (3) años para auditarla empezarán a contar desde el momento en que se haya presentado la respectiva solicitud.

De acuerdo con el artículo 147 del Estatuto Tributario –ET–, la Dian dispone de doce (12) años para auditar una declaración de renta del régimen ordinario si sobre ella se liquida alguna pérdida fiscal compensable en ejercicios siguientes. Sin embargo, la Ley 2010 de 2019 indica lo siguiente:

Artículo 117. Término de firmeza. El término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales, o que estén sujetos al Régimen de Precios de Transferencia, será de cinco (5) años.

Por lo tanto, para las declaraciones que se presenten durante la vigencia 2020 y en períodos siguientes, la firmeza operará así: en el caso de la declaración del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia, el período de firmeza corresponderá a cinco (5) años, de la misma forma que ocurre con las declaraciones en las que se determinen o compensen pérdidas. Sin embargo, aún no existe claridad sobre si este plazo empieza con posterioridad al año gravable en el que se liquidó la pérdida o luego de la presentación de la declaración.

Finalmente, en concordancia con el nuevo artículo 689-2 del ET (beneficio de auditoría), modificado por el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019, en el caso de las declaraciones de renta del régimen ordinario de los años gravables 2019, 2020 o 2021 que se presenten cumpliendo los requisitos allí establecidos, la Dian dispondrá de seis (6) o doce (12) meses para auditarlas (contados desde la fecha de su presentación).

Oportunidad para corregir una declaración

Teniendo en cuenta que el plazo para corregir una declaración tributaria es de tres (3) años contados a partir del plazo para declarar, si un contribuyente, por ejemplo, presenta su declaración de renta del año gravable 2020 el 7 de septiembre de 2021 (día en el que se vence el plazo para declarar), tendrá oportunidad de corregir dicha declaración hasta el 7 de septiembre de 2024.

Recordemos que la versión anterior del artículo 588 del ET señalaba que el plazo para corregir las declaraciones era de dos (2) años a partir del vencimiento del plazo para declarar; por tal motivo, si el contribuyente planea corregir una declaración de renta correspondiente al año gravable 2017, presentada en 2018, debe tener en cuenta que la oportunidad para realizar la corrección fue hasta 2020. Esto dado que la Ley 2010 de 2019, que modificó al artículo 588 y amplió el plazo para realizar las correcciones, solo entró a regir a partir del 27 de diciembre de 2019; por tanto, a las declaraciones presentadas antes de su entrada en vigor no les aplican sus disposiciones.


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PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL SE AMPLÍA VIGENCIA HASTA DICIEMBRE DE ESTE AÑO

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto Legislativo 639 de 2020 creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–, que tiene como finalidad otorgar un subsidio equivalente al 40 % de un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– por cada empleado, para los empleadores que hayan visto afectadas sus finanzas con ocasión de la contingencia por el COVID-19.

Ampliación de la vigencia del Paef

En el artículo 21 de la Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social), se indica que para los empleadores que por el período de cotización de marzo de este año hayan tenido máximo 50 trabajadores se ampliará el Paef desde mayo hasta diciembre de este mismo año, en las mismas condiciones de acceso previstas en los decretos legislativos 677 y 815 de 2020 y en la Ley 2060 de 2020.

Número máximo de empleados

Como fue mencionado, este aporte se otorgará a los empleadores que tengan máximo 50 trabajadores, no obstante, el parágrafo 1 del artículo en mención indica que el hecho de que el empleador cuente con un número mayor de empleados no será un impedimento para su postulación al Paef, pero no podrá ser beneficiario por un número superior, es decir, el límite es de 50 trabajadores.

En igual sentido, el parágrafo 2 del mismo artículo señala que en la determinación de los 50 empleados que serán beneficiarios del subsidio deberá priorizarse a las mujeres, caso en el cual el aporte será del 50 % de un (1) smmlv conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 2060 de 2020 que adiciona un nuevo parágrafo 5 al artículo 3 al Decreto Legislativo 639 de 2020. Esto supone que las trabajadoras serán beneficiarias del subsidio en un 50 %; para los trabajadores continuará siendo del 40 %.

Se establece, a su vez, que por trabajadores se entenderán aquellos por los cuales el empleador haya cotizado el mes completo en la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– con un ingreso base de cotización –IBC– de un (1) smmlv (parágrafo 2 del Decreto Legislativo 639 de 2020).

El Paef podría ser ampliado hasta diciembre de 2022

Por medio de esta nueva ley, se establece que en diciembre de este año, según los indicadores económicos, el porcentaje de desempleo y la disponibilidad presupuestal, se estudiará la posibilidad de ampliar la vigencia del Paef hasta diciembre de 2022.


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HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

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Uno de los primeros pasos que se deben seguir al elaborar los estados financieros es la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. Al respecto, el párrafo 3.8 del Estándar para Pymes establece que la entidad debe analizar su capacidad para continuar siendo un negocio en marcha al final de cada ejercicio.

La anterior es una condición esencial para la preparación de estados financieros bajo dicha norma. Si una entidad no tiene la capacidad de continuar operando como un negocio en marcha, deberá abandonar el Estándar para Pymes y reemplazarlo por las disposiciones del Decreto 2101 de 2016.

Cabe anotar que este decreto que adicionó un quinto anexo al DUR 2420 de 2015, contiene el marco técnico normativo que deberán aplicar las entidades que no cumplan con la hipótesis de negocio en marcha.

Significado de negocio en marcha

Cuando se dice que una entidad es un negocio en marcha se quiere decir que tiene la capacidad de continuar operando, por lo menos, durante un período adicional después de la fecha sobre la que informa.

La hipótesis de negocio en marcha no puede ser una especulación o presunción, pues la norma establece que la entidad debe “evaluar la capacidad de continuar como un negocio en marcha al final de cada período”. Esto significa que deben documentarse las condiciones que permitan concluir (o probar) que la entidad tiene capacidad de seguir operando.

Es importante tener en cuenta que las situaciones antes mencionadas no representan en sí mismas un incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, pues se deben evaluar en conjunto con los planes que haya diseñado la gerencia para contrarrestar, por ejemplo, los efectos negativos de la pandemia, ya sea a través de una solicitud de créditos bancarios, la creación de nuevas líneas de negocio, entre otras estrategias.

Evaluación de la hipótesis de negocio en marcha

Por lo menos una vez al año la entidad debe elaborar un memorando de evaluación de negocio en marcha para tener evidencia de la capacidad operativa y de la utilización de los Estándares Internacionales.

Si la entidad no ha tenido resultados positivos, deberá evaluar su capacidad de generar utilidades y continuar operando en el período siguiente. Para ello, la gerencia puede emitir un documento en el cual analice las condiciones de su operación futura y argumente las razones por las cuales espera seguir operando por lo menos durante un período más.

Si existen barreras legales, comerciales, financieras o de otra índole muy evidentes en el mercado y que indiquen que la entidad probablemente tendrá dificultades, el memorando de negocio en marcha debería tener comentarios sobre las estrategias que la entidad implementará para sortear estas dificultades.

Normativa

Así las cosas, los marcos normativos de los preparadores del Estándar Pleno (grupo 1), de las pymes (grupo 2) y de las microempresas (grupo 3) pueden ser utilizados únicamente por entidades que cumplan con la hipótesis de negocio en marcha.

En consecuencia, si una entidad deja de cumplir con dicha hipótesis o decidió liquidarse, deberá abandonar su marco normativo y elaborar sus estados financieros aplicando el marco del anexo 5 del DUR 2420 de 2015.

 


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NÓMINA ELECTRÓNICA PARA INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLE

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El artículo 4 de la Resolución 000013 de febrero 11 de 2021 (la cual ha sido modificada hasta ahora con las resoluciones 000037 de mayo 5 de 2021 y 000063 de julio 30 de 2021) establece que la tarea de elaborar a partir de septiembre de 2021 el documento soporte de nómina electrónica será obligatoria solo para los contribuyentes del impuesto de renta que pretendan restar en dicha declaración el valor del costo o gasto por concepto de nómina.

Por tanto, en razón a que los contribuyentes del régimen simple no son declarantes del impuesto de renta (es decir, no utilizan el formulario 110 ni el 210) y solo utilizan el formulario 260 (en el cual nunca se restarían costos o gastos por ningún concepto), se entiende que a tales contribuyentes no les interesaría cumplir, ni siquiera de forma voluntaria, con la tarea de elaborar el documento soporte de nómina electrónica.

Sin embargo, es importante recordar que a los inscritos en el régimen simple les podría suceder que antes de que se cierre el año fiscal terminen incumpliendo alguno de los requisitos de los artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario –ET–, y por tanto, les correspondería regresar al régimen ordinario dentro del mismo año fiscal y cerrar el año dentro de dicho régimen, lo cual implicaría que en tal caso sí necesitarán contar con todos los soportes de los costos y gastos que van a necesitar incluir en su formulario 110 o 210.

Así, por ejemplo, si la persona natural residente que venía inscrita en el SIMPLE se tiene que ir del país y convertirse en no residente, o si la persona jurídica nacional contribuyente del SIMPLE decide convertirse en socia de otra persona jurídica, se diría que incurren en causales no subsanables que les impiden continuar en el régimen simple y por tanto deben regresarse al régimen ordinario.

Además, si les corresponde regresar inmediatamente al régimen ordinario, los anticipos que ya se habían realizado dentro del régimen simple a lo largo del año tendrán que ser aplicados al saldo del impuesto de renta del régimen ordinario que tendrán que liquidar al final del año.

Visto lo anterior, lo mejor será que los contribuyentes del SIMPLE se acostumbren a contar, aunque sea de forma voluntaria, con todos los soportes legales válidos de sus costos y gastos pues nada impediría que muchos de ellos se vean en la obligación de regresar al régimen ordinario antes de finalizar el año fiscal.