Archivo del Autor: admin

NUEVA CAUSAL DE DISOLUCIÓN, PUNTOS A TENER EN CUENTA POR ADMINISTRADORES Y REVISORES FISCALES

Categoría: Uncategorized

Con la entrada en vigor de la Ley de emprendimiento (Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020), y particularmente la nueva causal de disolución dispuesta en su artículo 4, por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, se resuelve una discusión que desde años atrás venía dándose.

Dicha discusión radicaba en qué tan pertinente era la causal de disolución por la ocurrencia de pérdidas que redujeran el patrimonio por debajo del 50 % del capital, en las diferentes clases de sociedades y en sucursales de sociedades extranjeras.

Luis Fernando Reyes, socio de Legal, y Rodrigo Cifuentes, socio de Corporate Finance en BDO Colombia, explican que la discusión se centraba en que la simple verificación del efecto de las pérdidas no ofrecía, en muchos casos, una visión real de los negocios, ya que, aunque una sociedad en un período determinado basándose en su modelo de negocio podría generar pérdidas, esto en sí mismo no implicaba que la sociedad no tuviese una proyección futura de ingresos.

«Las normas de disolución por pérdidas no permitían un análisis integral de la empresa, como, por ejemplo, el hecho de que la sociedad perteneciera a un grupo empresarial y que, en determinado momento, la pérdida estuviese asociada a un modelo de negocio integral, sin que ello implique que la sociedad no resulte ser variable en el corto plazo», explican.

Para ellos, es positivo que el Legislador haya decidido cambiar el curso y reemplazar las causales de disolución por pérdidas por la del no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.

Lo anterior supone ahora para los administradores de las empresas un ejercicio de análisis mucho más profundo del negocio y una oportunidad para enfocar su gestión hacia aquellos aspectos que, en efecto, sí pueden poner en riesgo la viabilidad de la empresa en el corto plazo.

Puntos a los que deberá estar atenta la administración de la sociedad

Bajo este nuevo esquema, la administración de la sociedad debe orientar sus esfuerzos al constante monitoreo de aspectos sobresalientes, como los siguientes:

  • Flujos de caja negativos.
  • Seguimiento permanente de indicadores financieros.
  • Dependencia de ingresos concentrada en pocos clientes.
  • Relevancia material de demandas contra la empresa que puedan amenazar la continuidad del negocio.
  • Viabilidad del negocio frente a situaciones o factores externos a la empresa, como cambios de normas o regulaciones, circunstancias de fuerza mayor, entre otros.

Reyes y Cifuentes explican que esta nueva causal obliga al administrador, so pena de ser solidariamente responsable de los efectos adversos de la disolución, a convocar de manera inmediata al máximo órgano cuando se pueda verificar razonablemente su acaecimiento, informando y documentando esta situación, volviéndose así el análisis financiero una verdadera prioridad en las empresas.

Consejos para tener en cuenta

  • Viabilidad y proyección del negocio a 12 meses. Es necesario saber el estado actual de liquidez de la compañía. Es el punto de partida para proyectar el sostenimiento de esta en el corto plazo, teniendo en cuenta los posibles escenarios que podrían presentarse.
  • Análisis de sensibilidad del flujo de caja operacional. Es importante realizar un análisis de los ingresos inmediatos junto con los egresos que requieren una respuesta en el corto plazo, con el objeto de efectuar una planeación óptima de entradas y salidas de efectivo.
  • Endeudamiento de la compañía. Es importante revisar el estado actual de endeudamiento y el cumplimiento que se ha venido realizando en los acuerdos de pago con entidades. «De esta manera se podrían identificar los cupos disponibles, como también nuevas opciones de apalancamiento».
  • Proyectar el capital de trabajo. El cálculo del capital de trabajo genera toma de decisiones, ya que refleja los recursos disponibles que requiere la empresa para responder a los compromisos de pago en el corto plazo y así poder ejecutar su operación. Por tanto, el capital de trabajo permite evaluar la capacidad de la compañía para generar caja.

Un consejo para revisores fiscales y auditores

Es importante que tanto auditores como revisores fiscales analicen, con especial cuidado, la evaluación realizada por los administradores y las revelaciones consignadas por estos en los estados financieros, en relación con la capacidad de la sociedad para continuar con el negocio en marcha.

Bajo esta nueva realidad, cobra gran importancia la valoración que haga el auditor, no solo sobre las cifras al final del ejercicio, sino frente a los hechos o eventos posteriores al cierre, que puedan eventualmente comprometer la viabilidad del negocio.

Ten en cuenta que…

La causal de disolución por pérdidas había sido suspendida temporalmente a través del Decreto Legislativo 560 de abril de 2020 hasta el 16 de abril de 2022; por ello, atendiendo la evaluación contenida en el Oficio 220-006463 del 3 de febrero de 2021 de la Superintendencia de Sociedades, debe entenderse que hasta abril de 2022 tampoco se tendrán que disolver y liquidar sociedades por la nueva causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.


VIDA ÚTIL DE UNA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Categoría: Uncategorized

La depreciación es un mecanismo contable que reconoce un determinado valor durante la vida útil del activo, el cual hace referencia al desgaste que resulta del activo tras su uso. El reconocimiento semanal o mensual de este desgaste va generando un acumulado que restado al valor inicial del activo permitirá conocer su valor en libros.

Algunas entidades deprecian sus activos para que, al final de la vida útil, restado el valor inicial del activo con la depreciación acumulada sea $0; sin embargo vale la pena señalar que un activo no siempre se depreciará a lo largo de su vida útil para llegar a un valor de $0, sino que la empresa también puede considerar en sus políticas contables un valor residual o valor de salvamento, el cual deberá quedar al final de la vida útil que la empresa haya establecido para la propiedad, planta o equipo a depreciar.

Ahora bien, debemos recordar que el valor expresado en la vida útil de un activo es el período –puede darse en horas, días, semanas o meses– durante el cual una entidad espera usarlo. Esta vida útil también puede ser expresada en un determinado número de unidades que se espera que el activo pueda producir.

Por su parte, el valor residual hace referencia a un monto esperado al final de la vida útil del activo; tanto este valor como el valor de la vida útil de una propiedad, planta o equipo podrán ser modificados en algunos casos, por ejemplo, al presentarse:

  • Un desgaste significativo e inesperado en la propiedad, planta o equipo.
  • Cambios en el precio de mercado de la propiedad, planta o equipo que hayan disminuido o aumentado significativamente su precio.
  • Cambios en el uso de la propiedad, planta y equipo.

¿Cómo determinar la vida útil de la PPyE?

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 17.21 del Estándar para Pymes, para determinar el tiempo en el que una entidad busca usar un activo como una propiedad, planta o equipo se deben considerar al menos los siguientes aspectos:

  • La utilización esperada del activo. Se responde a la siguiente pregunta: ¿durante cuánto tiempo productivo se espera usar el activo? Este dato debe tener en cuenta los aspectos de la administración de la entidad, puesto que, usualmente, en los procesos de planeación puede elegirse usar el activo durante su tiempo máximo de capacidad o durante un tiempo limitado sin generar un desgaste total.
  • La obsolescencia comercial o técnica del activo. Un equipo usado para producir determinado producto podrá quedar obsoleto si su demanda desaparece.
  • El desgaste físico esperado de la propiedad, planta y equipo con los años. El desgaste de un activo dependerá de su capacidad para ser parte del ciclo productivo, de sus materiales y la garantía e intensidad de uso que la empresa le dará.
  • Los límites legales o restricciones contractuales para el uso del activo.

DOCUMENTO SOPORTE EN COMPRAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Categoría: Uncategorized

El artículo 1 del Decreto 358 de 2020 sustituyó al artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 para fijar pautas respecto al documento soporte para las adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, el cual formaliza la cuenta de cobro.

Posteriormente, la Dian, mediante la Resolución 000042 de 2020, estableció los requisitos y aspectos para tener en cuenta en la expedición de dicho soporte.

No obstante, con el ánimo de incluir el documento soporte en compras a no obligados a facturar electrónicamente dentro del sistema de facturación electrónica de que trata el artículo 90 de la resolución en mención, la administración tributaria expidió el 9 de febrero de 2021 la Resolución 000012, mediante la cual adicionó un parágrafo 4 al artículo 55 de la Resolución 000042, así como también prescribió el anexo técnico del documento soporte en adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura, señalando las funcionalidades y reglas de validación que permitirán cumplir con la generación, transmisión y validación de dicho documento por parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos.

Documento soporte en compras a no obligados a facturar debe ser remitido electrónicamente a la Dian

El inciso segundo y el parágrafo 3 del artículo 55 de la Resolución 000042 de 2020 establecen que, cuando el adquiriente sea facturador electrónico o respalde sus operaciones con el documento soporte en mención, este deberá generarse en forma electrónica atendiendo las condiciones, términos y mecanismos establecidos por la Dian para tal fin. Para esto, además de los requisitos previstos en los numerales 1 al 7 del artículo en mención, se deberán cumplir las siguientes exigencias:

  • Incluir firma del emisor del documento soporte al momento de la generación.
  • Utilizar el formato electrónico de generación establecido por la Dian.

Ahora bien, para efectos de la generación y transmisión para la respectiva validación por parte de la Dian, deberán atenderse los términos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos previstos en el Anexo técnico de documento soporte 1.0, el cual deberá ser adoptado a más tardar el 1 de julio de 2021.

Obligados a adoptar el anexo técnico de documento soporte

Deberán adoptar el anexo técnico de documento soporte versión 1.0 todos los sujetos que adquieran bienes y/o servicios por parte de un proveedor no obligado a expedir factura de venta. Lo anterior, con el propósito de que puedan documentar la transacción y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables, según sea el caso.

Es importante tener en cuenta que el documento soporte en compras a no obligados a facturar solo deberá ser generado de forma electrónica por parte de los adquirientes que sean facturadores electrónicos y quienes soporten sus operaciones con este documento. Sin embargo, si tanto el adquiriente como el proveedor no se encuentran obligados a facturar, el documento soporte podrá ser expedido en forma física cumpliendo los requisitos previstos en el inciso 1 del artículo 55 de la Resolución 000042 de 2020.

Generación del documento soporte

Para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción del sistema que conforma el documento soporte en compras a no obligados a facturar, se deberán utilizar los siguientes documentos del Estándar UBL (Universal Business Language):

  • Invoice: documento soporte electrónico.
  • ApplicationResponse: documento electrónico de propósito general mediante el cual se envían las validaciones realizadas por la Dian al documento soporte.
  • AttachedDocument: documento electrónico mediante el cual se envían o entregan varios documentos electrónicos (contenedor electrónico).

Es importante tener en cuenta que el Estándar UBL, según el anexo técnico del documento soporte, busca estandarizar el documento soporte electrónico en mención de manera que se formalicen dichas transacciones utilizando instrumentos electrónicos que permitan que la información pueda ser utilizada de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Inconvenientes tecnológicos

De acuerdo con el anexo técnico, cuando se presenten inconvenientes tecnológicos por parte del facturador o por parte de la Dian, no se tendrá contemplada la emisión del documento soporte electrónico. Sin embargo, una vez se restablezcan los servicios, deberá efectuarse la respectiva transmisión del documento a la Dian.

Documento soporte podrá ser expedido en forma física hasta el 30 de junio de 2020

Considerando que el anexo técnico del documento soporte deberá ser adoptado a más tardar el 1 de julio de 2021, es claro que hasta el 30 de junio del año en curso dicho documento podrá continuarse expidiendo de forma física tanto por facturadores electrónicos como por quienes soporten sus operaciones con el documento soporte. Por lo tanto, hasta la fecha en mención, este seguirá siendo soporte de costos, gastos e impuestos descontables y no estará sometido a la limitación del porcentaje máximo a soportarse sin factura electrónica señalado en el parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET–.


TERCERIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL Y CONTRATISTAS INDEPENDIENTES

Categoría: Uncategorized

En el ámbito laboral existen diferentes formas de contratación de personal o de servicios, entre las que se encuentran la tercerización e intermediación laboral y la figura del contratista independiente. Estas formas de contratación son válidas y legales, no obstante, puede suceder que se usen indebidamente, lo cual puede causar inconvenientes tanto para los empleadores como para las personas o empresas que prestan estos servicios.

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Atendiendo a lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL4479 de 2020, realizó una serie de precisiones respecto a las figuras de la tercerización laboral, contratista independiente y simple intermediario.

Tercerización laboral

La Corte precisa que la tercerización laboral es un modo de organización de la producción en el que se encomienda a un tercero la ejecución de determinadas operaciones del proceso productivo.

Al respecto, la Corte señala que la tercerización comprende, entre otros, los siguientes fines:

  • Ser una estrategia empresarial en la que la compañía se concentra en desarrollar actividades del objeto principal, descentralizando aquellas complementarias que, aunque son necesarias, no producen lucro empresarial.
  • La externalización de los procesos productivos a proveedores que, debido a su especialización y conocimientos técnicos, ofrecen servicios a bajo costo.

En lo que refiere a la contratación de trabajadores bajo esta modalidad, la Corte manifestó:

“(…) no puede ser utilizada con fines contrarios a los derechos de los trabajadores, bien sea para deslaborizarlos o alejarlos del núcleo empresarial evitando su contratación directa o, bien sea, para desmejorarlos y debilitar su capacidad de acción individual y colectiva mediante la segmentación de las unidades”.

Contratista independiente

Teniendo en cuenta lo dicho frente a la tercerización laboral, la Corte determinó que esta modalidad de contratación (tercerización) tiene su fundamento legal en lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, que regula la figura del contratista independiente.

El artículo en mención establece que el contratista independiente es aquella persona natural o jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, asumiendo todos los riesgos para realizar las labores encomendadas con sus propios medios y con libertad y autonomía administrativa.

Lo anterior supone que un contratista independiente, al asumir los riesgos de la actividad y realizarla con sus propios medios, autonomía técnica y administrativa, es un verdadero empleador y no un representante ni intermediario.

Al respecto, la Corte señala:

“(…) para que sea válido el recurso de contratación externa, a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia del trabajo ha dicho que el contratista debe tener estructura y aparato productivo propio especializado (…), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación”.

En igual sentido, la Corte indica que, si no puede evidenciarse que el empresario contratado cuenta con una estructura productiva propia y/o que los trabajadores designados para desempeñar la labores no están bajo su subordinación, no se estaría frente a la figura del contratista independiente, sino frente a la del simple intermediario, teniendo esta última como objeto el suministro de mano de obra a la empresa principal.

Aunado a lo anterior, la Corte aclara que en el evento en que no se constate autonomía técnica y de personal por parte de la empresa contratada, sino que esta envió trabajadores para desempeñar labores a la empresa contratante, deberá declararse a esta última como verdadero empleador y, a su vez, la primera deberá asumir de manera solidaria el pago de las acreencias laborales al trabajador.

Para esto, la Corte precisa:

“Estos casos de fraude a la ley, conocidos en la doctrina como hombre de paja o falso contratista, se gobiernan por el artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en virtud del cual la empresa principal debe ser catalogada como verdadero empleador y la empresa interpuesta como un simple intermediario que, al no manifestar su calidad, debe responder de manera solidaria”.

Simple intermediario

La figura del simple intermediario se encuentra dispuesta en el artículo 35 del CST. Este artículo establece que los simples intermediarios son aquellas personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos por cuenta de un empleador. Esta figura es una modalidad de intermediación laboral, junto con las empresas de servicios temporales y las agencias de empleo.

Para mayor comprensión, realizaremos una breve diferenciación de estas modalidades de intermediación laboral:

  • Simple intermediario: se interpone para vincular formalmente a los trabajadores y ponerlos a disposición de la empresa principal. El simple intermediario no es el empleador de los trabajadores que contrata para la ejecución de las actividades, sino que un colaborador de la empresa que contrata el servicio.
  • Empresa de servicios temporales: tienen como objeto enviar trabajadores en misión a empresas usuarias para desempeñar actividades ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazo temporal de personal o cubrir vacantes por aumento de producción. La empresa de servicio temporal es el empleador de los trabajadores en misión, por lo tanto, le corresponde realizar el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, etc.
  • Agencias de empleo: una agencia de empleo comprende la prestación de una serie de servicios, entre los que se encuentran: disposición de buscadores de empleo, vacantes y empleadores. Ofrecen orientación laboral a trabajadores y empleadores y seleccionan y remiten a los candidatos que cumplan con el perfil más opcionado y con más posibilidad de contratación para una empresa. En Colombia, contamos a nivel estatal con la agencia Servicio Público de Empleo. Una agencia de empleo no cumple el papel de empleador, solo se encarga de poner en contacto a empleadores con trabajadores.

AUTO INICIO DE PROCESO SOCIEDAD H.P.C. MARKETING Y EVENTOS SAS

Categoría: Uncategorized

Cualquier comentario por favor remitirlo a la casilla de correo electrónica mariaeldanunez@hotmail.com

Empresa: H.P.C. Marketing y Eventos S.A. 
 

PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS

Categoría: Uncategorized

Antes de realizar una auditoría de estados financieros en una pyme, el profesional deberá tener en cuenta que este tipo de auditorías están basadas en riesgos, lo que significa que las labores que desempeñe se encuentran fundamentadas en el riesgo.

Por ello, al enfocarse el profesional en el conocimiento de la entidad y su entorno, centrará su atención en las áreas donde considere que puedan surgir riesgos, los cuales pueden estar relacionados con el cliente o los estados financieros.

La auditoría de estados financieros debe ser diseñada y ejecutada con el fin de que la evidencia cumpla con ser suficiente y apropiada; estas dos características se asocian a la cantidad y a la calidad de la evidencia, respectivamente. Si el profesional logra que la evidencia sea suficiente y apropiada, podrá formar su opinión en bases confiables.

  • Planeación basada en riesgos

Llevar a cabo una planeación con el objetivo de prever lo que pueda salir mal. Esto permitirá al profesional anticiparse a lo que pueda suceder. En este paso deberá conocer en profundidad al cliente y su entorno, lo cual determinará el alcance de la auditoría. También se deberán determinar los saldos de importancia relativa y considerar el riesgo de cada saldo para responder adecuadamente al riesgo.

Una respuesta adecuada al riesgo consiste en dar respuesta oportuna y apropiada con personal experimentado y realizar pruebas de controles y sustantivas.

  • Ejecutar lo planeado

Responder a los riesgos implica realizar los procedimientos que fueron planeados por el profesional, dado que una eficaz ejecución en la auditoría hará que la evidencia pueda ser suficiente y apropiada. Una ejecución no planeada conlleva una ausencia de la prevención de los riesgos y una disminución de la calidad de la auditoría.

  • Control de evidencia

Para que la evidencia sea apropiada y suficiente, se deberá considerar, en primer lugar, la importancia relativa, puesto que esta determinará cual será la extensión de las técnicas y procedimientos que realice el auditor, afectando la cantidad de pruebas realizadas por el profesional. Así mismo, se debe considerar si los riesgos identificados y eventos surgidos en la marcha de la auditoría han sido cubiertos para que la evidencia no sea insuficiente.

  • Concluir

Las conclusiones a las que llegue el profesional deberán estar soportadas por evidencia suficiente y apropiada. En este paso, cada saldo de las cuentas deberá tener una conclusión y el profesional deberá soportarla en sus papeles de trabajo.

  • Informar y archivar

Informar a la administración o a la dirección consiste en que el profesional comunique sus consideraciones a estas figuras de la entidad. Es importante considerar que el ideal de dicha comunicación es la reciprocidad, la cual podría consistir en la información que la entidad propicie al profesional acerca de los planes de mejora que realizará según las recomendaciones de este último. Por su parte, el archivo profesional consiste en que se realice un adecuado cierre de los papeles de trabajo, dada su alta importancia legal.

 


NÓMINA ELECTRÓNICA, QUE DEBES SABER SOBRE EL NUEVO DOCUMENTO

Categoría: Uncategorized

Luego de que el 17 de diciembre de 2020 la Dian publicara en su portal web un proyecto de resolución con el cual se dio a conocer lo que sería la reglamentación del documento soporte de pago de nómina electrónica, finalmente el 11 de febrero de 2021 fue expedida la Resolución 000013, mediante la cual se implementó dentro del sistema de facturación electrónica (ver el artículo 90 de la Resolución 000042 de 2020) un nuevo documento que servirá como soporte de pago de la nómina electrónica, acorde con las indicaciones previstas en el parágrafo 6 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario –ET–, adoptando, además, el anexo técnico para su implementación.

Documento soporte de pago de nómina electrónica

Considerando que el sistema de facturación electrónica es aplicable a los pagos de nómina de los cuales se genera el documento soporte de pagos de nómina electrónica y las notas de ajuste que se derivan del citado documento, este constituye el soporte de costos y deducciones en el impuesto de renta e impuestos descontables en IVA, según sea el caso, derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprende de una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados a cargo del empleador. Dicho documento se encuentra conformado por los valores devengados por nómina, los valores deducidos de este concepto y su diferencia.

Tanto el documento soporte de pago de nómina electrónica como las notas de ajuste que se deriven se deberán generar y transmitir a la Dian de manera independiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados por el sujeto obligado.

Periodicidad del documento soporte

El documento soporte de pago de nómina electrónica deberá generarse de forma mensual, independientemente de que el obligado realice pagos en períodos diferentes. Por tanto, quien se encuentre obligado a generar dicho documento deberá acumular la información acerca de los conceptos relacionados con las liquidaciones de nómina realizadas en el mes inmediatamente anterior, de manera independiente para cada uno de los beneficiarios de los pagos realizados.

Así pues, la transmisión del documento soporte deberá efectuarse dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago.

Obligados a generar y transmitir el documento soporte

De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 000013 de 2021, se encuentran obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de pago de nómina electrónica aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario que realicen pagos o abonos en cuenta derivados de una vinculación laboral o legal y por pagos a pensionados que requieran soportar los costos y deducciones e impuestos descontables. Por tanto, esta obligación no recaerá sobre los contribuyentes del régimen simple.

Información que debe contener el nuevo documento soporte

El documento soporte de pago de nómina electrónica deberá contener como mínimo la siguiente información:

  • Estar denominado expresamente como “documento soporte de pago de nómina electrónica”.
  • Apellidos y nombre o razón social y NIT de quien se encuentre obligado a generarlo.
  • Apellidos y nombre y número de identificación del beneficiario del pago.
  • El código único de documento soporte de nómina electrónica –Cune–.
  • Llevar un número de corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva, asignado por el sujeto obligado a generar tal documento.
  • Contenido y valores de los conceptos que corresponden al valor devengado de nómina.
  • Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos de nómina.
  • El valor total de diferencia, que corresponde a la distinción del valor total devengado de nómina menos el valor total deducido.
  • El contenido del Anexo técnico documento soporte de pago de nómina electrónica, establecido en el artículo 20 de la Resolución 000013 de 2021.
  • El medio de pago utilizado para hacer la entrega de la contraprestación económica de los servicios prestados por el beneficiario del pago.
  • Fecha y hora de generación.
  • La firma digital de quien genere el soporte, como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio del documento de nómina electrónica.
  • Apellidos y nombre o razón social y NIT del proveedor de soluciones tecnológicas y la identificación del software.

Plazos para la implementación

La Dian establece en el numeral 1 del artículo 6 de la resolución en mención que el 31 de mayo de 2021 es la fecha de inicio de habilitación en el servicio informático electrónico.

Así, la fecha máxima para empezar con la generación y transmisión de dicho soporte será entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2021, dependiendo del número de empleados con los que cuente el obligado a generar este documento.

Los nuevos sujetos que deban generar el documento soporte y las respectivas notas de ajuste, que adquieran esta obligación después de la entrada en vigor de la Resolución 000013 de 2021, tendrán un plazo de dos meses, contados a partir de la realización de los pagos derivados de la vinculación laboral, para llevar a cabo el procedimiento de habilitación y proceder con la transmisión de dicho soporte a la administración tributaria.

Calendario de implementación para no obligados a facturar electrónicamente

Para quienes no se encuentran obligados a expedir factura electrónica de venta, la norma establece el 31 de marzo de 2021 como fecha de inicio de habilitación en el servicio informático electrónico de la Dian, teniendo el deber de empezar con la generación y transmisión de dicho documento a más tardar el 31 de mayo de 2021. Es preciso resaltar que la primera transmisión de los documentos soporte de pago de nómina electrónica que deben realizar los obligados se deberá efectuar dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a la fecha máxima de implementación prevista en el calendario.


SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS DE RETENCIÓN

Categoría: Uncategorized

Los agentes de retención que no se hayan liquidado durante 2020 deberán expedir el certificado de retenciones practicadas a título de renta a más tardar el 31 de marzo de 2021.

Por su parte, respecto a la retención por concepto de IVA, el certificado deberá expedirse dentro de los 15 días siguientes a la finalización de cada bimestre, cuatrimestre o año.

Ahora bien, los agentes de retención que no cumplan con esta obligación se verán expuestos a la sanción contemplada en el artículo 677 del Estatuto Tributario –ET–, en el cual se establece una multa del 5 % del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos.

Cuando esta sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un mes para responder.

Por otra parte, la sanción podrá ser reducida al 30 % de la suma inicialmente propuesta si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución sanción, o al 70 % de tal suma si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que se notifique la sanción.

Para tal efecto, en uno y otro caso se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o su acuerdo de pago.


ASAMBLEA GENERAL DE MÁXIMOS ÓRGANOS SOCIALES

Categoría: Uncategorized

El artículo 37 de la Ley 675 de 2001 establece que en las copropiedades debe constituirse la asamblea general de copropietarios, la cual debe ser integrada por los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados, quienes tendrán derecho a participar en las deliberaciones y votar. El voto de cada propietario equivale al porcentaje de coeficiente del respectivo bien privado.

En igual sentido, el artículo 419 del Código de Comercio –CCo– establece que las sociedades comerciales deben constituir una asamblea general de socios o accionistas, la cual deberá sesionar con el quorum y las condiciones previstas en los estatutos.

Reuniones de asamblea

El artículo 39 de la Ley 675 de 2001 establece que a la asamblea de copropietarios le asiste la obligación de reunirse al menos una (1) vez al año, en la fecha indicada en el reglamento interno de la propiedad horizontal o, en su defecto, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada período presupuestal.

Por su parte, en lo que refiere a las sociedades comerciales, en el artículo 422 del CCo se establece que las reuniones ordinarias de asamblea se efectuarán por lo menos una (1) vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos o dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio.

Convocatoria a la asamblea

El artículo 39 de la Ley 675 de 2001 establece que, en una copropiedad, el administrador tiene la obligación de convocar a los copropietarios para la celebración de la reunión ordinaria de la asamblea general con al menos quince (15) días de anticipación.

Por su parte, para el caso de las sociedades comerciales, el artículo 424 del CCo establece que la convocatoria deberá realizarse mediante la forma establecida en los estatutos o mediante aviso que deberá ser publicado en un diario de alta circulación en el domicilio principal de la sociedad.

Reunión por derecho propio

El artículo 40 de la Ley 675 de 2001 determina que, en el evento en que el administrador no convoque a los copropietarios a la celebración de la asamblea general ordinaria, estos podrán reunirse por derecho propio el primer (1) día hábil del cuarto (4) mes siguiente al vencimiento del período presupuestal, a las 8:00 p. m., en las instalaciones de la copropiedad o en el lugar que indique el reglamento interno.

El inciso segundo del artículo 422 del CCo estipula que, cuando no sea convocada esta reunión en las sociedades comerciales, la asamblea se reunirá por derecho propio el primer (1) día hábil de abril, a las 10:00 a. m., en las oficinas del domicilio principal de la sociedad.

En este punto también encontramos similitudes, ya que, si no se convocan las reuniones, estas deberán celebrarse en el mes de abril; en lo que difiere claramente este aspecto es en que se celebran en horas distintas.

Quorum

El artículo 45 de la Ley 675 de 2001 establece que, para celebrar la asamblea (siempre que el reglamento de propiedad horizontal no exija un quorum mayor), deberán asistir más de la mitad de los coeficientes de la copropiedad, y para tomar decisiones, se necesitará el voto favorable de la mitad más uno de los que asistieron a dicha reunión.

Por su parte, el artículo 427 del CCo, en lo que refiere a las sociedades comerciales, dispone que la asamblea podrá deliberar con un número plural de personas que representen, al menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se exija la conformación de un quorum diferente. Este artículo dispone, a su vez, que las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran una mayoría especial.

Nuevas disposiciones para la celebración de asambleas

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 176 de 2021, por medio del cual determinó las reglas aplicables a las reuniones de asambleas o juntas de socios del máximo órgano social de personas jurídicas con ocasión de las medidas restrictivas aplicables a las reuniones por la pandemia del COVID-19.

Atendiendo a esto, a continuación, realizaremos el estudio de las disposiciones dispuestas en el decreto en mención.

Reuniones pendientes de cierre de ejercicio del año 2019

Este nuevo decreto indica que las reuniones de ejercicio de cierre del año 2019 (que debieron celebrarse a más tardar el 31 de marzo de 2020) que se encuentren pendientes de realizar, debido a la falta de herramientas para llevarlas a cabo de manera virtual de conformidad con lo previsto en el Decreto 398 de 2020, deberán llevarse a cabo a más tardar el 31 de marzo de este año.

Reuniones ordinarias de cierre de ejercicio del año 2020

En lo que refiere a las reuniones ordinarias y por derecho propio de cierre de ejercicio del año 2020, el decreto en mención establece que deberán llevarse a cabo según lo previsto en las normas que regulan estas disposiciones. Lo anterior supone que las sociedades comerciales deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 422 del CCo, que regula lo relacionado con la reunión ordinaria de asamblea, y las propiedades horizontales deberán seguir los lineamientos dispuestos en los artículos 39 y 40 de la Ley 675 de 2001.

Reuniones ordinarias presenciales, no presenciales o mixtas

El Decreto 176 de 2021 establece que las personas jurídicas tendrán la facultad de determinar si la reunión ordinaria será presencial, no presencial o mixta; para esto deberán tenerse en cuenta las disposiciones previstas sobre convocatoria, quorum y mayorías, y lo establecido en el Decreto 398 de 2020 respecto del quorum en las reuniones no presenciales o mixtas.

A su vez, se establece que, en caso de que se celebre la reunión de manera presencial, las personas jurídicas deberán garantizar las condiciones sanitarias, es decir, la implementación de los protocolos de bioseguridad para la seguridad de los participantes.

Derecho de inspección

La nueva disposición normativa señala que los administradores de la sociedad comercial deberán poner a disposición de los asociados la información pertinente para el ejercicio del derecho de inspección. A su vez, y de conformidad con lo señalado en el artículo 447 del CCo, podrán disponer que este derecho se ejerza mediante el uso de repositorios de información digital o de herramientas tecnológicas que salvaguarden la reserva de la información. Al respecto, también se establece que, cuando en una misma reunión se celebren las de los años 2019 y 2020, este derecho de inspección deberá ejercerse dentro de un mismo término, para lo cual deberán agotarse, primero, los asuntos relacionados con el primer año (2019) y, posteriormente, con el segundo (2020).

Incumplimiento del deber de convocatoria

Los administradores que no convoquen la asamblea e impidan el derecho de inspección podrán ser sancionados o removidos de sus cargos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 222 de 1995 y demás normas concordantes.

Respecto a este punto, conviene mencionar que, en lo que respecta a las copropiedades, la figura del administrador es de libre nombramiento y remoción; por lo tanto, si no cita a la asamblea, podrá ser destituido por la asamblea general de copropietarios (numeral 1 del artículo 38 de la Ley 675 de 2001) o el consejo de administración, en caso de que este último haya realizado el nombramiento.


SANCIÓN POR OMITIR LA OBLIGACIÓN DE TENER REVISOR FISCAL

Categoría: Uncategorized

Antes de abordar las sanciones a las empresas obligadas a tener revisor fiscal que se citarán a continuación, es importante recordar cuáles son las entidades que en Colombia están obligadas a contar con esta figura.

Entidades obligadas a tener revisor fiscal 2021

El parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de la Ley de 1990 establece la obligatoriedad de tener revisor fiscal para:

“Las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.”

Así pues, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual legal vigente –smmlv– para 2020 fue de $877.803, las sociedades que al 31 de diciembre de 2020 excedieron o igualaron los siguientes montos deberán tener revisor fiscal:

Rubro

Cálculo

Monto

Activos brutos

5.000 x $877.803

 $   4.389.015.000,00

Ingresos brutos

3.000 x $877.803

 $   2.633.409.000,00

 

Por su parte, el Código de Comercio establece en su artículo 203 la obligatoriedad de tener revisor fiscal en tres casos más, las cuales son:

  • Las sociedades por acciones.
  • Las sucursales de compañías extranjeras.
  • Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del 20 % del capital.

Adicionalmente, existen otras entidades que, por disposiciones legales, deben tener revisor fiscal como:

  • Los conjuntos de uso comercial o mixto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de Ley 675 de 2001.
  • Las instituciones financieras sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, de acuerdo con lo contenido en el artículo 20 de la Ley 45 de 1990.
  • Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, según lo establecido por la Circular Conjunta 122 SNS – 036 de la Superintendencia Nacional de Salud y la Junta Central de Contadores.
  • Las entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones o instituciones de utilidad común señaladas por el artículo 3 del decreto 1529.
  • Las cajas de comprensión familiar, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 21 de 1982.
  • Los fondos de ganaderos, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 363 de 1997.

Sanciones por no tener revisor fiscal

En cuanto a las empresas, es decir, las entidades establecidas por el Código de Comercio, si bien no se especifican multas por no tener revisor fiscal, sí existen señalamientos que por el incumplimiento de ciertas funciones del revisor fiscal ocasionan sanciones.

Entre los incumplimientos se encuentra la no presentación de estados financieros, señalada en el artículo 42 de la Ley 222 de 1995, donde se mencionan sanciones por las que la administración deberá responder.

Por su parte, el incumplimiento de la firma de declaraciones tributarias podrá originar, a su vez, sanciones, dado que, en caso de que una empresa obligada a tener revisor fiscal no lo haga, las declaraciones se entenderán como no presentadas ante la Dian. Así lo dispone el literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario –ET–.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, si la Dian da por no presentadas las declaraciones tributarias, la empresa difícilmente podrá acceder a créditos bancarios o a la venta de acciones, dado que la confiabilidad de información contenida tanto en las declaraciones tributarias como en los estados financieros es una cualidad que se obtiene al llevar la firma del revisor fiscal.