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CÉDULA GENERAL EN LA DECLARACIÓN DE RENTA DE PERSONAS NATURALES

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De acuerdo con el artículo 330 del Estatuto Tributario –ET–, modificado por la Ley 1943 de 2018 y retomado por el artículo 37 de la Ley 2010 de 2019, la depuración de las rentas percibidas por las personas naturales se hará de forma independiente de acuerdo con las instrucciones del artículo 26 del ET en las siguientes 3 cédulas:

  • Cédula general: rentas de trabajo, de capital y no laborales.
  • Cédula de pensiones.
  • Cédula de dividendos y participaciones.

Recordemos que fue la Ley 1943 de 2018 la que introdujo por primera vez la modificación al sistema cedular aplicable a la declaración de renta de personas naturales, estableciendo que este se dividiría en 3 cédulas y no en 5 como inicialmente estableció la Ley 1819 de 2016.

Escucha de primera mano la explicación de nuestro líder en investigación Diego Guevara respecto a qué tipo de ingresos conforman la cédula general.

A continuación, detallaremos la depuración y los aspectos que deberán tener en cuenta las personas naturales obligadas a emplear la nueva cédula general en el diligenciamiento de la declaración de renta. Veamos:

Ingresos atribuibles a la cédula general

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 335 del ET son considerados ingresos de la cédula general:

Rentas de trabajo

Corresponden a aquellas obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y demás que impliquen la prestación de servicios personales (ver el artículo 103 del ET).

No obstante, para que las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo sean consideradas como rentas de trabajo, la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado deberá tener registrados sus regímenes de trabajo y compensaciones en el Ministerio del Trabajo.

Sumado a lo anterior, sus trabajadores asociados deberán estar vinculados a la seguridad social en salud y pensiones y al sistema de riesgos profesionales, o tener la condición de pensionados o la de “con asignación de retiro”, de acuerdo con los regímenes especiales previstos en la ley.

Los valores percibidos por personas naturales en desarrollo de una función pública por delegación del Estado, que correspondan a tarifas, aranceles, derechos notariales, tasas y precios públicos, no son considerados rentas de trabajo. También deberán clasificarse como rentas de trabajo los apoyos económicos otorgados en razón de una relación laboral, legal y reglamentaria. En caso contrario, dichos montos deberán declararse en calidad de rentas no laborales.

Rentas de capital

Son los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.

Rentas no laborales

Todos aquellos ingresos que no califiquen expresamente dentro de ninguna otra cédula y que, además, no correspondan a rentas de trabajo y/o de capital.

Depuración de la renta líquida gravable

Para la depuración de la renta líquida gravable de la cédula general, el artículo 336 del ET, modificado por el artículo 41 de la Ley 2010 de 2019, condicionado parcialmente por la Sentencia C-061 de 2021, establece las siguientes reglas:

  • Se deberá sumar el total de ingresos obtenidos por concepto de renta de trabajo, de capital y no laborales.
  • Al total anterior le serán restados los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables a cada ingreso.
  • Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el 40 % del resultado anterior, que en todo caso no puede exceder de 5.040 UVT ($182.992.000 en 2021), a excepción de las rentas exentas de los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 206 del ET que no están sometidas al límite en mención.
  • En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se podrán restar los costos y los gastos que cumplan los requisitos generales para su procedencia establecidos en los artículos 59, 105 y 107 del ET y que sean imputables a estas rentas específicas.
  • También se podrán restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales, en desarrollo de una actividad profesional independiente.

No obstante, los trabajadores independientes deberán decidir si restan los costos y gastos antes mencionados o si, por el contrario, optan por la renta exenta del 25 % señalada en el numeral 10 del artículo 206 del ET, procedente para trabajadores independientes que contraten menos de dos (2) trabajadores por un período inferior a 90 días, por indicación del parágrafo 5 del mismo artículo 206 del ET.


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DOCUMENTOS EQUIVALENTES ACEPTADOS FISCALMENTE DIFERENTES AL TIQUETE POS

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De acuerdo con lo indicado en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario –ET–, los contribuyentes que requieran deducir costos y gastos en sus declaraciones de renta, o que pretendan tomarse valores válidos por IVA descontable en sus declaraciones del IVA, deben soportar dichos valores con “facturas de venta” (que hoy son electrónicas) o en “documentos equivalentes a factura”.

En dicha norma se lee lo siguiente:

Artículo 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. <Artículo adicionado por el artículo 3º. de la Ley 383 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario.

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el Gobierno Nacional establezca.

Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.

Parágrafo 2º. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o período gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o período siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o período gravable.

Listado de documentos equivalentes a factura aceptados fiscalmente

Para conocer el listado actualizado de los “documentos equivalentes a factura” que se pueden utilizar para soportar los costos y gastos, es necesario estudiar el artículo 1.6.1.4.6 del DUT 1625 de 2016 (luego de ser modificado con el Decreto 358 de marzo de 2020) y el artículo 13 de la Resolución Dian 000042 de 2020. En dichas normas se mencionan los siguientes “documentos equivalentes”:

El tiquete POS. Este documento solo sirvió hasta noviembre 1 de 2020 para soportar costos y gastos.

En consecuencia, si en un establecimiento de comercio se expide un tiquete POS, pero el comprador desea deducir el costo o gasto en que está incurriendo, tendrá que pedirle al vendedor que le cambie el tiquete por una factura electrónica, algo que solo aplica si el vendedor está obligado a facturar. En caso contrario, el comprador tendría que elaborar el “documento equivalente en compras a los no obligados a facturar” referido en el artículo 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 (modificado con los decretos 358 de 2020 y 723 de 2021) y la Resolución Dian 000167 de diciembre 30 de 2021 (modificada con la Resolución 000488 de abril 29 de 2022).

  1. La boleta de ingreso al cine.
  2. El tiquete de transporte de pasajeros.
  3. El extracto expedido por algunas entidades financieras.
  4. El tiquete de transporte aéreo de pasajeros.
  5. El documento en juegos localizados.
  6. La boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados.
  7. El documento expedido para el cobro de peajes.
  8. El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores.
  9. El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.
  10. El documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.
  11. La boleta de ingreso a espectáculos públicos.

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EL PATRIMONIO Y SU AFECTACIÓN EN EL IMPUESTO DE RENTA

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Las personas naturales que se encuentren obligadas a presentar la declaración de renta para cumplir los requisitos consagrados en el artículo 592 del Estatuto Tributario –ET– , deben informar dentro de la declaración el valor patrimonial de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos en el país o en el exterior (para el caso de las personas naturales residentes fiscales en Colombia) por el contribuyente al 31 de diciembre del año objeto de declaración, tales como: bienes y/o efectivo en moneda extranjera, efectivo en moneda nacional; inventarios, activos biológicos, bienes inmuebles (casas, apartamentos, fincas, lotes, locales, oficinas, entre otros), construcciones en curso; vehículos, naves, aeronaves; muebles y enseres, maquinaria y equipo; pozos petroleros, minas; good will, know how, patentes, derechos de autor, cuentas por cobrar; joyas, cuadros y demás derechos reales y personales; cupos de taxis, entre otros.

Ahora bien, informar estos valores a la Dian permite que la entidad ejerza su función de fiscalización y control, al conocer el patrimonio con el que cuenta cada persona natural declarante de renta, bien sea de forma obligatoria o voluntaria.

No obstante, algunos contribuyentes argumentan que el monto del patrimonio declarado puede determinar un mayor o menor valor a pagar del impuesto de renta. Esto no es del todo cierto; a continuación, te contamos el porqué.

El valor del patrimonio no incrementa el impuesto de renta

Es importante tener en cuenta que, al determinar el impuesto de renta a cargo de las personas naturales, este se liquida sobre los ingresos obtenidos durante determinado período fiscal (después de realizar las respectivas depuraciones) y no sobre el patrimonio que se posea. Por tanto, poseer un patrimonio más alto en la declaración de renta generalmente no significa que se aumentará el impuesto a cargo.

Es deber de toda persona natural obligada a presentar la declaración de renta informar el valor total de todo su patrimonio, sin ocultar ningún tipo de bien ni reportar pasivos inexistentes, dado que esto traería implicaciones sancionatorias, incluso de tipo penal.

La renta líquida gravable por comparación patrimonial sí puede incrementar el impuesto de renta a cargo

Si bien, el impuesto de renta no se líquida sobre el patrimonio del contribuyente, es importante tener en cuenta que el incremento del patrimonio líquido de un año (como es el caso del patrimonio poseído entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021) debe quedar debidamente justificado; de lo contrario, la parte no soportada podrá convertirse en una renta por comparación patrimonial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 236 del Estatuto Tributario –ET–.

Dicho artículo señala que, cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas.

En este orden de ideas, la variación patrimonial consiste en determinar si la variación que su patrimonio líquido ha presentado de un período a otro se encuentra justificada por los ingresos obtenidos durante el período o, por el contrario, si dicha diferencia debe incluirse como renta gravable en la declaración de renta del período, lo cual si podrá incrementar el impuesto de renta a cargo del contribuyente.

Implicaciones de no declarar todo el patrimonio

De acuerdo con el artículo 434A del Código Penal, el contribuyente que omita activos o declare un menor valor de estos o incluya renta pasivos inexistentes en la declaración de renta, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes –smlmv– ($5.000.000.000 por 2022), definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses.

Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o del pasivo inexistente, es superior a 7.250 smlmv, pero inferior de 8.500 smlmv, las penas anteriormente señaladas se incrementarán en una tercera parte. En los eventos cuando sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

Por otra parte, los artículos 647 y 648 del ET señalan que constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias (siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente), la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

Así, la sanción por inexactitud será del 200 % del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.


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NUEVOS APOYOS A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

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En el marco de la prestación social del subsidio familiar, y con el fin de fortalecer el Servicio Público de Empleo –SPE– para generar una mayor funcionalidad y eficiencia en su servicio, a través de la Ley 2225 de junio 30 del 2022 se crearon nuevos apoyos para el cesante, así como para los cuidadores y madres o padres de familia.

Atendiendo a las necesidades de la población para acceder al empleo, se reformaron algunas normas de las leyes 1636 de 2013 y 789 de 2002. A continuación, te contamos cuáles son las nuevas disposiciones.

Servicio de gestión y colocación de empleo

Las cajas de compensación familiar podrán prestar servicios de gestión y colocación de empleo a toda la población que se encuentre desempleada y no cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios del mecanismo de protección al cesante.

Se entienden por servicios de gestión y colocación de empleo a cargo de los prestadores del servicio público de empleo:

  • Todas las actividades que faciliten el encuentro entre oferta y demanda laboral.
  • Todas las actividades que promuevan el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad y la mitigación de barreras para el acceso y permanencia en un empleo.

Por lo anterior, las cajas de compensación familiar deberán prestar servicios de gestión y colocación de empleo, con previa autorización de la autoridad competente.

Carácter obligatorio del registro de vacantes en el Servicio Público de Empleo

A raíz de la promulgación de la Ley 2225 de 2022, todos los empleadores están obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo, de acuerdo con la reglamentación que para la materia expida el Gobierno.

Posteriormente a la remisión de los oferentes o buscadores de empleo realizada por el prestador, los empleadores están obligados a reportar al prestador los oferentes colocados o, en su defecto, las razones de no colocación.

Las agencias de empleo promoverán el trabajo en zonas rurales y municipios con altos índices de desempleo

Para efectos de la promoción del trabajo rural, la agencia de empleo realizará un constante monitoreo de la evolución de la empresa que haya ofertado la vacante y recibirá las peticiones que esta haga sobre las capacitaciones de empleo y emprendimiento.

Especialmente, para lograr mejores prácticas laborales, el Sena será informado para que en menos de un 1 mes emita una comunicación indicando los cursos que actualmente presta sobre el respectivo tema.

De igual manera, las empresas podrán solicitar acompañamiento para la generación de empleos sostenibles a la agencia pública de empleo, para lo cual el Sena impartirá una capacitación formativa sin ningún costo en todo el territorio colombiano.

Sistema de gestión de empleo

Asimismo, la Ley 2225 de 2022 orden crear el sistema de gestión de empleo para la productividad, el cual tiene por objeto integrar, articular, coordinar, promover y focalizar los instrumentos de políticas activas y pasivas de empleo que contribuyen al encuentro entre oferta y demanda de trabajo, y a superar los obstáculos que impidan la inserción laboral.

De tal manera, se pretende consolidar formas autónomas de trabajo, vinculando las acciones de gestión de empleo de carácter local, nacional y transnacional.

Composición del sistema de gestión de empleo

El sistema comprende las obligaciones; las instituciones públicas, privadas y mixtas; las normas, procedimientos y regulaciones; y los recursos públicos y privados orientados al mejor funcionamiento del mercado de trabajo.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo tiene la función de reglamentar la integración y funcionamiento del sistema de gestión de empleo para la productividad, el cual comprende las funciones de:

  • Dirección y regulación de la gestión de empleo.
  • Operación y prestación de los servicios de gestión y colocación.
  • Inspección, vigilancia y control de los servicios.

Certificaciones para aspirar a empleos públicos y privados

Las certificaciones debidamente emitidas por instituciones de educación superior –lES–, las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, las escuelas normales superiores o el Sena, en donde conste que se esté llevando a cabo el trámite administrativo de expedición del título o certificados (porque el estudiante ya cumple con los requisitos para obtenerlo) serán válidos para aspirar a empleos en el sector público y privado.

No obstante, una vez emitido el título o certificado, el egresado deberá presentarlo, si así lo requiere la entidad.

Asimismo, para las convocatorias de empleo y postulación para concursos que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil, serán válidas las certificaciones que emitan las entidades anteriormente mencionadas, en donde conste que se esté llevando a cabo el trámite administrativo de expedición del título o certificado de programas de formación complementaria.


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ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN EN EL RUT

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Las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro único tributario –RUT– administrado por la Dian deben preocuparse por efectuar oportunamente las actualizaciones que sean necesarias en cualquiera de los datos que componen las 7 hojas de dicho documento (ya sean los datos de identificación y ubicación, o los datos del estado del contribuyente, o los datos de sus representantes legales, o revisores fiscales o contadores, etc.).

Al respecto, es necesario tener en cuenta lo indicado en los incisos del 2 al 4 del artículo 1.6.1.2.14 del DUT 1625 de 2016 (recientemente modificado con el artículo 11 del Decreto 678 de mayo 2 de 2022), pues en dichas normas se dispone lo siguiente:

Es responsabilidad de los obligados actualizar la información contenida en el registro único tributario –RUT–, a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, conforme con lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

La actualización de la información contenida en el registro único tributario –RUT– podrá realizarse de forma presencial o virtual, salvo la actualización de la información relativa a los datos de identificación que se realizará de forma presencial. Cuando la actualización sea ordenada mediante acto administrativo en firme, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian– incorporará la actualización de oficio en el registro. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian– podrá considerar que otra información a actualizar se realice de manera presencial para efectos de control.

La actualización virtual de la información relativa a los datos de dirección en el registro único tributario –RUT– no podrá exceder de dos (2) modificaciones dentro de un período de seis (6) meses, de lo contrario, se deberá efectuar el trámite de forma presencial.

A partir de lo dispuesto en dicha norma, es importante destacar lo siguiente:

a. El plazo para hacer la actualización oportuna de cualquiera de los datos que figuren en el RUT vence a más tardar dentro del mes siguiente al hecho que genere la actualización . De lo contrario, la Dian quedará facultada para imponer la sanción del numeral 3 del artículo 658-3 del ET, la cual contempla sanciones de entre 1 y 2 UVT por cada día de retraso. En todo caso, dicha sanción sí puede llegar a quedar liquidada por un monto inferior a la sanción mínima (10 UVT; ver inciso segundo del artículo 639 del ET).

b. Las actualizaciones de la mayoría de los datos que figuran en el RUT se pueden realizar tanto de forma virtual (con o sin firma electrónica) como de forma presencial (ver instrucciones especiales del portal de la Dian sobre dicho proceso, en las cuales se aclara cuáles son las actualizaciones que solo se pueden hacer de forma presencial). Sin embargo, cuando se trata de actualizar la dirección de ubicación física del contribuyente, la norma aclara que se podrá hacer de forma virtual solo hasta dos veces dentro de un mismo período de hasta 6 meses. Por tanto, si dentro de dicho período se llega a necesitar cambiar la dirección por una tercera o posterior vez, el trámite solo se podrá hacer de forma presencial.

c. En algunos casos, es la propia Dian la que podrá actualizar de oficio varios de los datos que figuren en el RUT, pues así lo dispone la norma del artículo 562-1 del ET, en la cual se lee:

Artículo 562-1. Actualización del registro de contribuyentes. <Artículo adicionado por el artículo 90 de la Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> La administración tributaria podrá actualizar los registros de los contribuyentes, responsables, agentes de retención o declarantes, a partir de la información obtenida de terceros. La información que se obtenga de la actualización autorizada en este artículo, una vez comunicada al interesado, tendrá validez legal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de conformidad con el libro V del Estatuto Tributario.

Dicha norma se encuentra reglamentada por lo dispuesto en el artículo 1.6.1.2.15 del DUT 1625 de octubre de 2016 (recientemente modificado con el artículo 12 del Decreto 678 de mayo 2 de 2022) y aplicó, por ejemplo, para las actualizaciones que la Dian hizo durante el 2021 al RUT de algunas personas naturales pensionadas, de forma que les empezara a figurar el nuevo código de actividad económica 0020 establecido con la Resolución Dian 000114 de diciembre 21 de 2020.


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ERRORES EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

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Las personas naturales y jurídicas obligadas a presentar declaraciones tributarias por impuestos nacionales (tales como la declaración de renta, de IVA, del régimen simple, etc.) deben considerar las sanciones penales a las que se pueden exponer si en las declaraciones se configuran los delitos contemplados en los artículos 434-A y 434-B de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), modificados con el artículo 71 de la Ley 2010 de diciembre de 2019.

En dichas normas se lee lo siguiente:

Artículo 434A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión.

El valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor, será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o del pasivo inexistente es superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes pero inferior de 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte; en los eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

Parágrafo 1. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

La autoridad se abstendrá de presentar esta petición, cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.

Parágrafo 2. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y, en todo caso, realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes.

Artículo 434B. Defraudación o evasión tributaria. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que, estando obligado a declarar no declare, o que en una declaración tributaria omita ingresos, o incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, será sancionado con pena privativa de la libertad de 36 a 60 meses de prisión. En los eventos en que sea superior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 8.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte y, en los casos que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

Parágrafo 1. La acción penal podrá iniciarse por petición especial del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales, siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad se abstendrá de presentar esta petición, cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.

Parágrafo 2. La acción penal se extinguirá cuando

el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y, en todo caso, realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes.

Como puede verse, la norma del artículo 434-A del Código Penal indica que, cuando se detecten (solamente en la declaración de renta) valores por activos omitidos o mal declarados, o incluso pasivos inexistentes, que superen los 5.000 salarios mínimos (actualmente, $5.000.000.000), la Dian tendrá que avisarle a la Fiscalía para que inicie el proceso fiscal mencionado.

Al respecto, los contribuyentes evasores que hayan venido presentando declaraciones con este tipo de irregularidad tuvieron de nuevo la oportunidad de acogerse durante febrero de 2022 a la normalización voluntaria de activos y/o pasivos que se contempló en los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de septiembre de 2021 (reglamentados con los decretos 1340 de octubre 25 de 2021 y 1778 de diciembre 20 de 2021 y con la Resolución 000023 de febrero 1 de 2022).

Por su parte, el artículo 434-B del Código Penal también sanciona con cárcel a quienes se equivoquen en su declaración de renta, de IVA o del SIMPLE al momento de diligenciar las partidas de ingresos brutos (dejando de declarar todos los que en verdad les correspondían), o de costos y gastos (incluyendo datos falsos), descuentos tributarios, anticipos o de retenciones en la fuente. La sanción penal solo se configura si el monto de las cifras equivocadas combinadas supera el valor de 250 salarios mínimos ($250.000.000 por el año 2022).

Al respecto, debe tenerse presente que el tiempo que tendrá la Dian para auditar, por ejemplo, las declaraciones de renta más recientes (las del año gravable 2021) y detectar los defectos antes comentados será de solo 6 meses, 12 meses, 3 años o 5 años, dependiendo de si la declaración queda o no acogida al beneficio de auditoría del artículo 689-2 del ET, si le aplica el artículo 714 del ET (cuando no liquide pérdidas fiscales) o si le aplica el artículo 117 de la Ley 2010 de 2019 (cuando sí liquide pérdidas fiscales).


EVIDENCIA DE AUDITORÍA, CARACTERÍSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA OBTENERLA

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Obtener la evidencia documental es una actividad obligatoria en la labor del auditor y el revisor fiscal, pues les proporciona las bases necesarias para emitir su opinión y elaborar el informe final.

Al respecto, la NIA 500 aborda la recolección de las evidencias en el proceso de auditoría y la responsabilidad del auditor frente al establecimiento de los procedimientos que permitirán el acceso a ellas. En esta norma se establecen guías de los que constituye evidencia en un procedimiento de auditoría.

Definición de evidencia de auditoría

De acuerdo con las definiciones contenidas en la NIA 500, la evidencia de auditoría es:

Información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información.

En otras palabras, la evidencia de auditoría es toda la información (documentos, confirmaciones, extractos, indagaciones, pruebas a controles, etc.) utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión.

Para obtener la evidencia el auditor puede usar tanto la información de los estados financieros como otra información, por ejemplo, los recursos tecnológicos y de comunicación disponibles para el ejercicio de sus labores; entre ellos, la toma de fotografías, videos y audios necesarios para la recolección y emisión de toda información que se constituya como soporte y sea útil para construir la opinión.

Requerimientos de la NIA 500

De acuerdo con el párrafo 4 de la NIA 540, el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. A continuación, presentamos los requerimientos de esta NIA para alcanzar dicho objetivo.

Evidencia de auditoría suficiente y adecuada

 La evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada:

  • Suficiente: la cantidad de la evidencia obtenida es la óptima para alcanzar una conclusión.
  • Adecuada: relacionada con la calidad de la evidencia obtenida.

Relevancia y fiabilidad de la información

Al diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría; para ello, debe observar si la información es suficientemente fiable y significativa.

Selección de las pruebas para obtener evidencia de auditoría

La NIA 500 requiere que el auditor, al diseñar las pruebas de controles y las de detalle, determine los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para la finalidad del procedimiento de auditoría.

De esta manera, para seleccionar los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, el auditor debe determinar la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia. Para esto podrá seleccionar todos los elementos de la población, seleccionar algunos elementos específicos o realizar un muestreo.

Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad

De conformidad con la NIA 500, debe considerarse si la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente, o si el auditor tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría.

El párrafo A57 de la NIA 500 explica que:

La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no es fiable, como, por ejemplo, en el caso de que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente sea incongruente con la obtenida de otra.

Procedimientos para obtener la evidencia de auditoría Inspección

La inspección implica que el contador examine los registros o documentos, ya sean de origen interno o externo de la entidad, y realice, por ejemplo, un examen de los activos tangibles e intangibles (revisar contratos, bonos y pagarés) de la entidad.

Cabe anotar que la inspección de estos activos no proporciona seguridad razonable del control o la propiedad que la empresa tenga sobre estos, ni de su valor. Por tanto, se recomienda revisar los estados financieros con sus respectivas notas y el manual de políticas contables.

Observación

Es importante que el contador esté presente en las actividades de la empresa y en el desarrollo de su objeto social, con el fin de verificar cómo se llevan a cabo los procesos.

Confirmación externa

La evidencia de auditoría se puede obtener a través de terceros. Dicha evidencia puede corresponder a soportes físicos o electrónicos de los movimientos realizados con la empresa, ya sean informes, cartas de circularización, estados de cuenta u otros documentos en los que se relacionen términos de acuerdos, transacciones o saldos contables.

Recálculo

En este proceso el contador realiza nuevamente un cálculo matemático frente a los rubros y saldos de los estados financieros, documentos o registros; esto con el fin de verificar la fiabilidad de la información.

Reejecución

El contador ejecuta nuevamente un proceso o control realizado por parte del control interno de la entidad.

Procedimientos analíticos

El contador debe evidenciar, según su experticia y conocimiento técnico, la relación que existe entre los datos financieros y los no financieros de la empresa, realizando investigación de variación, indicadores o información relevante que permita evaluar si la información difiere o no de los valores esperados.

Indagación

La indagación es una buena herramienta para obtener información verbal o escrita sobre las condiciones de la empresa. Esta información se puede obtener tanto de empleados o personas externas a la entidad que tengan relación como de órganos de supervisión, usuarios o proveedores.

El contador puede solicitar, además, respecto a temas específicos, manifestaciones escritas de la dirección y responsables de gobierno de la entidad con el fin de confirmar las respuestas a las indagaciones verbales realizadas. Toda la información obtenida a través de estas fuentes sirve para corroborar la fiabilidad de la información.

 


EXÓGENA 2022 PARA EMPRESAS QUE SE LIQUIDEN DURANTE EL AÑO 2022

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La Dian volvió a establecer, a través del artículo 1 de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, que las personas naturales o jurídicas que cesaron en sus operaciones y soliciten durante 2022 la cancelación de su RUT quedarán automáticamente exoneradas de entregar la información exógena tributaria por las operaciones realizadas durante la respectiva fracción de año gravable 2022.

Esta norma deja en claro que, cuando las personas naturales o jurídicas decidan cancelar su RUT durante el año gravable 2022 (pues fueron, por ejemplo, sociedades que decidieron finalizar operaciones y liquidarse por sus pérdidas acumuladas, o personas naturales que murieron por cualquier causa y se les llevó a cabo durante el año 2022 su respectiva liquidación de la sucesión ilíquida), la Dian no les solicitará ningún tipo de información exógena tributaria del año gravable 2022.

Lo anterior implica que la Dian se quedará nuevamente sin recibir de tales reportantes la valiosa información de sus operaciones realizadas durante al menos una parte o fracción del año gravable 2022.

Es importante destacar que en el pasado (al menos hasta los reportes de los años gravables 2018 y anteriores; ver por ejemplo el parágrafo 1 de la Resolución 00060 de 2017 y el parágrafo 2 del artículo 4 de la Resolución 000068 de octubre de 2016) la Dian pedía información de la fracción del respectivo año gravable a aquellos contribuyentes que pretendieran cancelar su RUT en algún momento dentro del respectivo año gravable.

Sin embargo, ese era un proceso difícil, pues la Dian nunca publica de forma temprana los prevalidadores tributarios que se requieren para elaborar los nuevos formatos que se mencionan en los textos de las nuevas resoluciones y tampoco prepara a tiempo su plataforma Muisca para recibirlos (esas tareas siempre las hace en la víspera de los vencimientos para entregar los reportes).

Por tanto, para no seguir sometiendo a procesos complicados a los contribuyentes que cancelan su RUT, desde el año gravable 2019 la Dian prefirió exonerar de entregar información por fracción de año a aquellos que cancelan su RUT a lo largo del año.


DISPONIBLE CONSULTA DE DATOS REPORTADOS POR TERCEROS EN LA DIAN

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Desde el pasado 23 de julio de 2022 la Dian puso en funcionamiento su tradicional servicio de “Consulta de datos para la declaración de renta de personas naturales”, esta vez con los datos que facilitarían la elaboración de las declaraciones de renta del régimen ordinario del año gravable 2021 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad), sin importar si presentan dicha declaración en forma obligatoria o voluntaria.

A través de dicho servicio todas las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas (residentes o no residentes, obligadas o no a llevar contabilidad) que ya estén inscritas en el RUT (sin importar si por el 2021 pertenecieron al régimen ordinario o al régimen simple), y que cuenten previamente con una “cuenta de usuario” en el portal Muisca de la Dian, podrán descargar un archivo simple de Excel en el cual quedan recopilados algunos datos por operaciones anuales (de compras, ventas, consignaciones, etc.) llevadas a cabo durante el año gravable 2021 y que fueron reportados bajo su cédula por las personas jurídicas y naturales que entregaron a la Dian entre abril y junio de 2022 la información exógena del año gravable 2021.

Dicho reporte podrá ser utilizado para que cada persona natural y/o sucesión ilíquida pueda elaborar de mejor manera su declaración de renta del régimen ordinario, la cual, si se trata de personas que no son grandes contribuyentes, vencerá entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2022, y se elaborará utilizando los formularios 110 o 210, y hasta los formatos 2516 y 2517, todo dependiendo de si por el año gravable 2021 fue residente o no residente.

En todo caso, pensando en la situación de las 22.708 personas naturales que al cierre de 2021 pertenecían al régimen simple de tributación, es claro que el servicio de “consulta de datos” esta vez les llegó tarde, pues su declaración anual de dicho régimen por el año gravable 2021 (formulario 260) se debió presentar durante abril de 2022 (recuérdese que en los primeros años gravables de dicho régimen, es decir los años gravables 2019 y 2020, el vencimiento de la declaración anual se producía durante octubre del año siguiente). De todas formas, los datos que les aparezcan en su respectiva “consulta de datos” podrán servir para verificar los datos de la declaración que ya presentaron en abril y considerar si se hace necesario hacerle alguna corrección, tal como lo permitirían los artículos 588 y 589 del Estatuto Tributario –ET–.

Forma de acceder al archivo de los datos reportados por terceros

Para acceder al mencionado reporte, primero se debe iniciar sesión en el portal de la Dian (por la zona de usuarios registrados) y luego ubicar el ícono de “Información reportada por terceros”, lo cual permitirá acceder a un menú especial en el cual se puede consultar actualmente la información de los años gravables 2017 hasta 2021.

Datos reportados por terceros sigue revelando información sobre saldos de cuentas por cobrar que los asalariados deben incluir en su patrimonio

Tal como sucedió por primera vez con el servicio de consulta de datos del año gravable 2020, la Dian ha permitido otra vez que en la consulta de datos del año gravable 2021 los asalariados puedan conocer los saldos de las cuentas por cobrar a su favor que se formaron a diciembre 31 de 2021 en las contabilidades de las empresas (las cuales a dicha fecha tenían pasivos o cuentas por pagar al empleado por conceptos de salarios y prestaciones sociales).

Al respecto, tal como lo ha confirmado la misma Dian en sus doctrinas (como la contenida en el Concepto 910054 de septiembre de 2021), el artículo 261 del ET exige que el asalariado incluya dichas cuentas por cobrar en el patrimonio fiscal de su declaración de renta sin importar que aún no haya recibido el pago de tales valores. El problema es que los empleadores no certifican dichos valores dentro del formulario 220 que expiden a sus empleados y la Dian tampoco revelaba en el pasado dicho valor dentro del archivo de “consulta de datos”, lo cual implicaba que cada asalariado que declarase renta debía hacer la consulta por su cuenta directamente en el departamento contable de sus empleadores.

Por otra parte, es posible que las personas naturales que descarguen desde el portal de la Dian el archivo con la “consulta de datos” para su declaración de renta del año gravable 2021 encuentren diferencias entre lo que dice dicho archivo y lo que dicen los certificados de retención en la fuente que sus diferentes agentes de retención les entregaron durante marzo de 2022. Dichas diferencias se pueden originar por el hecho de que mientras en la información exógena entregada a la Dian sí se incluyó la totalidad de los pagos a la persona natural (tanto los que sí arrojaban la cuantía mínima para quedar sujetos a retención en la fuente como los que no arrojaban dicha cuantía mínima), en los certificados entregados en marzo de 2022 solo se certificaron los valores que sí arrojaron la cuantía mínima, pero se dejaron de certificar los demás valores.

Al respecto, la Dian ya ha dicho, en doctrinas como el Concepto 053947 de agosto de 2012, que en realidad los certificados de retención en la fuente por conceptos diferentes a pagos laborales deben contener el detalle de la totalidad de los pagos o abonos en cuenta realizados a un tercero sin importar que solo algunos de tales pagos o abonos hayan sufrido efectivamente retenciones en la fuente, pues eso mismo es lo que sucede con el formulario 220 que se entrega cada año a los asalariados (en dicho formulario se les certifica la totalidad de los pagos laborales sin importar que cada mes solo una parte de los mismos era la que finalmente se buscaba en la tabla de retención en la fuente y era a la que finalmente se le practicaba la respectiva retención).


COTIZACIÓN A PENSIÓN DESDE EL EXTERIOR SÍ ES POSIBLE

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Recuerde que, como cotizante a un fondo de pensiones, un afiliado puede cubrir eventualidades de invalidez o proteger a su familia en caso de fallecer por una enfermedad o accidente de origen común. Por lo anterior, es muy importante que mensualmente se realicen estos aportes.

Ahora, si usted como cotizante está pensando en radicarse en otro país o está viviendo en el exterior, puede continuar cotizando a pensión en cualquiera de los dos regímenes que existen en el país: régimen de prima media –RPM–, administrado por Colpensiones, o en el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–, administrado por los fondos de pensiones privados.

Cabe recordar que Colombia cuenta con convenios bilaterales con doce países que le permiten sumar las semanas cotizadas en el exterior a la historia laboral construida en nuestro país.

¿Sobre cuánto se debe cotizar si vive en el exterior?

No existe diferencia alguna sobre los topes mínimos y máximos de cotización al sistema general de pensiones para las personas que están fuera de Colombia, por lo que el ingreso base de cotización corresponde a los ingresos que declara el afiliado, sin que sea inferior a un (1) smlmv (salario mínimo legal mensual vigente) ni superior a veinticinco (25) smlmv.

¿Es obligatorio realizar aportes a salud?

Este pago es opcional. Sin embargo, siempre será importante tener cobertura en salud.

¿Con cuáles países tiene alianzas Colombia para que los cotizantes en el exterior accedan a pensión?

Colombia ha firmado convenios bilaterales de seguridad social con España, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Portugal, El Salvador y República Dominicana.

¿Cuáles beneficios tienen estos convenios para quienes cotizan en el exterior?

De la mano de estos convenios, los afiliados pueden sumar las semanas cotizadas tanto en Colombia como en alguno de los países anteriormente mencionados al momento de solicitar su beneficio pensional.

¿Qué debe saber un afiliado que quiera pensionarse en Colombia y haya cotizado en otro país?

La pensión por convenio internacional de seguridad social aplica siempre y cuando se requieran semanas para alcanzar la pensión en Colombia, ya sea para pensión de invalidez, vejez o muerte.

A continuación, un ejemplo para entender lo anterior: si un afiliado solicita el reconocimiento de su pensión de vejez en Porvenir y las semanas cotizadas en Colombia no le son suficientes para acceder a la garantía de pensión mínima de vejez (que son 1.150 semanas que equivalen a 23 años), pero realizó aportes de pensión en alguno de los países miembros, puede solicitar la sumatoria de las semanas cotizadas en cada uno de los países para completar el mínimo requerido.

Los convenios internacionales de seguridad social no contemplan el traslado de recursos de dinero, solo tiempo cotizado que se convierte en semanas para sumar a la historia laboral.

¿Se pueden realizar aportes simultáneamente en Colombia y en el país donde se esté viviendo?

Sí, puede existir cotización simultánea. Por ejemplo, como trabajador dependiente en España y como trabajador independiente en Colombia. Sin embargo, al momento de pensionarse solamente se tendrán en cuenta los aportes realizados en el país en el que se solicita la prestación.