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HERRAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN PARA MITIGAR EFECTOS DEL COVID-19 EN UN PROCESO DE INSOLVENCIA

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La Supersociedades ha publicado la Guía de orientación referida a los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia, cuyo objetivo es instruir a todas las organizaciones, sus administradores, asociados, empresarios y terceros sobre los procesos y trámites de insolvencia.

El documento orienta a las entidades en aspectos financieros y contables relevantes al momento de tomar decisiones en la aplicación de las normas que rigen los procesos de insolvencia, las cuales deben estar soportadas en un buen juicio profesional y en el reconocimiento de hechos soportados.

Para enfrentar la crisis empresarial generada por el COVID-19, el Gobierno estableció medidas especiales en materia de procesos de insolvencia. Dentro de estas se encuentra la creación de herramientas extrajudiciales de negociación incluidas en el Decreto Legislativo 560 de 2020.

Dos herramientas extrajudiciales de negociación expeditas se destacan entre los pilares que buscan mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por el COVID-19:

Negociación de emergencia de acuerdos de reorganización

Las negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización son aplicables para las entidades sometidas al régimen de insolvencia de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1116 de 2006:

  • Personas naturales comerciantes.
  • Personas jurídicas no excluidas del régimen de insolvencia.
  • Sucursales de entidades extranjeras.
  • Patrimonios autónomos.

Adicionalmente, la entidad deberá cumplir con alguno de los puntos del artículo 9 de la Ley 1116 de 2006:

  • Cesación de pagos: el deudor estará en cesación de pagos cuando incumpla el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores contraídas en desarrollo de su actividad, o tenga por lo menos 2 demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del 10 % del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley.
  • Incapacidad de pago inminente: el deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o, razonablemente, puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año.

Además, deberá cumplir lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006:

  • Causal de disolución: no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.
  • Contabilidad al día: llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.
  • Cálculo actuarial aprobado: si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial por el órgano competente y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles.

Procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio

Este mecanismo aplica para las siguientes entidades:

  • Personas naturales comerciantes.
  • Personas jurídicas excluidas y no excluidas del régimen de insolvencia.
  • Sucursales de entidades extranjeras.
  • Patrimonios autónomos.

El procedimiento de recuperación empresarial fue creado con la finalidad de tener mayor capacidad y cobertura y así atender la insolvencia de los deudores afectados por el COVID-19.

La solicitud se hará ante cámara de comercio o centro de conciliación con jurisdicción territorial en su domicilio. En cuanto a los documentos a presentar están:

  • Memoria explicativa: causas que llevaron al deudor a la situación de insolvencia y la afectación por las causas de la emergencia económica, social y ecológica.
  • Indicación de los acreedores a quienes se pretenda incorporar en el procedimiento con el monto adeudado.
  • Propuesta de acuerdo de recuperación con todos los acreedores.
  • Proyecto de calificación y graduación de créditos con corte al último día del mes anterior a la presentación de la solicitud y su determinación de derechos de voto.
  • Estados financieros de propósito general, corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud.
  • Estados financieros de propósito general con corte al último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
  • Un estado de inventario de los activos y pasivos, con corte al último día del mes inmediatamente anterior a la solicitud, suscrito por el representante legal.
  • Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones.
  • Un plan de negocios de reorganización del deudor.
  • Un informe sobre procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías que cursen en su contra.

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TELETRABAJO, TRABAJO EN CASA Y TRABAJO REMOTO

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Debido a lo sucedido en el 2020 a causa de la pandemia, el 2021 ha sido el año de la regulación del trabajo desde casa, pues en mayo se emitió la Ley 2088 que reguló el trabajo en casa y recientemente el 3 de agosto se decretó la Ley 2121, en la cual se crea el régimen y regula el trabajo remoto, regulaciones distantes al teletrabajo establecido en Colombia desde el 2008 en la Ley 1221 del mismo año.

Aunque estas tres formas de trabajo se refieren a la prestación de un servicio laboral en un lugar diferente a las instalaciones del empleador, cada una de ellas es aplicable en situaciones y circunstancias muy distintas que se adecúan a la actividad requerida y a la necesidad de la empresa y del trabajador.

Forma de ejecución del contrato

Las tres formas de prestación de servicios resultan ser alternativas dentro de un contrato de trabajo, es decir, surgen de la suscripción de un contrato laboral, por ello todas provienen de una relación laboral en donde se deben respetar y cumplir todos los derechos y garantías laborales.

La diferencia que suscita entre ellas surge de la forma como se ejecutará dicho contrato laboral:

  • Trabajo remoto: en esta modalidad el trabajador subordinado pacta con su empleador que sus labores serán desarrolladas a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios o mecanismos que permitan la labor contratada de manera remota; es decir, en la ejecución del contrato de trabajo las partes no interactuarán físicamente a lo largo de la relación laboral.
  • Trabajo en casa: se refiere a la ejecución de las funciones o actividades laborales por fuera del sitio de trabajo inicialmente indicado por el empleador, pero de forma temporal, por situaciones urgentes o excepcionales; es decir, mientras en el trabajo remoto desde el inicio se pactó que la labor se realizaría de forma permanente a través de las tecnologías existentes y nuevas, o medios y mecanismos, sin contacto con el empleador, el trabajo en casa es una medida excepcional surgida por una urgencia que impide acudir a la empresa a prestar el servicio.
  • Teletrabajo: como modalidad de ejecución resulta ser muy similar al trabajo remoto, pues permite que desde el inicio pueda pactarse la prestación del servicio en un lugar diferente a las instalaciones de trabajo de forma permanente, pero con la exigencia de que se utilicen en el ejercicio de su labor las tecnologías de la información y comunicación –TIC–, mientras que el trabajo remoto permite ser realizado por cualquier medio y mecanismo, sean o no TIC, teniendo además este último una regulación diferente conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 3 de la Ley 2121 del 2021.

¿Qué tipo de contrato se utiliza en estas formas de ejecución laboral?

Estas formas de ejecución laboral pueden pactarse en cualquiera de los tipos de contrato (duración fija, indefinida o por duración de la obra o labor) dado que no se trata de tipos de contratos, sino de diferentes formas de ejecutar las labores del contrato de trabajo.

Jornada laboral y descansos

Ninguna de estas formas de contratación modifica los derechos laborales establecidos en las normas y jurisprudencia del trabajo, por ello en todos y cada uno de ellos la jornada puede ajustarse a las necesidades del servicio, pero siempre respetándose la reglas de la jornada máxima legal establecida en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, los descansos dominicales y festivos y las horas extras y recargos.

Elementos y herramientas de trabajo

Respecto a los elementos, cada modalidad cuenta con una regulación distinta:

El teletrabajo se establece en la Ley 1221 del 2008, según la cual los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones.

En el trabajo en casa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 2088 de 2021, se dispone que podrá acordarse con el trabajador el uso de sus propios equipos y demás herramientas para el desempeño de su labor.

Pero de no lograrse dicho acuerdo, deberá el empleador suministrar todos los elementos del trabajo, tales como los equipos, el sistema de información, software y todos los materiales necesarios para el desarrollo de la función, teniendo con ello el trabajador la obligación y responsabilidad del cuidado, la custodia o reserva de los equipos según los criterios que defina el empleador.

De otra parte, el trabajo remoto se instala en el artículo 10 de la Ley 2121 de 2021, según la cual, al igual que en el teletrabajo, el empleador es quien debe disponer todas las herramientas y equipos de trabajo, además de instrumentos, equipo, conexiones, programas e incluso el valor de la energía e internet y/o telefonía.

Finalmente, es importante establecer que por disposición de la mencionada Ley 2121 de 2021, pese a su gran parecido, dichas modalidades de trabajo no comparten elementos constitutivos y regulados.

Por todo lo anterior tenemos que estas modalidades de trabajo, por referirse a situaciones puntuales distintas, tienen regulación, requisito y formas diferentes que aunque en algunas oportunidades son similares no significa que puedan utilizarse sin tener en consideración el fin de cada una de ellas.


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QUE ES EL SAGRILAFT Y CUANDO SE DEBE IMPLEMENTAR

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El Sagrilaft es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) en el sector real.

El Sagrilaft es regulado por la Superintendencia de Sociedades en Colombia con el objetivo de que las empresas del sector real superen los estándares de cumplimiento y legalidad, sus instrucciones se encuentran en la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020 que modificó al capítulo x de la Circular Básica Jurídica de noviembre 22 de 2017.

Vale la pena resaltar que tanto el Sarlaft como el Sagrilaft son sistemas de administración de riesgos con una superintendencia encargada diferente. El Sagrilaft es emitido por la Superintendencia de Sociedades y el Sarlaft por la Superintendencia Financiera; resaltemos que ambos pretenden mitigar el riesgo LA/FT en las organizaciones.

Obligados a mantener un Sagrilaft y un régimen de medidas mínimas

La Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020 identifica dos tipos de sistemas que se deben implementar: el sistema de autocontrol y gestión integral del riesgo LA/FT/FPADM y un régimen de medidas mínimas.

El Sagrilaft integral se trata de un sistema que deben implementar las sociedades comerciales, comercializadoras internacionales, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras sujetas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades con ingresos totales o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–.

De igual manera, el Sagrilaft integral lo deben implementar las empresas que pertenezcan a sectores específicos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que la circular indica para el respectivo sector, a saber:

  • Agentes inmobiliarios.
  • Comercialización de metales y piedras preciosos.
  • Servicios jurídicos.
  • Servicios contables.
  • Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
  • Activos virtuales.
  • Supervisión especial o regímenes especiales.
  • Empresas que reciban aportes en activos virtuales.

Por su parte, el régimen de medidas mínimas debe ser implementado por el sector de agentes inmobiliarios, la comercialización de los servicios jurídicos y los servicios contables que cumplan con los requisitos establecidos de la Circular Externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades.

¿Que es riesgo LA/FT?

Supersociedades define el riesgo LA/FT como:

“La posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y/o financiación de armas de destrucción masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.”

Con el objetivo de mitigar los riesgos el Sagrilaft integral deberá:

  • Establecer una política LA/FT/FPADM.
  • Definir un manual de procedimientos de gestión de riesgos LA/FT/FPADM.
  • Contar con una matriz de riesgo LA/FT/FPADM u otro mecanismo equivalente para medir y auditar la evolución del riesgo.
  • Considerar que, a mayor riesgo, mayor control.

Por las razones expuestas anteriormente, es importante tener en cuenta los riesgos de la empresa y la materialidad, en consecuencia, se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y otras características particulares de la empresa.

Elementos del Sagrilaft

Con el objetivo de orientar la actuación de la empresa, empleados, asociados y las partes interesadas en el cumplimiento efectivo del Sagrilaft, la circular externa define los elementos del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva:

  • Diseño y aprobación: está a cargo del oficial del cumplimiento de la empresa obligada teniendo en cuenta la materialidad, las características propias de la empresa, su actividad y la identificación de factores de riesgo LA/FT/FPADM.
  • Auditoría y cumplimiento del Sagrilaft: se debe designar un oficial de cumplimiento encargado de la auditoría y verificación del cumplimiento del Sagrilaft. Es opcional la designación de un oficial de cumplimiento suplente.
  • Divulgación y capacitación: el Sagrilaft deberá ser divulgado dentro de la empresa obligada como mínimo una vez al año y, de igual manera, brindar capacitación a las partes interesadas.
  • Asignación de funciones a los responsables y otras generalidades: se deben asignar de forma clara las facultades y funciones necesarias frente a la ejecución de las distintas etapas, elementos y actividades del Sagrilaft.

Plazo de implementación del Sagrilaft

La Circular Externa 100-000016 de diciembre de 2020, indica que las empresas que adquieran la calidad de obligadas a implementar Sagrilaft o el régimen de medidas mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, deben ponerlos en marcha a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al que adquirieron la calidad de empresas obligadas.

Sin embargo, a través de la Circular 100-00004 de abril de 2021, la Supersociedades amplió por única vez la fecha de implementación del Sagrilaft. Las empresas que hayan adquirido la condición de obligadas con corte a 31 de diciembre de 2020 y quienes lo fueran bajo regulación básica jurídica de 2017 deberán implementar o modificar el existente sistema de autocontrol y gestión LA/FT/FPADM hasta el 31 de agosto de 2021.


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CONSECUENCIAS DE REALIZAR OPERACIONES CON PROVEEDORES FICTICIOS

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Cada cierto tiempo, como sucedió en abril de 2021, la Dian publica algunos comunicados para advertir a los contribuyentes en general sobre la importancia de no efectuar operaciones tributarias con aquellos terceros que la Dian califique como «proveedores ficticios». Al respecto, es necesario repasar lo que aún figura en algunas normas del Estatuto Tributario –ET–, como las siguientes:

Artículo 495. No son descontables las adquisiciones efectuadas a proveedores ficticios o insolventes. A partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación nacional, no darán derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quien el Administrador de Impuestos Nacionales respectivo hubiere declarado como:

  • Proveedores ficticios, en el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o prestación de servicios, simulados o inexistentes. Esta calificación se levantará pasados cinco (5) años de haber sido efectuada.
  • Insolventes, en el caso de aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las deudas tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a terceras personas con el fin de eludir el cobro de la Administración. La Administración deberá levantar la calificación de insolvente cuando la persona o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas.

Artículo 647. Inexactitud en las declaraciones tributarias.<Artículo modificado por el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:

(…)

  1. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.

Cuando se necesite conocer el listado más reciente en el que la Dian publica a todos los que siguen calificados como proveedores ficticios, solo basta con entrar a la página de inicio del portal de la Dian y ubicar en la zona inferior la opción «Proveedores ficticios». En estos momentos, el listado publicado es el actualizado al 5 de agosto de 2021.

Por tanto, lo correcto es que cada mes, antes de hacer alguna compra a un proveedor, se consulte primero el listado para conocer si el tercero a quien se le realizará el pago está calificado o no como proveedor ficticio.


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QUE INGRESOS SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR LA PERIODICIDAD DEL IVA

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De acuerdo con el artículo 600 del Estatuto Tributario –ET–, para efectos de determinar el período gravable del IVA en Colombia, los responsables del impuesto deberán tener en cuenta lo siguiente:

  • La declaración del IVA tendrá periodicidad bimestral para los grandes contribuyentes y para aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 92.000 UVT.
  • La declaración del IVA tendrá periodicidad cuatrimestral para las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año gravable anterior sean inferiores a 92.000 UVT.

Ahora bien, la norma en mención señala que para definir la periodicidad con la cual se presentará la declaración de IVA, los responsables deberán tener en cuenta el nivel de ingresos brutos obtenidos en el año inmediatamente anterior. No obstante, lo anterior genera problemas de igualdad, dado que se están tomando como base todos los ingresos que perciba el responsable del IVA independientemente de su origen.

Así pues, mediante los radicados 001341 de noviembre 11 de 2020 y el 100180562 de noviembre 27 del mismo año, se solicitó a la Dian reconsiderar el Oficio 18127 del 19 de junio de 2015 en lo relativo a los ingresos considerados para determinar la declaración y pago del IVA.

Lo anterior, bajo el sustento de los antecedentes similares que emanan de la doctrina constitucional previstos en la Sentencia C-514 de octubre 30 de 2019 respecto a lo ocurrido con las consignaciones como determinante para no ser responsable del IVA señalado en el numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET.

La norma disponía que para no ser responsable del IVA las consignaciones no debían superar el equivalente a 3.500 UVT, ante lo cual se argumentaba que, al no haber distinción en la ley, debían incluirse todas las consignaciones. No obstante, la Corte, mediante la Sentencia C-514 de 2019, precisó que dicha disposición resultaba exequible bajo el entendido de que las consignaciones a considerar fueran las provenientes de actividades gravadas. El fundamento para dicha interpretación derivó de la aplicación del test de igualdad integrado, de acuerdo con el cual, al comparar a dos sujetos en condiciones similares de valor, pero con diferente origen de ingreso, se llega a un resultado disímil, generando un trato desigual entre iguales.

En este orden de ideas, y en concordancia con la doctrina constitucional, resultó apremiante aclarar el origen de los ingresos para determinar la periodicidad del IVA, bajo el sustento de que no hacerlo violaría el principio de igualdad, generando que sujetos en las mismas condiciones deban atender su obligación formal con periodicidad diferente.

Como resultado de lo anterior, a través del Concepto 283 de agosto 3 de 2021, la Dian revocó los oficios 01827 del 19 de junio de 2015 y 004655 del 5 de marzo de 2020, mediante los cuales se había pronunciado respecto a la forma de determinar el período gravable de IVA.

Según dichos oficios, dado que la norma del artículo 600 del ET no hace referencia específica respecto al origen de los ingresos, debían considerarse como ingresos brutos los provenientes tanto de operaciones gravadas, exentas y excluidas del IVA, como las no gravadas con este impuesto, atendiendo al artículo 26 del ET.

Los ingresos base para establecer la periodicidad del IVA son los gravados y exentos, mas no los brutos

Así pues, con el Concepto 283 de 2021 y considerando los precedentes constitucionales, la Dian determinó que los ingresos base para determinar la periodicidad gravable del IVA son los gravados y/o exentos. Lo anterior, considerando que aplicar estrictamente el artículo 600 del ET podría conducir a un trato desigual entre iguales.

Precisamente, de no diferenciarse los ingresos brutos con ocasión a su origen, en ciertos casos podría llegar a exigir de algunos responsables del IVA una declaración y pago del impuesto con mayor frecuencia, lo cual comporta una carga mayor en el control y cumplimiento de las obligaciones tributarias, en comparación con otros, aun cuando sus condiciones sean equiparables.

Ahora bien, para ilustrar lo anterior, presentamos el siguiente ejemplo:

Un responsable del IVA obtuvo ingresos totales por ventas gravadas por valor de 1.500 millones de pesos. Adicionalmente recibió ingresos por concepto de una lotería y una herencia por valor de 5.000 millones, acumulando un total de 6.500 millones.

De acuerdo con lo anterior, el responsable solo tendría en cuenta los ingresos por las ventas gravadas por valor de 1.500 millones de pesos, con lo cual tendría que presentar la declaración de IVA con periodicidad cuatrimestral, puesto que dicho monto es inferior a 92.000 UVT ($3.275.844.000 por 2020).

Por tanto, según el Concepto 283 de 2021, es evidente que el término “ingresos brutos”, contenido en los numerales 1 y 2 del artículo 600 del ET, deberá entenderse como aquellos de orden fiscal, prevenientes de actividades gravadas y/o exentas del IVA, lo cual garantiza que la relación de medio a fin de la norma tenga coherencia y permita una administración más efectiva del tributo.


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INGRESO BASE DE COTIZACIÓN EN PERÍODO DE INCAPACIDAD

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El ingreso base de cotización –IBC– es el monto del salario del trabajador dependiente, o ingresos del trabajador independiente, mediante el cual se determina el valor de los aportes al sistema de seguridad social, esto es, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar.

IBC para trabajadores dependientes en períodos de licencia de maternidad o incapacidad de origen común

El Ministerio del Trabajo, mediante el Concepto 48314 de 2018, precisó que el artículo 70 del Decreto 806 de 1998 establece que durante los períodos de incapacidad de origen común o licencia de maternidad se debe efectuar el pago de los aportes a seguridad tomando como IBC el valor de la licencia o incapacidad, según sea el caso.

Este IBC debe utilizarse mientras dure la licencia, que actualmente es de 18 semanas calendario; el período de incapacidad puede superar los 540 días.

Debe tenerse en cuenta que durante estos períodos solo deben realizarse aportes a salud y pensión. El aporte a riesgos laborales no debe efectuarse debido a que el trabajador no se encuentra expuesto a ningún tipo de riesgo, en igual sentido, tampoco debe realizarse el aporte a caja de compensación familiar, ya que el trabajador o la trabajadora no se encuentran devengando salario sino el auxilio por incapacidad o el pago de la licencia.

A su vez, debe tenerse en cuenta que una incapacidad se paga sobre el 66,67 % del salario, para lo cual podría asumirse que el IBC debe determinarse con este valor; no obstante, esto no aplica si el trabajador devenga un (1) salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–.

Ejemplo

Supongamos el caso de una trabajadora que devenga un salario de $2.000.000, la cual tuvo un período de incapacidad de origen común del 1 al 30 julio de este año. Para este caso, tenemos que esta trabajadora por este mes recibirá como auxilio de incapacidad un monto de $1.333.400 (66,67 % del salario), el cual, a su vez, se convierte en su nuevo IBC por dicho mes.


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REBAJAS FISCALES PARA EMPRESAS EN INSOLVENCIA

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El Decreto 939 del 19 de agosto de 2021, con el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020, faculta a la Dian para efectuar rebajas de sanciones, intereses y capital, y así cuidar el aparato productivo del país y el empleo.

La Dian podrá realizar rebajas de sanciones, intereses y capital sobre aquellas obligaciones por concepto de impuestos administrados por la entidad que estén a cargo de empresas afectadas por el COVID-19 y que se encuentren inmersas en un proceso de naturaleza concursal bajo el régimen de insolvencia.

La herramienta ayudará a que la empresa continúe funcionando y se preserven los empleos que genera. La norma que reglamenta el beneficio establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera, los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.

¿Cómo acceder a estos beneficios fiscales?

Para acceder a estas prerrogativas, el contribuyente deudor podrá presentar la solicitud de rebaja de intereses, sanciones y capital, según el caso, ante el nominador del proceso concursal, sea la Supersociedades, el juez civil del circuito o las cámaras de comercio, con el objetivo de que la Dian tenga conocimiento y acceso a la información presentada por el deudor.

Serán objeto de las rebajas las obligaciones reconocidas en el proceso de insolvencia, discriminando el concepto, año, período y los valores de capital, sanción e intereses. Adicionalmente, deberá acompañar la solicitud de la relación de acreencias objeto de graduación y calificación de acreencias con la memoria explicativa de las causas de insolvencia y el proyecto de acuerdo para ponerse al día en el pago de las obligaciones.

¿Y si la empresa ya se encontraba en un proceso de insolvencia?

Si los contribuyentes ya se encontraban en ejecución de procesos de insolvencia con anterioridad a la expedición del Decreto Legislativo 560 de 2020, podrán solicitar la aplicación de la rebaja de capital, sanciones e intereses únicamente sobre el saldo de las obligaciones objeto del nuevo acuerdo.

Lo anterior implica efectuar la modificación y renegociación del acuerdo inicialmente pactado entre acreedores, para su posterior confirmación por parte del juez concursal, cuando esta sea procedente.

Nivel de rebajas

Sobre el nivel de las rebajas, está estrictamente ligado al tiempo dispuesto en el acuerdo para el pago de la obligación; a menor tiempo, mayor reducción, además de garantizar las prerrogativas a los acreedores que apoyen la financiación del deudor. Cabe destacar que este tratamiento no procede para impuestos indirectos, como el IVA y el impuesto nacional al consumo, así como la retención en la fuente, entre otros, tampoco para los descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social.

Rebajas de capital, intereses y sanciones que pueden aplicarse sobre las declaraciones que tengan impuesto a cargo

Rebajas en multas y sanciones para contribuyentes que tienen pendiente el pago de sanciones independientes o multas, sin que estas se encuentren asociadas a impuesto


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RENTA DE PERSONAS NATURALES, ERRORES QUE SE SANCIONARÍA CON CÁRCEL

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Las personas naturales que por el año 2020 pertenecieron al régimen ordinario del impuesto de renta  (pues no pudieron o no quisieron optar por el régimen simple) y que se encuentran obligadas a presentar entre agosto y octubre de 2021 su declaración de renta correspondiente al año gravable 2020 deben tener en cuenta las sanciones penales a las que se pueden exponer si en dichas declaraciones se configuran los delitos contemplados en los artículos 434-A y 434-B de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), las cuales fueron modificadas recientemente con el artículo 71 de la Ley 2010 de diciembre de 2019.

Sanción del artículo 434-A del Código Penal

Este artículo indica que cuando se detecten activos omitidos o mal declarados, o incluso pasivos inexistentes, que superen los 5.000 salarios mínimos (actualmente $4.542.615.000), la Dian tendrá que dar aviso a la fiscalía para que se inicie el proceso fiscal allí mencionado.

Sanción del artículo 434-B del Código Penal

Por su parte, el artículo 434-B del Código Penal, también sanciona con cárcel a quienes se equivoquen en su declaración de renta al momento de diligenciar las siguientes partidas:

  • de ingresos brutos (dejando de declarar todos los que en verdad le correspondían), o
  • de costos y gastos (incluyendo datos falsos), o
  • de descuentos al impuesto de renta, o
  • de anticipos que restan, o
  • de retenciones en la fuente que restan.

La sanción penal se configura cuando el monto de las cifras equivocadas combinadas supera el valor de 250 salarios mínimos (actualmente $227.131.500)

Tiempo para detectar la irregularidad

Al respecto, debe tenerse presente que el tiempo que tiene la Dian para auditar las declaraciones de renta del año gravable 2020 y detectar los defectos antes comentados es de solo 6 meses, 12 meses, 3 años o 5 años, dependiendo de si la declaración queda o no acogida al beneficio de auditoría del artículo 689-2 del ET o si le aplica el artículo 714 del ET (cuando no liquide pérdidas fiscales) o el artículo 117 de la Ley 2010 de 2019 (cuando sí liquide pérdidas fiscales).


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IMPRESIÓN DE LOS SOPORTES Y COMPROBANTES CONTABLES

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De acuerdo con el artículo 6 del anexo 6 del Decreto 2420 de 2015, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados.

Adicional a ello, los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad que les corresponde. Algunos ejemplos son los recibos de caja, las facturas de venta y documentos equivalentes, las letras de cambio y las notas de contabilidad.

Respecto a los comprobantes de contabilidad, el artículo 7 del anexo 6 del decreto en mención determina las características que deben tener:

  • Las partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente.
  • Los comprobantes de contabilidad deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano.
  • Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado.
  • Se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.
  • La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan.
  • Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a lo sumo mensuales.
  • Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas las operaciones.

Algunos ejemplos de comprobantes de contabilidad son, entre otros, los de ingresos, egresos, ventas y de nómina.

Ahora bien, mediante el Concepto 0409 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– expone que los soportes y comprobantes de contabilidad no requieren necesariamente estar impresos en papel para obtenerse la información necesaria y probar su validez legal.

Esta interpretación del CTCP corresponde a lo establecido por la Ley 527 de 1999, en la que se expone que los documentos no necesariamente deben estar impresos:

Artículo 6. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.

Es importante aclarar que ante la imposibilidad de una firma manuscrita es concebible una firma de carácter electrónico.

Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 expone que, cuando una norma exija la presencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se podrá satisfacer dicho requerimiento si se utiliza un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos e indicar que el contenido cuenta con su aprobación, siempre que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado.

Las disposiciones de la Ley 527 de 1999 aplican para la normativa que exige la firma como un requisito obligatorio en los documentos contables, de igual manera, a las normas que prevén consecuencias en el caso de no existir una firma.

Para concluir, los soportes y comprobantes contables podrán ser conservados en cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta; para ello no se requiere necesariamente que se encuentren impresos en papel.

Por lo dispuesto en la norma, el CTCP aclara que los mensajes de datos serán admisibles como medio de prueba en toda actuación administrativa o judicial. Esto implica que a los soportes y comprobantes contables no se les negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria por el solo hecho de que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentados en su forma original.


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BENEFICIOS POR CONTRATAR PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE PENSIÓN

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El artículo 2 de la Ley 2040 de 2020 establece que los empleadores obligados a presentar la declaración de renta y complementario, cuando contraten a personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivientes y estas hayan cumplido la edad de pensión (57 años para las mujeres, 62 años para los hombres), pueden deducir en el impuesto de renta el 120 % del valor de los salarios y prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías) pagados a estas personas durante los años gravables en los que el trabajador permanezca vinculado.

Esta deducción podrá ser posible siempre que los trabajadores correspondan al menos al 2,5 % de la planta de personal cuando se tenga un número de empleados menor a 100. Este porcentaje se incrementará 0,5 % por cada 100 trabajadores adicionales, sin que llegue a sobrepasar el 5 % del personal.

Tiempo mínimo de vinculación del trabajador

Para acceder a estos beneficios, la contratación del trabajador debió realizarse después del 27 de julio de 2020 (día de entrada en vigor de la Ley 2040 de 2020), y deberá permanecer vinculado mínimo durante un (1) año.

En caso de que el trabajador sea despedido con justa causa, el tiempo que falte para terminar el año mínimo de permanencia podrá ser completado con la contratación de otro trabajador que cumpla las condiciones.

Por el contrario, si el trabajador renuncia por una causa imputable al empleador, este perderá el acceso a los beneficios por este trabajador en particular, hasta tanto un juez de la República determine mediante sentencia judicial la culpa del empleador.

Certificación de cumplimiento de requisitos

El parágrafo primero del artículo 4 de la Ley 2040 de 2020 dispone que, para acceder a estos beneficios, el empleador deberá certificar ante el Ministerio del Trabajo el cumplimiento de los requisitos. Para esto, el ministerio determinó mediante la Circular 0004 de 2021 los lineamientos para presentar la certificación.

Atendiendo a lo dicho, por medio de la circular en mención, el Mintrabajo indicó que el empleador deberá presentar una comunicación suscrita por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, mediante la cual certifique que puede acceder a los referidos beneficios y cumple con el porcentaje de contratación de trabajadores exigido.

Procedimiento de registro de la certificación en el Ministerio del Trabajo

En la circular, el Mintrabajo indica que la certificación deberá presentarse mediante su página web mediante el canal PQRSD.

A su vez, se encuentra un formato de certificación de cumplimiento de requisitos, que contiene los documentos adicionales a la certificación que deberán presentarse para acceder a estos beneficios tributarios.

Una vez realizado el registro de la certificación, se generará un número de radicado que el empleador deberá conservar. En caso de que cambie lo dispuesto en la certificación (por ejemplo, aumento del número de trabajadores o retiro de alguno), el empleador deberá comunicar esta situación al Mintrabajo realizando el mismo procedimiento que al inicio en la página web.