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TRATAMIENTO DE PÉRDIDAS OBTENIDAS EN 2020 POR INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLE

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Todas las personas naturales y jurídicas que al cierre del año gravable 2020 figuraban en el régimen simple de tributación tendrán que presentar su declaración anual del simple (formulario 260), la cual nuevamente se vencerá en una fecha muy tardía (entre octubre 25 y 29 de 2021).

Ahora bien, es claro que en el formulario 260 nunca se permitirá imputar, a los ingresos que forman rentas ordinarias, el valor de los costos y deducciones en que haya incurrido el contribuyente del régimen simple durante 2020 (sin importar si estaba o no obligado a llevar contabilidad). Solo se permite imputar costos y gastos a los ingresos que le hayan formado ganancias ocasionales.

En vista de lo anterior, y teniendo presente que el 2020, año de la pandemia del COVID-19, fue un período de muchas pérdidas económicas para muchos contribuyentes de diversos sectores, lo que sucederá en particular con los contribuyentes que se quedaron en el régimen simple durante dicho año es que el valor de sus pérdidas operacionales no se verán reflejadas por ningún lado dentro del formulario 260, y aun así tendrán que liquidar el impuesto simple sobre sus pocos ingresos brutos ordinarios obtenidos durante el 2020.

La pérdida no podrá ser compensada en los futuros ejercicios en que decidan regresar al régimen ordinario

Lo más grave para este tipo de contribuyentes es que, si deciden regresar posteriormente al régimen ordinario (algo para lo cual el plazo vence el 31 de enero del nuevo año fiscal en el que desean regresar), las pérdidas operacionales que obtuvieron en los años fiscales en que pertenecieron al régimen simple no podrán ser utilizadas a manera de compensación fiscal.

En efecto, y si se tienen en cuenta las normas de los artículos 147 y 330 del ET, las personas jurídicas y naturales solo podrán compensar, hasta dentro de los 12 años siguientes, el valor de las pérdidas fiscales que primero hayan quedado declaradas en los formularios 110 y 210 (régimen ordinario del impuesto de renta).

Además, el artículo 117 de la Ley 2010 de 2019 dispone que las declaraciones del régimen ordinario en las cuales se liquiden o compensen pérdidas fiscales quedarán en firme solo cinco años después del vencimiento del plazo para declarar.


TRATAMIENTO FISCAL DE LAS CESANTÍAS CONSIGNADAS EN FEBRERO DE 2021

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Las normas contenidas en el numeral 3 del artículo 27 del Estatuto Tributario –ET– y el artículo 1.2.1.20.7 del DUT 1625 de 2016 establecen que las cesantías que se consignen en los fondos de cesantías (comenzando con las consignadas en febrero de 2017) deben ser reconocidas en ese mismo momento (y no en el de su retiro) como un ingreso fiscal de los asalariados que tengan régimen laboral posterior a la Ley 50 de 1990. Además, si dichas cesantías se quedan en el fondo de cesantías hasta diciembre 31, también se deberán incluir en el patrimonio fiscal del asalariado.

Sin embargo, nada de eso sucede con las cesantías consignadas en los años 2016 y anteriores, las cuales no deben incluirse en el patrimonio fiscal y solo se reconocerán como un ingreso fiscal cuando sean retiradas. Incluso dichas cesantías al final del año solo se someterán al límite de rentas exentas mencionado en el numeral 4 del artículo 206 del ET, pero no se someterán al límite del 40 % mencionado en el artículo 336 del ET. Este último límite solo aplica para las cesantías consignadas a partir de febrero de 2017.

A pesar de lo anterior, aunque el valor por cesantías que sean consignadas en los fondos desde febrero de 2017 en adelante sí deba ser reconocido como un ingreso fiscal del trabajador al final del año (e incluso deberán seguirse sometiendo a los dos límites de rentas exentas que se mencionan en el numeral 4 del artículo 206 del ET y el artículo 336 del ET), sucede que tales valores nunca se deben someter a retención en la fuente. Veamos por qué.

Las cesantías no se someten a retención en la fuente en ningún momento

Existen dos normas vigentes según las cuales los empleadores no deben someter a retención en la fuente ni las cesantías que les pagan directamente a sus trabajadores (lo cual ocurre cuando piden un adelanto de estas o cuando son liquidados en algún momento del año) ni las que sean consignadas en los fondos de cesantías. Las normas en cuestión son las siguientes:

  1. El parágrafo 3 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, en el cual se lee:

“PARÁGRAFO 3.  En ningún caso los pagos efectuados por concepto de cesantía serán sujetos de retención en la fuente”.

  1. b) El artículo 22 del Decreto 841 de 1998, recopilado en el artículo 1.2.4.1.11 del DUT 1625 de octubre de 2016, en el cual se lee:

“Artículo 1.2.4.1.11. Retención en la fuente sobre cesantías. De conformidad con el parágrafo 3° del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, en ningún caso los pagos efectuados por concepto de cesantías o intereses sobre las mismas, estarán sujetos a retención en la fuente, sin perjuicio del tratamiento previsto en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario”.

Por tanto, debe entenderse que las cesantías enviadas a los fondos de cesantías (como las que se enviaron en febrero de 2021) nunca se deberán someter a retenciones en la fuente, es decir, no se deben sumar con los demás ingresos laborales del mes de febrero. Y lo mismo sucedería en cualquier otro mes del año en el que los asalariados reciban otros valores por concepto de cesantías (ya sea porque pidieron un anticipo de estas o porque su contrato laboral fue liquidado).

Esto, también aplicaría para los asalariados con vínculo laboral anterior a la Ley 50 de 1990 que hagan parte del régimen tradicional de cesantías. Cuando sus empleadores les abonen contablemente en diciembre 31 de cada año el valor de sus cesantías, dichos valores sí deberán ser reconocidos por el asalariado como un ingreso fiscal del año, pero sus empleadores no lo someterán a retención en la fuente.

Lo mismo sucederá en cualquier otro mes del año en el que dichos asalariados reciban otros valores por concepto de cesantías (ya sea porque pidieron un anticipo de estas o porque su contrato laboral fue liquidado).

En todo caso, tal como lo hemos dicho anteriormente, aunque las cesantías no sean sometidas a retención en la fuente, eso no significa que al final del año el asalariado las pueda tratar 100 % como una renta exenta, pues al final del año sí deberá tomar en cuenta los límites que le impone el numeral 4 del artículo 206 del ET y el artículo 336 del ET (es justamente a eso a lo que se refiere la parte final del artículo 22 del Decreto 841 de 1998 anteriormente citado; ver también el Concepto Dian 8899 de marzo de 2015).


DIFERENCIA ENTRE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

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De los mitos y confusiones que se avistan en el derecho laboral, es muy común observar que, cuando se terminan los contratos de trabajo, los trabajadores esperan que les paguen una indemnización que corresponda al tiempo que laboraron para el empleador, creyendo que, indistintamente de la causa de terminación, el empleador está en la obligación de pagar dicha indemnización; por otra parte, cuando  el contrato de trabajo es finalizado con justa causa, muchos trabajadores creen que no tienen derecho al pago de la liquidación final, debido a la forma en la que finalizó el contrato.

Todas estas creencias erróneas surgen debido a la confusión que popularmente existe entre los conceptos de liquidación e indemnización, por ello es pertinente resolver y esclarecer esta confusión explicando en qué consiste cada uno de estos conceptos.

Liquidación del contrato de trabajo

Cuando se habla de la liquidación del contrato de trabajo se está haciendo referencia a la liquidación final de salarios adeudados, prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías) y vacaciones. Este derecho lo poseen todos los trabajadores indistintamente de la forma en la que se terminó el contrato de trabajo, es decir, con o sin justa causa.

La liquidación de dichos conceptos son los valores causados que se pagan al trabajador cuando su contrato de trabajo finaliza, pues durante la vigencia de la relación laboral no se alcanzaron a disfrutar o pagar.

Para entender mejor lo que refiere dicha liquidación, debemos recordar que las prestaciones sociales y vacaciones son reconocidas en unos tiempos específicos (y de forma proporcional, de ser el caso), así:

  • La prima de servicios se causa y paga de forma semestral, la primera prima se cancela a más tardar el 30 de junio y la segunda a más tardar el 20 de diciembre.
  • Las cesantías son liquidadas y consignadas en el fondo de cesantías del trabajador anualmente, máximo hasta el 14 de febrero de cada año.
  • Los intereses a las cesantías deben ser reconocidos también de forma anual y pagados, máximo, hasta el 31 de enero.
  • Las vacaciones corresponden a quince (15) días de descanso remunerado por cada año laborado, y se liquidan y pagan una vez el trabajador se disponga a disfrutar sus días de vacaciones.

Dicho lo anterior, se puede observar cómo cada uno de los mencionados conceptos laborales cuenta con fechas de liquidación y pago específicas, pero ¿qué ocurre si se termina el contrato y no se alcanzaron a disfrutar las vacaciones, no se llegó a la fecha de pago de la prima de servicios o de los intereses a las cesantías o no se alcanzaron a consignar las cesantías en el fondo? Precisamente, surge en este escenario el derecho del pago de la liquidación.

Cuando finaliza el contrato y hay períodos de primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones no pagados o reconocidos, estos deben ser sufragados al final de la relación laboral junto con el salario causado al momento de la terminación del contrato, esto es lo que se denomina liquidación final.

Para entender mejor la liquidación, veamos este ejemplo:

Supongamos un trabajador vinculado mediante contrato de trabajo a término fijo del 2 de enero al 3 de septiembre de 2020. A este trabajador debe pagarse, al momento de la finalización del contrato, las prestaciones sociales y vacaciones no disfrutadas, proporcionalmente, de la siguiente manera:

  • Prima de servicios por el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 (fecha en la cual inicia el segundo semestre de la prima) y el 3 de septiembre de 2020 (fecha de finalización del contrato).
  • Cesantías e intereses no consignados ni pagados respectivamente por el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de septiembre de 2020.
  • Días correspondientes al período de vacaciones no disfrutado.
  • Salario causado a la fecha de terminación del contrato.

Los valores resultantes de los cálculos que deben realizarse para la determinación del monto que debe pagarse al trabajador por dichos conceptos son, entonces, los elementos que componen la liquidación que debe pagarse a los trabajadores una vez finaliza su contrato laboral.

Es importante resaltar que todos los trabajadores tienen derecho al pago de esta liquidación independientemente del tipo de contrato de trabajo (a término fijo, indefinido o por duración de la obra o labor), la forma en que se acuerda (verbal o escrita) o la causa de la terminación de la relación laboral (renuncia, finalización del período pactado y, en general, finalizado con justa o sin justa causa), pues la liquidación se refiere a una serie de derechos laborales a los que todo trabajador tiene acceso y que no son liquidados teniendo en cuenta la antigüedad; solo se genera el pago de las prestaciones y vacaciones causadas y debidas.

Indemnización por despido sin justa causa

Por otra parte, se encuentra la indemnización por despido sin justa causa, concepto completamente ajeno a la liquidación. Esta indemnización es una obligación resarcitoria y dineraria que debe pagar el empleador a su trabajador solo cuando el contrato de trabajo finaliza sin justa causa.

Por lo anterior, en el evento en que se termine el contrato de trabajo bajo una de las forma de terminación del contrato laboral contempladas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, como, por ejemplo, la finalización del período pactado, o por una justa causa establecida en el  artículo 62 del CST (justas causas de terminación), el trabajador no tiene derecho al pago de indemnización; el único derecho que le surge es el pago de la liquidación del contrato, el cual, como se explicó anteriormente, solo corresponde a los valores pendientes por los conceptos estudiados y nada tendrá que ver con la antigüedad que pueda llegar a tener el trabajador.

Por ello, debe concluirse que la liquidación es un pago al que tienen derecho todos los trabajadores, y la indemnización solo se reconoce cuando existe una terminación unilateral del contrato sin justa causa.


RETOS DEL REVISOR FISCAL

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A continuación, compartimos algunos retos del revisor fiscal en tiempos de COVID-19. Durante la pandemia al interior de muchas entidades surgieron diversidad de cambios como:

  • Cambios en la visión y misión de las empresas.
  • La estructura societaria de las empresas.
  • Las operaciones de compra y venta.
  • Las fuentes de financiación.
  • Las decisiones de inversión.

Retos del revisor fiscal

  • El principal reto de los revisores fiscales fue el cambio tecnológico que se dio por la pandemia. En consecuencia, la tecnología logró transformar los procesos de compra y venta en las empresas, así como la conformación de activos, como el caso de las criptomonedas. Adicionalmente, la falta de adopción tecnológica en comunicación ha generado inconvenientes con la nueva modalidad de reuniones a través de plataformas virtuales a los que se ven enfrentados los revisores fiscales y, por supuesto, los demás integrantes de las entidades. Por ello, el revisor fiscal, para desempeñar sus funciones, tiene el reto de trabajar capacitándose en el manejo de los medios tecnológicos.

 

  • Por su parte, las funciones concebidas en el artículo 207 del Código de Comercio –CCo– dan pie a otros retos; el primero de ellos se relaciona con la función establecida en el numeral 1 del artículo precedente, y consiste en que el revisor fiscal se asegure de que los distintos cambios de dirección que han sido ocasionados en estos tiempos de pandemia estén debidamente aprobados por la asamblea general y la junta directiva y, por ende, se ajusten a las prescripciones de los estatutos.

 

  • Así mismo, los revisores tienen el reto de identificar de forma oportuna los riesgos internos o externos. En este punto resulta clave la comunicación frecuente con la dirección y la junta de socios.

 

  • Otro reto de los revisores fiscales es evaluar si se deben comunicar asuntos a los entes de control y vigilancia.

 

  • Lo relacionado con el cumplimiento de la normativa contable es otro de los retos del revisor fiscal, sea por los cambios de la normativa o por el cambio e inaplicabilidad de los controles que antes de la pandemia eran posibles realizar.

 

  • Inspeccionar que las decisiones asociadas a los bienes de la sociedad estén aprobadas y sustentadas por parte de la dirección.

 

  • El revisor también debe analizar las decisiones de ventas para lograr enfrentar con criterio los análisis realizados por la administración.

 

  • La autorización de estados financieros e informes es otro de los retos del revisor fiscal. El cambio en las políticas contables, estimaciones, revelación y ventas proponen retos para el revisor fiscal, dados los distintos cambios que las empresas realizaron con ocasión de la contingencia del COVID-19, la cual tomó por sorpresa a gran parte del sector empresarial.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS QUE OFRECE LA LEY DE EMPRENDIMIENTO

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Con la sanción de la Ley 2069 de 2020 o Ley de emprendimiento, los empresarios nacionales cuentan con una nueva normativa que favorece la creación y consolidación de nuevos emprendimientos en el país.

Desde el punto de vista del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, esta ley es un instrumento clave en la reactivación, que busca disminuir los costos para los emprendedores y microempresarios.

“Esta ley impulsará a las mipymes y establecerá un marco de regulación que propicie el emprendimiento y crecimiento. Están dadas las condiciones para activar los mecanismos necesarios para que esta ley se convierta en una de las herramientas clave para la recuperación de la economía y la construcción de la nación emprendedora», afirma.

Por su parte, Claudia Marcela Camargo, líder de impuestos de BDO Colombia afirma que los líderes empresariales consideran que las nuevas regulaciones financieras, a raíz del COVID-19, incluyendo posibles cambios impositivos, tendrán un impacto negativo en su rentabilidad en los próximos 12 meses.

«Es por ello que este tipo de iniciativas como la Ley de emprendimiento se convierten en un paso fundamental para que las pequeñas y medianas empresas avancen en su reactivación económica, crucial en este momento de la economía colombiana”, dice.

La Ley de emprendimiento presenta algunos beneficios tributarios respecto a la normativa anterior. BDO Colombia analiza las modificaciones que presenta la ley:

Modificaciones en el impuesto de registro

Este impuesto hace referencia a la tarifa que se paga sobre cualquier acto y/o contrato que por ley deba registrarse en la cámara de comercio o en la oficina de registro de instrumentos públicos.

La ley establece una modificación en los rangos de las tarifas fijadas por las asambleas departamentales, a través de las cámaras de comercio, para las microempresas:

  • Para los actos que no impliquen la constitución o el incremento de la prima en colocación de acciones, es decir, un superávit de capital, se establece un cobro de entre el 0,3 % y el 0,6 %.
  • Para los actos sujetos a registro que impliquen la constitución o el incremento de la prima en colocación de acciones, este será de mínimo el 0,1% y máximo el 0,2%.

De igual manera, se indica que a las microempresas no se les podrán adicionar sobretasas o recargos de ningún tipo a la tarifa legal vigente del impuesto de registro.

Contabilidad simplificada para microempresas

La ley faculta al Gobierno para autorizar a las organizaciones categorizadas como microempresas y obligadas a llevar contabilidad para que lo hagan de forma simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados, o que estos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado.

Esto permitirá a las compañías pequeñas y/o emergentes alivianar esta carga, para que no deban gastar dinero en equipo contable, que se rijan bajo el lenguaje contable internacional y, a su vez, facilitará que tengan una contabilidad de caja, teniendo en cuenta el volumen de sus activos, ingresos, número de empleados, forma de organización jurídica o de sus circunstancias socioeconómicas.

«En una contabilidad de caja solo se tendrá en cuenta el dinero que sale o ingresa de la caja, a diferencia de la contabilidad de causación que tiene en consideración el momento en el que se hace la transacción comercial, siendo indiferente si sale o ingreso dinero de la caja», indica BDO.

Nuevos bienes exentos de IVA

Los bienes relacionados con energías renovables como inversores de energía para el sistema de energía solar con paneles, paneles solares y controlador de carga para sistemas de energía solar con paneles pasaron de estar excluidos a exentos de IVA.

Sin embargo, el derecho a devolución bimestral solo aplica a los productores de estos bienes y no a los comercializadores de los mismos. 

Saldos a favor en IVA

Para brindar soluciones en medio de la emergencia sanitaria, se autorizó la solicitud de devolución y/o compensación del IVA generado por la venta de bienes exentos relacionados en el Decreto Ley 438 y 551 de 2020.

Nota: aunque el artículo 28 de la Ley 2069 de 2020 haga referencia al Decreto 552 de 2020, en realidad se buscaría aludir al Decreto 551 del mismo año, que estableció una exención transitoria del IVA para 211 insumos médicos.

De igual manera, una vez terminada la emergencia sanitaria se podrán imputar, en las declaraciones de los períodos siguientes los saldos a favor, el IVA que no haya sido solicitado en devolución y/o compensación.

Firma electrónica y digital

Se da un plazo de seis meses para que el Gobierno reglamente la firma electrónica y digital en el país.

Aunque desde la Ley 1111 de 2006 el Estatuto Tributario, en su artículo 559, prevé la presentación de peticiones, recursos y demás escritos en forma personal y electrónica, la Dian recientemente ha indicado que los recursos solo se pueden presentar personalmente. «Se espera que próximamente sean permitidos todo tipo de trámites electrónicos, incluidos los que se realizan a través de poder sin necesidad de presentación personal.

Adicionalmente, se incluye de manera permanente la inspección tributaria virtual, la inspección contable virtual, las visitas administrativas virtuales de inspección, así como la vigilancia y control», indica BDO.


SALDOS A FAVOR POR VENTAS EXENTAS DEL IVA DE INSUMOS MÉDICOS

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De acuerdo con lo establecido en la Sentencia C-292 de agosto 5 de 2020 de la Corte Constitucional, los vendedores de los cerca de 211 insumos médicos mencionados en el Decreto Ley 551 del 15 de abril de 2020 podrán seguir vendiendo dichos bienes como exentos del IVA hasta el 31 de diciembre de 2021 y no solo mientras se mantenga declarada una emergencia sanitaria en Colombia (emergencia que se ha ido prorrogando y ahora se encuentra declarada hasta febrero 28 de 2021).

Sin embargo, en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Ley 551 de abril de 2020 se había dispuesto que los saldos a favor que se formaran con dichas ventas exentas del IVA no podían solicitarse en devolución y solo podían arrastrarse hacia las declaraciones siguientes. En dicha norma se lee:

“Parágrafo 1. Los saldos a favor generados en las declaraciones tributarias del impuesto sobre las ventas -IVA- podrán ser imputados en las declaraciones de los períodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o compensación”.

Así pues, es importante destacar que, a través del artículo 28 de la Ley 2069 de diciembre 31 de 2020 (conocida como Ley de emprendimiento), los congresistas aprobaron modificar el artículo 850 del Estatuto Tributario –ET–, agregándole el siguiente nuevo parágrafo transitorio:

“Parágrafo transitorio. Los saldos a favor generados en el impuesto sobre las ventas IVA por la venta de bienes exentos de manera transitorio en aplicación de los Decretos Legislativos 438 y 552* de 2020, podrán ser solicitados en devolución y/o compensación en proporción a los bienes vendidos, hasta por el término de duración de las emergencias sanitarias declaradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. 

Una vez terminada las emergencias declaradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19 los saldos a favor en el impuesto sobre las ventas IVA que no hayan sido solicitados en devolución y/o compensación solo podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes”. 

Como puede verse, al menos durante el tiempo en que se mantenga declarada una emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, sí se podrán pedir en devolución y/o compensación los saldos a favor que se formen con las ventas exentas del IVA de los decretos legislativos 438 y 551.


PLAZO MÁXIMO PARA REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SG-SST

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¿Cuál es el plazo máximo para realizar el registro de autoevaluación y plan de mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo –SG-SST– tiene como finalidad alcanzar niveles óptimos de seguridad y salud en el trabajo, a través del desarrollo e implementación de políticas de control de riesgos laborales; usa elementos como la planificación, evaluación, auditoría, control, evaluación y anticipación de riesgos.

El SG-SST debe ser ejecutado anualmente, es decir, cada año los empleadores deben realizar un estudio y calificación de su sistema (autoevaluación) y, posteriormente, establecer las mejoras (plan de mejora) que podrán realizarse para el siguiente año de ejecución.

Registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento

El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0071 de 2020, por medio de la cual estableció que los empleadores y todo aquel obligado a implementar el SG-SST deben realizar el registro de las autoevaluaciones y planes de mejoramiento de este sistema de los años 2019 y 2020 en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Según lo previsto en la resolución en mención, este registro debe estarse llevando a cabo desde diciembre de 2020.

No existe un plazo máximo para realizar el registro

En lo que refiere al interrogante en cuestión, el Mintrabajo, mediante la Circular 0014 de 2021, determinó que no existe una fecha límite para el registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento del SG-SST, sino que esta acción se llevará a cabo paulatinamente. Esto supone, entonces, que dicho registro podrá realizarse en el transcurso del año 2021.


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SE APROXIMA FECHA LÍMITE PARA ACTUALIZAR DATOS ANTE LA JCC

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Resolución 973 de 2015 de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, más conocida como Junta Central de Contadores –JCC–, los contadores públicos y las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, es decir, sociedades o firmas de contadores, deberán actualizar los datos registrados cada año antes del 1 de marzo.

Así pues, se encuentra próxima la fecha límite para que los contadores públicos personas naturales y las sociedades o firmas de contadores personas jurídicas actualicen la información de este año 2021.

Según lo expuesto en el artículo 27 de la misma resolución, la información que se debe actualizar por parte de los contadores públicos personas naturales se encuentra relacionada con el reporte de cambios correspondientes a dirección de domicilio, estudios y experiencia profesional.

Por su parte, la información que deberá ser actualizada por las sociedades o firmas de contadores constituidas como personas jurídicas se relaciona con los cambios de identificación del representante, domicilio, relación de socios, accionistas o asociados.

A continuación, te compartiremos los pasos que la JCC estableció para la actualización de datos tanto para personas naturales como para personas jurídicas.

Pasos de actualización para personas naturales

Los contadores públicos que presten sus servicios como personas naturales deberán acceder al siguiente login de la página de la JCC y diligenciar los dos campos que aparecen, los cuales son el número de identificación (sin espacios o puntos) y el número de expediente tal como está en la tarjeta profesional; si a este último número le anteceden ceros, el usuario debe omitirlos.

Posteriormente, el usuario deberá validar su fecha de nacimiento y aceptar los términos para así poder ingresar a revisar los datos registrados y realizar los cambios que correspondan.

En caso de que el usuario no tenga cambios, se seleccionaría la casilla “De Acuerdo”, y en caso de que desee realizar cambios, deberá ingresar al enlace de “Ir a actualizar información”, en el que podrá seleccionar la casilla que desee modificar, sea registro de domicilio, registrar estudio o registrar actividad.

Pasos de actualización para personas jurídicas

Por su parte, las sociedades o firmas de contadores personas jurídicas deberán ingresar a este login y diligenciar los datos solicitados: NIT y número de expediente según aparezca en la tarjeta de registro. La validación en este caso será con la fecha de constitución de la sociedad, lo que llevará al usuario a aceptar los términos de la página.

Una vez realizado lo anterior, el usuario podrá visualizar al lado derecho cuatro casillas donde encontrará, respectivamente, estas opciones: actualizar información, registrar domicilio, registrar socios o cancelar.

No obstante, si se presenta algún error en la actualización de los datos de las personas naturales y jurídicas en la página de la JCC, la entidad estableció una línea telefónica de atención: 644 44 50 opción 4, donde los usuarios podrán resolver sus inquietudes.


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SANCIONES POR INCLUIR INFORMACIÓN FALSA EN EL RUT

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El registro único tributario –RUT– constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan calidad de contribuyentes y no contribuyentes de impuestos nacionales administrados por la Dian, tales como contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, responsables y no responsables del IVA, agentes retenedores, facturadores electrónicos, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros.

Así pues, la información registrada al momento de la expedición del RUT, correspondiente a aquella relacionada con la identificación, ubicación y clasificación del contribuyente frente a las responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias, como demás elementos propios de las obligaciones administradas por la Dian, es de entera responsabilidad del suscriptor del registro, es decir, de la persona natural o jurídica que haya solicitado la inscripción. Por tanto, en ningún caso la administración tributaria es responsable de la información allí suministrada.

Ahora bien, considerando lo anterior, el artículo 658-3 del ET, en su numeral 4, señala que quienes informen datos falsos, incompletos o equivocados en el RUT se verán enfrentados a una sanción equivalente a 100 UVT ($3.631.000 por 2021).

Por su parte, es importante señalar que la sanción antes señalada no podrá ser reducida conforme a las indicaciones del artículo 640 de ET, dado que el parágrafo 3 del artículo en mención indica que a las sanciones previstas en el numeral 4 del artículo 658-3 del ET no le serán aplicables los principios de proporcionalidad, ni la gradualidad contempladas en tal norma.

“Artículo 640. aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.

(…)

Parágrafo 3. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del artículo 648, 652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6o del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo.”

En este orden de ideas, al momento de la inscripción en el RUT es importante prestar especial atención a la información registrada en el formulario al momento de la inscripción, así como también debe estarse atento a la actualización de la información allí reportada, dado que la norma contenida en el numeral 3 del artículo 658-3 del ET establece que la información deberá actualizarse dentro del mes siguiente a aquel en que el hecho que genera tal actualización, so pena de incurrir en una multa equivalente a 1 UVT por cada día de retraso en la actualización de la información. No obstante, en caso de que la desactualización del RUT se refiera a la dirección o actividad económica del obligado, la sanción será de 2 UVT por cada día de retraso.

Lo anterior, considerando que la dirección de la persona inscrita en el RUT constituye una de las formas de notificación sobre las actuaciones administrativas de la Dian (ver el artículo 565 del ET).

Recordemos que durante el 2020 la Dian realizó modificaciones al servicio de información empleado para la inscripción virtual en el RUT, facilitando el proceso de inscripción y permitiendo obtener este registro de una manera más ágil y fácil.

Por tanto, es transcendental tener aún más cuidado al momento de digitar la información, así como también asegurarse de realizar las modificaciones o actualizaciones necesarias antes de que la Dian imponga las sanciones aquí descritas.


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PLAZOS PARA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICAS

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Mediante el Decreto 1680 de diciembre 17 de 2020, el Gobierno nacional estableció el calendario tributario, por el cual se ordenan los plazos para el vencimiento de las diferentes responsabilidades tributarias administradas por la Dian durante el año 2021.

Según las indicaciones del decreto en mención, los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementario dependen de la categoría del contribuyente, es decir, si es gran contribuyente, persona jurídica, sociedad y asimilada o contribuyente del régimen tributario especial.

De acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.12 del Decreto 1625 de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020), los plazos para la presentación y pago de la declaración de renta de los contribuyentes del RTE, así como de aquellas personas jurídicas, no calificadas como grandes contribuyentes, correspondiente al año gravable 2020, vence de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT que consta en el RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, en las siguientes fechas:

Declaración y pago de la primera cuota

Últimos dígitos del NIT

Hasta el día (año 2021)

Últimos dígitos del NIT

Hasta el día (año 2021)

01 al 05

12 de abril

51 al 55

26 de abril

06 al 10

13 de abril

56 al 60

27 de abril

11 al 15

14 de abril

61 al 65

28 de abril

16 al 20

15 de abril

66 al 70

29 de abril

21 al 25

16 de abril

71 al 75

30 de abril

26 al 30

19 de abril

76 al 80

3 de mayo

31 al 35

20 de abril

81 al 85

4 de mayo

36 al 40

21 de abril

86 al 90

5 de mayo

41 al 45

22 de abril

91 al 95

6 de mayo

46 al 50

23 de abril

96 al 00

7 de mayo

 

Para el pago de la segunda cuota se debe considerar solamente el último dígito del RUT, tal como se muestra a continuación:

Pago de la segunda cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de junio

6

17 de junio

2

10 de junio

7

18 de junio

3

11 de junio

8

21 de junio

4

15 de junio

9

22 de junio

5

16 de junio

0

23 de junio

 

Grandes contribuyentes

Las personas naturales o jurídicas que al 31 de diciembre de 2020 fueron calificadas como grandes contribuyentes de acuerdo con la Resolución 009061 de diciembre 10 de 2020 expedida por la Dian, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario por el año gravable 2020, a más tardar entre el 12 y el 23 de abril de 2021, según el último dígito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Al respecto, es importante tener en cuenta que este tipo de contribuyentes deberá cancelar el valor total de impuesto a pagar y su respectivo anticipo en tres (3) cuotas, de las cuales la segunda estará acompañada de la declaración del impuesto, a más tardar en las siguientes fechas establecidas en el artículo 1.6.1.13.2.11 del Decreto 1625 de 2016 (modificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020):

Pago de la primera cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de febrero

6

16 de febrero

2

10 de febrero

7

17 de febrero

3

11 de febrero

8

18 de febrero

4

12 de febrero

9

19 de febrero

5

15 de febrero

0

22 de febrero

 

Es importante resaltar que, si al momento del pago de la primera cuota el contribuyente tiene elaborada la declaración del año gravable 2020 y obtiene un saldo a favor, le será permitido omitir su pago.

No obstante, si al efectuar la presentación de la declaración se genera saldo a pagar, deberá responder por los valores correspondientes a la respectiva cuota y sus intereses de mora.

Declaración y pago de la segunda cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

12 de abril

6

19 de abril

2

13 de abril

7

20 de abril

3

14 de abril

8

21 de abril

4

15 de abril

9

22 de abril

5

16 de abril

0

23 de abril

 

El valor de la primera cuota no puede ser inferior al 20 % del impuesto pagado en la declaración de renta del año gravable 2019.

Cuando se liquide el impuesto y el anticipo definitivo en la declaración del año gravable 2020, del valor a pagar se deberá restar lo pagado en la primera cuota y el saldo se deberá cancelar en dos cuotas iguales equivalente al 50%.

Pago de la tercera cuota

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

Último dígito del NIT

Hasta el día (año 2021)

1

9 de junio

6

17 de junio

2

10 de junio

7

18 de junio

3

11 de junio

8

21 de junio

4

15 de junio

9

22 de junio

5

16 de junio

0

23 de junio